El presidente le dijo a la prensa norteamericana en una entrevista con la agencia neoyorquina Bloomberg que tiene cerradas «más del 90% de las propuestas» con la CGT y la misma representa una disminución del costo indemnizatorio de los trabajadores de un 40 %. Fue en el mismo momento que la Central Obrera anunciaba su […]
El presidente le dijo a la prensa norteamericana en una entrevista con la agencia neoyorquina Bloomberg que tiene cerradas «más del 90% de las propuestas» con la CGT y la misma representa una disminución del costo indemnizatorio de los trabajadores de un 40 %. Fue en el mismo momento que la Central Obrera anunciaba su rechazo. No obstante, afirmó que «la haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo» y sostuvo que «las reformas van a ser duraderas». Incluso aventuró que esta semana la enviará al Congreso.
«Acá somos tres gobernadores de fuerzas opositoras que coincidimos en la apertura al mundo. No vemos a la globalización como un enemigo, necesitamos que vengan inversiones y que encuentren reglas claras para invertir», dijo Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba que acompaña la gira del Presidente, demostrando la sintonía del grupo de los gobernadores peronistas.
La CGT ratificó este jueves su rechazo al proyecto de reforma laboral, tal como fue planteado por el Gobierno, al señalar que tiene «puntos inaceptables», pidió modificaciones para consensuar la normativa y advirtió que el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo en el Congreso.
La central obrera se pronunció así al analizar puertas adentro la marcha de las negociaciones con la Casa Rosada en torno a la reforma laboral en una reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de la calle Azopardo y encabezada por el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.
Corresponde recordar que nadie en la sede de Azopardo habla de movilización o medidas de fuerza al respecto.
También los principales dirigentes de las organizaciones gremiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a sindicatos del transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, analizaron durante horas la iniciativa de reforma que impulsa el Ejecutivo y expresaron «malestar y rechazo».
El bancario Sergio Palazzo, referente de la Corriente Federal, señaló que la posición de su sector «es de rechazo total y absoluto a la reforma laboral» e insistió con que «el banco de horas eliminará las horas extras a los trabajadores».
«Mientras a los empresarios les condonan todas las deudas, a los trabajadores les van a reconocer solo hasta 60 meses de estar en negro (…) en Argentina será más barato despedir. Dejarán una indemnización pelada», concluyó.
El Secretario adjunto de Camioneros y gremial de la CGT, Pablo Moyano, tuvo un encuentro con el Papa Francisco en el que le habría reafirmado la convicción de su gremio y de la Central para no aceptar los términos del paper que les ofreció el Ministerio de Trabajo.
«Ni los militares se animaron a ir tan lejos», le reprochó Hugo Antonio Moyano, hijo del líder camionero y abogado de ése y otros gremios afines a Ernesto Leguizamón, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo el lunes pasado durante una reunión, tras recordarle que durante la última dictadura se flexibilizaron las restricciones para la subcontratación que existían en la Ley 20.744, pero sin las precisiones del borrador actual, que puntualiza sobre una gama extensa de actividades que de ese modo las empresas podrán descargar en otras razones sociales sin correr riesgos legales.
Es que el cambio propuesto en el artículo 30º de la 20.744 comenzó a ser denominado en la CGT como «el punto Moyano» de la iniciativa. Habilita que las subcontrataciones para «actividades complementarias como limpieza, seguridad, mantenimiento general de bienes inmuebles y muebles registrables, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática», así como «los servicios de transporte desde y hacia el establecimiento o explotación», quedarán exentas del control de la empresa a cargo del rubro principal.
El Plenario de Secretarios General de CTERA resolvió exigirle al Gobierno Nacional la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para abordar la situación educativa nacional y la resolución de los conflictos provinciales que aún siguen abiertos. Es un reclamo que ya cumple un año y que tuvo en 2017 el punto más álgido de conflicto con el oficialismo.
Además resolvió el rechazo «unánime a las medidas de ajuste que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional».
En ese sentido, los maestros dispusieron la realización de una Jornada Nacional de Protesta -en articulación con otros sectores- el día que se traten las «reformas», con movilización al Congreso de la Nación.
Un comunicado de la seccional bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), expresó su «total rechazo» al proyecto de «flexibilización laboral» impulsado por el Poder Ejecutivo y aseveró que la iniciativa procura modificar «aspectos sustanciales» de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), las indemnizaciones por despido y los juicios laborales.
Dirigentes Nacionales de ATE, Visitadores Médicos, la CTA y de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero se reunieron el martes 7 de noviembre, con vistas a convocar una gran movilización de rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno está próximo a enviar al Congreso para su tratamiento, a la reforma jubilatoria y al conjunto de la ofensiva contra los trabajadores de tarifazos y ataques al movimiento obrero.
La reunión se desarrolló en la sede de la CTA Capital. En la misma se acordó encarar una amplia campaña de difusión del significado de esta reforma laboral «a la brasileña», realizando asambleas en todas las empresas, reparticiones, hospitales, colegios y universidades del país para debatir un plan de acción de todo el movimiento obrero que agrupe a todos los sindicatos y fuerzas políticas dispuestas a luchar contra la ofensiva del gobierno Macri, los gobernadores, las patronales y las fuerzas que en el Congreso han hecho pasar las leyes del ajuste hasta el presente.
La campaña tendrá un momento fundamental en una primera etapa, en la realización de una MOVILIZACION NACIONAL a fines de noviembre.
Convocados por los trabajadores de PepsiCo en lucha, se reunieron en la carpa montada frente al Congreso de la Nación, delegados, dirigentes sindicales y referentes de la izquierda para discutir medidas de acción contra la reforma laboral. Acordaron una próxima reunión en el Bauen para votar una declaración y medidas de lucha.
Entre las reformas de alto impacto se destaca la tercerización que se permitiría prácticamente en la totalidad de la industria o comercio sin que exista responsabilidad del empleador principal. De aplicarse, se romperá el convenio colectivo de actividad, que establece condiciones y salarios acordes a la capacitación necesaria para cada tarea. También proponen abaratar los despidos sin causa por medio de la disminución de la indemnización, que lograrán al borrar todos los adicionales para su cálculo o, directamente, suprimiéndola con la creación de fondos que bajan a cero el costo del despido.
Para el titular del Primer Juzgado del Trabajo de San Juan, Mariano Ibáñez, implicaría una reducción que va desde el 10 hasta el 60 % de lo que cobraría un empleado cesanteado, dependiendo de la actividad. Otro de los ejes es que los trabajadores y trabajadoras puedan renunciar individualmente a los derechos laborales, una práctica prohibida por ley. A esos cambios se suma el fin de las horas extras, que permitirá llevar la jornada laboral a diez horas diarias como ocurría antes del año 1929 -previo a la Gran Crisis mundial-, y la posibilidad de modificar a gusto y necesidad del empleador las condiciones de trabajo, desde el lugar hasta el horario. De aceptarse tal como ha sido presentada y aprobarse en el Congreso, la «nueva ley» -que hará retroceder más de 100 años el derecho laboral-, permitirá a los empleadores despedir a bajo o a ningún costo a sus trabajadores que consideren caros, sindicalizados y antiguos. Los reemplazarán por otros modernos y flexibilizados, que trabajarán para empresas contratistas o subcontratistas bajo otros convenios colectivos y con menores salarios. Pero también existe la posibilidad de que los trabajadores «viejos» acepten renunciar a los «beneficios» de la actual legislación laboral, que para el gobierno «frenan las fuerzas de la producción»: una jornada de ocho horas, un salario igual para todos en la misma actividad, el cobro de las horas extras y la imposibilidad de cambiar el horario laboral al antojo/necesidad de la empresa.
Los Movimientos Populares anunciaron su Plan de Lucha Nacional: «Sin Tierra Techo Trabajo la reforma es contra los de abajo»
Los Movimientos Populares realizaron una asamblea nacional para evaluar la situación social, rechazar las reformas del gobierno y lanzar un plan de lucha con el objetivo de impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria y una Ley integral de la Economía Popular.
En la misma, se emitió un documento en donde expresaron las próximas acciones conjuntas:
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15/11 Movilizamos a los centros de referencia en todo el país. Ollas populares desde las 7:00 en el Obelisco y cierre a las 18:00 en Congreso.
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22/11 Movilización al Ministerio de Agroindustria de los productores de la Agricultura Familiar. Marcha Cartonera en contra de la incineración y a favor de la Ley de Envases.
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24/11 Marchamos en el día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
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Gran movilización contra las reformas y presentación de la Ley de Economía Popular.
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Nos manifestaremos en contra de la Conferencia de la OMC en el país.
El viernes la Infantería desalojó y reprimió un acampe que realizaban trabajadores desocupados en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social Municipal denominada «Calidad de vida» en la ciudad de Mar del Plata.
Durante cinco días integrantes de movimientos sociales, mantuvieron un acampe para exigir a las autoridades una reunión que resuelva su situación de precarización laboral.
Nueva ofensiva ajustadora en los medios
A dos días de que el fondo de inversión Op Investments anunciara la toma de posesión del 100 % de las empresas del Grupo Indalo, los trabajadores de Radio 10 (am750), Pop (FM 101.5), Mega (FM 98.3), Vale (FM97.5) y One (FM 103.7) denuncian atraso en el pago de sueldos.
En el comunicado, señalan que «los trabajadores del Grupo Indalo nos encontramos realizando una medida de fuerza de dos horas de duración debido al incumplimiento en el pago de los salarios del mes de octubre.
Los trabajadores de Ámbito Financiero y de ámbito.com volvieron a declararse en estado de asamblea permanente ante un nuevo incumplimiento del pago de los salarios correspondientes al mes de octubre. Como viene ocurriendo desde hace meses la empresa le notificó a la Comisión gremial interna que el pago de los sueldos sería fraccionado en tres cuotas, la última de ellas a cobrar recién el 21 de noviembre. La primera debió abonarse el martes 7, pero una vez más las autoridades del diario incumplieron su palabra. Ante este planteo, los trabajadores manifestaron el rechazo al pago fraccionado, exigiendo que se regularice la situación de inmediato y se solidarizaron con todos los trabajadores del Grupo Indalo que atraviesan la misma situación.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires junto a la Comisión Interna de la Agencia Diarios y Noticias (DyN) rechazaron el cierre de la agencia en manos de Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta, declarando el estado de alerta de todo el gremio de prensa y convocando a una Asamblea de trabajadores de la agencia junto al Plenario General de Delegados y Delegadas para el viernes 10 de noviembre en donde se definirían las medidas a adoptar.
Por último, dispusieron iniciar una campaña pública contra el cierre de la Agencia DyN, su vaciamiento y por la estabilidad laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
La decisión del cierre definitivo de la Agencia sería adoptada por la asamblea de accionistas programada para el 23 de noviembre dejando en la calle a 100 periodistas de un medio con 35 años de trayectoria.
El empresario Guillermo Whpei confirmó el miércoles pasado que dejó de ser el dueño de Radio Rivadavia.
Whpei dijo que dejó la radio el martes, siguiendo una orden de la Justicia, que decretó la quiebra de la empresa hace un mes. Resta definir quién pagará los sueldos de los 100 trabajadores.
Los trabajadores de Telefé decidieron realizar un paro sorpresivo el martes debido a la deuda salarial que mantiene el canal.
Mientras tanto, el jueves fue convocada una marcha del SAT (Sindicato Argentino de Televisión) para defender la fuente laboral ya que hubo despidos dentro del personal técnico, aunque no fue confirmada la cantidad de cesanteados. También se abrió la lista para los retiros voluntarios.
«Nosotros estábamos dispuestos a ofertar 24 %, pero desde el Ministerio nos dijeron que sólo propongamos más del 20 % si el gremio está dispuesto a modificar su Convenio Colectivo de Trabajo». La afirmación llegó de una alta fuente vinculada a las negociaciones por parte del sector empresario.
Se trata de las discusiones paritarias que mantienen por estas horas el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) con la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes (Capit), en las que el gremio reclama una recomposición salarial del orden del 29%.
Para profundizar el camino de la modificación del convenio colectivo solicitado por la cartera que conduce Jorge Triaca, y dar más precisiones sobre lo que pretenden, los empresarios comenzaron a hacer circular un extenso y agresivo borrador en el que, entre otras cosas, reclama que los trabajadores acepten modificar el régimen de francos compensatorios, la dinámica de las jornadas de trabajo y la extensión a cinco años del período en el que un empleado puede ser contratado sin que eso genere un vínculo de relación de dependencia con las productoras.
La iniciativa, que llegó a circular en distintos medios y fue repudiada en las asambleas de trabajadores, fue rechazada de plano por la organización sindical, lo que generó que los empresarios reafirmen su oferta inicial del 20%. Ante ese panorama el gremio se movilizó hacia los canales de televisión abierta de cada provincia y a la sede porteña de la ATA para manifestar su descontento.
El gobierno nacional impulsa un plan para avanzar en el despido de trabajadores de los medios públicos. La información fue difundida en el sitio LetraP en base a un informe del periodista Diego Genoud.
En el área que dirige Hernán Lombardi, secretario de Medios de la Nación, fue contratada una consultora privada que tiene por tarea avanzar en implementar lo que comúnmente se conoce como retiros voluntarios pero son despidos encubiertos.
Según la fuente señalada, un documento con membrete de Radio y Televisión Argentina establece algunos lineamientos destinados a esa tarea. La contratación de la consultora fue confirmada, además, a LetraP por un funcionario del área que dirige Lombardi.
En el documento se establecen dos tareas centrales para la consultora. Por un lado, facilitar la jubilación del personal de los medios públicos y, por otro, que se minimice el impacto del ajuste sobre la plantilla que quede de RTA.
Nueva semana de conflictos gremiales
La Asociación Obrera Minera Argentina aseguró que la empresa Cefas, que representa el 60 % de la comercialización de cal en el país, cerrará sus puertas en Olavarría dejando a más de 60 familias en la calle.
El presidente del INTA, Amadeo Nicora, le confirmó al gremio del organismo, Apinta, que el Ministerio de Modernización propone el despido de 750 trabajadores. Se declararon en alerta y protagonizaron el viernes pasado una jornada nacional de lucha.
Por otro lado, el gremio se movilizará en contra del recorte presupuestario que prevé el proyecto enviado al Congreso Nacional con 300 millones de pesos menos que «no permitirá el normal funcionamiento del INTA».
Frente al Congreso, los docentes universitarios nucleados en Conadu y Conadu Histórica, junto a organizaciones estudiantiles y científicas, exigieron por un aumento integral del presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología «que revierta el desfinanciamiento estructural que viene imponiendo el gobierno nacional».
Conadu Histórica resolvió llevar adelante una jornada de lucha con clases públicas, radios abiertas, cortes de calle y actos en todo el país en la semana del 21 de noviembre, con la convocatoria a todas las organizaciones sindicales a unirse en rechazo a las reformas y realizar un paro nacional para frenar el ajuste.
La carpa frente al Congreso se dio en el marco de un retraso en el pago de salarios de 140 docentes de la Universidad Nacional «Arturo Jauretche» que no cobran desde principios de año, múltiples cierres de programas educativos, desmantelamiento de las políticas del Instituto de Formación Docente y un violento recorte en las becas posdoctorales del Conicet.
Aunque el Gobierno había prometido continuidad, María Eugenia Vidal decidió echar a todos los trabajadores de Ferrobaires en La Pampa, cerrando definitivamente el servicio de tren de pasajeros en esa provincia. La medida afectará a 25 ferroviarios a partir del 1º de diciembre.
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense comunicó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que un total de 3.479 trabajadores auxiliares, choferes y administrativos fueron traspasados a planta permanente. Al respecto, destacó el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi: «Debemos considerar este pase a planta, así como también el de los 700 trabajadores del sector salud y otros cientos de niñez, como parte de la persistente lucha encabezada por nuestra organización sindical. Nos debe servir para redoblar esfuerzos en pos de desterrar la precariedad laboral del Estado». Asimismo, ATE provincia de Buenos Aires solicitó a las autoridades bonaerenses una reunión esta semana para «acelerar el pase a planta permanente de los restantes trabajadores precarizados», informaron.
La seccional porteña de ATE decidió el estado de alerta y movilización y envió una carta-documento a Andrés Ibarra, Ministro de Modernización, en rechazo de «las afirmaciones emanadas de esa cartera sobre el proyectado despido del 20% de empleados» de la actividad.
Las autoridades de la empresa Renault realizaron un ofrecimiento de retiro voluntario a la totalidad del personal de su planta de la localidad bonaerense de Tandil.
La firma propone la entrega de doble indemnización a más de 150 trabajadores metalúrgicos, es decir, el doble de lo que a cada empleado le correspondería percibir, en una maniobra que permite inferir el inminente cierre de la fábrica.
Desde hace varios días la firma Tecnosport Latinoamericana S.A., ubicada en el partido de Luján, viene arrastrando un conflicto a partir del despido intempestivo de varios de sus trabajadores bajo el formato irregular de impedir el acceso a la fábrica instrumentado por la empresa en la puerta de acceso con un listado.
Esto originó el inicio de una huelga y un acampe en el ingreso a la fábrica que ha convocado la solidaridad de varios dirigentes gremiales y políticos.
Frente al apoyo recibido empezaron a surgir por parte de los trabajadores otras temáticas como fue la expresa denuncia que una trabajadora reseñó acerca de recurrentes episodios de acoso sexual y maltrato laboral sobre el personal femenino. El video que está circulando por las redes sociales es más que elocuente al respecto.
La firma Tecnosport es una empresa que presta servicios de confección a NIKE y se especula que el achique de la misma no es más que una consecuencia directa del proceso de apertura de importaciones que viene llevando adelante el gobierno del Presidente Macri.
En el mismo clima de época, los delegados que encabezan la medida han sido denunciados por los directivos de la empresa por amenazas ante la justicia local.
La empresa La Serenísima comunicó a los trabajadores de la planta de Las Varillas, ciudad del departamento cordobés de San Justo, que cerrará su producción el 30 de noviembre.
En la planta trabajan 18 personas, 15 son operarios y tres son jerárquicos. Ante el cierre, la empresa les ofreció una indemnización o el traslado a las plantas que la compañía tiene en la localidad cordobesa de Canals, a 300 kilómetros de las Varillas o a Trenque Lauquen a 600 kilómetros.
Es la segunda planta que la empresa cierra este año, marcado por la caída de la producción del 11% con respecto al 2015 y el abrupto desplome del consumo del alimento que pasó de 28,97 litros al año por persona en 2015 a 23,12 litros en la actualidad. Antes, la empresa bajó las persianas de la planta que tenía en Rufino, donde empleaban a más de 50 trabajadores.
El pasado 3 de noviembre trabajadores estatales de Fabricaciones Militares se movilizaron. Hubo más de 2.000 compañeros de todas las plantas del país, amenazadas por una política de vaciamiento y de paralización productiva, cuando Fabricaciones Militares tiene la capacidad de producir para las industrias ferroviaria, aérea y minera, además de provisión de material bélico.
En el acto, los trabajadores destacaron la audiencia pública realizada por Néstor Pitrola y los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda y la iniciativa legislativa de incluir el destino de Fabricaciones Militares en las preguntas a Marcos Peña en su próxima interpelación parlamentaria.
Miles de usuarios de la línea 129 fueron afectados el pasado martes debido al paro de los choferes del Grupo Plaza. Es que la firma estando al día 7 todavía no había depositado los salarios del personal a su cargo.
La medida de fuerza complicó a los 40.000 platenses que viajan a diario a Capital y que utilizan ese medio de transporte para llegar a sus tareas.
Los choferes explicaron que hasta que no estuviera depositado su salario no reanudarían el servicio paralizado.
Comodoro Rivadavia, la ciudad más importante de Chubut, mantiene desde el martes paralizado el servicio de transporte urbano de pasajeros, por una medida dispuesta por los trabajadores de la empresa «Patagonia Argentina» ante el vencimiento del cuarto día hábil sin cobrar el sueldo.
Se sumó al paro de actividades la empresa «El 22» que realiza el servicio de transporte urbano en Trelew, por el mismo motivo. También se sumaron al paro los choferes de la empresa «Bahía» que realiza el servicio en Rawson, la capital provincial.
Tras el duro cuestionamiento de Mauricio Macri a los empleados del Poder Judicial, el sindicato que conduce Julio Piumato, que apoyó desde un comienzo la gestión de Cambiemos, decidió tomar una contundente medida de fuerza: un paro total acompañado de movilización a Plaza de Mayo el miércoles 15 de noviembre. Este viernes los trabajadores tomaron la planta de helados Freddo. Lo hicieron en repudio a los 25 despidos que tuvieron lugar en las últimas semanas, pero también rechazando un intento de flexibilización laboral.
Según denuncian los trabajadores, la patronal ofrece otorgar un miserable aumento salarial a cambio de modificar las condiciones laborales. La delegada Viviana Godoy informó que «la empresa se niega a sentarse a negociar. En un accionar extorsivo, quieren cambiar puntos del Convenio colectivo de trabajo y si no aceptamos se niegan a darnos un aumento».
Agregó además que el ofrecimiento es verdaderamente paupérrimo. «Nos ofrecen 10% recién en abril, para el 70% de los empleados. Para el resto, la suba es sólo del 5%». La cifra se ubica claramente por debajo de los índices inflacionarios actuales.
Freddo pertenece al grupo Pegasus. Ese grupo tuvo como CEO al hoy Vicejefe de Gabinete Mario Quintana hasta diciembre de 2015, cuando empezó a formar parte del gobierno nacional.
Puede observarse un patrón parecido en el conflicto que Farmacity -también del Fondo Pegasus- lleva en la provincia de Buenos Aires donde pese a tres fallos judiciales en contra logró llegar a la Corte Suprema para penetrar en el jugoso mercado del retail farmaceútico. Demasiadas coincidencias para no tentarse en creer que un CEO y dueño de empresas es funcionario por un rato en su vida, pero sus intereses constantes están en otro ámbito.
Dirigentes sindicales proponen rebaja salarial
En el medio de las duras discusiones por la reforma laboral, un gremio le propuso al Gobierno una rebaja salarial de entre el 1% y el 12,5% para los trabajadores que representa. La propuesta fue elevada a la administración de Mauricio Macri por el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, uno de los doce gremios de la actividad marítima, que conduce Marcos Ricardo Castro. La oferta de recortar los salarios de los trabajadores fue expresada por Castro al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, como respuesta al pedido presidencial de que todos «algo tienen que ceder». En su propuesta, Castro dice que para reducir el costo de producción y darle competitividad al sector marítimo, los trabajadores deben aceptar un recorte de salarios porque eso forma parte del costo laboral. Por ello propone, por ejemplo, una rebaja del 2% en la bonificación por antigüedad; bajar un 3% el pago por trincado de contenedores y otro 3% por el lavado de tanques; y reducir el pago por ropa de trabajo, entre otros puntos. Además, el jefe gremial de este sindicato propone bajar 12,5% el salario total de los jerárquicos, que son los que más ganan en el sector.
El acta, también firmada por representantes del Ejecutivo y de las Cámaras de la actividad, cuenta con el aval del propio Marcos Castro, pero también la del secretario General de los Conductores Navales, Armando Alessi y el vicepresidente del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Eduardo Mayotti, entre otros.
Quien tendría preparado el próximo borrador de ajuste voluntario para sus propios afiliados para ser presentado ante Dietrich sería el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que lidera Julio González Insfran.
Congelan salarios por dos años
Las industrias electrónicas radicadas en Tierra del Fuego y la UOM (metalúrgicos), llegaron a un acuerdo que incluye el congelamiento de los salarios, a cambio de mantener los puestos de trabajo vigentes actualmente.
Los puntos centrales del acuerdo fueron conversados por integrantes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) con dirigentes del sindicato, tanto de las ciudades de Río Grande como de Ushuaia. El secretario adjunto de la UOM de Río Grande, Marcos Linares, precisó que la negociación también surge de la discusión promovida a partir de la reforma impositiva, y de la postura de funcionarios nacionales de «mantener los impuestos internos pero si se profundizaba algún tipo de mejora en la competitividad del sector», indicó. El secretario metalúrgico detalló que pese al congelamiento salarial, «era peor una reducción de sueldos como se estaba planteando y mucho más si se comenzaban a perder parte de los casi 9.000 puestos de trabajo directos que tenemos en la actualidad».
Fanáticos pero no tanto
Luego de anunciar más impuestos para vinos, cervezas, champagne y gaseosas, el Gobierno ya retrocedió frente a los tres primeros y ahora podría hacer lo mismo con las gaseosas por la presión de Coca-Cola.
«Es un fanático de esta nueva etapa de la Argentina», había asegurado el presidente Mauricio Macri respecto del CEO de Coca-Cola, Muhtar Kent, en septiembre del año pasado en vísperas del inicio del Foro de Inversiones y Negocios de la Argentina conocido como MiniDavos.
Sin embargo, Coca-Cola amenazó al Gobierno con dejar de comprar insumos en el país y no realizar inversiones si prospera la propuesta de duplicar los impuestos internos a las bebidas gaseosas con azúcar añadido.
Todavía no se presentó en el Congreso y el proyecto de reforma tributaria continúa cosechando resistencias de sectores productivos que anticipan crisis en sus actividades, grupos empresarios que cancelan inversiones y economías regionales que anuncian pérdidas de empleo. Luego de que el Gobierno diera marcha atrás en la aplicación de impuestos internos a vinos y espumantes y en subirlos para cerveza, la industria de bebidas gaseosas sin alcohol y el complejo azucarero elevaron el tono de los planteos para lograr que a sus productos también se los exima de cobrarles mayores gravámenes.
Bajo el argumento de ser productos «perjudiciales a la salud de la población» se incluyeron en impuestos internos a vinos y espumantes, que hasta el momento estaban exentos, y se duplicaron las alícuotas a cervezas y gaseosas. El gravamen a bebidas alcohólicas -con excepción de las de alta graduación- se quitó del proyecto luego de una serie de reuniones que incluyeron a bodegueros, productores cerveceros y a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien comparte el espacio político de Cambiemos, y el de San Juan, Sergio Uñac. Ahora será el turno del gobernador tucumano Juan Manzur para negociar igualdad de condiciones para el complejo azucarero, dado que se mantuvo la suba del 4-8 al 17 % para las bebidas con azúcar añadida, mientras se mantiene en cero las edulcoradas (light o zero).
La industria de bebidas sin alcohol genera en el país más de 26.000 empleos directos y representa el 0,5 % del Producto Interior Bruto (PIB). Sus ventas superan actualmente los 100.000 millones de pesos anuales, de acuerdo con datos de la Cámara. Desde el Gobierno aseguran que la eliminación del impuesto a las aguas minerales, que pasa del 4 % al 0, debería compensar el aumento en las gaseosas y aguas saborizadas, dado que se trata de las mismas empresas que monopolizan ese mercado (Coca-Cola, Pepsi y Nestlé).
Para el complejo cañero de Salta y Jujuy la situación continúa empeorando, ya que al aumento de impuestos a las bebidas naturalmente endulzadas, se le suma a decisión del Ministerio de Energía de reducir el precio del bioetanol que reciben los productores de manos de las petroleras para el corte de 12 % obligatorio que llevan las naftas.
Argentina «país frágil»
La agencia de calificación crediticia S&P Global ubicó a la Argentina en la nueva lista de «países frágiles». S&P reorganizó su lista de naciones que se vieron más afectadas negativamente en un entorno de tasas de interés en alza. En el listado, además de la Argentina figuran Turquía, Pakistán, Egipto y Qatar. Son los nuevos «cinco frágiles», remarcaron las cadenas de noticias internacionales. Las condiciones monetarias son «excepcionalmente acomodaticias» y, para algunos mercados emergentes, «el entorno de financiación es ahora el más benigno en la memoria», dijo en un informe Moritz Kraemer, director general de S&P Global y jefe de calificación global soberano. «Sin embargo, la amenaza del ajuste monetario ahora es más concreta que antes», remarcó. Después de años de política monetaria ultra-laxa desde el colapso financiero mundial de 2008, los bancos centrales de todo el mundo han comenzado a revertir sus programas de flexibilización cuantitativa e incluso han elevado las tasas de referencia en algunos casos. La Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a subir las tasas de interés y el Banco de Inglaterra dio el mismo paso la semana pasada, por primera vez desde 2007. El Banco Central Europeo también anunció que reducirá su compra de bonos gubernamentales y corporativos a partir del próximo año. «Son las economías de mercados emergentes que sufrirán más con esta nueva política de las naciones desarrolladas», sostuvo el reporte de la agencia internacional. Según CNBC, una política monetaria más estricta plantea «riesgos» para las economías emergentes en una variedad de formas. Una de las posibles consecuencias es el aumento en los costos de endeudamiento para estas naciones, ya que el dólar generalmente aumenta a medida que se aumentan las tasas, y las cinco frágiles toman préstamos en moneda estadounidense.
ArZinc en los Paradise Papers
Ar Zinc, ex Sulfacid, perteneciente a la multinacional Glencore, que en abril del año pasado dejó en la calle a 420 obreros, es una de las que aparece en los Paradise Papers, los documentos que dan cuenta de firmas y sociedades que operan en paraísos fiscales para eludir miles de millones de todas las monedas del mundo en impuestos.
La multinacional Glencore utilizó una empresa offshore radicada en las islas Bermudas para comprar en 2005 y cerrar en 2016 la firma de la localidad de Fray Luis Beltrán (Santa Fe).
Allí dejó en la calle, además de sus 420 obreros, a decenas de empleados administrativos y cortó lazos con contratistas que, según estimaciones sindicales, replican a un millar la pérdida de puestos de trabajo en una ciudad de menos de 20.000 habitantes.
Glencore es accionista de las mineras La Alumbrera, de Catamarca, en sociedad con el Estado nacional, y El Pachón, en San Juan, donde anunció una inversión -a partir de los primeros meses de 2016- de 3.000 millones de dólares para convertir el yacimiento en «la explotación de cobre más grande del país». En ambos casos los emprendimientos son a cielo abierto, y con denuncias por contaminación.
Según la investigación de la periodista Sandra Crucianelli, Glencore extrae de la Argentina millones de dólares anuales a través de al menos seis firmas offshore. Una de ellas, radicada en Bermudas, un paraíso fiscal, es Glencore Finance Ltd: es la que compró Ar Zinc y, coincidiendo con el cambio de reglas sobre retenciones, la cerró.
Glencore informó en 2015 que pagó 525 millones de dólares en la Argentina. Pero, según Resource Project, una base de datos que toma información oficial, los pagos a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superaron los 45 millones de dólares entre regalías e impuestos.
Al reclamo de la provincia de Catamarca por el pago de regalías de la minera La Alumbrera y a la demanda judicial de la provincia de Tucumán por ocultamiento de ganancias en otras de las empresas del grupo, se suma la intendenta de Fray L. Beltrán ya que el cierre de Ar Zinc dejó «un pasivo ambiental muy grande».
En cuanto a los trabajadores que pagaron con sus puestos el buen clima para inversiones, algunos todavía no tienen trabajo. «Cobraron una indemnización. Algunos pusieron un quiosco, otros un remís, otros siguen sin empleo. En la ciudad bajó el consumo, hubo cierre de comercios. El círculo que se genera es tremendo», describió la intendenta.
Fuentes: www.elciudadanoweb.com, www.ambito.com, gestionsindical.com, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Argentina Indymedia, APU, Infogremiales, www.cronista.com, www.infonews.com, www.eldestapeweb.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.