El discurso de Alberto Fernández planteaba que la recesión era el inevitable precio a pagar para cuidar la salud de la población; hoy sufre el efecto boomerang y, con malos resultados en ambos rubros, su imagen se desploma.
Los números son de una contundencia que asusta: 40,9% de pobres y 10% de indigentes. Es decir, 18,5 millones de personas viviendo en la pobreza, de las cuales 4,5 millones no llegan siquiera a tener ingresos para completar una dieta mínima para la supervivencia sana. Esa es la foto de la situación social al término del primer semestre del año en Argentina, luego de la difusión del censo sobre pobreza. Pero no es lo más grave, porque la proyección a futuro es aun peor. De todos los afectados por el deterioro social, la mayoría son niños. De hecho, seis niños de cada diez son pobres.
Además, el 40,9% corresponde a un promedio del semestre, que aparece atenuado por el hecho de que en el arranque del año se mantenía la situación de 35% de pobreza con la que había concluido el gobierno de Mauricio Macri. Pero el segundo trimestre, ya con el impacto pleno de la parálisis económica por la cuarentena, se registró un pico de 47% de pobreza.
Esto lleva a los especialistas a proyectar que en el segundo semestre del año –la cifra recién se conocerá en marzo de 2021– se podrá superar el 50%. Para ello se basan en la explosión del desempleo, que podría ser en términos reales mucho mayor que el 13,1% que mide la estadística.
Ocurre que, para la medición, quien esté sin ingresos pero no esté en una búsqueda activa de un trabajo asalariado no figura como desocupado, porque desde el punto de vista técnico no integra la población económicamente activa. Esto implica que muchos de los 9 millones de argentinos que están cobrando el subsidio conocido como IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) podrían no ser considerados desempleados para la estadística. Se trata, en su gran mayoría, de personas que se desempeñan en el sector informal y que están entre los más afectados por los efectos económicos de la pandemia.
La situación social en Argentina, que tiene problemas estructurales de marginalidad desde hace décadas, está atravesando un agravamiento ligado a la recesión. Y, como siempre ocurre, es inevitable la politización del tema. No solamente por la alta sensibilidad que despierta en la población, sino porque el propio Alberto Fernández lo había transformado en un tema central de la campaña electoral y en un eje estratégico de su gestión de gobierno.
Apenas al iniciarse su gestión, el presidente había creado una Mesa Nacional contra el Hambre conformada por expertos y celebrities de diversa extracción, donde figuraban desde Marcelo Tinelli (millonario conductor de farándula televisiva y dirigente de fútbol: NDR) hasta cocineros mediáticos, y se estableció una política urgente de reparto de alimentos. Hoy esa mesa está prácticamente inactiva, y el programa alimentario a través de una tarjeta otorgada por el Estado quedó rápidamente superado por las urgencias derivadas del desplome económico.
Ante la evidencia de que el deterioro es innegable, el gobierno decidió asimilar el golpe y tratar de contrarrestar el efecto negativo de los datos con el anuncio de medidas paliativas y con la salida de los funcionarios a los medios, para explicar lo que se está haciendo en materia social. Así, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, destacó el esfuerzo fiscal de asistencia a los que perdieron ingresos durante la pandemia. Midió ese esfuerzo en 5,5 puntos del PIB, canalizado a través de programas como el subsidio a la gente sin ingreso y la ayuda a empresas para pagar la mitad del salario. Además, estimó en otros 2 puntos del PIB el subsidio al crédito productivo. “Pero un parate como el que se ha generado es imposible de compensar”, admitió, ya antes de que se confirmara la mala noticia por parte del Indec.
En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que ante el deterioro de la situación, la prioridad oficial será “recuperar a los que cayeron en la pobreza durante la pandemia”. El funcionario establece una distinción entre la “pobreza estructural” y otra, que sería de tipo más circunstancial, ocasionada por los obligados cierres de la cuarentena. E identificó cinco sectores con capacidad para generar empleo en un lapso relativamente corto: la construcción, la producción de alimentos, la industria textil, el cuidado a enfermos y ancianos, y el reciclado de materiales.
Ni economía ni salud
La controversia política ligada a la pobreza radica, en realidad, en una decisión del gobierno: la dureza de la cuarentena con la que se inició la prevención de la pandemia. Durante meses fue motivo de discusión, ya que sectores del empresariado reclamaban una apertura que permitiera mantener la actividad, aunque fuera con protocolos sanitarios y con un ritmo reducido. Pero el gobierno mantuvo la línea de cierre absoluto de actividades no esenciales, lo que implicó una ola de quiebras de pequeños negocios y de empresas que debían entrar en concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus obligaciones.
Era un tema que parecía irritar a Alberto Fernández cada vez que se lo planteaban en las conferencias de prensa sobre la política contra el coronavirus. El presidente argumentaba que no era cierto que aquellos países que habían mostrado una actitud más liberal tuvieran menos impacto económico. En una actitud que le valió reproches y hasta incidentes diplomáticos, comparaba las estadísticas internacionales para demostrar que Argentina no solamente estaba mejor en cuanto a las cifras de la pandemia, sino que no había sufrido una caída económica mayor que la de los países vecinos e incluso las principales potencias mundiales. Y advertía que si Argentina hubiese seguido el camino de otros países como Brasil tendría unos 10.000 muertos, sin que por ello la economía estuviera menos grave.
El lema preferido de Alberto era “la culpa no es de la cuarentena, sino de la pandemia; no hay que enojarse con el remedio, sino con la enfermedad”. Hoy, esos argumentos le están jugando en contra, en un verdadero efecto boomerang. Los muertos en Argentina superaron los 20.000, y el país está al tope de los de peores resultados estadísticos ante la pandemia, a pesar de la dureza de su política de aislamiento de la población.
Con una tasa de 12.000 contagiados nuevos por día y un total acumulado de 765.000 casos al cierre del jueves, Argentina ya entró al ranking de los países con peor performance ante la pandemia. La estadística internacional muestra a Argentina en el puesto 20 en cantidad de casos y el lugar 19 en fallecidos –medido en términos relativos a la población–. Pero hay un agravante: el nivel de testeo es muy bajo en la comparación internacional –ocupa el puesto 122 en hisopados en relación a la población– y, por ende, el contagio podría ser mayor.
Un boomerang político
El gobierno argentino está sufriendo no solamente una crisis social y sanitaria. Está acusando un duro golpe político porque quedó devaluada su principal premisa discursiva: que la recesión económica era el inevitable precio a pagar para cuidar la salud de la población, y que aquellos países que no lo hacían terminarían pagando un alto costo. La realidad muestra que Argentina se encamina a ser uno de los países más afectados por el covid-19, con el agravante de que la herramienta de la cuarentena se desgastó y ya resulta difícil su aplicación en varias regiones del país. Pero, además, la caída de la economía es peor que la de aquellos países con los que el presidente hacía sus comparaciones. El último dato de actividad marca una caída interanual de 13%, con el agravante de que cuando se inició la emergencia sanitaria Argentina ya tenía un acumulado de dos años de recesión.
Ante la andanada de críticas y con la elocuencia de las estadísticas negativas, el gobierno empieza a sentir que la estrategia política de hacer referencia a la “pesada herencia” de la gestión macrista ya deja de ser redituable en términos políticos. Y así lo reflejan las encuestas, en las que la imagen de Alberto Fernández sufrió un desplome: según los últimos sondeos tiene una aprobación del 55%, lo que implica una dura caída después de haber disfrutado una imagen positiva de 76% en abril, cuando la cuarentena estaba en el centro de la agenda nacional.
En ese marco de debilidad política, el gobierno decidió echar mano a lo poco que tiene para mostrar en este momento: la asistencia social a los más afectados por la cuarentena. Contrariando la postura inicial del presidente, que había dicho que las medidas serían transitorias, se aceptó que no hay condiciones sociales como para suspenderlas. De manera que, en contra de los anuncios que marcaban una moderación del gasto fiscal para 2021, ya se admite que los subsidios continuarán, aunque cambiando de denominación: se intentará transformar la asistencia en planes de empleo supervisados por el Estado.