Aumento de la violencia, construcción de enemigos internos, rompimiento de acuerdos democráticos, represión como respuesta a la conflictividad social son algunas de las consecuencias que traerá – aseguran los organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales y políticas – el plan de reforma de las Fuerzas Armadas decretado por el gobierno de Cambiemos. Para el […]
Aumento de la violencia, construcción de enemigos internos, rompimiento de acuerdos democráticos, represión como respuesta a la conflictividad social son algunas de las consecuencias que traerá – aseguran los organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales y políticas – el plan de reforma de las Fuerzas Armadas decretado por el gobierno de Cambiemos. Para el jueves 26 de julio ya se convocó a una movilización frente al Ministerio de Defensa de la Nación en rechazo.
El plan de reforma de las Fuerzas Armadas fue anunciado este lunes por Mauricio Macri en un acto realizado en Campo de Mayo. Allí el presidente dijo que las fuerzas iban a comenzar a colaborar en tareas de seguridad interior.
24 horas más tarde el decreto ya estaba publicado en el boletín oficial, a pesar que desde distintos sectores de la oposición exigieron que las modificaciones sean debatidas previamente en el Congreso.
El decreto 683/2018 de Defensa Nacional modifica entonces la resolución 727/06 y deroga el 1691 que restringía la actuación de las Fuerzas Armadas (FFAA).
En el nuevo decreto se establece que las FFAA «serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».
Se explica que el Instrumento Militar de la Defensa Nacional está conformado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y se señala: «tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional».
Según el decreto, las Fuerzas Armadas deben enfrentar las agresiones de origen externo las cuales «no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar». En este sentido, se manifiesta que esta medida «no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior».
El gobierno además derogó el decreto 1691/06 firmado por Néstor Kirchner, que impedía que los militares actuaran en seguridad interior.
Haciendo historia
Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la intervención de las FFAA en la seguridad interior está asociada, en la memoria del pueblo argentino, a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar: «la misma estuvo amparada en lo que se llamó la ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’, impuesta por Estados Unidos para todo el continente latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional».
En este sentido, la CPM enumeró las leyes que fueron determinando esos límites. Estas son la de Defensa Nacional de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y la de Seguridad Interior de 1991 (sancionada durante el gobierno justicialista de Carlos Menem), además del decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner)
«Puede corroborarse, entonces, que la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos. El gobierno de Macri ha roto con estos grandes acuerdos y hoy esos marcos institucionales se ven seriamente amenazados», expresaron desde la CPM.
La letra implícita
La Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos realizó un exhaustivo y crítico análisis del decreto (1). Allí explica por ejemplo que la Ley de Seguridad Interior solo permite el apoyo logístico de las FFAA a las operaciones de seguridad interior en situaciones excepcionales de crisis y la utilización de elementos de combate únicamente si se declara previamente el Estado de Sitio.
Agrega que el decreto introduce cuestiones que «colisionan frontalmente con el marco normativo que rige la Defensa Nacional en nuestro país»: «Establece una ‘integración operativa’ a las funciones de apoyo logístico a las Fuerzas Federales de Seguridad completamente ajena al marco legal vigente.
Reorienta el accionar de las FFAA a la custodia de las fronteras, las aguas jurisdiccionales y ‘otros objetivos estratégicos’, función que hace por lo menos 25 años cumplen las Fuerzas Federales de Seguridad bajo la órbita del Ministerio del Interior y subsiguientes transferencias de competencias.
Mediante la derogación del art. 23 del Decreto 727/06 y del Decreto 1691/06 se amplía el concepto de agresión exterior (eliminando que ésta debe tener su origen en una fuerza armada de Estado extranjero) otorgando un margen de discrecionalidad a la actuación de las FFAA, confundiéndose con objetivos de la Seguridad Interior y contradiciendo resoluciones de la ONU (pese a también afirmar lo contrario)».
La CADH retoma las leyes que regulan la defensa nacional y la seguridad interior y en este sentido señala que llama la atención la utilización del concepto de «colaboración» de las FFAA en la Seguridad Interior: «expuesto por Macri en la conferencia y que, pese a que no lo menciona el decreto, revela su verdadera intención de darles rol activo en la seguridad interior) es completamente ajeno a la norma que regula la materia. De hecho, sí está contemplado en la Ley de Seguridad Interior (art. 25) para la actuación conjunta de diversos ‘cuerpos policiales’ (por ejemplo, dos fuerzas federales o una federal y otra provincial). Se trata de una coordinación que solo es posible entre organismos de la misma naturaleza jurídico-política, esto es, abocados a la seguridad interior. Pero no resulta viable -menos por decreto- la extrapolación de un concepto propio de la seguridad interior al ámbito de la defensa nacional, máxime -como se explicará más adelante- cuando ambas áreas se encuentran explícitamente separadas y demarcadas por el ordenamiento legal vigente».
Finalmente, la CADH asegura que se está ante un claro retroceso en materia de delimitación de la seguridad interior y la defensa nacional: «particularmente en lo que hace al reingreso de las FFAA al ámbito de la seguridad interna por la vía de la reasunción de facultades ‘policiales’ que la evolución legislativa de la Democracia fue paulatinamente sustrayendo del ámbito castrense, por la novedosa «integración operativa» de las FFAA a las FFSS -vedada por la Ley de Seguridad Interior- y un ampliación discrecional de los ‘objetivos militares’ que abren la puerta para la reaparición del concepto de ‘enemigo interno'».
Indefiniciones decretadas
Son varios los que hicieron hincapié en la falta de precisiones que contiene el texto del decreto. Tal es el caso del legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, quien consideró que detrás del concepto genérico de que las FFAA pueden intervenir si se afecta la «vida y la libertad de sus habitantes», queda establecida la posibilidad de que el gobierno recurra a ellas ante una gama indeterminada de hechos, que pueden incluir cuestiones referidas a la protesta social: «Es sabido que para la doctrina imperante en el gobierno una huelga o una manifestación popular afectan la ´libertad´ de los habitantes’ (…). Otro aspecto muy grave que establece el decreto es la custodia de las FFAA de los llamados ‘objetivos estratégicos’. Estos no figuran en el decreto sino que el listado será confeccionado por (los ministros de Seguridad y Defensa) Patricia Bullrich y Oscar Aguad. Dentro de estos objetivos es muy probable que se incluyan los pozos petroleros y yacimientos de gas, como Vaca Muerta, una zona cruzada por fuertes conflictos sociales. Lo mismo vale para las zonas mineras de la Cordillera de los Andes. El despliegue de las FFAA en esas zonas representará una militarización brutal de la seguridad interior».
El Grupo Convergencia XXI, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación respecto a cómo se definirán las «agresiones externas» que menciona el decreto: «quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no están preparadas.
Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas ‘nuevas amenazas’. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por demás alarmante».
En igual sentido, desde la CPM se preguntaron: «Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel son la muestra más clara de la orientación de esta política de seguridad y su resultado más dramático. ¿Estos son los objetivos estratégicos de la seguridad interior como reza el decreto? ¿El conflicto social y la protesta son las nuevas amenazas? ¿Este es el terrorismo del que debemos defendernos los argentinos? ¿Volverán las FFAA a hacer inteligencia para definir a los ‘enemigos internos’?»
Inconstitucionalidades inconsultas
El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) también se pronunció respecto a que las Fuerzas Armadas Argentinas no deben
inmiscuirse en temas de Seguridad Interior, entre otros argumentos porque se trata de un accionar inconstitucional: «La Constitución establece a lo largo de su articulado claramente las diferencias entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, comenzando por el Preámbulo que los menciona como fines distintos el ‘consolidar la paz interior’ y ‘proveer la defensa común’. En su Art 23, se establecen las diferencias para la concurrencia de los requisitos de la declaración del Estado de Sitio, uno correspondiente a la Seguridad Interior – conmoción interior- y otro referido a la Defensa Nacional -ataque exterior-; en el Art 75 es muy claro en lo que respecta a la distribución constitucional de competencias del Poder Legislativo respecto de la Seguridad Interior y la Defensa Nacional; en el Art 99 respecto de la atribución de competencias presidenciales en relación a la Seguridad Interior y la Defensa Nacional está igualmente detallado y demarcado».
Apenas se conoció la intención del gobierno de Cambiemos de implementar las modificaciones al rol de las Fuerzas Armadas a través de un decreto, desde distintos sectores reclamaron que este plan sea debatido en el Congreso de la Nación. En este sentido, el Grupo Convergencia XXI, ILSED y el CELS señalaron: «El camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una ‘verdadera reforma del sistema de defensa nacional’. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista».
El porqué
Un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S. Capital, APDH La Matanza, emitió un comunicado en el que expresaron que el verdadero propósito del Poder Ejecutivo es incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de ‘proteger objetivos estratégicos’, construir un ‘enemigo interno’, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que se desarrollan en todo el país para enfrentar las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante: «El ajuste brutal en marcha, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional, afecta gravemente derechos fundamentales de nuestro pueblo. El rechazo creciente que esas políticas provocan en la sociedad tendrá como única respuesta la represión».
En el mismo sentido, la CTA Autónoma consideró que «detrás de la excusa de combatir el terrorismo y el narcotráfico, se esconde la decisión de este Gobierno de esgrimir el garrote contra la creciente conflictividad de nuestra sociedad producto de la profundización de la injusticia social y económica».
María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, señaló que con este decreto «Cambiemos le abre la puerta al ingreso de personal militar y de inteligencia extranjero, y quiere instalar bases norteamericanas en el país»: «A una semana de cumplirse un año de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, el gobierno redobla la apuesta, recargada por el acuerdo con el FMI, que le ordena avanzar en un ajustazo contra el pueblo. Lejos de ser usadas para una defensa de intereses soberanos contra el imperialismo, las fuerzas armadas, ahora volcadas a la represión interna, vienen a garantizar los mandatos de la burguesía. No es simple casualidad que esta decisión de gobierno se anuncie a horas de que Macri hiciera de anfitrión a los países del G20. Cambiemos le abre la puerta al ingreso de personal militar y de inteligencia extranjero y quiere instalar bases norteamericanas en el país para garantizar a fondo su modelo de entrega y saqueo», agregó.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia afirmaron que no se puede dejar que este plan avance: «El gobierno que dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile; el gobierno que respaldó a la Prefectura ante el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel; el gobierno que reprimió a trabajadores, legisladores y vecinos con cacerolas, que se oponían a la Reforma Previsional; el gobierno que reivindica la teoría Chocobar y el gatillo fácil; el gobierno que desde su asunción niega el genocidio, impulsa el 2×1 para crímenes de lesa humanidad y respalda la prisión domiciliaria de los genocidas; nos dice que su manera de ‘modernizarse’ para los tiempos que vienen es volver a habilitar a las FFAA para la represión interna, como en épocas de la dictadura».
Antes de Cambiemos
Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogadxs afirmó que la decisión del gobierno de Mauricio Macri merece todo el repudio, pero remarcó que no se puede considerar que fue el actual presidente quien inició la intervención de las FFAA: «Hubo un decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner y su ministra de Defensa, Nilda Garre; continuado luego por Agustín Rossi. Salvo que se nos diga que no existió, a esa operación la llamaron ‘Escudo Norte’, y consistió en enviar fuerzas del Ejército a las zonas de frontera para colaborar con la Gendarmería. Eso efectivamente se hizo y posibilitó sacar cientos de gendarmes de las fronteras y enviarlos al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, etc. (…) De manera que, cualquier repudio, quizás debiera incluir o hacerse extensivo al Gobierno peronista del kirchnerismo que fue el inventor, tanto de la Ley Antiterrorista, como de la operación ‘Escudo Norte’ que incluyó la participación del Ejército en tareas de apoyo a la Gendarmería.
En la calles
El rechazo generalizado al decreto 683/2018 podrá verse este jueves 26 de julio, a partir de las 17, en la movilización convocada por distintos organismos de derechos humanos frente al Ministerio de Defensa de la Nación, ubicado en Azopardo 250 de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia llamó para este mismo jueves a acompañar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, a las 15.30; y realizar luego, a las 17, un acto donde se leerá un documento en contra de la presencia de militares en las calles y para decir basta de ajuste y represión por parte de Macri y el FMI.
El repudio también se visibilizará el próximo miércoles 1ero de agosto, en el marco de la concentración que se hará en Plaza de Mayo al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado.
Nota:
(1) FFAA Y Seguridad Interior: El Decreto N° 683/2018 Expone El Poco Apego Por Las Reglas Que La Democracia Exige