Gremios empresariales y de trabajadores, así como movimientos sociales e instituciones académicas, exigieron al gobierno argentino la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, por los riegos y amenazas que el mismo supone para la producción y el trabajo nacional En el foro «Acuerdo Mercosur-Unión Europea: […]
Gremios empresariales y de trabajadores, así como movimientos sociales e instituciones académicas, exigieron al gobierno argentino la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, por los riegos y amenazas que el mismo supone para la producción y el trabajo nacional
En el foro «Acuerdo Mercosur-Unión Europea: riesgos y amenazas para la producción y el trabajo nacional», los participantes señalaron su oposición a que la producción y el trabajo nacional se vean impactados negativamente por un acuerdo de libre comercio que denota significativas ventajas para la parte europea y casi ninguna para la economía argentina y del Mercosur en general.
En un amplio encuentro realizado en la Cámara de Diputados -tras una convocatoria del diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)-, en el que participaron académicos, legisladores, parlamentarios del Parlasur, dirigentes políticos, se analizó la marcha de las negociaciones signadas por el secretismo.
Participaron del foro representantes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CENN), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Unión de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Federación Olivícola Argentina (FOA), y cámaras empresarias del cuero, textiles y calzados, entre otras entidades productivas.
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de transparencia y la casi nula comunicación oficial respecto de esas negociaciones, y los parlamentarios argentinos no han contado con acceso a la información que sus pares europeos han tenido. También a los actores de la economía – tanto empresarios como trabajadores-les restringió el gobierno el acceso a la información y hoy se desconoce los impactos que va a tener el TLC sobre la sociedad, el empleo y el futuro del país.
Los participantes cuestionaron la falta de estudios de impacto acerca de las consecuencias económicas que derivarían de él y la ausencia de participación en las tratativas a las autoridades provinciales y municipales, cuando es una realidad que las consecuencias ulteriores recaerán fuertemente en esas jurisdicciones.
Los estudios de impacto no deben ser solo en relación con los aspectos comerciales del TLC, sino esencialmente con lo que significan estructuralmente en temas clave, como servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico y demás ámbitos involucrados. Así, contemplando todos estos ítems, reflejar metas y acciones destinadas a alcanzar resultados viables, consistentes y beneficiosos para todas las partes, señaló el economista Jorge Marchini, vicepresidente de FILA
Cuestionaron, asimismo, que no han sido contempladas las asimetrías existentes entre las economías de los mismos países integrantes del Mercosur, un aspecto fundamental a tener cuenta a la hora de tratar de atenuar los efectos negativos de un eventual tratado de libre comercio con Europa.
El diputado Guillermo Carmona advirtió que el TLC pone en grave riesgo a la economía argentina y a las economías del resto de los países del Mercosur, «por eso exigimos transparencia, estudios de impacto y acceso a la información pública sobre los avances de la negociación y adherimos al pedido en torno a la suspensión de las tratativas mientras no se resuelva la crítica situación de Brasil ni se cumplan los pasos necesarios en favor de la transparencia y el estudio de impacto correspondiente al acuerdo».
El empresario textil Raúl Hutin, de la CENN, manifestó el desacuerdo de su sector con «el avance de la negociación con un secretismo absoluto, casi ligado a lo ilegal, ya que no se hizo el estudio de impacto social, productivo y geográfico necesario. Tampoco se analizaron las experiencias de otros países latinoamericanos o a las autoridades no les interesó hacerlo porque realmente estos países no les fue nada bien con la firma de esos tratados», dijo.
Aclaró que su sector no se opone a las importaciones en general, sino a que éstas terminen con la industria manufacturera y fundamentalmente con las pequeñas y medianas empresas (pymes). «Lo que no aceptamos es que actúen haciendo caer los puestos de trabajo y contra el mercado interno, que la sociedad termine perdiendo calidad de vida. La economía debe estar al servicio de la gente y no a favor de los intereses más concentrados».
Desde la Unión de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilanski, coincidió en que «se deben suspender las negociaciones que se están llevando a cabo, ya que algunos beneficios en el sector agrícolo-ganadero no compensan la entrega de sectores industriales centrales en cuanto a la generación de trabajo de calidad y de remuneración adecuada».
Trabajadores
Ya una delegación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y de parlamentarios del Mercosur que se reunió la última semana en al Consejo Económico y Social Europeo en Bruselas con negociadores y legisladores de la Unión Europea (UE), donde el dirigente de la central sindical uruguaya PIT-CNT Fernando Gambera explicó qué los trabajadores mercosureños rechazan el acuerdo por el secretismo de la negociación y porque difícilmente sea en beneficio de la industria nacional o de la soberanía de nuestros países, y mucho menos en favor del trabajo decente y el desarrollo inclusivo.
La CCSCS sostuvo que el movimiento sindical sigue teniendo casi nula participación en las negociaciones; que se sigue manteniendo la liberalización de servicios estratégicos en el Mercosur, en particular de servicios públicos que son de alta sensibilidad para la región; que se mantiene la disposición de trato nacional para las compras públicas -que para la pequeña y mediana empresa de nuestra región es un tema muy sensible-; y que sigue sin identificarse instrumento alguno de promoción productiva.
Los sindicalistas hicieron hincapié en la asimetría entre los dos bloques. La diputada frenteamplista uruguaya Lilián Galán, dijo que Lorella de la Cruz Iglesias, negociadora principal de la UE -y otros negociadores- les manifestaron que ellos consideraban que se estaba discutiendo un acuerdo entre iguales. «Les transmitimos que no estamos entre iguales, que no es lo mismo la institucionalidad de la UE que un Mercosur que hoy se está desgranando. La asimetría es muy grande», señaló la diputada, contraria al tratado.
Andrés Larisgoitía, dirigente sindical de a CTV, afirmó que «una eventual asociación birregional debe ser un instrumento para el desarrollo efectivo de ambas regiones, respetando los valores compartidos del respeto a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y el fomento de la producción y el empleo decente».
Caracterizó al actual contexto institucional que atraviesan Brasil y Argentina, dos de los más importantes países del Mercosur, con flagrantes violaciones al orden democrático, no constituyen un clima apropiado para continuar con estas negociaciones. «La negociación en curso, lejos de conducir a la convergencia entre los niveles de desarrollo de nuestros países y de las condiciones de vida de nuestros trabajadores, terminará profundizando la dependencia y las asimetrías actualmente existentes».
Marita González, de la Confederación General del Trabajo, señaló con preocupación «la participación en el Consejo Consultivo Económico y Social del Mercosur en el seguimiento de la ejecución del acuerdo, en caso de que fuera aprobado, ya que el control desde la sociedad civil no estaría garantizado en los avances de las propuestas negociadas».
Julián Moreno, de Apyme, dijo que es alarmante que esto se maneje a espaldas de los supuestos beneficiarios, ya que la ley de ‘compre trabajo argentino’ y todas las medidas de protección a la industria nacional y al trabajo local se verán burladas por esta iniciativa. «Desarticular las políticas soberanas que les permiten a los países más débiles corregir las asimetrías con los más desarrollados en el intercambio comercial, para favorecer los negocios y el abaratamiento de costos de las grandes multinacionales, solo generará un grave perjuicio para las pymes, las economías regionales y los trabajadores», añadió.
Con este desalentador panorama, el foro reclamó que las negociaciones sean suspendidas hasta que se resuelvan políticas e institucionalidades críticas en países del Mercosur -como es el caso de Brasil- y se cumplan los requisitos de transparencia e información pública.
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