Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, represor y genocida condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina, podría obtener en los próximos días el beneficio del arresto domiciliario. La justicia platense definirá si el represor […]
Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, represor y genocida condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina, podría obtener en los próximos días el beneficio del arresto domiciliario. La justicia platense definirá si el represor sigue o no en una cárcel común. La decisión que debía tomarse hoy quedó en suspenso porque todavía resta designar a uno de los tres jueces. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de La Plata postergó para el próximo viernes la resolución sobre si otorga o no el beneficio de la prisión domiciliaria al represor.
Mano derecha del ex General Ramón Camps , el ex Jefe de la Policía bonaerense y responsable principal de «La Noche de los Lápices», Etchecolatz cuenta con un triste antecedente: 5 condenas por diferentes delitos, siempre ligados al terrorismo de Estado.
La primera le llegó en 1986, en el marco de la denominada «Causa Camps», que investigaba la participación de policías bonaerenses en el aparato represivo ilegal montado en 1976. Allí, fue condenado a 23 años de prisión por delitos de tormentos en 95 hechos comprobados. En 1990, gracias a los indultos militares que sancionó por decreto el ex presidente Carlos Menem fue liberado.
Tras la reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad a partir de la llegada del kirchnerismo y luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el ex comisario fue condenado en 2004 a 7 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por la supresión de la identidad de Carmen Sanz, hija de desaparecidos, en la causa por robo de bebes. Luego obtuvo la prisión domiciliaria por problemas de salud que le fue revocada por el Tribunal Oral 3, cuando se comprobó que guardaba una 9 milímetros de Fabricaciones Militares en su casa.
En 2006, fue el primer miembro de un organismo de seguridad que sin el beneficio de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, afrontó un juicio oral. El 20 de septiembre tuvo su tercera condena: prisión perpetua «por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983». Nuevamente el Tribunal Oral Federal N°1 fue el encargado de dictar la sentencia y ese día por primera vez se utilizó la calificación de «genocidio» en una condena por estos delitos. Culpable de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos el represor dijo antes de que sea leído el veredicto: «No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan.» También se declaró como un «prisionero de guerra y detenido político». Apenas 2 días antes desaparecía Jorge Julio López, secuestrado durante la dictadura, querellante y testigo de la causa. Su testimonio había sido clave para condenar a Etchecolatz y hasta el día de hoy no hay datos sobre su paradero.
El 24 de octubre de 2014, en la Plata, el Tribunal Oral integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus condenó a prisión perpetua a 15 militares, policías y civiles que intervinieron en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. Se acreditó la responsabilidad de los acusados en homicidios, tormentos y privaciones ilegitimas de la libertad, todos delitos calificados en el marco de un «genocidio perpetrado durante la última dictadura militar». Entre las más de 128 víctimas se encontraba Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La lista de condenados estuvo encabezada por Etchecolatz, a quien se lo encontró «cómplice de crímenes de genocidio». Al final de la sentencia, y entre los festejos del público, el genocida agarró un papel y fiel a su estilo cruel y provocador escribió «Jorge Julio López». Luego quiso entregárselo al Tribunal pero no se lo permitieron. La cárcel de Marcos Paz lo esperaba nuevamente.
Su última condena fue el 23 de marzo de 2016. A los 87 años, la Justicia platense lo condenó otra vez a prisión perpetua por el secuestro y la desaparición de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez. Al sumar las 4 sentencias anteriores el Tribunal Oral Federal N°1 le fijó una pena única de reclusión perpetua.
En la Cámara Federal de La Plata, los jueces debían decidir hoy si este genocida puede volver a su casa o no.La decisión se postergó para el viernes. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares querellantes en las causas por las que fue condenado, se concentraron para reclamar por la no concesión de la prisión domiciliaria. El final del comunicado es claro: «A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López, no podemos permitir más impunidad.»