Movilización contra el «pacto social». Mientras se aguardan las medidas de ajuste, amenazas de despidos y rebaja de salarios en Techint. Pronunciamientos de trabajadores de Zona Norte y estatales. Bloquean supermercados en Río Negro. Varios gremios presionan por bonos salariales de fin de año. El gobierno comenzó las negociaciones con los gremios docentes. Continúan los […]
Movilización contra el «pacto social». Mientras se aguardan las medidas de ajuste, amenazas de despidos y rebaja de salarios en Techint. Pronunciamientos de trabajadores de Zona Norte y estatales. Bloquean supermercados en Río Negro. Varios gremios presionan por bonos salariales de fin de año. El gobierno comenzó las negociaciones con los gremios docentes. Continúan los despidos. Reconocen a la CTEP.
El lunes 14 un importante conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas manifestarán su repudio frente a la Unión Industrial Argentina (UIA), rechazando el intento de armar un nuevo «pacto social» en la Argentina. La concentración se realizará a las 10:00 en el Obelisco, para luego movilizar a la sede de la UIA. Denunciarán que el acuerdo económico y social entre la UIA, la burocracia sindical y el Gobierno de Macri será más ajuste para los trabajadores. Esa alianza tomará forma en la conferencia anual de la organización patronal en Parque Norte, que contará con la presencia de Mauricio Macri, varios ministros de su gabinete, además de Guy Ryder, el Director General de la OIT.
Entre los organismos convocantes a la jornada de lucha se encuentran el sindicato Aceitero de Capital, la Unión Ferroviaria Seccional Haedo, las Seccionales Lomas y Brown-Perón de ATE y de la CTA, Comisiones Internas como las de Pilkington y Felfort, la AGTCAP (Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativistas Autogestivxs y Precarizadxs), diversas agrupaciones, corrientes sindicales y partidos políticos de izquierda. Al respecto, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, adelantó que una de las piezas clave de su programa económico sería un acuerdo económico y social para mediados de enero. El objetivo de la negociación, explicó el economista, será ordenar las expectativas tras una previa unificación del precio del dólar. «Vamos a plantear a mediados de enero un acuerdo amplio entre sindicatos y empresas en el que haya tres partes en la mesa y cada una tendrá que poner lo suyo para que se coordine de la mejor manera posible», afirmó.
Tanto el Ministro de Trabajo como el de Hacienda explicaron las ideas generales de este pacto. Básicamente, acordar una tregua en la puja distributiva entre precios y salarios, con perspectivas de bajar las expectativas inflacionarias, pero con dólar libre y la promesa de una contracción fiscal importante, quedan el salario y la actividad económica como ancla para cumplir el objetivo de llevar el nivel de aumento de precios a un dígito.
El llamado de Alfonso Prat Gay durante la campaña, a cubrirse indexando los precios tomando la referencia de un dólar de 15 pesos provocó una ola de remarcaciones. La consecuencia fue que en noviembre se duplicó la inflación mensual del año y que se quebró la tendencia a la desaceleración iniciada a mediados de 2014. Así lo reflejaron los datos de las consultoras privadas más serias.
El pacto social es clave para darle sustentabilidad política, económica y social al programa de dólar alto, eliminación de derechos de exportación, pago a los fondos buitre, retorno al mercado de créditos de bancos y fondos de inversión, que son los instrumentos que ofreció usar el gobierno electo.
Productividad, inflación futura, paritarias responsables, son los términos que introdujo Triaca en el diccionario de la negociación salarial. Van en sintonía con el programa general de restaurar el nivel de participación de los empresarios en el ingreso. De allí que la ofensiva de precios convocada por el actual Ministro de Hacienda va más allá de una estrategia de campaña o discursiva. Al fijar esta semana el final de noviembre como el momento al que se deberían retrotraer las remarcaciones de la última parte del año, revela implícitamente que la duplicación inflacionaria de ese mes es el nivel de cobertura inducido por el Estado de cara a las negociaciones del acuerdo económico social.
Así, los empresarios llegarán a esa mesa de diálogo con sobredosis de aumentos, suficiente stock de mercadería valorizada en dólares y, en muchos casos, con menos impuestos. Quedará por ver con qué nivel de cobertura llegarán los sectores atados a ingresos fijos en pesos fijos a esa discusión.
Precios sin anestesia
Fernando Santillán Braun salió impresionado de la reunión que mantuvo con la cúpula de COPAL, la influyente cámara que agrupa a la industria alimentaria. En plena estampida de precios fogoneada por el derretimiento de los controles oficiales y la expectativa generalizada de una devaluación, el politólogo de la Fundación Pensar se encontró con un lobby dispuesto a hacer honrar por la fuerza las promesas de liberalización y sinceramiento de la economía que desplegó en campaña Mauricio Macri. Una actitud parecida a la que tomó Cencosud, la firma chilena dueña de las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y Vea, que decidió unilateralmente extirpar de sus góndolas todos los cartelitos de Precios Cuidados pese al anuncio del designado ministro de la Producción, Francisco Cabrera, de que mantendría el programa vigente al menos durante seis meses.
«Con más gimnasia para los cimbronazos cambiarios que ningún otro país del mundo, la Argentina entró en la cuenta regresiva hacia la asunción de Macri atravesada por la devaluación más anunciada de su historia. No solo los consumidores con capacidad de hacerlo se lanzaron a stockearse mientras los pequeños comerciantes adoptaban un wait and see defensivo, como se reseñó en esta columna el viernes pasado. Inmediatamente después del triunfo de Macri en el balotaje, además, las dos multinacionales que se reparten el mercado de alimentos y artículos de limpieza e higiene personal empezaron a subir sus precios mayoristas cerca de un 20% para cubrirse del salto cambiario. Una remarcación de un saque que no se veía desde el fatídico 2002, ni siquiera en años con inflación del 40% como 2014.
A la reunión del miércoles con COPAL, Santillán Braun y otro futuro funcionario macrista habían ido exclusivamente a escuchar. Y lo que escucharon, para su sorpresa, fue una suerte de ultimátum. Las grandes alimentarias les dijeron sin eufemismos que su situación es crítica desde 2008, que Precios Cuidados no fue más que un montaje publicitario del gobierno y que esperan de Macri una liberalización total de los precios», escribió Alejandro Bercovich en Diario BAE.
Una aspirina
El «acuerdo económico y social» legalizaría el aumento de precios, pero pondría un cepo al salario en vísperas de las paritarias. La suba del mínimo no imponible sobre ganancias en marzo sería presentada como parte del acuerdo.
Este tema fue motivo de idas y vueltas. Fue Mauricio Macri en el programa de Mirtha Legrand del sábado 5 a la noche, quien señaló que «lamentablemente, no creo que lleguemos al aguinaldo y lo vamos a instrumentar desde enero». En sintonía, Jorge Triaca, el flamante Ministro de Trabajo, destacó que plantearán una solución para Ganancias «a partir de 2016».
Solo 48 horas después pegaron un giro y a través de un comunicado de prensa en facebook, Mauricio Macri, informó que «todos aquellos asalariados en relación de dependencia cuyos ingresos brutos sean inferiores al nuevo Mínimo No Imponible de 30.000 pesos que propondremos se fije por ley, estarán exentos de tributar ganancias en el Medio Aguinaldo que recibirán en los próximos días».
Se interpreta que este cambio de postura se debió a la reacción negativa que provocó entre los gremios y un sector de trabajadores la inicial desmentida de Macri, rubricada por Triaca.
No obstante, los especialistas en impuestos calculan que el alcance es muy limitado porque actualmente no pagan Ganancias los que ganan entre $ 24.000 y $ 28.000.
De acuerdo al IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el beneficio para los de menos de $ 30.000 ronda entre los $ 2.800 y $ 4.300. Si bien no se informó el alcance de la medida, sobre más de un millón de empleados y varios miles de jubilados y autónomos, se estima que el anuncio alcanzaría a unos 200.000 o 300.000 trabajadores.
Además, en diciembre de 2014, Cristina Kirchner fue criticada por excluir de Ganancias solo a quienes ganaban menos de $ 35.000. Por la inflación ese límite hoy debería rondar los 43.500 pesos, y el anuncio abarca a los de menos de $ 30.000.
De allí que los gremios apoyen, pero tomen distancia. Juan Carlos Schmidt, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte, sostuvo que: «ya hubo mucho macaneo en estos últimos años y sería bueno que el nuevo gobierno no empiece así».
Mario Calegari de la UTA cuestionó «la forma de comunicar las nuevas medidas porque no nos tenemos que enterar de estas cosas por el programa de Mirta Legrand».
Finalmente, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, advirtió de cara a las paritarias del año próximo que «el movimiento obrero no está dispuesto a que el trabajador pierda poder adquisitivo del salario», porque en ese caso el país «cambia para mal en lugar de hacerlo para bien».
Otras medidas complementarias para atenuar el impacto de las medidas económicas por anunciar sería la devolución del IVA para los productos de la canasta básica que sería dirigida a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y a los jubilados. Con esa iniciativa el Estado dejaría de recaudar unos 10.000 millones de pesos. Aunque falta definir la letra chica, el reintegro sería automático con una acreditación en una tarjeta especial o en la SUBE.
La devolución alcanzaría a unas ocho millones de personas, según calcularon en el equipo económico del nuevo gobierno.
Juan José Aranguren, en Energía, adelantó que habrá un reajuste en las tarifas de luz, pero con subsidios para unos dos millones de hogares pobres que recibirán una cantidad de suministro «sin cargo».
También se manifestó en contra de subsidiar a la industria con el precio sostén del petróleo equivalente a 70 dólares por barril, lo que motivó la reacción de los sindicatos petroleros por el riesgo de despidos.
Guillermo Dietrich, en Transporte, aseguró que se mantendrán los subsidios, pero que se irán removiendo para los sectores medios y, en especial medios-altos.
Techint en la línea de largada de rebajas salariales y despidos
A pesar la megadevaluación adelantada por Alfonso Prat Gay, que facilitará la reducción de los salarios en dólares, Siderca quiere modificar el convenio que afecta con suspensiones rotativas entre 400 y 600 trabajadores que permanecen fuera del lugar de trabajo con el 80% del salario normal. El convenio data de abril, se renovó en octubre por dos meses más y venció esta semana. Para renovarlo, la empresa quiere pagar solo el 60% del salario. En caso de no alcanzar un acuerdo, Techint tendría la intensión de desprenderse del 20% de su plantilla en Siderca.
Abel Furlán, diputado electo por el FpV y titular de la UOM Zárate-Campana afirmó que «ya hubo apertura de retiros voluntarios y se han ido compañeros en edad de jubilarse». En Siderca trabajan 2.700 personas de forma directa y más de 3.000 contando los contratados.
El escenario de fondo es el empeoramiento de la condiciones del mercado internacional del petróleo, que motivó que la empresa funcione al 30% de su capacidad de producción.
Sin embargo, en el último balance anual presentado ante la CNV, Tenaris (una de cuyas fábricas es Siderca) registró ganancias a nivel global en 2014 por 1.181 millones de dólares. En 2013 el monto fue de 1.574 millones de dólares y en 2012, de 1.701 millones. Recién en los primeros nueve meses de 2015 los números arrojan una pérdida de 29 millones de dólares.
Luis Betnaza, director corporativo del Grupo Techint, había presentado a Daniel Scioli y a Mauricio Macri antes de las elecciones, un pedido de devaluación fiscal, que consiste en una fuerte baja de la carga impositiva a través de la reducción de las contribuciones patronales por trabajador empleado y de los derechos de exportación. También la reducción del Impuesto a las Ganancias sobre el salario, para moderar la presión sobre las paritarias. Después del triunfo del PRO amplió la agenda a la reducción de salarios y despidos de los trabajadores.
Preparando la resistencia al ajuste
El sábado pasado, en la gráfica sin patrones MadyGraf (ex Donnelley), 800 activistas de la Zona Norte, participaron del encuentro convocado por comisiones internas, delegados combativos y activistas antiburocráticos.
Fueron invitados a dar testimonio de sus luchas los trabajadores de Cresta Roja, que están en un duro conflicto por la defensa de 5.000 puestos de trabajo y el lunes harán asambleas para votar nuevas medidas de lucha, de La Litoraleña y Alejandro Vilca, el delegado municipal de San Salvador de Jujuy que acaba de ser expulsado del sindicato SEOM que conduce Carlos «el Perro» Santillán y fuera apoyado por cientos de pronunciamientos.
Una delegación del Partido Obrero intervino saludando el Encuentro. A propósito, tomó la palabra un compañero de La Agrupación Naranja Gráfica, trabajador de la fábrica Cedinsa.
Una de las discusiones que recorrió el Encuentro fue la necesidad de preparar un gran encuentro nacional de trabajadores de todo el país que permita coordinar las luchas y la resistencia al ajuste por venir.
El pasado 28 de noviembre, la Agrupación Víctor Choque, ATE Desde Abajo, ATE De Base y estatales de Rompiendo Cadenas, debatieron sobre la situación del sindicato luego de las elecciones y la coyuntura nacional. Algunas de sus conclusiones fueron rechazar la campaña de desprestigio de sus tareas cotidianas lanzada por corporaciones mediáticas, ex candidatos presidenciales y el presidente Mauricio Macri. Es por eso que consideraron urgente que la conducción de ATE Nacional, ATE Capital y ATE Prov. de Buenos Aires convoquen a las y los delegados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país a un plenario para ponerse de pie ante esa situación que se está gestando, de la mano con un ajuste mayor sobre los salarios y las condiciones de trabajo.
La situación de extendida precarización contractual especialmente en el Estado Nacional deja a decenas de miles de trabajadores que, bajo una modalidad fraudulenta, facturan como monotributistas, sin ninguna certidumbre sobre su continuidad laboral. Tampoco la tienen quienes se encuentran en modalidades transitorias y ven renovarse sus contratos año a año.
«Desde distintos espacios de base se están generando respuestas parciales ante esta situación de incertidumbre, intentando dar una respuesta parcial y fragmentada a una situación por la que debería haberse puesto de pie un plan de lucha hace mucho tiempo desde nuestro sindicato», afirman.
Es el caso de los trabajadores del Ministerio de Economía que el jueves, mediante un comunicado, salieron al cruce de informaciones sobre el supuesto ingreso de miles de militantes a organismos públicos: «Lo que para la campaña mediática es el ingreso de miles de militantes al empleo público, se trata en realidad de concursos para el acceso a planta permanente de estatales que hace muchos años (algunos hasta 30 años o más) esperan la posibilidad de acceder a la estabilidad laboral o a una re-categorización. Incluso llegando el fin del mandato del actual gobierno, ni siquiera está garantizado que las designaciones sean firmadas. Es una muestra más de irresponsabilidad de la actual gestión con los derechos de los trabajadores.
Rechazamos la campaña de desprestigio del empleo público a la par que exigimos a las autoridades entrantes la firma de todas las designaciones de los compañeros que han concursado. Seguimos peleando por el pase a planta permanente de todos los que continuamos precarizados, como los informáticos que hace más de un año vienen exigiendo la mejora de su condición contractual para acabar con el fraude laboral. A la vez, exigimos la inmediata renovación de todos los contratos de compañeras y compañeros que no cuentan con estabilidad laboral».
Río Negro: La CTA inició bloqueos en los supermercados
Entre 40 % y 120 % es el aumento en los supermercados de productos básicos de la canasta familiar, según denuncia la CTA de Río Negro. Hace algunos días la entidad gremial había señalado fuertes incrementos a partir de relevar precios que forman parte de la canasta familiar básica. Los aumentos, según señalan, son «escandalosos».
Por ese motivo desde las 9:00 del viernes bloquearon totalmente los accesos para clientes y proveedores en los supermercados Vea, Changomás y Carrefour de la ciudad de Gral. Roca. No descartan extender la protesta a otras localidades de la provincia.
«Se debe poner un freno a esta salvaje remarcación de precios. Las políticas especulativas de los grandes grupos que forman precios no tienen límite y están pulverizando los ingresos de todos», sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Río Negro.
Trabajadoras y trabajadores provinciales nucleados en ATE Rosario realizarán un cese de actividades el próximo jueves 17. La medida comenzará a las 10 horas, con una movilización desde la Plaza Pringles hasta la sede local de la Gobernación, en la Plaza San Martín. La decisión fue tomada por el plenario de delegados del sector que se realizó el jueves. Reclamarán un aumento de emergencia de $3.000, tanto para los trabajadores activos como para los jubilados. Se espera que se sumen a la medida trabajadores de la educación y de la salud. Desde ATE vienen reclamando, en conjunto con los docentes y los trabajadores de la salud provinciales, un importante pliego reivindicativo. El salario mínimo, vital y móvil para todos y todas, la necesidad de pases a planta permanente, el aumento de las asignaciones familiares, el 82% móvil para todos los jubilados y la oposición a la reforma de la Caja de Jubilaciones, son las principales exigencias que se repetirán en la movilización del próximo jueves.
El pedido por el aumento de emergencia se remonta a noviembre y es un reclamo que ha ido ganando fuerza con el paso de los días, al compás de las declaraciones del nuevo gobernador, Miguel Lifschitz, quien viene negando sistemáticamente la posibilidad. Sin embargo, desde ATE redoblaron el pedido, ya que consideran que con los fondos que recibirá la provincia en concepto de coparticipación, a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podría pagarse holgadamente. «Plata hay», apuntaron.
Varios gremios presionan por plus salarial de fin de año
También en los principales gremios del sector privado, la aceleración de los aumentos de precios en las últimas semanas, multiplicó los reclamos sindicales por hacerse del pago de suplementos de fin de año, destinados a compensar la inflación previo al inicio de la nueva ronda de paritarias desde enero próximo.
Hasta ahora está acordado el pago de un plus salarial, de entre $ 1.500 y $ 2.200, para los trabajadores de edificio nucleados en la Fateryh, que conduce Víctor Santa María. Ese suplemento se abonará durante diciembre e implicará un incremento de entre el 1% y 2% en el monto de las expensas. Otro que logró el beneficio fue el sindicato de trabajadores de Peajes, de Facundo Moyano, que pactó con las concesionarias un bono de $ 6.800, que se efectivizará en dos pagos de $ 3.400.
La Federación de trabajadores de la industria aceitera, que encabeza el dirigente Daniel Yofra, elevó a los directivos de Ciara, la cámara empresaria del sector, el pedido de un suplemento de $ 16.000, que surge de aplicar el aumento de convenio del 36% al plus del año pasado ($ 11.750).
También Hugo Moyano, líder de la CGT Azopardo y titular del Sindicato de Camioneros, solicitó formalmente a las autoridades de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) el pago de una bonificación de $ 8.000 para los 200.000 choferes de la actividad. Moyano sustentó su planteo en los datos del relevamiento de precios que mensualmente realizan los equipos técnicos de su central, que para noviembre estimó una inflación de 3,31% y un incremento acumulado anual del 25,44%.
«Esa cifra está muy lejos de cualquier posibilidad, pero algo se va a dar», dijeron desde la Fadeeac. En diciembre de 2014 el plus otorgado a los camioneros fue de $ 4.000.
A su vez, el titular de la CGT oficial y jefe de la UOM, Antonio Caló, anunció que el próximo martes reunirá al Consejo Directivo de su gremio para definir el reclamo que elevarán a las cámaras de la industria metalúrgica. En el entorno del dirigente prevén que el planteo rondará los $ 3.000.
También el gremio de trabajadores de la industria de la alimentación pidió un plus salarial de entre $ 2.500 y $ 5.000, según el tamaño de las fábricas.
En tanto, la conducción nacional de ATE cumplió la semana pasada con un paro y movilización en reclamo de la estabilidad de los trabajadores estatales y el pago de un adicional de fin de año de $ 5.000, similar al que solicitaron a diversos gobernadores los gremios de estatales provinciales.
Y se va la primera
Los dirigentes de CTERA Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López, entre otros, se reunieron con el flamante Ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Reclamaron mantener los precarizados planes FINES y las Orquestas del Bicentenario, pero ni una palabra del doble aguinaldo o un bono de fin de año que permita recuperar lo que devoró la inflación de los ya magros salarios docentes.
La misma actitud parece perseguir la gobernadora Vidal, quién anunció que «la semana que viene comenzarán las mesas de negociación con los gremios docentes provinciales, SUTEBA, FEB y UDOCBA». Las seccionales de SUTEBA opositoras, dirigidas por la Lista Multicolor, exigirán asambleas a Baradel y la dirección del SUTEBA, prepararse para enfrentar los planes de Vidal y que el ajuste no caiga sobre los trabajadores.
El pliego de exigencias contempla el doble aguinaldo o un bono de $ 5.000 a fin de año, la reapertura de paritarias libres y sin techo y la realización de asambleas y plenarios provinciales y nacionales de delegados con mandato, entre otras reivindicaciones.
Continúan los despidos
La Asociación de Personal Mensualizado de Saab Scania (APEMSSA-CTA) denunció despidos encubiertos en la filial Tucumán de esa empresa multinacional. Se realizan bajo la modalidad de «retiros voluntarios».
Newsan despidió a casi 200 trabajadores de sus plantas de Atma y Siam que se encontraban bajo contrato, amparados por las leyes de flexibilidad laboral de los 90, que el gobierno de CFK se dedicó a mantener durante estos años.
Este miércoles el servicio de subtes se vio afectado por una protesta de trabajadores tercerizados que reclaman por 17 despidos realizados por las empresas de vigilancia de forma persecutoria ante reclamos realizados por justas demandas.
Los trabajadores de Día % realizaron un nuevo corte en la sede de la Avenida Nazca al 1600 del barrio Villa Santa Rita en defensa de sus puestos de trabajo.
Sus reclamos no son escuchados por la firma que no se presentó a las audiencias en el Ministerio de Trabajo, luego de que ellos realizaran las denuncias correspondientes. Hasta ahora no pudieron conseguir una reunión con las autoridades que no se hacen cargo del cierre.
El Ministerio de Trabajo hasta ahora tampoco les brindó ninguna solución ni dictó la conciliación obligatoria antes las presiones de la empresa. El sindicato de Empleados de Comercio dirigido por Armando Cavallieri tampoco les brindó ningún tipo de apoyo, ni siquiera participó de las audiencias.
La patronal del portal platense Diario Diagonales decidió despedir a los empleados que quedaban, luego de años de resistencia ante el vaciamiento de la empresa. La causa que esgrime es una supuesta caída de la pauta oficial. Este jueves hubo una audiencia de conciliación obligatoria.
Los trabajadores municipales de Esteban Echeverría fueron reprimidos por Infantería de la Policía bonaerense, cuando intentaron entrar al Palacio municipal para realizar una asamblea en reclamo al despido de 30 trabajadores de las 5 delegaciones municipales, del corralón, del galpón de Desarrollo Social y del Hospital Santamarina, el pasado 29 de noviembre.
La Asociación de trabajadores del Estado (ATE) y el sindicato de Municipales de Vicente López (SMVL) se encuentran en estado de alerta y movilización por el intento del Intendente de Vicente López, Jorge Macri, de aprobar en el Concejo Deliberante de esta ciudad una reformulación del nuevo convenio colectivo de trabajo aprobado este año. Los cambios que pretende aplicar el Intendente implican retroceder en derechos conquistados y pone en peligro cientos de fuentes de trabajo.
Una de las causas del conflicto surge por la inclusión en el convenio colectivo actual fijado por la ley 14.656 de un artículo del antiguo convenio colectivo que fue derogado el año pasado que permitiría al Intendente declarar cuando sea necesario el «estado de emergencia económica» y de esta manera tendrá vía libre para despedir a los trabajadores que desee. Desde los sindicatos, consideran que esta medida no da certidumbre respecto de la estabilidad laboral del empleado público.
Estudio académico sobre Estado y desempleo entre 2003 y 2013
El pasado domingo 6, la agencia ADN publicó un interesante artículo sobre la problemática del empleo/desempleo en la última década, basado en las investigaciones de Natalia Becerra y Karina Tomatis, de la Universidad Nacional de Córdoba.
En el primer subperíodo 2003-2007, las investigadoras observaron una apuesta fuerte por la reconversión de políticas sociales, alejándose de la línea asistencial, y la recomposición de derechos de los trabajadores, que habían sido devastados a partir de la última dictadura, a través de intervenciones directas sobre el mercado de trabajo como la restitución de las negociaciones paritarias. En términos económicos, predominaron las medidas orientadas al crecimiento a través de la reactivación productiva e industrial.
El movimiento principal en esta etapa fue la reclasificación de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados como «empleables» o «vulnerables». Los primeros quedaron bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyas políticas se orientaron a la reinserción de los sujetos individuales en el mercado de trabajo.
Los segundos -el sector compuesto por mujeres con hijos a cargo, discapacitados, hombres en edad productiva pero con más de quince años de desempleo- se ubicaron bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que se orientó más al tutelaje de esos sujetos que quedan fuera del mercado y se dirige más a un sujeto colectivo.
El segundo momento (2008-2013) está vinculado a la crisis internacional de 2008 y a la denominada «crisis del campo». En este período, el Estado intensificó las medidas de tutelaje hacia los sectores trabajadores. Desde el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aparecieron los jóvenes como uno de los principales destinatarios de los programas de capacitación para el empleo. Hacia el interior del Ministerio de Desarrollo Social, la población inicialmente clasificada como «vulnerable» cambió en forma significativa y los sujetos volvieron a ser nominados como sujetos trabajadores, o trabajadores desempleados.
Aparecieron medidas de protección como el monotributo social, el acceso simplificado al seguro de desempleo y se promovieron los proyectos asociativos. Así, este grupo tradicionalmente relegado volvió a ser interpelado como «trabajadores», pero que debían estar en cierto modo «tutelados por el Ministerio de Desarrollo Social, ya sea para lograr su inserción en el mercado de trabajo o para generar su propio empleo», define Becerra.
Sin embargo, resalta que este proceso no fue ni es lineal, ni unívoco. Las investigadoras parten del supuesto de que el Estado es necesariamente un espacio contradictorio y conflictivo, ya que en él se dan «luchas de poder y de disputa por la hegemonía» y -a la par de estos profundos cambios discursivos- detectan la continuidad de lógicas que se reconocen como huellas del neoliberalismo y de los organismos internacionales de financiamiento en algunos modos discursivos, lógicas o prácticas de intervención social.
Reconocen a la CTEP
Tras cinco años de lucha de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), bajo el número de resolución 1727/15, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) creó un régimen de agremiación para los Trabajadores de la Economía Popular que finalmente reconoce el derecho a sindicalizarse.
Este reconocimiento concede a la CTEP entre otras atribuciones:
– Representar los intereses colectivos de los trabajadores de la economía popular, es decir, trabajadores cuentapropistas, autogestionados, cooperativistas o de programas sociales.
– Recurrir a mecanismos de conciliación en el ámbito del Ministerio de Trabajo para resolver los conflictos que se susciten en el ámbito de la Economía Popular.
– Crear su propia obra social y promover la incorporación de sus representados en el sistema provisional.
Podemos decir que la CTEP ya es un sindicato plenamente reconocido, cuyo primer acto será solicitar formalmente la apertura de Paritarias Populares al gobierno entrante.
Fuentes: Clarín, Página 12, Equipo de comunicación CTA Tucumán y Rosario, www.enroca.com.ar, Red Eco Alternativo, Anred, La Izquierda Diario, eltrebajadordelestado.org, www.cronista.com, APU, www.infogremiales.com.ar, www.infobae.com, www.lacapital.com.ar, ADN.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.