Ante la convocatoria al Consejo del Salario, cocineras y coordinadoras de comedores populares llevarán el reclamo a la secretaria de Trabajo
Este jueves 15/2, a las 11:00 se realizará una concentración de cocineras y coordinadoras de comedores populares frente a la secretaria de Trabajo de la Nación.
Comunicado:
La inflación acumulada estos meses, en especial sobre los alimentos fue licuando los ingresos de les trabajadores en general,
pero golpeó más duro a quienes ya estaban en situación de pobreza e indigencia.
Una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as que en
noviembre del año pasado necesitaba $182.905,48 , dos meses después, en
enero pasado, requirió $272.010,94 ($89.105 más) para cubrir las mismas
necesidades y no caer bajo la línea de indigencia.
La misma familia de cuatro integrantes a la que en noviembre le hacían
falta $393.246,07 en enero precisó $573.943,08 (+180.517) , para
adquirir los mismos bienes y servicios y no caer en la pobreza (fuente
ISEPCI/IBP).
A eso se suma el corte de la asistencia por parte de la misma Pettovello, provocando que, de esos mismos magros ingresos se sostengan las ollas de los comedores y ollas populares.
La convocatoria al Consejo del Salario debe contemplar la situación desesperante de millones de personas que dependen de su referencia: trabadoras y trabajadores formales, jubilados y también quienes perciben un Salario Social Complementario (Potenciar Trabajo)
- Reclamamos un salario mínimo igual a la canasta básica.
- Exigimos que el monto del salario social complementario se mantenga en el 50% del SMVyM. ¡No al desacople del potenciar trabajo!
- Convocamos a la más amplia unidad de organizaciones y actores sociales, en todo el país, para conformar mesas por la emergencia alimentaria para, de manera urgente y unitaria, hacer frente a la crisis.
FeNaT-CTAA
Libres del Sur
Movimiento Argentina Rebelde
Frente Popular Darío Santillán
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL – MULCS (MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL) – MOVIMIENTO 8 DE ABRIL – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR – MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA LXS QUE LUCHAN.
MST TERESA VIVE
FOL – MTD Aníbal Verón – MRP – FOB – MTR Por la democracia directa
Presentaron un recurso de amparo por los fondos para los comedores comunitarios
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó un pedido de amparo para que la justicia ordene al Ministerio de Capital Humano entregar inmediatamente alimentos a los comedores comunitarios, ante la “grave situación de hambre existente”.
El escrito fue presentado por el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Grabois. Además de plantear que el Estado hoy tiene las partidas presupuestarias para reforzar la alimentación, pero no las ejecuta -algo similar a lo que ya pasó con las cajas navideñas, que estaban en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social pero Pettovello no entregó a las familias-, el pedido de amparo apunta a recordar un dato de la realidad: los programas sociales no serían efectivos si no existieran las organizaciones sociales, sus cocineras y trabajadoras sociocomunitarias.
A continuación, van los puntos principales de la presentación ante la Justicia:
El principal derecho afectado es el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y que dependen de ellos para subsistir.
También sufren un daño los derechos a la salud, a una vida digna y a la integridad física y mental.
Es un deber indelegable del Estado garantizar el derecho a la alimentación. Argentina tiene dos leyes en las que reconoció el rol del Estado en la cuestión (la 25724, de 2002, que creó el Programa de Seguridad Alimentaria, y la 27642, de 2021, más conocida como la de etiquetado frontal).
También existen tratados y pactos internacionales, a los que el país adhiere, que reconocen el derecho a la alimentación, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales agrega como obligación mínima la no regresividad, es decir que prohíbe a los estados tomar medidas que empeoren los derechos sociales.
El Estado no tiene la posibilidad física ni la logística de llegar individualmente a todas las personas que necesitan un refuerzo alimentario. Por eso, el trabajo de los comedores y merenderos comunitarios es clave.
Existe una red reconocida por el Estado que abarca a 41.000 comedores y merenderos, todos inscriptos en el Renacom, un registro creado por el ministerio de Desarrollo Social. El pedido de amparo es para que se restablezca el envío de alimentos a estos 41.000 lugares.
La situación por la que se presenta el amparo ya es ampliamente conocida: desde que asumió la presidencia Javier Milei, en diciembre pasado, los comedores comunitarios dejaron de recibir todo tipo de insumo o transferencia de fondos. Al mismo tiempo, por el aumento en el precio de los alimentos y el deterioro de los ingresos de la población, en estos dos meses aumentó la cantidad de personas que se acercan a pedir un plato de comida.
Por esta situación, las organizaciones sociales han pedido hablar con las autoridades, especialmente con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que es la responsable del tema. Sin embargo, no fueron atendidos. También se sabe que el ministerio no distribuyó las canastas navideñas que el Gobierno de Alberto Fernández había dejado en los depósitos para que fueran entregadas en las fiestas.
El 2 de febrero, la UTEP se movilizó frente al despacho de la ministra Pettovello, que planteó que no iba a recibir a los referentes por ser “intermediarios”, y que si la gente tenía hambre los iba a atender “uno por uno” y “con DNI”, es decir, “individualmente”.
El 5 de febrero, 20.000 vecinos de los barrios populares se acercaron a la sede ministerial e hicieron fila, pero Pettovello no los atendió. El vocero presidencial Manuel Adorni, argumentó que porque “ella no los había convocado”.
La ministra “olvida” o “no conoce” -plantea el escrito- las funciones que le han sido encomendadas como funcionaria pública.
La situación no es que falten los recursos -que están aprobados y son parte del presupuesto- sino que falta “la decisión política de cubrir los derechos básicos fundamentales y por ello un desconocimiento total de los derechos constitucionales que se debe garantizar a la población”.
Había tres formas por las que el Estado hacía llegar la asistencia alimentaria:
El Programa Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, financiado por Naciones Unidas. Este programa ingresó al país fondos internacionales específicos. El ministerio de Capital Humano debe transferirlos a las organizaciones comunitarias que tienen comedores, acompañarlos con asistencia técnica y capacitaciones en nutrición, alimentación y género. Se trata de un programa vigente hasta junio de 2025.
Subsidios a personas y comedores (en dinero o alimentos), financiados con el Presupuesto nacional.
El Plan de Seguridad Alimentaria creado por ley (25724) destinado a merenderos, que se financia también con el Presupuesto nacional.
En 2023, el presupuesto asignado al ministerio de Desarrollo Social fue de $2.073.416 millones y casi un 40 % se destinó a políticas alimentarias. Ese presupuesto fue prorrogado para 2024, y sus partidas están disponibles. Pero hasta hoy, prácticamente no se utilizaron, dejando a los comedores y merenderos sin apoyo en el momento en que más lo necesitan.
La semana pasada, en medio del debate público, Pettovello firmó convenios para asistir a comedores vinculados a los pastores evangélicos de Aciera y la institución católica, Cáritas. Pero mantiene aún sin ninguna decisión a los comedores de los movimientos sociales.
El ministerio de Capital Humano “ahorrará” $25.000 millones durante 2024
El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de “optimización de recursos” que posibilitará un ahorro de $25.150 millones este año a través de la “baja de contratos” y la “reducción del 40% de la flota de autos”, entre otros gastos.
Además, se está buscando eliminar intermediarios en el proceso de envío de alimentos a los comedores.
Sobre las protestas anunciadas por organizaciones sociales frente a los supermercados, el vocero presidencial, advirtió´: “No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar”.
Aseguró que las protestas son convocadas por “personajes que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores”, y que buscan impedir que los alimentos “efectivamente lleguen a quienes les tenga que llegar”.
El ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que en una primera etapa permitirá ahorrar 8.300 millones de pesos, y en la segunda otros $16.850 millones adicionales.
“La primera etapa incluye la baja de 758 contratos, mientras que hay otros 6.400 que están en revisión. Se va a reducir un 40% la flota de autos, con un ahorro de casi mil millones de pesos, y además se recortarán servicios e insumos por 500 millones de pesos y los celulares de las Secretarías (un gasto de 217 millones de pesos)”, precisó Adorni.
Dijo que “en una segunda etapa habrá un recorte equivalente a 16.850 millones de pesos adicionales por la optimización de contrataciones y compras diversas que venían haciendo las diferentes dependencias de la cartera sin un criterio razonable”.
Sobre las protestas en supermercados para reclamar comida, Adorni advirtió que «representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar”.
“Muchos de estos personajes tenían relación con el Gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido”, lamentó.
Según el vocero presidencial, «en el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad. Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza”.
Y recordó que «sigue abierta la línea anónima y gratuita 134 para cualquier tipo de extorsión que pueda existir. Siéntanse libres de hacer la denuncia y ponernos en conocimiento”.
La única verdad es la realidad: el hambre
En una reciente conferencia, el ministerio de Capital Humano anunció importantes cambios en su política alimentaria con el objetivo de brindar mayor transparencia y asegurar que ningún argentino pase hambre. Estas medidas incluyen la eliminación del sistema de entrega discrecional de alimentos secos y el aumento significativo en la Tarjeta Alimentar a partir de febrero 2024.
Según lo expresado por la cartera ministerial, se duplicó el monto destinado a la Tarjeta Alimentar desde el inicio de su gestión, destacando un claro compromiso con los más necesitados. De esta manera, los beneficiarios de planes de Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), verán un aumento sustancial en los fondos disponibles para la compra de alimentos.
La cartera ministerial asegura que se ha incrementado en un 75% el presupuesto asignado a las transferencias de dinero a comedores, garantizando así la calidad de los alimentos que reciben las familias. Esta medida se enmarca en la prioridad de evitar que cualquier argentino pase hambre, un compromiso que ha llevado al ministerio a ampliar el universo de comedores que recibirán asistencia alimentaria por transferencia.
En una iniciativa novedosa, los comedores ahora podrán utilizar los fondos no solo para adquirir alimentos secos, sino también productos frescos como carne, verduras, huevos, leche y frutas. Esta estrategia busca asegurar una mejor nutrición para los niños y transparentar las transferencias mediante un control riguroso de gastos, ya que los comedores deberán rendir cuentas.
En un paso adicional hacia la transparencia, el ministerio de Capital Humano obtendrá la nómina completa de las personas que asisten a los comedores, permitiendo una identificación integral de los niños y las familias beneficiarias.
En cuanto al aumento en la Tarjeta Alimentar para febrero de 2024, el ministerio detalla que se duplica la asistencia con nuevos montos diferenciados según la cantidad de hijos en cada familia. Además, se confirma que este extra es compatible con diversos grupos beneficiarios, como la AUH hasta los 14 años, AUH por discapacidad sin límite de edad, AUE, y Pensiones No Contributivas para madres de 7 hijos o más.
Para fortalecer aún más la transparencia, se anuncia una auditoría presencial de los comedores que reciben asistencia alimentaria. Este proceso incluirá la verificación de la existencia y funcionamiento de los comedores, la obtención de listados de beneficiarios y la revisión de la infraestructura declarada.
Una novedad destacada es la implementación de una tarjeta para los comedores en colaboración con el Banco Nación y el Banco Mundial. Este sistema permitirá al Gobierno monitorear las compras realizadas por los comedores, simplificar la administración de rendiciones a través de la plataforma de Nación Servicios, nominalizar a los niños y familias beneficiarios, y cumplir con estándares internacionales de transparencia. Esta medida tiene como objetivo final cortar con la intermediación de los movimientos sociales, entregando directamente las tarjetas a los comedores.
Jornada de protesta frente a hipermercados
En medio de denuncias de desabastecimiento en los comedores barriales, las organizaciones piqueteras convocaron a una jornada de protesta el jueves 1° de febrero frente a los principales hipermercados. El detonante de la movilización fue la falta de alimentos en los comedores, lo que llevó al Gobierno a anunciar una auditoría para esclarecer el funcionamiento de los establecimientos. Además, se planea eliminar la intermediación que se atribuye a los líderes sociales, reemplazándola con «tarjetas» de compra para los responsables de alimentar a miles de personas.
Desde las 11 de la mañana del 1° de febrero, los grupos piqueteros presentarán petitorios en los centros de comercialización en busca de bolsones de comida. También tienen previsto movilizarse hasta las oficinas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un intento de hacer oír sus demandas. La ministra ha salido a rebatir las denuncias de los movimientos populares, afirmando que las protestas son una respuesta a las medidas destinadas a «transparentar» la política alimentaria.
Fuentes de una cadena de supermercados expresaron que están esperando los pedidos y los remitirán a las autoridades. No obstante, los manifestantes prometen quedarse en los ingresos de los supermercados hasta que se les entreguen los alimentos.
En el superministerio de Niñez y Familia, que antes era Desarrollo Social, reconocen haber dado de baja el sistema de entrega de alimentos secos a los comedores y merenderos para evitar «maniobras discrecionales». Desde entonces, transfieren directamente el dinero a los establecimientos para la compra de mercadería, argumentando la intención de «terminar con los gerentes de la pobreza».
Sin embargo, las organizaciones sociales sostienen que sigue habiendo escasez de alimentos. En el ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad reconocen un aumento en la demanda en los merenderos debido a una migración inusual de familias desde la Provincia de Buenos Aires en las últimas semanas.
Capital Humano rechaza las denuncias, alegando haber aumentado un 75% el presupuesto para las transferencias de dinero a los comedores. Afirman que se están sumando otras instituciones con el mismo mecanismo de asistencia alimentaria «por transferencia». Esta modalidad permitiría a los comedores comprar alimentos secos y frescos, mientras se auditan sus cuentas a través de un sistema diseñado por Nación Servicios, similar al de la tarjeta Sube.
Cómo funciona un comedor comunitario ante la ausencia del Estado nacional
Por Estefanía Santoro
Desde fines de diciembre del 2023 los comedores de todo el país se encuentran en emergencia alimentaria. No reciben comida desde el Gobierno nacional y la cantidad de personas que se acercan a los espacios comunitarios se duplicó. Las organizaciones sociales, que sostienen con un arduo trabajo esos lugares, denuncian que las partidas presupuestarias para los comedores están, pero el Gobierno no las reparte. Los espacios comunitarios están haciendo malabares para seguir cocinando y no cerrar sus puertas. Crónica desde el territorio, en un comedor comunitario del Conurbano bonaerense.
Son las 10 de la mañana y en el comedor “Los chicos de la vía” ya están cocinando. Hace un rato paró de llover y algunas niñeces juegan en el descampado. Al lado de las casillas precarias se puede ver una manzana entera con viviendas de construcciones sólidas, a medio terminar y una pila de caños de hormigón para hacer los desagües.
¿Esas casas para quiénes son?
“Para nosotros, para el barrio”, responde Marcela rápidamente, esperanzada y agrega: “Ya las tendrían que haber entregado en diciembre supuestamente, pero con el cambio de gobierno quedó todo parado hasta nuevo aviso”. Atrás un niño habla con el fotógrafo del diario que le había hecho la misma pregunta y le responde: “Espero que me pueda mudar ahí antes que me muera”, todxs se ríen. La obra parece estar avanzada, pero hace unos días se paralizó, faltan los techos de las casas y la red de agua. Por ahora no tuvieron más noticias.
El comedor es la única construcción de cemento que tiene el barrio, adentro hay tres chicas cocinando y un varón. Afuera la lluvia mojó el piso de tierra y hay que esquivar los charcos. La hija de Marcela peina a una nena más pequeña. El cacareo de un par de gallinas se suma a la sinfonía de los pájaros. El paisaje lo completan dos carros, que usan las personas del barrio para cartonear, una perrita que parece haber parido hace muy poco, dos caballos y un potrillo. “Ese nació acá”, dice Marcela, con una sonrisa.
Marcela es la referenta del comedor «Los chicos de la vía», un espacio socio comunitario del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que nació en 2019 y desde ahí nunca paró. Asistieron al barrio durante toda la pandemia. «Si bien antes también estábamos mal pero, por lo menos, la comida llegaba, ahora ni eso tenemos». Siguen cocinando como sea, con lo que tienen, a veces sacando plata de sus bolsillos, pidiendo donaciones, todo pequeño aporte suma. Marcela define como “desesperante” lo que están viviendo desde hace un mes, cuando dejaron de recibir los módulos alimentarios.
“Las familias viven de changas, salen a cartonear porque con el Potenciar Trabajo no les alcanza. Lo que yo noto últimamente que antes no pasaba, es que los primeros días del mes venía poca gente al comedor porque podían comprar comida con la plata que cobraban, hoy los días cinco del mes ya vienen todos a buscar su vianda.” El barrio está ubicado en Ingeniero Budge, ciudad del conurbano sur bonaerense que pertenece al partido de Lomas de Zamora. Son dos manzanas donde viven 98 familias en casas de chapa, sin asfalto y sin agua potable. Marcela cuenta que cada vez son más las personas que se acercan al comedor.
«Ayer, por ejemplo, lo único que pudimos hacer fue comprar pollo, con el cupo de una tarjeta que teníamos de ayuda alimentaria, pero hay siete tarjetas para 31 comedores en Lomas de Zamora, no alcanza, es imposible. Últimamente nosotros estamos comprando de a poquito, un kilo de cebolla o colaboramos con el puré de tomate. Acá para cocinar para todos necesito un paquete de fideos de 15 kilos.» El comedor cocina lunes, miércoles y viernes, hasta hace un mes atrás, esos días también se daba una merienda, ahora sólo pueden darla una vez a la semana. «El miércoles pasado, Valentina, una compañera que siempre ayuda al comedor, nos donó budines y pan dulce, con eso hicimos la merienda. Sacamos la mesa afuera y la tomaron acá», cuenta.
De las 98 familias que viven en el barrio, la gran mayoría se acerca al comedor, llevan su ollita o un táper y se llevan la comida a su casa. “Acá hay otras necesidades, no es solamente la comida, como la salud, por ejemplo. Una ambulancia viene, pero cuando la llamamos tenemos que esperar que venga un patrullero y después recién entra la ambulancia. Otro problema es el agua, ahora estaban mandando al aguatero del municipio porque no tenemos agua, están los caños, pero no sale agua”, explica la referenta.
Marcela cuenta que en el barrio hay algunos pibes en situación de problemática de consumo, “acá no se vende, pero los chicos van a buscar a otro lado y son pibes que no tienen un acompañamiento”, dice Marcela. Además de sostener el comedor, ella trabaja en un centro barrial ubicado a cinco cuadras del Puente de La Noria, donde asisten a jóvenes que se encuentran en situación de consumo problemático. “Tratamos de contenerlos y derivarlos a espacios donde puedan ser atendidos en los casos que requieran internación”, cuenta.
Las personas que trabajan en el comedor reciben un Potenciar Trabajo de 70.000 pesos, una parte de esa ayuda social la destinan para cocinar. “Hoy un puré de tomate está a 850 pesos y yo para hacer un guiso, necesito cinco o seis puré, también necesito condimentos para que tenga sabor, porque ya de por sí tiene poco pollo. Nosotros tratamos de cocinar lo mejor posible», cuenta Marcela y agrega que a la tarde las cocineras salen a cartonear o hacer otro tipo de changas para llegar a fin de mes.
La ministra que preside la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo se niega a hablar con las organizaciones sociales que trabajan y organizan las tareas en los comedores, sino que, además, se burla del hambre que se vive en los barrios con declaraciones provocadoras como: “¿Chicos, ustedes tienen hambre? Vengan de a uno que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente”, dijo hace dos semanas cuando las organizaciones se hicieron presentes en las oficinas de su ministerio, ubicado en Juncal y Carlos Pellegrini. No solo se burló de ellas y no las recibió sino que, además, fueron reprimidas con gases.
El lunes cinco de febrero la ministra y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, firmaron un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), a cargo del pediatra Abel Albino, recordado por la desopilante frase: “El virus del sida atraviesa la porcelana”, que enunció en 2018 durante su exposición en la audiencia del Senado donde se discutía el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Parece ser que la ministra, en realidad, quiere intermediarios, pero los elige a dedo.
«Cuando escucho en la tele que nos llaman planeros de mierda y dicen que nos quedamos con la plata, me da mucha bronca. Es mentira y sino nos creen que vengan acá y comprueben lo que hacemos. Me gustaría que la ministra Pettovello venga a los comedores, hay días que tengo ganas de largar todo, pero cuando viene un pibe a pedir comida sigo. Ellos quieren comer y nada más. No hay comedores fantasmas, existen y están en el medio de la nada, como este.»
«A las organizaciones siempre les están tirando mierda y quienes estamos bancando somos nosotros, así como nos tuvimos que hacer cargo en la pandemia. Ahora está pasando lo mismo y creo que es peor. No sé en qué va a terminar esto, qué va a hacer la gente cuando no tenga nada para comer”, se pregunta Marcela, tiene 48 años, nació en Lanús Oeste y hace dos se mudó a una casita cerca del comedor.
El cartel que está en el complejo de viviendas enuncia una obra de 264 casas que serán destinadas también para familias que viven en otro barrio cercano al costado de las vías del tren. «Las organizaciones están siempre presentes para lo que necesitemos, de hecho, son quienes nos sostienen. Cuando hay inundaciones o alguna urgencia abrimos el comedor, si hay una tormenta vienen acá y así tratamos de sostener al barrio porque el Estado llega siempre tarde», agrega.
Daiana tiene 31 años, está haciendo arroz con salsa, cocina en el comedor desde que abrió. En una mesa cerca de la entrada, hay 10 ollas pequeñas que fueron trayendo las familias, pero es temprano y saben que llegarán muchas más. «Para mí, como para todo el barrio, este lugar es muy importante porque es el único comedor que hay. Ahora está muy complicado para todos, sobre todo en lo económico. Está todo muy caro, la gente no tiene trabajo, ahora los chicos empiezan las clases y no hay plata para comprarles los útiles», cuenta Daiana.
Marcela explica cómo eran los módulos alimentarios que recibían hasta hace dos meses: «Una vez por semana venía lo fresco, eran dos maples de huevo, una bolsa de papas, otra de cebolla, una de zanahoria y pollo, también frutas. Además, una vez al mes venía una horma de queso y dos veces al mes podíamos hacer pizzas, algo que hoy parece un lujo, pero no tiene que ser así. ¿Por qué los pibes tienen que comer todos los días guiso?, necesitan comer variado, no solo harinas. Todo eso lo recortaron, primero lo redujeron cada 15 días y ahora ya no existe más. Últimamente mi marido está yendo al Mercado Central a buscar verdura y la reciclamos. La cebolla está mil pesos el kilo y yo para la olla necesito al menos dos kilos y cinco de papa, sino no es alimento».
Una joven entra al comedor y deja su olla, se llama María y tiene 27 años, vive en el barrio hace cuatro y está desempleada. “Este comedor a nosotros nos salva porque a veces no tenemos nada para darle a nuestros chicos, este lugar es todo para nosotros. No podemos salir a la vereda y decirles a los chicos, ‘hoy no hay comida’, a mí se me estruja el alma de solo pensarlo, los chicos dependen del comedor y necesitan alimentarse. Nos hacen cagar de hambre, porque a este Gobierno los pobres no le importamos. Mi marido trabaja, hace unas changuitas, pero no nos alcanza».
Paolo Rocca del Grupo Techint mueve sus fichas para quedarse con el control de los planes sociales
La trama del pase de los titulares del plan Potenciar Trabajo, hasta ahora en Desarrollo Social, al Programa de Inclusión Laboral, dependiente de la Secretaría de Trabajo, sumó varios capítulos en las últimas horas. Además, se metió entre las acciones bajo sospecha de la adjudicación de recursos a otro grupo económico.
A esta altura son varios los dirigentes sociales y sindicales que señalan que el ministerio de Capital Humano, en manos de Sandra Pettovello, sería algo así como el ministerio del Grupo Techint. Son públicos por los sólidos contactos que mantiene con el entorno de Paolo Rocca, uno de los vencedores en lo que fue el reparto de cargos y puestos clave en la gestión libertaria.
En este caso los apuntados por la maniobra son dos empleados de Techint, Miguel Ponte y Julio Cordero. A ambos se los ve frecuentar los pasillos de Pellegrini y Juncal, sin nombramiento concreto, y desde las organizaciones sociales creen que el objetivo es quedarse con el control de los planes Potenciar Trabajo.
Se trata del control de una caja fenomenal que solía ser reclamada para sí por las organizaciones sociales con acceso a los barrios populares. Ahora, adicionalmente, por el cambio de perfil de política pública podría generar un multimillonario movimiento constante de recursos en materia de planes de capacitación, formación e inclusión laboral.
Específicamente creen que podría ser el propio Ponte, bajo el paraguas de su experiencia en el área de los Recursos Humanos, el que se quede con el comando de la situación en el futuro cercano. Sería bajo la promesa de la reconversión de planes en empleo.
En parte por esta interna irresuelta, el Gobierno postergó esta semana y por un trimestre el rearmado de la estructura en torno a los planes. A través del Decreto 125/2023 publicado en el Boletín Oficial, que modificó el Decreto 565/2023, dispuso que la transferencia se postergó hasta el 1° de abril.
La anterior administración nacional había ordenado en noviembre el traspaso del plan de la órbita del entonces ministerio de Desarrollo Social a la del ex ministerio de Trabajo a partir del 1° de enero, así como la eliminación de la incompatibilidad que existía para los beneficiarios de pensiones por discapacidad de mantener ese derecho cuando accedían al mercado laboral.
FUENTE: infogremiales
El Gobierno de Milei y las Fintech: el fundador de Ualá se ofreció a manejar la Tarjeta Alimentar
Por Tiempo Argentino
“La Tarjeta Alimentar debería ser abierta, para que cada uno reciba su dinero en cualquier banco público, privado o billetera. En Ualá nos ofrecemos a ayudar y hacerlo gratis”, tuiteó Pierpaolo Barbieri. La relación de este sector financiero digital con LLA: de ahí vendría el nuevo secretario de Ciencia.
Eran las 21.22 horas del martes, los anuncios del brutal ajuste de Luis “Toto” Caputo y Javier Milei aún estaba fresco y difícil de digerir, cuando Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, una de las fintech más exitosas de la Argentina, publicó en sus redes: “La Tarjeta Alimentar debería ser abierta, para que cada uno reciba su dinero en cualquier banco público, privado o billetera. Así el Estado se ahorra plástico, mantenimiento, y cada persona elige libremente. En Ualá nos ofrecemos a ayudar y hacerlo gratis”.
A continuación, recibió críticas de usuarios por el concepto de “gratis”. Uno, por ejemplo, le replicó que “UALA no es una entidad financiera autorizada por el BCRA ni autorizada a funcionar bajo la ley 21.526. De hecho, es solo una proveedora de servicios de pago que ofrece cuentas de pagos. Ni siquiera tiene secreto bancario”. Por otro lado, está el manejo de los datos de las personas: aunque la empresa no cobrara comisión, pasaría a sumar a millones de usuarias y usuarios.
Hoy Alimentar maneja tarjeta física y también virtual. En agosto pasado, el entonces Ministerio de Desarrollo Social lanzó una nueva línea que era Tarjeta Alimentar Comunidad teniendo como eje “la alimentación saludable y de calidad”, como así también se prestará atención en “los criterios nutricionales que recomiendan las Guías Alimentarias”, dirigida específicamente a “comedores y merenderos de organizaciones sociales y comunitarias”. Según detalló la Resolución 15810/2023, los comedores y merenderos recibirían $221,23 por almuerzo/cena o $111,37 por desayuno/merienda, gestionado a través de BN+, buscando implementar un sistema de transferencia monetaria por medio de tarjetas prepagas físicas o virtuales y ejecutar “un sistema de trazabilidad en la cadena de adquisición y consumo de alimentos”.
Hoy el Gobierno busca centrarse específicamente en la demanda y no en la oferta (es decir, los comedores). Este martes anunciaron que se duplicará la AUH y la Tarjeta Alimentar subirá su valor a un 50%. Ambas prestaciones sociales son distribuidas mensualmente por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
Con el aumento, Alimentar pasará a $42.900 (con un hijo); $67.275 (con dos hijos); y $88.725 (con tres hijos o más). Claro que habrá que ver cuánto aumentarán los alimentos con la inflación por la devaluación, el impuesto a las importaciones, y la desregulación de tarifas y de transporte que impactan en la industria.
Una relación de cercanía
La Libertad Avanza tiene en el sector de las Fintech a un grupo de aliados ideológicos. Lo es Barbieri quien no emitió opinión sobre las medidas de ajuste, aunque sí escribió en el momento en que se retrasaba el anuncio de Caputo: “Siempre es mejor demorar que equivocarse”.
El mayor exponente es Marcos Galperín, de Mercado Libre, ferviente defensor libertario/macrista y antiperonista, que actualmente vive en Uruguay donde abona menos impuestos. Lo curioso es que entre ambos ejecutivos y líderes del sector no llevan la mejor relación. Tuvieron un cruce el año pasado, cuando Ualá denunció que desde la empresa de Galperín los espiaron: “Le mandamos un gran abrazo al líder de Mercado Pago que se sumó secretamente a nuestro grupo de WhatsApp de Revendedores Ualá. Un capo, pero lo encontramos. ¡La competencia nos eleva!”.
Hace un par de semanas, Barbieri se metió en la disputa entre Mercado Pago y el Banco Central, y apuntó: “Queremos un mercado competitivo y sin monopolios”.
“Nuestra misión es brindar acceso a servicios financieros simples y transparentes”, declaró tiempo atrás el fundador de Ualá, esta startup financiera que ya cuenta con más de 5 millones de clientes en Argentina, México y Colombia, y que tiene el objetivo de alcanzar entre 25 y 30 millones en la región a lo largo del próximo lustro, con su tarjeta de crédito sin costo, caja de ahorro con CBU (lo que le permite crecer más rápido que ML) y la app. Actualmente, el 60% de la población adulta de la Argentina no cuenta con una tarjeta de crédito. Si Ualá consiguiera 2,6 millones de usuarios de la tarjeta de crédito, ya superaría a bancos como Provincia y Santander.
En noviembre del año pasado la firma había sido eje de discusión porque se la acusó de despidos masivos. Desde la empresa lo negaron, pero admitieron una “reestructuración” que incluyó acuerdos voluntarios de salida por menos de un 10% de la plantilla. Días atrás declaró: “Creemos en el futuro de la Argentina. Los productos que hace la Argentina, desde energía al agro y la economía del conocimiento, deberían seguir creciendo. Creo que después de muchos años de mucha dificultad, todo el mundo quiere una economía creciendo. He dicho públicamente que me parece imperativo bajar la inflación”.
Fintech y Ciencia
El área científica es una de las que sufrió el recorte ministerial con la asunción de Javier Milei a la presidencia. Pasó a ser la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y dependería de Jefatura de Gabinete. ¿Y por qué se está comentando esta situación en una nota sobre las fintech? Porque Ciencia pasaría a ser coordinada por el empresario de este sector, Alejandro Cosentino.
Todo parece indicar que la ciencia nacional pasará a ser priorizada por sus aspectos más mercantiles y tecnocráticos, acordes al interés del sector privado. Los desarrollos “visibles”, en detrimento de la ciencia básica, las humanas y las sociales. En ese sentido Laura Toledo, actual directora del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), se hará cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Cosentino, que se reunió hace un par de semanas con Daniel Filmus en el Polo Científico de Palermo, es fundador y CEO de Afluenta, y es reconocido por “sus operaciones de gestión exitosa de servicios financieros en Latinoamérica”, según declara en su CV.
Tiene un perfil empresario sin antecedentes en el mundo científico: es miembro fundador de la Asociación de Empresarios Argentinos (ASEA), de la Asociación Argentina de Fintech y la Alianza Iberoamericana Fintech.
Nota del editor: A través del decreto 59/2023 publicado en el Boletín Oficial y con la firma del jefe de Gabinete Nicolás Posse, se validó el nombramiento de Alejandro José Cosentino como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Expectativas de las organizaciones barriales ante la gestión de Jorge Macri
Por Santiago Brunetto
Modificar el Código Urbanístico (CUR), proteger los inmuebles patrimoniales y los barrios residenciales frente al avance inmobiliario, y ponerle un límite a las privatizaciones y concesiones de los espacios verdes públicos. Esas son las principales expectativas y pedidos de las organizaciones vecinales porteñas en materia urbanística ante el inicio del mandato de Jorge Macri en la jefatura de Gobierno. Las agrupaciones, que crecieron y se unificaron para rechazar las diversas políticas urbanas de Horacio Rodríguez Larreta, adelantaron que mantendrán sus reclamos y que esperan, como prioridad, la modificación del Código prometida en campaña.
Luego de la aprobación del nuevo Código en 2019, la sigla CUR comenzó a estar en la agenda de la gran mayoría de las organizaciones barriales. El impacto se sintió en particular desde 2021, cuando la apertura de la cuarentena revitalizó la actividad constructiva, y los vecinos y vecinas empezaron a notar como la nueva norma, que reemplazó al viejo Código de Planeamiento Urbano para aumentar capacidades constructivas y alturas de los edificios, habilitaba un avance desenfrenado sobre los barrios de casas bajas. El proceso llevó a un crecimiento de las protestas y a la unificación de las organizaciones en la Interbarrial Buenos Aires, que agrupa hoy a más de 20 barrios que piden la modificación del CUR para volver a limitar las construcciones.
«Buscamos la revisión consensuada con ciudadanos y organizaciones del CUR que ha ocasionado la pérdida de calidad de vida, del cuidado del medio ambiente y de la identidad barrial en toda la Capital, y que está siendo resistido por los ciudadanos damnificados«, dice Ana Bas, de la agrupación Basta de Demoler (BdD). Adriana, de Colegiales Participa y Decide, recuerda en tanto que su barrio, como otros más de diez, presentó un proyecto de revisión del CUR este año. «Considerando que a partir del 10 de diciembre la Legislatura va a tener una nueva conformación, apelamos a la sensibilidad de los legisladores para que voten los proyectos presentados«, sostiene.
Así lo ordenó el propio Macri en su discurso ante los y las legisladores, en el que les pidió que trabajen en la revisión del CUR que, sostuvo, «cambió de forma notable la identidad y el perfil de muchos barrios«. «Todos los espacios políticos estuvimos de acuerdo en esto a lo largo de la campaña, y espero que eso sea tratado en la primera sesión ordinaria del año próximo”, añadió. Las palabras causaron un sabor agridulce en las organizaciones. Pese a lo positivo de la confirmación, esperaban que el proyecto se tratara este año.
Desde Villa del Parque, uno de los barrios que sufre las consecuencias del CUR, y que también presentó su proyecto de modificación, Sandra cuenta que «veníamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano con la promesa de que el proyecto iba a ingresar en diciembre«. La integrante de Conciencia Urbana Comuna 11 advierte que durante los meses que vienen «se seguirá construyendo de acuerdo al CUR«. Desde la Interbarrial ya pidieron que se suspendan los permisos para obras de más de nueve metros hasta que se concreten las modificaciones.
La ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, sostuvo por su parte que en el discurso de Macri no quedó claro «si la modificación que está pensando es una reforma parcial y de emergencia para atender a los barrios más afectados o la evaluación integral participativa que se debe hacer cada cuatro años». En la última reunión del Foro Permanente Participativo del CUR, funcionarios del GCBA presentaron un primer boceto de proyecto en el que se indicaba que se retocaría la normativa para 15 barrios.
Demoliciones
El avance inmobiliario habilitado por el CUR está intrínsecamente relacionado con el problema de las demoliciones: en una ciudad donde los lotes libres escasean, para construir hay que demoler. La casi nula protección con la que cuentan los inmuebles históricos hace que, además, sean la presa más fácil para las empresas desarrolladoras. En este sentido, Bas plantea como una de las principales expectativas que se complete «el catálogo de bienes inmuebles a proteger construidos antes de 1941, implementar la protección adecuada, como mandan los fallos del amparo que iniciamos en 2011, y reglamentar las normas de compensación a los propietarios de bienes protegidos».
En efecto, en abril de este año, el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato, titular del Juzgado N°10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordenó al GCBA que complete el catálogo de edificios construidos antes del 31 de diciembre de 1941 para evaluar su protección patrimonial, un listado que nunca se completó pese a estar previsto por la Ley 3056 de 2009 a través del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial.
Desde 2009 sólo se realizó un relevamiento de 141.000 edificios previos a 1942. De ellos, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales seleccionó 18.195 inmuebles, pero los proyectos de ley para fijar su protección no fueron tratados en la Legislatura, según denuncia BdD. La expectativa en este sentido es simple: que el GCBA cumpla con la catalogación de los inmuebles. Para la integrante de BdD, esto es clave para que «se reconozca el fundamental valor material e inmaterial de la conservación de nuestro patrimonio».
Espacios verdes
Costa Salguero, Costa Urbana, Distrito Joven, Parque Sarmiento, Parque de la Innovación y los playones ferroviarios. Entre otros, esos casos son paradigmáticos de los usos que la gestión de Larreta otorgó a los espacios que eran, que son o que podrían ser públicos. La expectativa de las organizaciones es que ahora se limite la inclinación hacia lo privado marcada por ventas o concesiones. «Ante este nuevo escenario político seguiremos luchando por la defensa de los espacios verdes públicos, el bien común, el ambiente, la identidad barrial y una mejor calidad de vida bajo los principios de la democracia participativa», sostiene Adriana, de Colegiales Participa y Decide.
En ese barrio tienen el caso del playón ferroviario, del que se vendieron terrenos para edificios, algunos ya casi finalizados, otros por construir. Sólo a cambio de eso se construyó un parque en el resto de los lotes, un paradigma que se repite en la venta de terrenos del ex Tiro Federal para el Parque de la Innovación, o en los casos de Costa Urbana y Costa Salguero, que Macri recibirá judicializado. También judicializados están los cuatro lotes del playón de Colegiales que todavía no fueron vendidos y por el que las organizaciones ya presentaron un proyecto que «solicita la rezonificación de los cuatro lotes para anexarlos«, según indica Adriana.
Las concesiones, en tanto, abundan en casos como el Parque Sarmiento, con doce hectáreas en manos privadas, o en la zona de Costanera Norte que abarca al Distrito Joven. La creación de los «distritos» durante la gestión de Larreta también es un punto cuestionado por las organizaciones como uno de los aspectos a resolver. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, señala que se trata de «paraísos fiscales» en los que «las empresas que residen tienen beneficios«. Actualmente la Ciudad tiene cinco «distritos» donde, según Baldiviezo, «financia desde un 50 a un 70 % las inversiones que realicen los privados para instalar sus empresas».
Bachilleratos Populares movilizaron contra el DNU y la Ley Ómnibus de Milei
Entre las organizaciones que sumaron a la marcha hacia el Congreso el 24 de enero se encontraba la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) que desde sus bachilleratos populares se ha pronunciado contra el accionar del Gobierno que “solo trae más ajuste y hambre”, según expresan desde sus redes sociales. Consideran que las experiencias de Educación Popular están en peligro, tras casi 20 años de existencia de proyectos político-pedagógicos. Los Bachilleratos Populares son escuelas para jóvenes y adultos, creadas en el marco de organizaciones sociales y fábricas recuperadas tras la crisis social, económica y política del 2001 y desde CEIP afirman que esta iniciativa de Milei “atenta contra el derecho a la protesta”, ya que “declara a la educación como actividad esencial limitando el derecho a huelga de les trabajadores”.
Otra de las principales denuncias de los Bachilleratos Populares es que con esta ley “no se incrementa el presupuesto para garantizar mejores condiciones de enseñanza, lo cual implicaría un corrimiento del rol del Estado en la responsabilidad de garantizar las condiciones materiales para el acceso a la educación en todos los niveles para toda la población”.
Les trabajadores de la educación de los bachis suman en su análisis que, si se sanciona esta ley, “se introduce el financiamiento de las instituciones según criterios de productividad” y que se va a incrementar “el control desplegando múltiples dispositivos de evaluación sobre las instituciones y les trabajadores, por lo que controla mientras ajusta”. También catalogan esta ley como anti inmigratoria, debido a que en la educación superior introduce el arancelamiento para estudiantes extranjeras y extranjeros, “atentando contra la gratuidad educativa”.
Desde los bachis populares consideran que la Educación es un Derecho, por lo que, en esa reivindicación invitan a “construir la huelga general desde abajo en defensa de la educación pública y este 24 seamos miles en las calles”.
Redes sociales de los Bachilleratos Populares de la CEIP: Paulo Freire, Raíces, 19 de diciembre, Chilavert y Puños de Libertad
Potenciar Trabajo: la iniciativa de las mujeres emprendedoras del Conurbano bonaerense
Por Martina Ivani y Agustina García
La crisis económica y las transformaciones en el mercado laboral de los últimos años han enfrentado a muchos argentinos y argentinas al desafío de crear sus propias fuentes de trabajo. Los jóvenes profesionales eligen emprender y desarrollar exitosas startups, como ha sido el caso de Mateo Salvatto, emprendedor argentino especializado en robótica; o el de Gastón Taratuta, el primer argentino en ganar el mundial de emprendedores.
Pero ¿qué hay detrás de los emprendedores que no salen en la televisión? ¿Qué dificultades hay a la hora de emprender? ¿Qué formas existen de llevar adelante un emprendimiento? En General Las Heras, el último municipio del Conurbano bonaerense, un grupo de mujeres creó de forma autogestiva su propio emprendimiento: el Mercado Cooperativo “La Esquina”. Llamado cariñosamente por los vecinos como el “mercadito”, este local produce y comercializa frutas y verduras agroecológicas, pastas frescas, productos de panadería, entre otros.
En el año 2021, con el respaldo del Movimiento Evita de Las Heras, se inicia este sueño de poner en marcha un emprendimiento que genere empleo genuino para las beneficiarias del Potenciar Trabajo. Ante la falta de trabajo, estas mujeres encuentran una forma de sostener económicamente a sus familias y de aprender un oficio a partir de un negocio que tiene diversas unidades productivas.
Es el caso de Anahí Pérez, quien hace más de un año trabaja para el Mercado Cooperativo: “La Esquina” en el sector de ventas de bolsones de frutas y verduras. Desde su punto de vista, realizar inventarios, balances, hacer seguimientos de la producción, coordinar la organización y programación de rutinas de trabajo, son algunas de las cosas que aprendió en este año en el que desempeñó esta tarea. El trabajo de Anahí en el “mercadito” le permite mantener a su familia, que está conformada por sus hijos de siete y cuatro años y su marido.
La cooperativa y sus distintas plantas de producción responden a las demandas de la comunidad. Las Heras, si bien forma parte del Conurbano, es un partido principalmente rural, ya que cuenta con 76 mil hectáreas con tierras disponibles para trabajar. No obstante, hay pocas plantaciones agrícolas. Generalmente, las verduras y frutas que se consumen en el Partido son compradas a municipios vecinos como Luján o en el Mercado Central. Es por eso que un grupo de mujeres de Plomer, pueblo rural de 300 personas que forma parte del Municipio, lleva adelante una huerta agroecológica que abarca media hectárea. Actualmente, siete son las mujeres que trabajan en el campo. Esta huerta produce semanalmente 150 kilos de verdura que se comercializa en diferentes puntos de Las Heras, entre ellos el “mercadito”. A su vez, también abastece a las instituciones, como el jardín de infantes rural de la localidad. Al respecto, los vecinos señalan que la huerta no solo significa productos de calidad y sin agrotóxicos, sino mejores precios y desarrollo de la economía local.
Por otro lado, nueve mujeres integran el sector encargado de la panadería y las pastas. Este equipo elabora diferentes variedades de panificados como pan, facturas, panes saborizados, tortas fritas, bizcochos, tortas y churros; así como también producen ravioles, sorrentinos y ñoquis. Todas las trabajadoras de esta unidad destacan que gracias a este proyecto pudieron realizar el curso de manipulación de alimentos, aprendieron a producir en grandes cantidades y se profesionalizaron en gastronomía. María, resalta que su plan a futuro es continuar la carrera de chef.
Es claro que el “mercadito” no es precisamente un negocio pequeño ya que cuenta con distintas unidades productivas que la hacen un gran proyecto. Este sueño nació en un momento crítico del país gracias al impulso de mujeres que no tenían nada, pero que querían construir desde abajo un emprendimiento que les permitiera sostener económicamente a sus familias. Un proyecto que crece día a día de forma colectiva gracias a sus trabajadoras, al apoyo del Movimiento Evita, y a los vecinos y vecinas de Las Heras que confían y apuestan por el trabajo cooperativo.
Fuentes: Perfil, Página 12, Resumen Latinoamericano, APU, Tiempo Argentino, Infogremiales
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