El PSOE gana las últimas elecciones generales y el gobierno de ZP decide poner en práctica su programa electoral para RTVE. Consecuentemente designa una comisión de expertos, conocido como «consejo de sabios», que elaboran un informe de recomendaciones novedosas y, en muchos aspectos, avanzadas. Pero las conclusiones más progresistas del mismo no son recogidas en […]
El PSOE gana las últimas elecciones generales y el gobierno de ZP decide poner en práctica su programa electoral para RTVE. Consecuentemente designa una comisión de expertos, conocido como «consejo de sabios», que elaboran un informe de recomendaciones novedosas y, en muchos aspectos, avanzadas. Pero las conclusiones más progresistas del mismo no son recogidas en la nueva Ley de Medios de Comunicación de Titularidad Estatal que presenta el Gobierno y aprueba el Parlamento.
La Ley crea la Corporación RTVE, empresa que sustituirá a la actual RTVE, que se regirá por el derecho mercantil privado. A pesar de las enmiendas parlamentarias introducidas en el último momento, la ley no va suponer un cambio decisivo en la situación que ha venido operando en RTVE. No resuelve aspectos como: la independencia política, la financiación, la producción propia de programas, la estructura territorial; asimismo, no garantiza el mantenimiento de la actual plantilla y actividad de RTVE, tampoco órganos de participación para todos los trabajadores…
En este escenario la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), por indicación del Gobierno, elabora un plan de «saneamiento» cuyos destinatarios son los trabajadores de RTVE, pero también la Corporación y, en consecuencia, el servicio público que prestará a la ciudadanía. Coincide con estos hechos la adjudicación de nuevas frecuencias de TV analógicas a, las cadenas Cuatro y La Sexta, grupos mediáticos «amigos» del PSOE.
Se inician los habituales contactos secretos de la SEPI con las Federaciones Estatales de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Ante esta situación los trabajadores de RTVE reclaman información sobre el presumible acuerdo que se está tramando a sus espaldas e imponen que se celebren asambleas después de cada reunión, así como la participación en las negociaciones de los representantes de dentro de la empresa.
Se da a conocer por la SEPI el «plan de saneamiento». La reacción de todos los sindicatos presentes en RTVE es de rechazo y califican al mismo de «plan de desmantelamiento». Durante varios meses los trabajadores manifiestan su oposición al plan y realizan diversas movilizaciones, concentraciones, ocupación de estudios de grabación, manifestación/concentración en Madrid y, por último, una huelga de 24 horas con repercusión en la audiencia de TVE. Todas las acciones son seguidas por un porcentaje muy alto de la plantilla.
Pasado mes y medio de la exitosa huelga de 24 horas, se retoman las negociaciones del plan de «desmantelamiento». La nueva fase, que se caracteriza por la falta de información y de asambleas, de desmovilización y el intercambio de propuestas secretas, culmina el pasado 12 de julio cuando los sindicatos presentes en el Comité General Intercentros de RTVE (UGT-CCOO-APLI-USO), sin consultar ni siquiera con sus afiliados, firman a espalda de los trabajadores un acuerdo con SEPI y RTVE, que rubrican con una foto junto a la dirección en la que aparecen todos muy sonrientes en plan dream team.
El mensaje para los trabajadores de RTVE y para la sociedad es claro: el conflicto de RTVE se ha solucionado.
A grandes rasgos, el acuerdo contempla la destrucción de 3.000 puestos de trabajo, mantiene el bajo nivel de producción propia actual, enajena actividades, legaliza la temporalidad y propicia peores relaciones laborales y salariales, también permite la conversión en fijos de unos cientos de trabajadores contratados y genera una convocatoria de unos pocos cientos de nuevos empleos. Asimismo, los firmantes del acuerdo sentencian que hay 4.150 trabajadores excedentes, la mitad de la plantilla fija y que coincide con todos aquellos que tienen 50 años cumplidos el 31-12-06. El consiguiente despido colectivo se realizará mediante un Expediente de Regulación de Empleo «blando», prejubilaciones y bajas incentivadas.
Pero los firmantes tienen que cumplir con un compromiso que ellos mismo se impusieron, que no han cumplido, y que también fue aprobado por los trabajadores en asambleas, someter a los trabajadores «…cualquier acuerdo o preacuerdo con anterioridad a su firma…»
Los trabajadores vuelven de vacaciones y disponen sólo de cuatro días para informarse sobre un acuerdo con muchas inconcreciones y decidir su voto en el referéndum convocado al efecto. En la brevísima campaña previa al refrendo, la actitud de los sindicatos firmantes no consiste en explicar y defender la bondad de los acuerdos que ellos han firmado, sino en una agresiva campaña llena de chantajes contra los que proponen el NO; propuesta que CGT defiende casi en solitario.
En CGT entendemos que en esa situación el voto negativo era la única opción eficaz para conseguir otro acuerdo que contemple: más producción propia y más actividad productiva de la nueva Coporación RTVE, un Convenio Colectivo que no suponga pérdida de derechos laborales y económicos, más empleo fijo y de calidad, prejubilaciones voluntarias de verdad y con reposición total de empleo y, sobre todo, porque el acuerdo firmado no deja en mejores condiciones a los trabajadores de RTVE, ni al servicio público que debe prestar la futura Corporación.
Al mismo tiempo los sindicatos institucionales y SEPI amenazan a los trabajadores con un plan B, socialmente más negativo que el acordado, que entraría en vigor si no se acepta el firmado el 12 de julio.
Las expectativas, jubilación de «oro» o la ansiada fijeza, de diversos colectivos laborales de RTVE son de esta forma claramente alentadas por una campaña que tendrá un importante reflejo en el resultado final del referéndum, o votas SÍ o el caos.
En estas circunstancias, el referéndum se presenta a los trabajadores más como un trágala que como una consulta libre y democrática. La farsa se realiza el día 7 de septiembre y una importantísima mayoría de los trabajadores de RTVE aprueban el acuerdo firmado con anterioridad por UGT-CCOO-APLI-USO con la dirección de RTVE y SEPI.
Desde la sección sindical CGT en RTVE opinamos que el acuerdo aprobado en referéndum contribuye al desmantelamiento de la radiotelevisión pública y que los principales objetivos del acuerdo no son otros que reducir costes y hacer una RTVE bonsái, derivando la actividad que antes realizaba TVE al negocio privado. Asimismo entendemos que, de llevarse a cabo las anteriores medidas, será muy probable que las condiciones en que deba prestarse el servicio público de la Corporación RTVE resulten gravemente afectadas.
Asimismo, nos parece que no es para sentirse orgullosos tener que decirle a la sociedad que los trabajadores del servicio público de radiotelevisión estatal han dado el visto bueno para la reducción del mismo y que aprueban un importante recorte de empleo.
A la Ley de Medios de Comunicación de Titularidad Estatal y a la aplicación del plan de desmantelamiento, aprobado en referéndum, se suman otros hechos recientes en el camino hacia el «saneamiento» de RTVE: la constitución por el Gobierno de la Corporación RTVE, cuya entrada en funcionamiento se pretende para el 1 de enero de 2007 y la designación por el PSOE y PP de Luis Fernández, directivo del Imperio PRISA, como futuro Presidente.
Próximamente el Congreso de los Diputados ratificará a los miembros del Consejo de Administración, propuestos por los partidos y CCOO-UGT. Posteriormente debe aprobar un Mandato Marco, que concrete los objetivos generales de servicio público, por un período de nueve años y el Gobierno un Contrato Programa cada tres años, que fije los objetivos específicos y las aportaciones anuales a cargo de los presupuestos generales.
En estos momentos, los mismos que han permitido el progresivo deterioro de RTVE son los encargados de realizar la transición a la nueva Corporación y de aplicar el acuerdo/desmantelamiento: ERE, nuevo Convenio Colectivo, reducción de actividad y enajenación de servicio, contratados… A la vez, una Comisión Liquidadora de la SEPI se dispone a realizar la disolución del Ente Público RTVE.
Por lo conocido hasta ahora estamos ante un proyecto de empresa pública más pequeña, con menos actividad propia y un considerable retroceso de las condiciones laborales. En cuanto al servicio público que se presta a la comunidad, primacía de la telebasura y uniformidad en la información. Los escasos contenidos de calidad, críticos o simplemente distintos del pensamiento único son relegados y maltratados a los peores días y horarios de emisión.
Está previsto que a partir de enero se incrementen las acciones para la formación y desarrollo de la nueva empresa encargada de prestar a la ciudadanía el servicio público de radiotelevisión. Hasta ahora a esa ciudadanía se la ha tenido ausente de los grandes cambios de su medio audiovisual y los que pueden en RTVE informar y formar no han querido tratar ese cambio en ninguno de los diversos programas de debate o análisis informativos.
Hasta aquí el final de una etapa. ¿Es imposible otra televisión pública?
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Manuel Gómez Sotero es trabajador de TVE y afiliado a CGT