En la Asamblea confluyen sesenta organizaciones de siete provincias. Exigen una ley que frene los desalojos, critican el proyecto de ley de semillas y cuestionan al Poder Judicial. «Tierra.» Es la palabra que nombran una veintena de veces, y que se hace reclamo una y otra vez a lo largo de la entrevista. La mencionan […]
En la Asamblea confluyen sesenta organizaciones de siete provincias. Exigen una ley que frene los desalojos, critican el proyecto de ley de semillas y cuestionan al Poder Judicial.
«Tierra.» Es la palabra que nombran una veintena de veces, y que se hace reclamo una y otra vez a lo largo de la entrevista. La mencionan como sinónimo de producción, cultura, trabajo, derecho, futuro de sus hijos y, el más contundente, «sin tierra no tenemos vida». José Luis Castillo, campesino de la organización Obreros del Surco, de Villa Ocampo (norte de Santa Fe), y Nacho Avellanal, de la Mesa Zonal del Ambito de Tierras (Mezat), de Añatuya (Santiago del Estero). Forman parte de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (Acina), espacio donde confluyen sesenta organizaciones de siete provincias, como las históricas Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la Unión de Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch). Exigen una ley que frene los desalojos, critican el proyecto de ley de semillas (al que llaman «ley Monsanto»), cuestionan al Poder Judicial y explicitan su expectativa con la llegada de Emilio Pérsico a la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Castillo resume los debates actuales de la Acina: «La ley Monsanto es muy grave. Los anteproyectos que vimos van a terminar con la agricultura familiar. Encima no votaron la ley que frena los desalojos. Tenemos muchos temas, pero el principal es la tierra».
-¿Cuál es el pedido concreto con respecto a tierras?
J. L. C.: -Que se apruebe urgente la ley de freno a los desalojos. No es la solución de fondo, pero por cinco años no tendríamos desalojos.
N. A.: -Es necesario un reordenamiento territorial. Le llamamos reforma agraria, pero algunos políticos se asustan, entonces decimos reordenamiento territorial.
-El proyecto de freno a los desalojos lleva más de un año en el Congreso y no se aprueba. ¿Por qué?
J. L. C.: -Para que en Buenos Aires se hable de tierras tiene que morir alguien. Antes fue Cristian (Ferreyra), ahora Miguel (Galván), pero pasa el velorio y no se habla más de tierras. Son disputas que se dan en el campo, no se ve de la General Paz para adentro. Y porque en lugares decisivos, nacional y provincial, no hay interés ni voluntad política de encontrar soluciones. Sólo hay interés económico y político de extracción de recursos naturales.
-¿A qué atribuyen la disputa por la tierra?
N. A.: -En Catamarca está la minería. Formosa, Santa Fe y Chaco sufren de fumigaciones. En Formosa y Santa Fe hay muchos problemas con obras de infraestructura que inundan todo. Y en Santiago del Estero y Salta está la soja, va barriendo con todo, mata la vida campesina.
J. L. C.: -Algunos se conforman con la ganancia de la soja, pero no ven que hay campesinos que se van del campo y van a las villas. Muchos acá son primos, tíos, hermanos de campesinos. Si no solucionamos esa situación, el problema se desparrama por todo el cuerpo del país. El gobierno nacional, provinciales y municipales deben estar muy condicionados por los temas económicos, pero el árbol les tapa el bosque.
-¿Qué rol juega el Poder Judicial?
N. A.: -En Santiago del Estero hay muchos casos de juicios, siempre el campesino tiene más de veinte años trabajando la tierra, pero no recuerdo ni un solo caso en el que algún juez haya decidido a favor del campesino. Los jueces están del lado del poderoso, que en el campo es el sojero.
-Tuvieron reuniones con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, de Emilio Pérsico. ¿Cuál es la evaluación?
N. A.: -Hay expectativa. Pérsico propuso la vuelta al campo, sería una política interesante para que se frene la migración a la ciudad.
J. L. C.: -Dicen que escoba nueva barre bien así que ojalá que haya cambios positivos. Ojalá que escuche y cumpla con las organizaciones sociales.
-¿Cuál es la evaluación de las políticas de la última década para el sector campesino?
J. L. C.: -No sé si por falta de voluntad o por qué, pero no se encuentra la solución para los problemas de los campesinos. Todo lo que ha habido son aspirinas. Y te sigue llevando puesto el modelo agropecuario. Eso tienen que entender los funcionarios. Todos nuestros males están vinculados al tema tierras. También hay que mejorar los servicios, la educación, salud, producción, límites a los agrotóxicos. Necesitamos una reforma integral.
-¿Cuál es el lugar con mayores conflictos?
J. L. C: -Santiago del Estero es la niña bonita de los empresarios, llegan de Santa Fe, Córdoba, Tucumán. En Salta también hay muchos problemas. En todas las provincias hay conflictos por tierras. Incluso en lugares que fueron tranquilos. En Saladas, Corrientes, un empresario quiere desalojar a una familia campesina de 17 hectáreas. Es un ejemplo de cómo este modelo agropecuario quiere robarnos cada metro de tierra. Lo desesperante es que mientras en los escritorios nos duermen proyectos de ley, en el campo avanzan los empresarios, resistimos, pero derraman nuestra sangre. Es una bomba de tiempo.
-¿Cómo ven el futuro de la lucha campesina?
J. L. C.: -Sabemos que quieren avanzar con la minería, con transgénicos, con agrotóxicos. Hay una posibilidad cierta de que este modelo se lleve todo puesto, a los bosques y a quienes vivimos en el campo. Hay posibilidades de que nos desaparezcan, pero seguimos resistiendo porque estamos organizados. Valoramos la articulación con otros movimientos campesinos, si vamos por separado nos van a pasar por arriba. Aunque también sabemos que nuestra suerte depende de decisiones políticas. Los funcionarios tienen que entender que nosotros somos el desarrollo. Si hemos criado a nuestras familias, nos alimentamos, producimos alimentos en serio y no soja. No ganaremos plata como los sojeros, pero trabajamos nuestras tierras y no jodemos a nadie, eso es desarrollo.
-¿Qué opinan del proyecto para una nueva ley de semillas?
N. A.: -Estamos en alerta. Así como está armado es otro elemento para ir sacándonos del campo. Quien use determinada semilla y no esté registrado puede tener sanciones. ¿Dónde han visto eso? Hace siglos que los campesinos usamos semillas, intercambiamos. Las empresas nos roban y encima tendremos que anotarnos para usar una semilla. También deja la puerta abierta para que las empresas patenten nuestras semillas. Si seguimos así mañana la semilla de algarrobo va a ser de una empresa. Nos quieren dejar tranquilos diciendo que habrá bancos de semillas nativas, pero no confiamos. No sabemos quién tendrá esos bancos de semillas.
J. L. C.: -Los que están queriendo cambiar la ley es para abrocharnos. Vamos a tener que ir a comprar a Monsanto su semilla y su herbicida. Nosotros queremos discutir una ley de semillas, pero ni nos convocan y menos nos escuchan. Escuchan a Monsanto, pero no a los campesinos. Si se aprueban algunos de los proyectos que andan dando vueltas, es un favor para las empresas y un golpe al campesinado. Queremos debatir la ley de semillas y sobre todo queremos hablar de soberanía alimentaria, lo que implica frenar los desalojos, asegurarnos las semillas, poner límites a los agrotóxicos. Si el Gobierno quiere hablar de soberanía alimentaria debe poner un freno al modelo agroexportador. Otro punto importante: los legisladores deben darle una vuelta a la reforma de Código Civil. Así como está, perjudica mucho a los pueblos originarios, pero también a nosotros porque no reconoce las tierras comunitarias campesinas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-210845-2012-12-29.html