El oficialismo cerró en el senado el proceso de aprobación de la mal llamada “modernización laboral”. Pretende sellar así un cambio de época, el ocaso de todo un tiempo histórico de derechos laborales y poderío sindical.
Impuso así la posesión de un bloque parlamentario reforzado como producto de las elecciones del pasado octubre. Y la complacencia de supuestos opositores que no son tales, ya que comparten las líneas básicas de la trayectoria del gobierno.
Enfrentó al tratamiento parlamentario de la ley una serie de movilizaciones de alcance limitado, de las que la CGT no participó en la mayoría. Lo hizo en alguna sin empeñarse a fondo en su capacidad de convocatoria. El paro del 19 de febrero tuvo en cambio elevado cumplimiento. Pero al no acompañarlo con masividad en las calles tampoco marcó un punto de inflexión.
La central sindical no demostró efectividad para otra cosa que la defensa corporativa de sus “cajas” de recaudación. Allí sí intervino y consiguió el éxito. El implícito toma y daca queda a trasluz: “Ustedes aprueban la ley y nosotros no protestamos en serio. Pero a cambio nos garantizan ‘la nuestra’”. En todo caso fue ese el resultado concreto.
La batalla en torno a la nueva ley no tomó la plena dimensión que la importancia del tema se merece. Quienes han participado en la lucha son acreedores de reconocimiento. Estuvieron una y otra vez en la calle. Enfrentaron la represión que los hostigó cada una de las veces. Sufrieron detenciones.
Pero las deserciones fueron demasiadas y la impugnación del proyecto no plasmó con la fuerza suficiente en las calles ni en el conjunto de la sociedad. No se vivió un clima de apasionado debate. Que manifestara una conciencia de que cuestiones decisivas para la existencia colectiva se hallaban en juego. El gobierno logró un trámite expres. Sin una discusión en el recinto parlamentario de volumen y profundidad acordes con la relevancia del tema.
El proyecto oficial sufrió un solo cambio: La supresión del bárbaro recorte del salario de quienes tuvieran licencia por enfermedad o accidente. Todo lo demás pasó, con sus brutales supresiones de derechos históricos, desde la jornada laboral de ocho horas a la prelación de los convenios colectivos por sector.
Una derrota histórica, de alcance estratégico. No todo está sellado, la aplicación de la norma será un campo de batalla en el futuro cercano. Pero la sola aprobación de la nueva ley constituye un triunfo para las patronales. Contiene reivindicaciones suyas que reclamaron durante décadas.
Los que se oponen
Como un saldo positivo de la resistencia queda la disidencia activa del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), una novedad en el panorama sindical que habrá que seguir con atención. Por ahora consiguió la adhesión de uno de los grandes sindicatos de la principal central obrera, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Y de organizaciones de menor envergadura entre las que destaca la federación de aceiteros, de firme itinerario combativo en estos últimos años.
En ese campo cabe un realce para el papel jugado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Ese gremio ensayó un discurso y operaciones de confrontación. Sin dejarse intimidar por operativos represivos y amenazas de sanción. Ni ceder a la tentación de colocar a los trabajadores públicos por fuera de los temas de legislación del trabajo.
Sacudió as el espacio del gremialismo estatal. Y matizó la alicaída presencia de las dos CTA, por lo demás alejadas del matiz innovador que tuvieron en la década de 1990.
También es relevante la conformación de coordinadoras de trabajadores de base, sobre todo en las distintas zonas del Gran Buenos Aires. Una dinámica de movilización por abajo que puede potenciarse en la medida que avance la aplicación de la ley y se evidencien sus consecuencias. Se verá si se constituyen en un elemento de contrapunto efectivo con la actitud cada vez más claudicante de la conducción cegetista.
Una cuestión gremial clave en este tiempo es la consecución de que el descontento con las agachadas en la cúpula no derive en antisindicalismo indiferenciado, fecundado por el clima extendido de individualismo y antipolítica.
Es un desafío que requiere no sólo perseverancia sino también imaginación. Para que se interpele con eficacia a los decepcionados del gremialismo. Y a quienes respaldan con la indiferencia y la pasividad las prácticas corruptas y la defección de las conducciones actuales.
Lo que está y lo que se viene
El gobierno festeja. Entre otras cosas haberle ganado al peronismo en el terreno de la legislación laboral. Al que éste siempre consideró como propio, constitutivo de su identidad. No quiso, no pudo o no supo hacer nada determinante contra la aprobación de la ley.
Unión por la Patria (UxP) sufrió significativas defecciones en su propio campo y el de sus aliados tradicionales. Gobernadores y legisladores de origen peronista apelaron a sedicentes argumentos “federales” para cohonestar su apoyo a las derogaciones de derechos. Facilitaron mucho la victoria de La Libertad Avanza (LLA), entre difícil e imposible sin esos sustentos.
El gobierno ha quedado posicionado para la persistencia en el ataque. Alberga hoy la ilusión de que va ganando en la “batalla cultural”. Y por lo tanto el programa “libertario” puede tener nuevos avances significativos.
La aprobación de la contrarreforma laboral le da aire entre los grandes empresarios. Las fisuras manifiestas en los últimos días en los choques con Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla, el supermercadista Nicolás Braun y el zar de la logística Marcos Galperín no son irrelevantes. Pero los grandes capitalistas priorizan su empoderamiento en las fábricas y los lugares de trabajo.
Por más que rumien bronca contra la caída de la actividad y los avances de la competencia extranjera, la reconfiguración en las relaciones entre capital y trabajo es para ellos un éxito estratégico. Compensa ciertos sacrificios económicos, al menos en lo inmediato. El interés general de la clase es puesto al frente.
En lo económico el gobierno está acunado por la estabilidad del dólar. Y la posibilidad de compra de reservas y baja del riesgo país. Ello no oculta que las condiciones para el grueso de la población experimentan un empeoramiento gradual que no parece destinado a revertirse rápido, ni siquiera a detenerse. Ya van varios meses que la inflación sube en lugar de disminuir.
Sin embargo el balance general es el de un gobierno que aún vive una etapa triunfal. Que con dos años de antecedencia, habla de reelección presidencial. Cree tener por delante una variedad de triunfos fáciles y rápidos como el obtenido con la contrarreforma laboral.
Esta ley no es una disposición aislada. Es la avanzada de todo un proceso de reestructuración regresiva de la sociedad argentina. Detrás vienen otros proyectos, algunos ya anunciados o filtrados parcialmente.
Como una reforma educativa reaccionaria y privatizadora. Modificaciones tributarias en beneficio de los más ricos. Reforma previsional que aumente la edad de jubilación y limite el alcance de las prestaciones.
También cambios en el código penal de orientación ultrapunitivista. No puede descartarse que en un futuro cercano avancen contra la legalización del aborto o el matrimonio igualitario. La modificación de la ley de glaciares podría ser solo la punta de lanza de una ofensiva de negación del cambio climático y la problemática ambiental en general, siempre al servicio de la ganancia capitalista.
El sentido unificador del conjunto de cambios proyectados es el privilegio para el capital más concentrado. La mercantilización total de las relaciones sociales. La entronización de la propiedad privada como derecho fundamental. Y el disciplinamiento general de la sociedad en una actitud individualista, conservadora. Resignada al “es lo que hay”. Y respetuosa de las jerarquías sociales y las creencias arraigadas.
También es una revancha de clase de alcance estratégico. La coronación de la obra inconclusa de la última dictadura y los gobiernos neoliberales posteriores. El objetivo último es llevar adelante toda la agenda programática de extrema derecha.
La parte que tiene repercusión socioeconómica directa, por supuesto. Y la que brindaría un contexto ultraconservador de consensos reaccionarios dirigidos con preferencia contra pobres, migrantes y todo el “abajo social”.
Se busca una sociedad que visualice los enemigos hacia abajo y al mismo tiempo preste deferencia a los empresarios erigidos en “héroes”, en ejemplo universal.
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Los futuros movimientos regresivos que sin duda se producirán requieren que se le contraponga una resistencia articulada, que ponga en relación las condiciones de vida y los derechos que necesitan ser defendidos frente a la agresión. Una oposición activa que hilvane propuestas dotadas del atrevimiento de pensar y decir con modos novedosos.
Desde arriba se pretende dejar a quienes se oponen en el lugar de la defensa de los políticos ineptos y corruptos y del sindicalismo empresarial e indiferente a la suerte de sus bases. De un pasado ominoso a superar.
Se necesita por el contrario retomar el lugar de cuestionamiento de todo el sistema. Que quede en claro que las taras actuales merecen críticas y soluciones de fondo. Claro que de signo opuesto a las que propicia la actual gestión.
Se trata de poner en juego otro modo de organización social y de estructuración democrática del poder. Con la prudencia “progresista” no se irá lejos. Es la hora de la audacia.
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