Aunque contundente, no con la magnitud del 10/4 cuando contó con la adhesión de la UTA (transporte colectivo), le sirvió a la cúpula cegetista oficial para la transferencia de fondos postergados de las obras sociales. Pese a que la UTA no adhirió al paro, hubo varias líneas con cuerpos de delegados opositores a Roberto Fernández, […]
Aunque contundente, no con la magnitud del 10/4 cuando contó con la adhesión de la UTA (transporte colectivo), le sirvió a la cúpula cegetista oficial para la transferencia de fondos postergados de las obras sociales.
Pese a que la UTA no adhirió al paro, hubo varias líneas con cuerpos de delegados opositores a Roberto Fernández, secretario general del gremio, que se plegaron a la medida. Esto fue perceptible en las líneas de Ecotrans -en los recorridos del oeste del Gran Buenos Aires- como en la línea 60, 106 y 140. Pero más aún en el subterráneo, cuya dirección sindical responde al kirchnerismo. El paro del 10 de abril los metrodelegados oficialistas habían denunciado el hostigamiento de la UTA para que el paro tuviera éxito en el subte. Sin embargo, en esta oportunidad y sin la UTA como convocante, la medida fue masiva, a tal punto que la empresa tuvo que implementar un esquema de emergencia motorizado por personal jerárquico e interrumpió el servicio a las 20:30, dos horas antes de lo habitual. Los talleres estuvieron paralizados y la línea B, cuyos delegados pertenecen al clasismo, no tuvo actividad. A pesar de que la UTA no paró, la merma de pasajeros fue muy notoria y se asemejó a la de un feriado. Este elevado ausentismo señala que un sector muy importante de los trabajadores eligió parar a pesar de que las direcciones de sus gremios no lo hicieron.
Sin que direcciones de gremios industriales como SMATA o la UOCRA adhirieran al paro, el éxito de la medida en vastos sectores de estas ramas industriales fue contundente. El parque industrial de Pilar, el más importante del país y con más de 20 mil obreros en 180 empresas y fábricas, estuvo totalmente paralizado por los piquetes de los obreros de varias plantas del parque en sus tres entradas.
Lo mismo ocurrió en los grandes talleres del gremio gráfico, a pesar de que la Federación Gráfica no llamó a parar. AGR-Clarín, Donnelley -que se encuentra ocupada por sus obreros y produciendo desde el cierre decretado por los empresarios-, World Color, Interpack Impresores, Morvillo y Celomat, que son los que concentran la mayor parte de la industria, pararon. En Fate, empresa del neumático, sus 1800 trabajadores decidieron parar a partir de las 22 del miércoles y participaron del piquete en la Panamaericana, desde donde se podía observar el poco flujo automovilístico y de colectivos que daría cuenta de la poca afluencia de trabajadores a sus empresas.
No sólo la izquierda realizó piquetes. El gremio de Camioneros tucumano interrumpió cuatro accesos a la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Mendoza cortaron el ingreso de los trabajadores de la destilería petrolera que nuclea a 3000 obreros y también hubo piquetes camioneros en Neuquén. En Mendoza el paro fue casi total y también pararon los colectivos de transporte, a la vez que asociaciones de pequeños campesinos se sumaron activamente a los piquetes y movilizaciones. En Santa Fe, el cordón industrial de San Lorenzo estuvo completamente paralizado a pesar de que varios gremios no llamaron a la protesta, pero cuyos trabajadores se plegaron con la excusa de los cortes.
Telón de fondo
La huelga general convocada por la CGT y la CTA vuelve a poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero . Entre ellas se encuentran: la persistencia de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario; la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia; la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil , y la de la mayoría de los jubilados , cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos; la continuidad de un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo (IVA), y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta, proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas.
El pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo . Desde comienzos de año, y con la excusa de una situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones masivas . La punta de lanza de este proceso fue la industria automotriz con 9600 suspensiones con salarios de entre el 65/75%, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
El ajuste impulsado por las terminales de la industria automotriz afectó también a los trabajadores dependientes de las empresas autopartistas, muchas de ellas también filiales de empresas transnacionales donde se produjeron 1231 despidos y 1.152 suspensiones.
Recientemente las 3 fábricas del neumático acordaron con el sindicato del sector, dirigido por la CTA oficialista, un total de 3.700 suspensiones.
De todos modos, la situación comienza a alcanzar a actividades que no son interdependientes como material ferroviario, construcción, petróleo, gráfica, prensa y tv, alimentación, metalúrgica, plásticos, química, textil, electrodomésticos, cerámica y comercio.
Los empresarios también avanzan en una mayor intensificación del uso de la fuerza de trabajo , obligando a los trabajadores a mantener los niveles de producción a pesar de la reducción de personal; intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar la cantidad de despidos y suspensiones. Se trata de un intento de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores , a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo amenaza de perder los puestos de trabajo.
Acindar y Tenaris en Villa Constitución (Santa Fe) son un buen ejemplo. Como señala un delegado de la CTA opositora, Acindar mantiene su política de aumentar su rentabilidad con dos pilares muy fuertes: aumento de productividad y disminución de costos. En primer lugar el achique de costos significa una paritaria no acorde con la inflación real, y también menos puestos de trabajo. Esto acarrea que los trabajadores vayan a la fábrica durante sus francos, extiendan sus jornadas de trabajo hasta 12 horas, y muchas veces con pocas horas de descanso. Esto para cubrir los puestos de trabajos y poder mejorar su sueldo. En cuanto al aumento de la productividad, se refiere a aumentar la producción, (proyección de acería de 1,7 millón de toneladas) sin aumentar el plantel y en algunos casos con muy poca mejoría en las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto, sumado a las extensas jornadas laborales y los ritmos de producción acelerados, afecta la salud del trabajador y sus relaciones sociales. Acindar habla de un menor margen de ganancias, aunque estuvo dentro de las que más facturó en el 2013 con 7.107 millones en el año, $14.459 por minuto. Suma que se acerca al sueldo promedio de un trabajador propio de planta permanente, mucho más de lo que gana un tercerizado en el mes. En cuanto a Tenaris, fábrica de caños también de Villa Constitución, contaba con un plantel de 230 trabajadores aproximadamente y funcionaba en 4 turnos rotativos, actualmente se redujo a la mitad del plantel y dos turnos ficticios, porque los planteles se completan con horas extras y no con el ingreso de personal que lo cubra. Por si esto fuera poco, Tenaris tiene una política de migrar producción a conveniencia de los costos de mano de obra, lo que obliga, en forma extorsiva, a acordar que se quede la producción a cambio de negociar a la baja los salarios y con esto equiparar costos. Tenaris, en el 2013 fue la empresa que más facturó: 68.900 millones de pesos, 191 millones diarios.
Trabajadores ocupados y pobres
Producto del aumento del empleo y con él, de la conflictividad laboral, los trabajadores avanzaron desde comienzos de la década pasada en un proceso que revirtió los altos niveles de precarización laboral. Para 2003 el trabajo no registrado era de 49,2% en el segundo trimestre, que se estancaron en torno al 34% de los asalariados a partir del año 2008. ¿Qué significa que el 34% de los trabajadores no esté registrado? No tienen acceso a las prestaciones de la seguridad social (aportes jubilatorios, asignaciones familiares, pensiones, etc.), no tienen cobertura frente a enfermedades ni accidentes laborales, enfrentan numerosas dificultades al momento de ejercer sus derechos laborales (aplicación de salarios de convenio, goce de licencias laborales, percepción de otros beneficios sociales, etc.), su puesto de trabajo está sujeto a mayor inestabilidad laboral, etc. Además la existencia de una gran cantidad de trabajadores no registrados implica una mayor debilidad para el conjunto de los trabajadores (incluidos los registrados) al momento de pretender ejercer sus derechos a través de la acción colectiva. Este indicador de precariedad excluye a los trabajadores del sector público, pero además no registra los casos de falta de registro de una parte del salario. Muchos trabajadores poseen sumas en negro que pueden abarcar desde porcentajes insignificantes del sueldo a sumas muy significativas dentro del mismo. Por otro lado, la medición excluye a los trabajadores autónomos de los cuales el 64% no cuenta con registro. Se trata en muchos casos de trabajadores asalariados encubiertos obligados a facturar por sus empleadores. Si tomamos en cuenta estos casos los trabajadores no registrados llegan al piso del 44% de los ocupados según un informe reciente de OIT Argentina. Incluso, a partir de la EPH puede observarse un aumento sostenido de la ocupación de autónomos y una disminución en términos absolutos de la cantidad de asalariados dentro del sector ocupados. Lo que puede estar indicando un crecimiento del fraude laboral. Finalmente, la falta de registro alcanza a los jóvenes de una forma abrumadora precarizando la mayoría de los primeros empleos. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la informalidad, alcanza el 60,5%. La precariedad laboral no es patrimonio exclusivo de los trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector público se constituyen en la etapa como uno de los sectores más relegados. Por un lado, por la desregulación contractual que se hace y deshace al antojo de las administraciones municipales y provinciales y sus cambiantes presupuestos. Por otro lado, por la debilidad regulatoria que poseen a la hora de realizar negociaciones colectivas y la imposibilidad de contar con la garantía de un salario mínimo vital y móvil. En la etapa se registra un fuerte aumento del empleo en el sector público marcado principalmente por figuras como monotributistas, locadores de servicios, pasantes o practicantes rentados son algunas de las múltiples formas en que el Estado como empleador evade la aplicación de los derechos laborales. Todos ellos con un alto nivel de vulnerabilidad frente a la crisis presupuestaria general, pero especialmente focalizada en la administración provincial y municipal. Frente al ajuste se trató de reducir las plantillas de trabajadores mediante la negativa a renovar contratos (de individuos o cooperativas de trabajo), a incorporar nuevos trabajadores y a re-categorizar al personal existente.
Y si con esto no es suficiente, está Sergio Berni para reprimir
Como sucedió el jueves pasado aproximadamente a las 8:30 cuando trabajadores de Lear, acompañados por compañeros de Donnelley, la línea 60, de FATE, del gremio de la alimentación y partidos de izquierda, cortaron la Panamericana. Fueron reprimidos por un enorme operativo de cerca de 1000 efectivos con fuerzas de la Bonaerense, Infantería y la propia Gendarmería que comanda Sergio Berni. Con palazos y gas pimienta, levantaron el piquete por la reincorporación de los 60 obreros despedidos de Lear. Con la consigna «Familias en la calle ¡nunca más!» la comisión interna comenz ó la jornada de protesta con un corte parcial desde 8 de la mañana en la colectora de Panamericana a la altura del kilómetro 31.375, donde se encuentra la planta de la empresa. Pero la medida de protesta fue rápidamente desactivada por la Gendarmería Nacional, que aplicó golpes, gas pimienta y disparó balas de goma contra los manifestantes.
Entre los golpeados se encontraban el diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y la ex diputada porteña y referente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll . Habría al menos cinco detenidos.
La jornada de lucha se dio en el marco de la séptima jornada nacional de lucha en apoyo a los/as trabajadores/as de Lear, que sufrieron despidos masivos hace casi cien días por parte de la multinacional norteamericana Lear Corporation en su planta de General Pacheco.
Además, el pasado lunes 1 de septiembre tomó estado público la denuncia de diversos organismos y personalidades de derechos humanos en la que daban cuenta de que, si bien Lear finalmente había permitido el ingreso de los delegados a la fábrica, la patronal había construido una verdadera «jaula» de 3,5 x 2,5 donde los tiene desde ese momento encerrados durante su jornada laboral, a diez metros del sector donde se encuentra el resto de los obreros, en lo que calificaron como «un hecho inédito y de una acción totalmente ilegal, que viola los más elementales derechos humanos».
Fuentes: Argenpress, Agencia Paco Urondo, ACTA, Infobae, Anred
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