El martes se realizó una marcha por el centro de la ciudad al conmemorarse un año de la desaparición del joven ocurrida en la madrugada del 19 de febrero a la salida de un baile del cantante cuartetero Damián Córdoba. La madre cargó contra el fiscal Moyano y le pidió a De la Sota que […]
El martes se realizó una marcha por el centro de la ciudad al conmemorarse un año de la desaparición del joven ocurrida en la madrugada del 19 de febrero a la salida de un baile del cantante cuartetero Damián Córdoba. La madre cargó contra el fiscal Moyano y le pidió a De la Sota que le devuelva a su hijo.
Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Fernando Grosso, afirmó que «si el narcotráfico puede mantener a una persona desaparecida durante un año «el gobierno y la justicia deben hacerse cargo de que no están en condiciones de gobernar». Por su parte, Marcelo Saín experto en Seguridad afirmó que todo lo que ocurre en un territorio la policía lo sabe. «De la Sota es discípulo de Scioli», señaló.
El 19 de febrero se cumplió un año de la desaparición de «El Rubio del Pasaje». Esa noche, había concurrido junto a tres amigos al baile de cuartetos donde actuaba la banda de Damián Córdoba y jamás regresó.
Su madre, Viviana Alegre, flanqueada por el abogado Claudio Orosz, su nuera Micaela, amigos, familiares y militantes de organismos de derechos humanos, sindicales, políticos y sociales, fue la única oradora del acto conducido por dos integrantes del Colectivo de Jóvenes por nuestros derechos.
Desde el escenario, denunció que al cabo de un año no hubo ningún avance en la causa que investiga el fiscal Alejandro Moyano. «Solo más mentiras y dilaciones», sintetizó. Como todos los meses, junto a la Multisectorial por la aparición de Facundo y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, clamó por justicia y responsabilizó por la desaparición de su hijo al representante máximo del poder político, el gobernador José Manuel De la Sota
Viviana está convencida de que la policía provincial está involucrada por acción u omisión en el hecho y que goza de la protección del poder político. «No vamos a parar hasta que los culpables estén presos», manifestó y afirmó que «siguen deteniendo pibes».
«Soy una madre que lo único que quiere es saber donde está su hijo, necesito saber qué hicieron con él. No voy a bajar los brazos, y voy a llegar hasta donde me de el cuerpo con esta búsqueda (…) hoy ha sido un día muy complicado para mí. Hoy lo necesito a mi hijo, más que nunca» dijo con voz quebrada. «Su hijita lo llama y su mujer lo espera».
Señor gobernador: a usted le digo: ¿Donde está mi hijo, qué paso con él? Doctor de la Sota: entréguemelo a Facundo», imploró.
¿Connivencia o ineptitud?
Fernando Grosso, diputado nacional por el Frente para la Victoria, y coordinador de la Campaña acompañó a la familia en este doloroso aniversario. En diálogo con Prensared analizó que «si el gobierno y la justicia no asumen que hay un pibe desaparecido, hace un año, y que la investigación no avanzó absolutamente en nada, está claro que tienen un problema de gobernabilidad y deben hacerse cargo». El legislador expresó que la situación «es preocupante» y que «no existe la posibilidad de que alguien desaparezca y que la policía y la justicia no sepan nada. O hay connivencia o son totalmente ineptos para llevar adelante la tarea que tienen que cumplir», enfatizó.
En cuanto a las versiones que se manejan en los corrillos judiciales sobre vinculaciones entre el joven y el narcotráfico expresó que «si esto es así, ni el gobierno ni la justicia provincial están en condiciones de gobernar. Porque si el narcotráfico puede mantener a una persona desaparecida por un año, entonces, que se hagan cargo de que no están en condiciones de gobernar. Acá se culpabiliza a la víctima evadiendo las responsabilidades políticas que el pueblo le ha otorgado al poder ejecutivo y a confiado a la justicia», subrayó.
¿Desaparición forzada?
Asimismo destacó que «lamentablemente, el problema de la violencia institucional no nace de un repollo. Arranca desde la dictadura militar con prácticas utilizadas para eliminar a la oposición política y que permanecen enquistadas en nuestras fuerzas de seguridad. La desaparición forzada tuvo un rol político, y hay varios casos similares ocurridos en otras provincias como una manera de ocultar supuestos excesos», reflexionó.
Se refirió además a un caso extremo de violencia institucional ocurrido en 2009. Se trata de Luciano Arruga (16) desaparecido en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. «La hipótesis que sostiene la familia da cuenta del hostigamiento policial. Le pedían que robe para ellos y como se negó lo golpearon hasta producirle la muerte». Grosso explicó que ahora que la causa pasa al fuero federal se podrán desarmar las connivencias entre la justicia provincial y la policía.
El Cels, querellante en esta causa, logró que al cabo de tres años la justicia determine que se trata de un caso de desaparición forzada de persona.
Consultado por este medio sobre la posibilidad de que se traslade esta experiencia al caso de Facundo señaló que «es un antecedente» y recalcó que «la justicia provincial ha demostrado que es incapaz de conseguir una prueba contundente que nos permita saber dónde está Facundo, que no desapareció por su voluntad».
Fustigó a los medios que intentan estigmatizar a la víctima insinuando que algo habrá hecho como se decía durante la última dictadura cívico militar. «Culpabilizar a la víctima es una manera de justificar una acción tan terrible como la muerte y la desaparición y es intentar evadir al estado de derecho», afirmó.
Desde la Campaña también promueven la discusión acerca de las fuerzas de seguridad y del modelo que lleva adelante este gobierno. «Nosotros planteamos que los intereses de las mayorías populares deben primar por encima de las minorías y esto nos permite acompañar la lucha incansable de su madre y de las organizaciones e instituciones que la acompañan», señaló.
Saín: «De la Sota es discípulo de Scioli»
La desaparición de Facundo puso en debate la violencia ejercida desde las policías y sus roles. Desde esa perspectiva, la semana pasada, se realizó un foro con la participación de dirigentes políticos locales y nacionales sobre el tema. (1)
Uno de ellos, el experto en seguridad Marcelo Saín -además politólogo, doctor en ciencias sociales y diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro-, planteó que «la actual policía cordobesa mantiene la lógica de la producción de información de la inteligencia policial del D2, con otro nombre» subrayando la continuidad de métodos entre la dictadura y la democracia.
Dijo que el gobernador De la Sota es discípulo de su par (Daniel) Scioli porque «llega al extremo de poner a Alejo Paredes, uno de los policías más duros, como ministro de seguridad. Me recuerda a Bernardo el personaje mudo de (la serie) El Zorro», graficó, en referencia al ex Jefe de Policía. En esa línea evaluó que este conjunto de situaciones «tiene un correlato en sectores medios que reclaman represión sobre los sectores populares. Desde ese punto de vista las 200 detenciones diarias por aplicación del Código de Faltas, cumplen con esos fines».
Explicó además que al ser una actividad que se desarrolla en la calle «una de las lógicas de la ocupación del espacio público es saber que se está para controlar la jurisdicción, las personas y el territorio» por lo tanto conoce todo lo que sucede en el lugar.
Saín que también fue jefe de la Policía Aeroportuaria analizó las diferentes policías del país, la formación que reciben, el entramado de relaciones y funciones y la autonomía con que opera. «En primer lugar es un instrumento de control sobre los sectores populares altamente marginalizados que pese al esfuerzo de los últimos años no han sido aún incluidos en un conjunto de regulaciones. El estado ahí se expresa a través de una impronta fuertemente punitiva y es el gran instrumento de gestión ahí abajo, en el sótano de la sociedad, sobre los sectores que sobran«, aseveró.
Para el especialista otro de los roles que cumple es «el control del crimen organizado, de altísima rentabilidad, vinculado con los mercados ilegales de la droga, las autopartes y la explotación sexual, que se estructuran en base a una gran demanda social de los sectores medios y altos. En este tema está claro que la policía dice quien opera y quien no», afirmó.
Criticó a los a los actores gubernamentales que «por izquierda o por derecha gestionan los conflictos mediante la técnica del surfeo. Tratan de montarse arriba de la ola para no pagar costos políticos y no resolver la problemática. Esa lógica explica la autonomía de la policía, porque le es útil. No hay que reformar policías, sino la política, las policías no se autodepuran», consideró y advirtió sobre la necesidad de formar cuadros especializados en seguridad pública.
Nota
1- El panel que participó de la charla debate sobre «Violencia institucional y seguridad democrática» estuvo integrado por Fernando Chino Navarro, Carlos Vicente, Ricardo Visani y Marcelo Saín. Además estuvo el ex comisario Julio Giménez quien denunció nuevas amenazas recibidas del actual jefe de policía Ramón Frías.
Fuente original: www.prensared.org