Raquel Liberman y Marita Verón

Los casos de Raquel Liberman y Marita Verón, con casi un siglo de diferencia, son paradigmático para comprender el funcionamiento de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y la complicidad con el poder político, la Justicia y la Policía.

Ruchla Laja Liberman -mas tarde conocida como Raquel Liberman- nació en la ciudad industrial de Lodz, en Polonia, en el seno de una familia pobre de origen judío. Siendo muy joven conoció a Jaime Cissinger, quién se presentó como un próspero comerciante que se ofreció a llevarla a la Argentina con promesas de matrimonio. En realidad, Cissinger pertenecía a la Zwi Migdal, que bajo la apariencia de una Sociedad Judía de Socorros Mutuos, se dedicaba al reclutamiento de mujeres judías de Europa del Este en condiciones de pobreza para explotarlas sexualmente en Buenos Aires y otras ciudades del país (1).

En septiembre de 1918, Raquel Liberman llegó a Buenos Aires y comprendió rápidamente la triste situación. Atrapada por la Red de Trata dirigida por la Zwi Migdal, fue recluida en diversos prostíbulos de la calle Junín, para ser explotada sexualmente y sufrió todo tipo de violencia por parte de los «caftenes» (tratantes judíos) para vencer su tímida resistencia.

Según otras versiones, Raquel había llegado a la Argentina con sus pequeños hijos a consumar el matrimonio que había contraído en Europa, y se radicó en la localidad de Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Al morir su esposo, probó fortuna en la Ciudad de Buenos Aires donde fue secuestrada por la organización.

Mas allá de cual sea la correcta de estas versiones, lo cierto es que durante diez años Raquel Liberman permaneció prisionera de las redes de trata. En ese tiempo logró ahorrar dinero a escondidas con el objetivo de comprar su libertad, hecho que pudo consumar gracias a la complicidad de un cliente que se apiadó de ella. El hermano de este ofreció «comprársela» a Cissinger, aduciendo que abriría un prostíbulo en Mendoza, lo que el rufián aceptó recibiendo mucho mas dinero del que esperaba.

Raquel compró con sus ahorros sobrantes un local en la calle Callao 515, pero fue rápidamente detectada por la Zwi Migdal, que comenzó a acosarla, amenazarla y extorsionarla para que su «mal ejemplo» no se convirtiera en un camino para la libertad de otras víctimas. Finalmente enviaron al rufián José Salomón Korn, amigo de su anterior explotador, con la misión de «embaucar a la desertora» con promesas de matrimonio. El casamiento se llevó a cabo en el Registro Civil del distrito 11 y en la Sinagoga de la avenida Córdoba, que ella desconocía que funcionaba como una de las sedes de la tenebrosa organización que la había explotado durante diez años. Luego del casamiento, Korn le robó sus ahorros y la recluyó en el Burdel de Valentín Gómez 2888.

Tras evadirse por segunda vez de sus explotadores, Raquel Liberman tomó contacto con el comisario Alsogaray, que había investigado a la Zwi Migdal, y el 31 de diciembre de 1929 radicó la denuncia que llevaría a la disolución de la organización criminal.

A comienzos de 1930 se percibía la situación de inestabilidad creciente que llevaría al golpe militar del 6 de septiembre. El juez de instrucción en lo criminal Manuel Rodríguez Ocampo citó a Liberman para que ratificara sus declaraciones. De ella se desprenden los detalles siniestros de este negocio criminal: las víctimas eran trasladadas de modo forzoso de un lugar a otro, se aplicaban tormentos físicos y psíquicos a fin de doblegarlas, las mujeres que ingresaban voluntariamente maltrataban a las que llegaban engañadas y por la fuerza, y se aplicaban la amenaza para que ninguna se animara a denunciar la organización.

El juez ordenó el allanamiento del local de la calle Córdoba, donde se supo que muchos rufianes explotaban otras actividades ilícitas como el juego clandestino y el tráfico de drogas como pantalla de su principal actividad.

Finalmente Rodríguez Ocampo dictó la prisión preventiva de 108 miembros de la organización y ordenó la captura de 334 prófugos bajo los cargos de corrupción y asociación ilícita. Al falso esposo de Liberman, José Salomón Korn se le imputó el delito de extorsión y estafa.

A lo largo de la investigación también se descubrió la complicidad de la División de Investigaciones de la Policía Federal, que había reducido al mínimo los antecedentes penales de los imputados, y del Personal Penitenciario que facilitaba la fuga de los detenidos. Tras el golpe del 6 de septiembre, el gobierno dictatorial impuso cambios en la cúpula policial pero sin afectar la División de Investigaciones, útil para la imposición del Estado de Sitio vigente en el país.

El 26 de septiembre se concluyó el sumario con cuatro mil fojas de pruebas recolectadas y las declaraciones de los detenidos. Estos negaron pertenecer a una asociación ilícita y alegaron que solo se afiliaron a la organización por sus beneficios sociales, que se limitaban a un lugar en el cementerio. No obstante su presidente Brutkievich, no pudo justificar como había obtenido su patrimonio nada despreciable.

El 4 de diciembre el comisario Alsogaray fue desplazado de su cargo, posiblemente por denunciar la complicidad de la Policía con las redes de trata.

Pese a las valientes declaraciones de Raquel Liberman, el 27 de enero de 1931 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, compuesta por los jueces Oribe, Ortiz de Rosas y Coll, solo confirmó la prisión preventiva para tres de los procesados, dejando libre a los restantes, en un acto que generó indignación de amplios sectores. La Cámara justificó su accionar en el hecho de que, a excepción de Raquel Liberman, ninguna de las víctimas restantes se atrevió a declarar, sin tener en cuenta las amenazas de los tratantes que pesaban sobre estas mujeres. Dos días antes del fallo, se había producido una reunión entre los Jueces de la Cámara y la Policía, cuyo contenido no trascendió.

Sin embargo el juicio sirvió para la disolución de la Zwi Migdal, que venía siendo combatida desde su fundación no solo por movimientos feministas, anarquistas y socialistas, sino también en el interior de la comunidad judía por grupos de jóvenes que desde 1908 dictaban encendidos discursos en idish y en español, y crearon una organización contra la Trata de Blancas -como se denominaba entonces- (2). Además fue importante para que el conjunto de la sociedad conociera los entretelones de este negocio inhumano.

Algo similar sucedería muchos años después con el caso de María de los Ángeles Verón -conocida como Marita Verón-, secuestrada en la provincia de Tucumán el 3 de abril de 2002, cuando salía de su domicilio para dirigirse a una consulta ginecológica con el objetivo de colocarse un DIU. Llamativamente, quienes arreglaron el turno en la Maternidad le pidieron que llevara su DNI. En el momento de su secuestro era madre de Micaela de tres años, y estaba en pareja con David Catalán.

Al igual que la denuncia de Raquel Liberman, la investigación iniciada por Susana Trimarco -madre de la víctima- sirvió para visibilizar ante la sociedad el negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual. Susana Trimarco realizó una denuncia ante la Comisaría local, pero estos le respondían que «se había ido seguro con un noviecito o con sus amigas. Después decían que no tenían papel para redactar la denuncia ni nafta para salir a buscarla en camioneta» (3). A partir de allí, su madre llevó adelante la tarea de investigación que no realizó la policía o la Justicia, llegando incluso a disfrazarse de Madame o propietaria de Cabaret a fin de liberar a otras jóvenes sometidas. En 2007 creó la Fundación María de los Ángeles Verón, que hasta el momento ha logrado liberar a más de 600 mujeres.

Las investigaciones de Trimarco apuntaron contra el entonces gobernador Julio Miranda y varias personas de su entorno, entre ellos «la chancha» Ruben Alé, hombre ligado al futbol y la política provincial, y propietario de una flota de 600 remises. El gobierno había firmado un convenio con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán (ARUT), en el que los declaraban custodios de la ciudad. Muchos testigos declararían más tarde que Marita fue subida en un remis rojo de esa compañía, y que la responsable de su secuestro fue María Jesús Rivero, propietaria de la firma y esposa de Alé.

Rubén Ale también comandó la Barra Brava de San Miguel de Tucumán, resultando absuelto del asesinato de dos miembros de Los Gardelitos, que le disputaban la conducción de la hinchada, aunque luego cumplió una sentencia de cuatro años por intento de homicidio de otro de ellos. La firma ARUT fue montada en los noventa gracias a sus vínculos con el menemismo y el vicegobernador Fernando Juri, de quién fue ahijado político. En el 2002, en plena crisis post-convertibilidad, la Chancha ofreció hacerse cargo del plantel de San Martín: formó la empresa Gerenciadora del NOA y quedó a cargo de la conducción futbolística del club. En 2008, la Chancha encabezó la lista única que se presentó a elecciones y se convirtió en el presidente del club. Allí formó nuevamente grupos de choque llegando a ser detenido con un automóvil lleno de granadas, ametralladoras y una Itaca (4). Esto muestra sin duda los vínculos que los tratantes de personas mantienen con el poder político, a fin de poder llevar adelante su accionar criminal.

El 8 de febrero de 2012 comenzó el juicio, que tuvo como acusados a 13 personas, entre los que se encontraban Rubén Alé y María Jesús Rivero, vinculados al secuestro y promoción de la prostitución. La investigación llegó también a los cabarets riojanos «Candy», «El Candilejas» y «El Desafío» (luego llamado «La Isla») que operaban como tapaderas de prostitución. La Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió como «lugares destinados al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres incluso mediante su privación de la libertad» (5).

Pese a todas las pruebas aportadas por Susana Trimarco y más de 150 testigos, el 11 de diciembre de ese año los jueces de Tucumán Alberto Piedrahona, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, desecharon las evidencias y dictaron la absolución de todas las personas procesadas.

El falló generó una fuerte indignación en la sociedad. Susana Trimarco declaró que «acá está metida la mafia de los Alé, quienes fueron protegidos desde la Casa de Gobierno. Ellos son los responsables del secuestro de Marita» (5). Apenas conocido el fallo de la senadora por Tucumán Beatriz Rojké, esposa del gobernador Alperovich, declaro que «la prostitución existe y va a seguir existiendo» (6), queriendo desligar las responsabilidades políticas. El 12 de diciembre una manifestación a la Casa de Tucumán en Buenos Aires que reclamaba la aparición con Vida de Marita Verón, el desmantelamiento de las redes de trata y el Juicio Político a los jueces de la Cámara, fue brutalmente reprimida por la Policía.

Con casi un siglo de diferencia, los casos de Raquel Liberman y Marita Verón muestran un accionar similar de las redes de trata que, movidos por el interés de acceder a ganancias millonarias que le aporta la explotación de mujeres, niñas y niños, recurren a la captación sistemática de sus víctimas mediante el secuestro o promesas falsas, para su traslado a lugares donde serán sometidas a violencia sexual, física, psíquica y económica. Por la complejidad de este comercio humano que constituye la Esclavitud del Siglo XXI, es imposible llevarlo a cabo sin la complicidad de funcionarios políticos, el poder judicial y las fuerzas armadas o de seguridad de los países en donde operan. Además constituye un emergente de la sociedad machista y patriarcal, y de un sistema capitalista que considera a las mujeres, los niños y las niñas como sectores vulnerados en sus derechos hasta llegar a normalizar su explotación y comercialización.

Por ello la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución, la liberación de todas sus víctimas y el castigo ejemplificador contra los tratantes, no puede ir separada de una lucha más amplia contra el sistema capitalista que facilita la impunidad y da sustento económico a estas redes, que constituyen una de las formas mas perversas de explotación del ser humano.