Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: «Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución». El proyecto macrista para las tarifas es que durante ese tiempo seguirán aumentando, como advirtió el ministro del Interior, […]
Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: «Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución».
El proyecto macrista para las tarifas es que durante ese tiempo seguirán aumentando, como advirtió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: «Recién en el cuarto o quinto año de este camino, (las tarifas) van a llegar al nivel de su costo de producción», se sinceró.
Mientras tanto, concretaron el envío de un proyecto al Senado eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama «Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales». Con el pedido de que bajen esos tributos, Macri intentó virar la discusión. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.
El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que «las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado». De esta forma, de aprobarse, anularía cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca «garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa» y tiene como objetivo «evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación».
A esta iniciativa se sumó una advertencia del ministro del Interior, que envió a los 24 ministros de Economía provinciales un detalle de cuál sería el costo fiscal para su provincia si se redujera el IVA sobre la luz, el agua y el gas. Una forma sutil de responderles a los gobernadores que habían sugerido a Macri que rebaje ese impuesto.
La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y lo anunció como un gran gesto del Gobierno para «aliviar» los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican en relación a las tarifas exorbitantes, trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.
No obstante, el jueves las modificaciones que tocan las normas municipales no fueron tratadas por el Senado provincial, sino giradas a comisión.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora declaró la emergencia tarifaria en el distrito por el lapso de un año, con el apoyo de Unidad Ciudadana y la negativa del bloque de Cambiemos. En ese sentido, el cuerpo solicitó al Ejecutivo nacional y provincial que retrotraiga las tarifas al 31 de diciembre de 2017.
También el Concejo Deliberante de San Martín declaró la Emergencia tarifaria en todo el distrito, por el lapso de un año.
Miles de personas de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, provincia de Jujuy, y de otras localidades cercanas, protestaron contra el tarifazo y los aumentos desmedidos de los servicios públicos. La autoconvocatoria se hizo mediante las redes sociales, registrándose una importante manifestación por la cantidad de participantes a pesar de la lluvia que cayó.
Participaron de la movilización la CCC, diferentes entidades locales como Adep (Asociación de Educadores Provinciales), Asociación de Jubilados, Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez), Concejales, ciudadanos de Fraile Pintado y Calilegüa y cientos de vecinos de Libertador que con sus boletas de servicios en mano se manifestaron con velas encendidas, carteles y cacerolas.
En una oficina comercial de Edesur, en la Ciudad de Buenos Aires, este viernes se pudo ver a efectivos de Gendarmería, la fuerza responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, portando armas de fuego. Ahí los usuarios estaban haciendo colas de más de tres horas para que los atiendan.
Había gente con facturas de $ 3.000 a $ 6.000 y algunos con aviso de corte. Dentro de la sucursal hay gendarmes más la seguridad privada de Edesur. Los gendarmes están armados e imponen presencia cuando alguien se pone a gritar en el hall.
Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.
Un acoplado hizo de escenario en el Obelisco frente a la multitud. Allí representantes de la Asociación Argentina de Actores, leyeron el comunicado de la Multisectorial contra el tarifazo. El documento, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios «Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales». El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.
El gobierno nacional anunció que las tarifas de gas del invierno se podrán pagar en cuotas con interés (estimado en 1.9%) durante los bimestres de menor consumo.
«Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %», afirmó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).
Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.
El aumento fue autorizado a través de la Disposición 5/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Marcos Pourteau, el subsecretario de Exploración y Producción de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.
Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.
Para finalizar, Metrogas, la empresa que logró un aumento de tarifas de 1.400 % en estos dos años y generó ganancias por 1.100 millones de pesos en 2017, ofreció solo 15% de incremento salarial a sus trabajadores: 7.5% en abril y 7,5% en octubre.
Conflicto docente
Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la «Marcha de los Guardapolvos» organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.
Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad.
El gremio extendió hasta el 4 de mayo el paro que mantiene desde hace dos semanas. La decisión fue votada por el plenario de secretarios generales de la Asociación Trabajadores de la Educación (ATEN) reunido en Villa El Chocón.
La «nueva» propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 20 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.
Los gremios docentes ya anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles 25.
A menos de 24 horas del paro se difundió un fallo de la justicia provincial de hace dos semanas que rechazó la cautelar presentada por los docentes contra el descuento de los días no trabajados por las medidas de fuerza que se realizaron en marzo.
Además de denunciar la intimidación que representa la difusión del fallo del Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Plata, un día antes del paro anunciado la semana pasada, los gremios advirtieron que al desestimar el recurso «sin argumentos jurídicos», los jueces hicieron extensivo su alcance a eventuales futuros descuentos y dejaron desprotegidos a los docentes durante la discusión paritaria, todavía inconclusa.
María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba, advirtió que la difusión del fallo tuvo el claro objetivo de «asustar» a los docentes provinciales y denunció que «ese discurso está obsoleto» porque la adhesión de los maestros a las medidas de fuerza «fue in crescendo». Prueba de ello fue el acatamiento del 90 % de la docencia al paro provincial.
Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:
- Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
- Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones, algo aprobado lamentablemente con el voto del PJ, del FPV, el massismo, legisladores de Randazzo y hasta el Movimiento Evita).
- Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es «ganancia».
- Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
- Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.
Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones del Trabajo confirmó un fallo de primera instancia que rechazó el planteo de un gremio docente (UDA) para que la Justicia exija al Gobierno la convocatoria a paritarias docentes a nivel nacional.
El lunes pasado el Gobierno, en una posición de fuerza por los varios gremios que vienen firmando un 15% de aumento en cuotas, hizo la primera oferta concreta a los docentes universitarios (pese a que la paritaria había vencido el 28 de febrero): 2% de aumento en marzo, 2% en julio, 5% en septiembre y un 6% en diciembre (sumas no acumulativas).
La respuesta fue contundente con una adhesión al paro por encima de lo previsto este jueves 26 de abril en gran parte de las más de cincuenta Universidades públicas nacionales. En el caso de la UBA, las pocas clases que se dieron tomaron la modalidad de clases públicas, algunas de ellas en lugares inesperados, como el caso de las que se dictaron en el aeroparque Jorge Newbery de la CABA.
El acatamiento se ubicó entre el 70 y 80% en las distintas facultades del país, superando el 90% en la mayoría de los colegios pre-universitarios.
Las vacantes nacionales para el ingreso de investigadores al Conicet bajaron a la mitad. De los 600 que entraron a principios de año, en 2019 ingresarán 300: serán 150 para proyectos abiertos y 150 para estratégicos. También convocarán a ocupar otros 150 cargos en Universidades y organismos nacionales que cuenten con menos de 100 investigadores.
Para el director de Conicet Rosario, Roberto Rivarola, la situación es compleja. Al recorte de ingresos se suma la demora en la entrega de dinero para financiar investigaciones y equipamientos, la falta de presupuesto para 2018 y la no designación de un director para el área de Ciencias Exactas y Naturales.
«Desde el año pasado hubo una reorientación de la ciencia hacia la aplicación tecnológica. Se redujeron los puestos accesibles en función de una política de achicamiento. Las más perjudicadas fueron las áreas de ciencias sociales y humanísticas. Es un problema de fondo y de modelo de país», explicó Rivarola.
«No tenemos aprobado el presupuesto de Conicet para el año. Van enviando dinero que vamos distribuyendo a medida que va llegando. No hay ingresos de personal de apoyo, de técnicos y tampoco de contratos para administrativos», cuestionó Rivarola y estimó que el presupuesto será el mismo que en 2017.
«No considera los incrementos de costos de vida, la inflación y el aumento en los servicios. Tenemos que solventar los incremento de energía y de gas que hay que pagar con los únicos recursos que nos dan», agregó el funcionario.
Chubut: conflicto silenciado
Trabajadores y trabajadoras estatales de Chubut, nucleados en la Mesa de Unidad Sindical exigen al gobernador que no aplique sanciones económicas, descuentos por las medidas de fuerza llevadas a cabo en reclamo contra el congelamiento salarial que lleva un año y por paritarias. Además repudian las declaraciones y exigen la renuncia del Ministro Coordinador de Gabinete.
Desde la muerte del gobernador electo, Mario Das Neves, en Chubut se destapó una crisis política y económica solo comparable con el final del delarruísmo.
El pasado 18 de marzo, gracias a los votos de Cambiemos, los legisladores de Chubut Somos Todos (partido creado por Das Neves) y el FPV (Unidad Ciudadana), se aprobó el Pacto Fiscal que implica: eliminación del pago por licencias gremiales; aumento del 0% para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado; recorte de horas cátedra; y la suspensión del régimen general de subsidios, lo que supone la eliminación del Transporte Educativo Gratuito (TEG), un derecho conquistado por los estudiantes y docentes de la provincia tras casi 10 años de lucha.
En este marco de ajuste feroz, además, la provincia dejó de pagar las prestaciones de la obra social de los trabajadores del Estado, con lo cual, miles de familias quedan sin cobertura de salud. A su vez, en una provincia donde el Estado es el principal empleador, cada una de estas medidas tiene un impacto terrible en el sector privado, lo cual ha provocado el cierre de centenares de comercios y una masa cada vez más grande de trabajadores desocupados.
A pesar de las enormes movilizaciones de trabajadores estatales, que coparon la capital provincial, de la multitudinaria marcha de docentes y estudiantes en defensa del TEG, y de los paros reiterados de trabajadores judiciales, bancarios, de prensa, petroleros y de la salud, el conflicto en Chubut no trasciende a escala nacional por el bloqueo mediático.
Por su parte, la tan prometida «ayuda» del gobierno nacional sólo se materializó en forma de escuadrones de Gendarmería para aplacar la protesta social, especialmente para las zonas de conflicto con comunidades mapuches. Sin dudas, el motivo del silencio de los grandes medios y del apoyo armado del Ministerio de Seguridad, es que el gobierno de Mauricio Macri plantea para Chubut uno de los proyectos de megaminería más grandes de América Latina denominado «Proyecto Navidad» que supone la zonificación del territorio de la provincia, en función de la extracción de oro, plata, uranio y otros minerales.
En este proyecto, la zona «privilegiada» es la meseta patagónica, la más empobrecida y relegada históricamente. Sin embargo, este tipo de explotación no sólo es hoy ilegal debido a que se encuentra prohibida por la ley provincial XVII N°68 (ex Ley N° 5001), sino que además implica el uso de agua dulce con fines industriales, en una provincia en donde el consumo para sus habitantes no se encuentra garantizado. Imponer la explotación minera como proyecto de desarrollo implica, entro otras cuestiones, tomar la decisión política de entregar las reservas hídricas (subterráneas y superficiales) de toda la región a empresas trasnacionales.
Es importante recordar, que el propio Macri se reunió el 26 de enero en Suiza con Ross Beatty, presidente de la empresa canadiense Pan American Silver y principal inversor del Proyecto Navidad. Allí el presidente se comprometió a eliminar las trabas legales para la megaminería, incluida la Ley de glaciares. A la luz de esto, no resulta extraño que la reunión se produjera 2 meses después de que Macri nombrara como Procurador General de la Nación a Eduardo Casal, dueño del estudio jurídico que representa en nuestro país «casualmente» a Pan American Silver.
Trabajadores estatales
En el mediodía del viernes 20 un grupo de trabajadoras acompañantes terapéuticas se encadenaron a las rejas del centro político de la Provincia de Buenos Aires, en una clara manifestación de lo que vienen soportando hace ya más de siete meses: IOMA no paga los servicios prestados en tiempo y forma.
«Llevamos siete meses sin cobrar, están vulnerando el derecho a la salud de los afiliados y los prestadores que trabajamos para IOMA, jugando con la vida y negando el acceso a la salud de los bonaerenses. Y la máxima responsable es la gobernadora María Eugenia Vidal», denunciaron.
Como si toda esta situación no alcanzara, en plena protesta un auto marca Fiat Palio color azul (patente IFV 875) irrumpió en el lugar atropellando a una trabajadora, quien se encuentra fuera de peligro.
Luego de haber permanecido bajo la lluvia toda la tarde, resolvieron en asamblea convocar a un paro por 48 horas y un acampe el día martes 24 en las puertas de IOMA de la sede de 46 e/ 12 y 13 (donde volvieron a encadenarse), confluyendo el día miércoles con el paro de docentes y estatales.
Reprimieron a trabajadores del INTI. El hecho ocurrió durante la masiva asamblea que los trabajadores realizaban en la mañana del jueves 26 de abril, al cumplirse 3 meses de conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tras los 258 despidos. En el marco de esta actividad se decidió el corte de Av. General Paz para visibilizar la falta de respuestas. A continuación, la policía tiró gas pimienta y palazos a los trabajadores que se manifestaban de manera pacífica.
«Luego de 53 días de acampe y paro exigiendo la reincorporación, lxs trabajadores dimos muestras suficientes de querer un diálogo y resolver el conflicto, levantando nuestras medidas en pos de una supuesta mesa de diálogo. La respuesta de las autoridades solo fue la dilación, el desplazamiento de directores de carrera, el avance con la tercerización en las funciones del organismo y la reestructuración. Pero no contentos con eso, hoy enviaron a la policía para que desate una feroz represión contra lxs trabajadorxs», señalaron.
A raíz de los 213 trabajadores despedidos injustamente de SENASA, el Consejo Directivo Nacional de ATE, resolvió PARO NACIONAL ACTIVO, desde las 00:00 del sábado 28 de abril hasta el miércoles 2 de mayo a las 24:00.
Mientras que para el jueves 3 de mayo se resolvió un paro nacional activo por 24 horas de todo el Ministerio de Agroindustria por los despidos sufridos en la cartera y los organismos descentralizados como Senasa.
Al respecto, con un correo electrónico firmado por Juan Antonio Miguens, el Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Agroindustria, la cartera amenazó que comenzará a realizar descuentos a los empleados que sigan reclamando la reincorporación de los 330 despedidos de esta semana.
La orden llegó del ministro Luis Etchevere, hombre de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el oficialismo, y quien había adelantado las cesantías masivas. Vale mencionar que Juan Antonio Miguens es hijo de otro ex titular de la SRA, Luciano Miguens.
Los dos principales sindicatos de trabajadores de la TV Pública salieron a responder en duros términos a las declaraciones que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC), Hernán Lombardi, realizó en una entrevista publicada por Página/12.
«Cuando el ministro afirma que el Satsaid ‘acompaña en el duro esfuerzo de no tener aumentos de salarios este año’ miente. El Satsaid ha firmado un aumento salarial de toda la actividad retroactivo a octubre de 2017 y de ninguna manera ha resignado ni resignará el pago de ese aumento por parte de las empresas audiovisuales del Estado Nacional que dependen del Sistema de Medios y Contenidos Públicos. Nuestra posición está ratificada en las audiencias llevadas adelante en el Ministerio de Trabajo», afirma el comunicado titulado «La estrategia de la mentira», firmado por el Consejo Directivo Nacional del Satsaid.
Lejos de limitarse a simplemente criticar los dichos de Lombardi, los trabajadores de los medios públicos desmintieron, además, que se haya incrementado la producción propia en el SFMyC. «Lo que sí se asemeja al cero -afirma el Satsaid- es la programación».
El texto firmado por la Comisión Directiva de Sipreba, incluso, va más allá. «Lo que Lombardi pretende ocultar -dice- son sus negocios con productoras o empresas privadas como el contrato para el Mundial de Fútbol con Torneos y Competencias que condicionó toda la cobertura, impone qué periodistas pueden preguntar y quiénes no, cómo se debe transmitir, tomando decisiones artísticas, editoriales y profesionales que deberían tomarse en el canal público».
«Lo que el ministro llama privilegios -cierra el comunicado- son los derechos que se cumplen en todos los canales de TV, públicos y privados. Pero el ministro pretende imponer a través de la extorsión y la violencia, la reforma laboral que el Congreso no votó».
Por tales motivos el martes los trabajadores de Encuentro, Pakapaka y DeporTV se encontraban de paro.
El SiPreBA también rechazó dos despidos en Crónica, tres en el diario BAE Negocios, uno en Crónica TV y otro en CM. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires afirman que los despidos y las violaciones al convenio son moneda corriente en el Grupo Crónica «en un terreno allanado desde el despido de los delegados de Crónica, BAE, Revista 23 y de un grupo de activistas que fueron impedidos de ingresar al edificio de la calle de Combate de los Pozos».
La Asamblea de trabajadores de Ambito Financiero y Ambito.Com dio a conocer una comunicación donde afirman: «Además de pagar sueldos en cuotas y de adeudarnos parte del aguinaldo de diciembre, @indalomedia despide de manera arbitraria a @maurofederico. En rechazo, y exigiendo su reincorporación, lxs trabajadorxs de @Ambitocom quitamos las firmas desde mañana, por tiempo indeterminado.»
Pacto antiobrero en Carrefour se replicaría en otros súper
El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento.
Es que una vez conocido, los empleados de la multinacional francesa detuvieron la actividad en varios de los locales porteños. La medida demostró una importante organización en la firma y la falta de control del líder mercantil sobre este conflicto.
Ahora, sin que llegara a mediar una reunión entre directivos de Carrefour con el sector opositor del gremio de Empleados de Comercio, algo que en un primer momento se había anunciado, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. De hecho fue puesto en vigencia el jueves a la noche.
Sin embargo, el sábado 14 quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes anterior, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.
Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.
En un comunicado titulado «el supermercadismo argentino pide igualdad de trato», las entidades regionales advierten que «la crisis del sector podría terminar perjudicando en mayor medida a sus socios de todo el país».
La primera anotada en la línea de largada sería la multinacional de capitales chilenos, Cencosud. Están en duda si Coto podría requerir un auxilio similar por los últimos balances. Hay información cruzada sobre Día %, una cadena que ya venía expresando problemas en sus finanzas. Por último descartan a Wal-Mart y La Anónima, porque no calificarían para el requerimiento.
Una que estaba agazapada a la espera de la resolución del pacto Cavalieri-Carrefour era la cadena de hipermercados Libertad de origen francés, Groupe Casino, poco conocida en la Ciudad de Buenos Aires pero con peso en el centro y el norte del país. Por lo que el efecto contagio sería federal y generaría un impacto que arrastraría a seccionales del interior aliadas a Cavalieri.
Hipermercados Libertad emplea unos 3.500 trabajadores, es otro actor trascendente en el mercado, y de homologarse el «salvataje» a Carrefour, encararía un tratamiento similar para su personal que el rubricado por la cadena azul y roja.
Por su parte, el Cuerpo de delegados de Carrefour Capital Federal salió al cruce de las versiones que difundieron Armando Cavalieri y Jorge Triaca sobre el pacto que firmaron hace una semana para los empleados de la firma francesa. «Mienten cuando dicen que no afecta el salario», dispararon.
Concretamente hicieron referencia a que en el punto 6 de la segunda cláusula del acuerdo, dice que se tomará como base de cálculo el básico del CCT y algunos rubros más, dejando afuera de la base de cálculo el nuevo rubro Adicional de Empresa. Con ello perjudican el salario de los trabajadores que, en definitiva, de bolsillo van a recibir una recomposición salarial menor de lo pactado por el sindicato, el ya escaso 15% en cuotas.
«Además mienten cuando dicen que no se producirán cierres de tiendas y que no habrá despidos», agregaron. Es que en el punto 2A de la cláusula tercera dice: «Por otra parte, si como consecuencia de la situación descripta y en función del análisis de sustentabilidad de la compañía, la empresa decide el cierre de una o más tiendas, deberá comunicarlo a la Asociación Gremial y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con 30 días de antelación al cierre».
Respecto a los despidos y reubicaciones, uno de los puntos más álgidos del entendimiento, los delegados observan un ejercicio abusivo del Ius Variandi, que son las facultades del empleador de alterar las condiciones de trabajo con racionalidad y proporcionalidad. Allí se avala que pueden ser alterados los lugares de prestación de servicios de los trabajadores según la sola decisión de la empresa.
«Con la Homologación de este Acuerdo el Ministerio avaló el cambio de un Convenio Colectivo de Actividad a ser un Convenio Colectivo de Empresa. Convenio firmado a la baja, sin cumplir los requisitos de la legislación vigente», señalaron.
También pusieron el acento en la falacia de la supuesta Indemnización por retiro voluntario del 150 %: «El acuerdo se establece que 1.000 empleados podrán acceder a una gratificación extraordinaria equivalente HASTA un 150 % de su indemnización por antigüedad. Dejando en claro que es el tope el porcentaje de 150 %, pudiendo la empresa negociar un suma menor de indemnización», advirtió Amado, delegado de los trabajadores.
Por todo esto, «el acuerdo homologado es ilegal y no pone a resguardo los derechos de los trabajadores», sintetizaron.
Con la homologación se abre también la batalla judicial. «En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal», destacó uno de cerebros detrás de la estrategia jurídica que diseña Muerza, secretario de Organización y opositor a Cavalieri, para derrumbar el escrito rubricado.
Además adelantó que le están enviando, por estas horas, cartas documento a Jorge Triaca, al viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, al director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Alberto Saglio Zamudio y otros funcionarios de la cartera.
También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.
La idea es llevar el tema a la Justicia penal. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.
Más conflictos privados
Una asamblea realizada este viernes frente a la fábrica de cosechadoras Vassalli concluyó con la decisión unánime de los trabajadores de tomar la planta para evitar el vaciamiento por parte de la patronal.
Mabe, la empresa de origen mexicano que fabrica productos de línea blanca, cerrará su planta de Haedo, dejando 120 trabajadores en la calle.
El titular de la UOM Mar del Plata, José Luis Rocha, denunció que la empresa metalúrgica QM, del Parque Industrial de esa ciudad, dejó sin cobertura de ART a más de 100 empleados que tiene a su cargo y despidió a uno sin causas justificadas. Por esto, decenas de trabajadores se manifestaron en las puertas de la fábrica.
La conducción nacional de la UOM ratificó el paro del jueves 3 de mayo próximo en todo el país, que incluirá una marcha hacia la Plaza de Mayo, luego de fracasar otra vez las negociaciones paritarias.
La Federación de Choferes de Camiones acordó con la Cámara empresaria de la actividad el pago de un bono de $ 9.500 para la totalidad de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 40/89 del sector, e informó que las partes también ratificaron el adicional salarial del 1 % de antigüedad por año de labor.
Los trabajadores del Citrus de Tucumán cortaron rutas en forma de repudio al acuerdo salarial firmado por la UATRE Nacional y Provincial. Hubo protestas en Concepción, Aguilares, Alberdi, La Cocha y La Madrid, contra el cierre de la paritaria del sector «a espaldas de los trabajadores, con un miserable 20%, conformado por un 5 % de sumas en negro y un 15 % remunerativo».
Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.
El conflicto comenzó en enero cuando fueron despedidos 44 trabajadores sin causa. De los 44 sólo 10 aceptaron el retiro voluntario ofrecido por la empresa: el resto resiste hasta hoy, continuando fuera de la planta. A esos 34, deben sumarse dos compañeros que estaban en proceso de cambiar sus contratos tercerizados a planta permanente, y también fueron injustamente despedidos.
Frente a este conflicto en Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria. La patronal no la acató. La conciliación terminó el 16 de marzo, sin que la multinacional escuchase la propuesta obrera, y se mantienen en la postura de sostener los despidos.
En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
«Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta», advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. «Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios que no quieren sacar».
Para Godoy, «no solamente echan a trabajadores del Estado, sino que destruyen los órganos del Estado que atienden las necesidades de las mayorías populares».
En una carta enviada este lunes Cargill ratifica que los despedidos no volverán a ingresar y deja en claro el carácter persecutorio con alusiones a «comportamientos y desempeños» inadecuados.
Mientras, los trabajadores despedidos sostienen un acampe frente a la planta que fue rodeado de solidaridad, l a CTA (A) convocó a un acto unitario multisectorial el 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, frente a la planta de Cargill Villa Gobernador Gálvez desde las 11:00. En unidad con diversos sectores sindicales, sociales, estudiantiles y políticos, llamaron a abrazar la lucha de los compañeros aceiteros con la certeza de que sólo el pueblo, salvará al pueblo, señala la convocatoria.
Se acercan horas decisivas para el futuro de la Refinería San Lorenzo. El 24 de abril terminó el período de salvataje y el juez a cargo del concurso de la petrolera, Javier Cosentino, que ya dio lugar al concurso preventivo, deberá expedirse sobre la intención del grupo Trafigura, de capitales holandeses, que expresó interés por quedarse con la petrolera de Cristóbal López.
Por otro lado, desde la Federación de Petróleo, Gas y Biocombustible informaron que este jueves culminó la conciliación obligatoria que frenó un paro nacional de todas las refinerías del país. «Estaremos muy expectantes con el futuro de la refinería», señalaron desde la Federación petrolera nacional.
Mientras tanto, el juez también reconoció en el expediente a la Cooperativa de Trabajo Petroleros Santafesinos Limitada conformada por 110 empleados de la empresa.
Héctor Brizuela, dirigente gremial e integrante del comité de control de la empresa.
manifestó: «le dijimos al juez que ningún plan nuestro nos permitía afrontar la deuda de dos mil millones de pesos pos concursal y diez mil millones pre concursal, por lo que no queríamos entorpecer el proceso de salvataje, no nos inscribimos en el cram down, pero sí nos constituimos como cooperativa para que la considere», informó el trabajador petrolero y agregó: «el juez nos dio lugar y dijo que se tenga en cuenta lo que manifestamos, que es que se consideren las inspecciones edilicias que dicen que la planta está en condiciones aceptables para mantenerla en marcha, está así debido a que la mantuvimos los laburantes, que somos los que la estamos cuidando mientras dure esta crisis».
De lo que se haría cargo la Cooperativa que hasta ahora tiene 110 trabajadores asociados, es de la refinería y de la planta, de procesar el petróleo crudo y de los muelles, no así de las estaciones de servicio.
Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas
En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.
«Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos», expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sobre el feriazo que organizaron los movimientos populares.
Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: «Con el nuevo programa «Hacemos Futuro» el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa «Ellas Hacen» y «Argentina Trabaja», para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas».
El Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.
«No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno», concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.
Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. «Necesitamos dar un paso más para seguir sintetizando las demandas comunes de la Economía Popular con una herramienta que represente la unidad de los movimientos populares en su pelea por el acceso a Tierra, Techo y Trabajo», remarcó Esteban «Gringo» Castro, secretario general de CTEP.
Por su parte, El Frente de Izquierda realizará un acto en Plaza de Mayo en conmemoración del 1º de Mayo a las 15:30. La resistencia al ajuste, la coordinación obrera, la pelea por el derecho al aborto, el repudio al ataque imperialista en Siria y el golpismo de la derecha brasileña serán los ejes de la jornada.
Fuentes: www.pagina12.com.ar, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, www.baenegocios.com, www.infogremiales.com.ar, www.lacapital.com.ar, www.elciudadanoweb.com, El Submarino Jujuy/Somos Jujuy, Política del Sur/Infocielo, www.ambito.com, diariosintesis.com.ar, Red Eco Alternativo, La Nación, Clarín, Tiempo Argentino.
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