Pruebas del montaje II: Testigo acusa a Fiscal de presiones y coacción

La Fiscal especial que conduce en la ciudad de Cartagena el proceso por rebelión y terrorismo contra el periodista Fredy Muñoz fue señalada por uno de los testigos que ella hizo comparecer en el proceso y que pretendió rindiera testimonio contra el corresponsal de Telesur en Colombia, de haberlo presionado y amenazado.

El testigo, Yainer Rodríguez Vázques, señaló asimismo ante la Fiscal Myriam Martínez Palomino y el Procurador Penal Juan Carlos Cabarcas, que también fue amenazado por la Inteligencia de la Armada de Colombia, para que rindiera declaraciones contra personas que no conoce, entre ellos Fredy Muñoz. El testigo dijo que no conoce al periodista referido y que el alias que le atribuyen -Jorge Eliécer- corresponde a un guerrillero que fue muerto por las Autodefensas (paramilitares) años atrás.

Yainer Rodríguez, condenado a 12 años de prisión, acusado de los delitos de rebelión y terrorismo, dijo a la Fiscal que a ella le consta que él también fue víctima de sus presiones en ese mismo despacho -si no declaraba lo que ella quería, se le amenazaba de extenderle la pena a 30 o 40 años de prisión-, y que también lo presionaron en la base militar de Bocagrande, donde estaba recluido.

Interrogado por el Procurador, Yayner Rodríguez señaló que no puede seguir acusando a gente que no conoce y manifestó que ya le había comunicado a la Fiscal que el Jorge Eliécer que él conocía desertó de la guerrilla y lo mataron las autodefensas en Ñanguma.

Basándose en el testimonio de tres exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -detenidos en el DAS y en Batallón de Infantería de Marina #2 de la Fuerza Naval de la Costa Atlántica y quienes están negociando una reducción de su pena a cambio de información que incrimine a las FARC- la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS) identificó a Fredy Muñoz como el guerrillero conocido con el alias de Jorge Eliécer, acusándolo de ser explosivista del Frente 37 de las FARC, y co-responsable de atentados con bombas y petardos cometidos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. En el año 2002, Muñoz ya ejercía de periodista en medios colombianos.

La grosera prisión del corresponsal de Telesur en Colombia, Fredy Muñoz, un dedicado, joven, acucioso periodista de apenas 36 años, pone de manifiesto que, una vez más el periodismo independiente, libre y crítico es agredido por quienes insisten en utilizar la coacción, el amedrentamiento, la mentira y la fuerza para doblegarlo.

Como se sigue demostrando, la acusación hecha sin mayores pruebas, es absolutamente descabellada y debe interpretarse como una amenaza a la libertad de prensa. Todos los indicios indican que lo que se pretende con esta detención es criminalizar a Telesur y el trabajo de la corresponsalía en Colombia, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística y en descubrir al público latinoamericano la verdadera realidad de Colombia, dándole también voz e imagen a los movimientos sociales colombianos. Al mismo tiempo se buscaría poner una cortina de humo ante la crisis institucional que se vive en Colombia.

Es más: el acoso contra Telesur queda demostrado por la sucesiva información que el DAS sigue solicitando en inspecciones a la sede de la corresponsalía del canal multiestatal latinoamericano en Bogotá.

Los testigos reunidos por la Fiscalía señalaron que el alias que le han atribuido a Fredy Muñoz los organismos de seguridad, había sido afectado por la explosión accidental de una bomba, que le habría causado graves quemaduras en una de sus extremidades superiores y en una de sus orejas, lesiones que no presenta el periodista -lo que corrobora el exámen médico-legal-, pese a lo cual la Fiscalía insiste en señalarlo como ese delincuente.

Fredy Muñoz Altamiranda es un joven periodista colombiano, que acaba de cumplir sus 36 años en prisión, que fue detenido al 19 de noviembre último en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por autoridades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusado de los supuestos delitos de rebelión y terrorismo.

Muñoz es, desde septiembre de 2005, corresponsal de TeleSUR en Colombia, corolario de una carrera profesional de doce años. La acusación en su contra se enmarca dentro de la retahíla de ataques que se han producido contra TeleSUR, desde antes de su lanzamiento y se contextualiza en la profunda crisis institucional por la que atraviesa el gobierno en Colombia, a raíz de las denuncias de la penetración narco-paramilitar en el Estado colombiano, incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La acusación fue tramitada por la Fiscalía 5ta, Unidad de Reacción Inmediata (URI-DAS) de Barranquilla, a cargo del Fiscal Manuel Hernando Molano Rojas. Posteriormente, el expediente fue pasado sucesivamente a la Fiscalía 3ra de Barranquilla y a la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena, jurisdicción donde se desarrollaron los supuestos hechos delictivos.

No es casualidad que tanto organismos patronales como la Sociedad Interamericana de Prensa, como profesionales de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y el estadounidense CPJ, hayan exigido una pronta y justa solución a esta situación.

Colombia vive una crisis institucional. Cincuenta dirigentes políticos del oficialismo colombiano acaban de admitir haber suscrito un documento en respaldo a una propuesta de los líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una decena de parlamentarios ha sido acusado por la Suprema Corte de Justicia de delitos cometidos -incluso el genocidio- en alianza con los paramilitares, entre ellos apoyar, financiar, pertenecer o cooperar con estos grupos.

Durante el primer gobierno del presidente Alvaro Uribe (2202-06) fueron asesinados 18 periodistas; siete de octubre de 2002 a octubre de 2003; cinco a octubre de 2004; dos a octubre de 2005 y tres a octubre de 2006. Muchos periodistas colombianos han optado por el exilio como única forma de preservar sus vidas ante las amenazas de muerte, como en los recientes casos de Fernando Garavito y Daniel Coronell. Casi una treintena de periodistas está bajo la protección del DAS para que puedan cumplir con sus labores, muchos fueron asesinados. ¿De qué libertad de expresión estamos hablando?

Todo indica que lo que se pretende es criminalizar a Telesur y el trabajo de la corresponsalía en Bogotá, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística. Quizás haya gente que busca provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales en este país.

El problema del gobierno colombiano con periodistas serios como Fredy consiste en dar cuenta de hechos que silencian los medios del sistema: por ejemplo, el falso atentado con coche bomba en la zona sur de Bogotá el 14 de julio pasado, poco antes de la reelección de Uribe. La Fiscalía General colombiana calificó de »grosero montaje» la realización de aquel acto terrorista, atribuido en su momento a la guerrilla, por parte de un mayor y un capitán interesados en escalar posiciones. Terrorismo de Estado que los expertos en »seguridad democrática» de Uribe califican de »falsos positivos».

Invisibilizar la realidad

Invisibilizar parece ser la consigna. Que nadie se entere de lo que pasa en América Latina, así podemos estigmatizar los movimientos sociales, disfrazar de seguridad pública a las más burdas represiones, olvidarnos de los millones y millones de excluidos en nuestra América. La pobre.

Lo que se pretende con esta detención es criminalizar a Telesur y el trabajo de la corresponsalía en Bogotá, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística. Quizá haya gente que buscaba, con este montaje, provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela, apenas unos días antes de elecciones presidenciales en este país y, a la vez, poner una cortina de humo ante la grave crisis institucional que se vive en Colombia. Si esa era la estrategia, fracasó estrepitosamente.

Aquellos que vivimos en el sur sabemos que el caso de Muñoz no es aislado. Son miles los periodistas honestos que pagaron y pagan con cárcel, persecución, amenazas y violencia su ética, su dedicación a informar con la verdad. Sabemos de sobra de decenas de periodistas desaparecidos, asesinados, torturados y sacrificados para silenciar el terrorismo de estado, la barbarie y la miseria.

No cabe ninguna duda, que más allá de firmar un TLC que ni sus propios empresarios quieren, Colombia vive hoy una grave crisis institucional, con la sucesión de escándalos derivados de que personeros del paramilitarismo, incluso algún senador sindicado de haber alentado actos de genocidio- detentan altos cargos en el gobierno.

Los últimos hechos ocurridos en Colombia -y visibilizados por la corresponsalía de Telesur, de la que forma parte Fredy Muñoz- incluyen un falso atentado con carro bomba en la zona sur de Bogotá el 14 de julio, poco antes de las elecciones que terminaron con la reelección del presidente Álvaro Uribe.

La Fiscalía General colombiana calificó de »grosero montaje» la realización de este acto terrorista -atribuido en su momento a la guerrilla- por parte de un mayor y un capitán del ejército para escalar posiciones. Sin duda, como éste, el de Fredy Muñoz es otro grosero, artero montaje, en el que participa la policía secreta DAS y la regional del Caribe de la llamada »inteligencia» naval.

Pero eso no es todo. Porque ese es apenas uno de los cinco incidentes de los llamados »falsos positivos»: atentados denunciados como de autoría de la guerrilla que en realidad fueron realizados por las fuerzas de seguridad. Y por lo cual, el partido Liberal, de oposición, pidió la cabeza de Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa.

No cabe duda de que en Colombia hay gente capaz de poner una bomba en una dependencia militar obviamente con ayuda interna- para interrumpir un proceso de paz o de intercambio humanitario de prisioneros entre el gobierno y la guerrilla. Son esos montajes, ese terrorismo de Estado, a lo que se les da por llamar en Colombia «los falsos positivos».

¿Será que de pronto todos se volvieron locos? No. Hoy la prensa colombiana parece recobrar intermitentemente, claro, la memoria y trae a la mesa el choque entre militares y policías en Guaitarilla, la muerte de campesinos en Cajamarca, la presentación de civiles como guerrilleros muertos, la matanza de una unidad de élite de la Policía por una unidad del Ejército en Jamundí, la participación de militares en un supuesto ajuste de cuentas entre narcotraficantes en el departamento de Atlántico. Estos hechos, como muchos ellos de la conflictiva cotidianeidad colombiana, fueron visibilizados por Telesur.

Desde el Congreso colombiano, desde las bancadas del liberalismo y del Polo Democrático Alternativo, surgen duras críticas sobre la dudosa desmovilización de las paramilitares Autodefensas, que quiere presentarse como sustentada sobre la legalidad y la paz.

Según un a investigación del DAS, la policía secreta, actualmente operan 44 nuevos grupos paramilitares en distintos puntos del país. En el Senado se hizo notar que entre 2003 y 2006 los miembros de las bandas paramilitares tuvieron un crecimiento exponencial, pasando de 15 mil a 41mil integrantes.

En el Congreso se denunció asimismo que muchos campesinos desempleados y sumidos en la miseria han sido utilizados para hacerlos pasar como paramilitares y de esa manera cobrar el sustento mensual que les brinda el Estado, auxilio que asciende en los últimos dos años a cien millones de dólares, que obviamente sale de los impuestos que pagan todos los colombianos.

Mientras el Estado subsidia esta maquinaria paramilitar, los principales cabecillas de las Autodefensas, acogidos a la -mal- llamada Ley de Justicia y Paz, están alojados (supuestamente detenidos) en el centro vacacional de La Ceja, en Antioquia. Para juristas colombianos, esta ley es un instrumento de impunidad con la cual se pretende, incluso, burlar una posible intervención de la Corte Penal Internacional, catalogando a las autodefensas dentro del esquema de delito político.

El senador Parmenio Cuellar recordó los delincuentes políticos son aquellos que se rebelan contra el estado. Obviamente, los paramilitares no están luchando por derribar el orden establecido, por derribar al gobierno.

La Comisión Colombiana de Juristas ha demostrado que en los dos años de esta política de »desmovilización» los distintos bloques paramilitares han cometido más de tres mil asesinatos, en su gran mayoría de campesinos indefensos, dirigentes sociales, sindicales y políticos, y también de empresarios en el afán de quedarse con sus negocios.

Sólo el bloque Norte de las Autodefensas ha perpetrado 558 asesinatos, cifra confirmada por el computar incautado al jefe paramilitar »Jorge 40» y denunciados en el Senado el 18 de octubre último. Al mismo tiempo, las Autodefensas siguen narcotraficando y mantienen dominio territorial, político y económico en amplias zonas del país.

Sin duda Telesur incomoda a las élites tradicionales, a los detentadores del poder en muchos de nuestros países. Y por eso quieren silenciar su voz, para que siga la afonía de la que muy pocos se beneficiaron durante tantos (514) años. Porque el canal multiestatal latinoamericano apenas cumple con el cometido de todo periodista: visibiliza, hace público, transmite a todo el continente y al resto del mundo, lo que medios comerciales, muchas veces coaccionados, amedrentados hasta que aplican la autocensura- no difunden sobre las realidades de nuestro continente.

No se puede permitir la descalificación artera, la estigmatización. Porque más allá de nuestras pequeñeces, Telesur somos todos. Todos aquellos que creemos (y luchamos) por el proceso de integración, que creemos en la democracia, en la diversidad, en la pluralidad. Más allá del alcance de su señal, hoy Telesur es ejemplo de un periodismo alternativo y masivo, y no solo en América Latina.

Cabe recordar, también, que en Colombia, la Fiscalía tiene una dirección de Protección a Periodistas, que se la brinda con vehículos y escoltas armados a los trabajadores de la prensa amenazados por el paramilitarismo. Y el propio DAS certifica, en una inusual »aclaración», que protege a 28 periodistas amenazados. Muchos trabajadores de la prensa (sindicalistas, defensores de los derechos humanos, campesinos) fueron asesinados y otros debieron salir del país para preservar sus vidas y las de sus familiares.

Hay una realidad que quizá aquellos que montaron esta grosera maniobra no evaluaron: Telesur no se callará ni dejará sin voz a los que los medios comerciales dejaron y dejan afónicos. La realidad quedará siempre a la vista de los latinoamericanos.

Porque, también, Fredy Muñoz somos todos. Y eso lo demuestra la amplia, enorme solidaridad para con este joven periodista cartagenero y para con Telesur.