En Jujuy se inicia una nueva semana de lucha por mejores salarios y contra la Reforma de la Constitución. Continúan algunos cortes de ruta en varios puntos de la provincia y los docentes de inicial y primaria siguen con el paro por tiempo indeterminado.
El viernes hubo marcha de antorchas en San Salvador y en otras localidades de la provincia y el sábado a la madrugada la policía reprimió a la gente de Humahuaca que se manifestaba para que el Concejo local apruebe una ordenanza de rechazo a la reforma.
En la represión un joven perdió un ojo y es el tercero ya en estas semanas de protestas que sufre este tipo de lesiones, además de otros cientos de heridos durante otras represiones por estas manifestaciones. La multisectorial contra la Reforma constitucional y diferentes organismos de Derechos Humanos expresaron su repudio a la represión.
En el corte de ruta que realizan comunidades originarias en Purmamarca también se solidarizaron con Humahuaca y ratificaron que seguirán la lucha hasta que caiga la reforma. “Nos enteramos de lo que está pasando en Humahuaca, con el Concejo Deliberante tomado por nuestros hermanos y donde los concejales sesionaron, pero se están burlando del pueblo de Humahuaca. Encima está actuando la represión de parte del gobierno por lo que nosotros queremos hacer llegar nuestra solidaridad con nuestros hermanos porque Jujuy somos todos de un solo pueblo y estamos con ellos. Decirles que esto se va a profundizar con estas medidas porque esto no puede seguir sucediendo”, expresó un hombre que participaba del corte.
“Seguimos en la ruta. Vamos a resistir y seguir tomando medidas de fuerzas hasta que esta reforma caiga por completo. Responsabilizamos al señor gobernador Morales que es responsable de todo esto. Desde el cruce de Purmamarca el pueblo de pie, nunca de rodillas”, sumó una mujer en la misma manifestación.
Mientras tanto la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), que agrupa a docentes de nivel inicial y primario, rechazó la última oferta salarial del gobierno de Gerardo Morales y resolvió continuar con el paro por tiempo indeterminado.
Adep votó continuar el paro
El paro de maestras y maestros afiliados a Adep continuará por quinta semana consecutiva. Así lo ratificó el Congreso que tuvo lugar el domingo.
Las asambleas zonales votaron continuar las medidas de fuerza y rechazaron la Reforma de la Constitución.
El domingo se realizó un festival solidario en el acampe docente en el ministerio de Educación.
El viernes, a lo largo gran parte de la jornada, la docencia de Adep mantuvo una permanencia en el ministerio de Hacienda. El Gobierno había anunciado que tendría lugar una reunión para discutir paritarias. El ministro Carlos Sadir, actual titular de esa cartera y gobernador electo faltó al encuentro. Dejó a las y los docentes esperando por horas. Finalmente, en la noche, hubo una reunión, después de horas de reclamos y presión por parte de quienes reclamaban. No hubo nuevas ofertas salariales. Hubo, por el contrario, amenazas de descuentos hechos en cuotas. Un chantaje, intentando derrotar la lucha que ya lleva cuatro semanas de lucha.
A la salida de la reunión, la conducción de Adep se retiró sin dar mayores explicaciones. En el ministerio de Hacienda, un importante contingente de docentes se aprestaba a pasar la noche para seguir las medidas de lucha.
Este jueves se conformó la Asamblea contra la Reforma del pueblo, trabajadores, comunidades, estudiantes y DD HH. Un polo de reagrupamiento para pelear por unir al conjunto de los sectores en lucha. En esta primera reunión se acordó pelear por esa gran Asamblea Provincial que permita unir fuerzas. Hay que retomar la lucha abierta hasta tirar la reforma.
Docentes inician huelga de hambre ante la ausencia del ministro Sadir
El viernes el gremio Adep había sido convocado a una nueva reunión para tratar de destrabar el conflicto salarial, sin embargo, la misma no se pudo concretar porque el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, no se hizo presente. Ante esta situación anunciaron que inician una huelga de hambre hasta que obtengan una respuesta favorable por parte del Gobierno.
Cabe recordar que el pasado 5 de junio los gremios docentes convocaron a un paro por tiempo indeterminado al que se plegaron todos los trabajadores estatales de la provincia. Marchas multitudinarias, conciliaciones no acatadas y el rechazo al ofrecimiento salarial acompañaron estos «26 días de lucha» y tras no lograr la recomposición salarial que están solicitando iniciaron la «huelga de hambre».
Con permanencia en las puertas del moderno Complejo Ministerial del barrio Malvinas, docentes del Ramal, de la Puna y la Quebrada, tras una «marcha blanca» llegaron para sumarse a la carpa que habían montado los docentes de San Salvados.
El principal reclamo docente es que se incremente el básico, que en algunos casos no supera los 40.000 pesos. En el último ofrecimiento del Gobierno lo llevaron a $63.200 pero continúa siendo insuficiente teniendo en cuenta que ese es el monto que se contabiliza para la jubilación, el aguinaldo entre otros ítems.
Gobernador ausente
De todas las reacciones imaginadas y ejecutadas por el gobierno jujeño, ninguna incluyó de momento llamados concretos al diálogo y a la negociación, que por cierto es lo que había anticipado el propio Morales que harían con los colectivos aborígenes el día que anunció la cancelación de dos artículos de la nueva Constitución, aunque hasta ahora no se produjo ninguna convocatoria en ese aspecto. Quizás se deba a que el gobernador aún no regresó a la provincia después de aquel martes 20 de junio de bala, garrote, sangre y cacería en la zona de la Legislatura y la vieja estación de San Salvador está más ocupado en su campaña vicepresidencial como escolta de Horacio Rodríguez Larreta y en su gira por los estudios televisivos de los programas nacionales en los que le permiten desandar sus soliloquios.
Por ese motivo, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales anticipó que establecerán los martes y los viernes como días fijos para hacer marchas y movilizaciones “hasta que caiga la reforma”, tal como declaró Sebastián López, su secretario general. La elección de ambos días persigue también un propósito simbólico: martes fue la jornada de la salvaje represión desatada por la policía provincial frente a la Legislatura tras la polémica jura de la reforma, mientras que un viernes se había aprobado la nueva Constitución con el voto de los constituyentes de la UCR y el PJ (los del FIT habían renunciado).
La denominada Multisectorial (que incluye docentes, estatales, personal de salud, comunidades originarias, organizaciones sociales y hasta agrupaciones gauchas unidas bajo el lema “arriba los salarios, abajo la reforma) realizó una nueva marcha de antorchas por el centro salvadoreño el viernes pasado. En tanto, en las rutas del interior de la provincia siguen activos al menos ocho cortes (La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Uquía, Tilcara, Purmamarca, Susques y Perico). En simultáneo, la administración Morales alentó este viernes su segundo intento de la titulada “Marcha por la paz” en la zona céntrica de la capital, donde se observaron a varios empresarios y no pocos micros de la empresa privada Balut fuera del recorrido en el que suelen prestar sus habituales servicios de larga y media distancia.
Pueblada y represión en Humahuaca
Los y las pobladores de Humahuaca exigían desde principios de semana un pedido de Declaración por parte del Concejo Deliberante en contra de la Reforma. La permanente negativa por parte de los concejales que responden al gobernador hizo crecer las manifestaciones hasta el viernes pasado cuando se concentraron en la Plaza Central de la localidad jujeña para reclamar una sesión especial, o demandar la renuncia de quienes se oponían a este pedido popular.
Finalmente, tras intentar pasar el debate para la semana que viene, los concejales debieron sesionar, mientras aumentaba la movilización y la presión en las afueras del edificio, con fuerte presencia policial.
Cerca de la medianoche aprobaron la Declaración de rechazo por unanimidad. Al salir los concejales, en especial los que habían intentado oponerse y suspender el debate, como la presidenta del Concejo, Noelia Quispe, de Cambiemos, fueron repudiados por los manifestantes. En respuesta, agentes de Infantería de la policía provincial los reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo detenidos y varios heridos, entre ellos Joe Paredes, que perdió un ojo por un disparo.
Se trata de la tercera persona que pierde un ojo como consecuencia de la represión en estas semanas de movilización en rechazo de la Reforma. Misael Lamas perdió un ojo el 17 de junio durante la represión en Purmamarca, y Ernesto Aguirre el 20 de junio en la represión de San Salvador.
En tanto, los cortes encabezados en su mayoría por los pueblos indígenas continúan en Purmamarca y Tilcara. En Abra Pampa, los colegios secundarios permanecen tomados por estudiantes y persiste el acampe docente en el ministerio de Educación de la Provincia en San Salvador de Jujuy, ciudad donde en la noche del viernes se llevó adelante una multitudinaria Marcha de Antorchas, al mismo tiempo que Gerardo Morales intentaba realizar una “Marcha por la Paz”, forzando a participar a quienes dependen de sus trabajos municipales.
Mantienen 11 cortes de ruta
Integrantes de los pueblos indígenas de Jujuy mantenían hoy 11 cortes de ruta en gran parte de la provincia contra la reforma constitucional aprobada y jurada el 20 de junio pasado, y en defensa de sus derechos, territorios y recursos naturales.
Las comunidades convocadas por el Tercer Malón de la Paz ratificaron la unidad de los pueblos originarios al frente de esta lucha y se manifestaron con ceremonias ancestrales durante el fin de semana, una de ellas en el cruce de la ruta nacional 9 y la ruta nacional 52, en la entrada al pueblo de Purmamarca.
En esa localidad, el corte se viene registrando de forma total, con apertura al tránsito cada tres horas.
Sobre la ruta nacional 9 también hay piquetes en Tilcara, en el paraje San Roque y en el acceso a la localidad de Iturbe, mientras que en La Quiaca y Abra Pampa la circulación se permitía cada 4 y 5 horas, respectivamente.
También se registran cortes totales de la ruta nacional 52, en la localidad de Susques y en el acceso a Cauchari; en la ruta nacional 40, en el acceso a la localidad de Coranzulí (Susques), y en la ruta nacional 34 a la altura del puente San Lorenzo en Libertador General San Martín, con habilitaciones al tránsito cada 3 o 6 horas.
Abra Pampa: corte de ruta por 48 horas
Docentes y pueblos originarios volvieron a cortar la ruta a la altura de Abra Pampa, Jujuy, el domingo a las 22:00, según fue decidido en una asamblea que realizaron.
La consigna que sostienen desde hace casi un mes: Arriba los derechos, Abajo la reforma. La puna jujeña está de pie.
Corte en la Ruta 66
La Ruta 66 conecta San Salvador con Perico, capital del Departamento de El Carmen, zona rica y fértil para la agricultura y la ganadería. El corte es a unos 30 kilómetros de la capital. Pequeños agricultores y vecinos empobrecidos alimentan una fogata al costado del camino.
Cerca está la finca El Pongo, un espacio donde hace más de 100 años se producían verduras, frutillas y había ganado. Cuatro generaciones. Hace un tiempo, el gobernador sacó a los agricultores y abrió una empresa para plantar marihuana. El emprendimiento de cannabis industrial con aportes estatales se llama Cannava y es dirigido por un heredero de Morales, su hijo Gastón. (sic)
“No es estatal, es un negocio familiar, porque el gobernador pone la gente a dedo, y en Perico no tenemos ningún beneficio. Es más, ese predio fue donado para la construcción de un hospital, que nunca se hizo”, denuncian.
Corte en la Ruta 40
Purmamarca se ha transformado en el punto de referencia de las protestas del norte jujeño por su posición estratégica de cruce de las rutas nacionales que llevan al norte y al oeste.
Allí es han manifestado los reclamos de la población y los trabajadores de la región de las Salinas Grandes. Los comuneros de Huancar, El Toro y Coranzuli, en la traza de la Ruta 40, en plena Puna jujeña, denuncian la explotación de litio, que amenaza sus fuentes de agua, mientras que los mineros de Mina Pirquita, Mina Atacama y Mina Chinchilla, advierten que las condiciones laborales son deplorables.
Piden protección a los Pueblos Indígenas
La Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia de la Justicia Federal de Jujuy para intervenir en el habeas corpus presentado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y por la organización Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) con motivo de la represión a las protestas ocurridas en Jujuy.
Los jueces de la Sala Cuarta del máximo tribunal hicieron lugar a los recursos planteados por CELS y Andhes y revocaron así las decisiones del juez y de la Cámara Federal de Jujuy que habían otorgado competencia a la Justicia provincial para intervenir en el habeas corpus presentado por esas instituciones.
La decisión fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky quienes resaltaron en su decisorio que la justicia de Jujuy había requerido la colaboración de la Gendarmería para ejecutar distintas órdenes judiciales y el carácter internacional de las rutas afectadas.
Al presentar el habeas corpus, Andhes había asegurado que los manifestantes “se encuentran bajo amenaza actual e inminente de ver violentada su libertad ambulatoria e integridad física al ejercer legítimamente el derecho a protestar en la provincia”.
Los impugnantes recordaron además que el 20 de junio “el Juzgado de primera instancia (de Jujuy) autorizó a Gendarmería Nacional y a la Policía de la Provincia de Jujuy a tomar los recaudos pertinentes para asegurar la libre circulación de las rutas nacionales 9 y 34 ´con el debido resguardo del derecho a la protesta y en especial a la integridad física de las personas, absteniéndose del uso de armas de fuego´”.
En función de ese hecho, el CELS realizó una presentación dirigida al juzgado de Jujuy solicitando que reasumiera la competencia federal.
En su voto, el juez Hornos sostuvo que “la orden dispuesta por el juez federal de Jujuy para que la Gendarmería Nacional tome los recaudos pertinentes y asegure la libre circulación por las rutas nacionales, implicó, en el presente caso, la habilitación a una fuerza federal para realizar actos que podrían afectar el ejercicio del derecho que se pretende garantizar mediante el habeas corpus”.
En la provincia de Jujuy, gobernada por el actual candidato a la vicepresidencia de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, se realizan manifestaciones hace más de 3 semanas. Los motivos son el reclamo de aumento salarial por parte de docentes y trabajadores de la salud, entre otres, y el rechazo a la Reforma constitucional que impulsa el partido oficialista.
Además, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó el viernes ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma.
¿Qué hay detrás del conflicto?
Históricamente, la provincia basó su actividad en cuatro pilares: los cultivos agrícolas, principalmente de caña de azúcar y tabaco; los hidrocarburos (extracción de petróleo y gas); la minería y el polo siderúrgico de Altos Hornos Zapla, incentivado por el gobierno nacional a mediados de la década de 1940 para aprovechar el descubrimiento de hierro en la zona.
Sin embargo, con el tiempo varias de esas patas se fueron quebrando. Los cambios en el rumbo económico favorecieron la importación de cigarrillos, con lo que la producción tabacalera perdió incentivos. También decayó la extracción petrolera, que se redujo a la mitad en las últimas dos décadas. Las compañías que explotaban las minas de estaño de Pirquitas y las de plata de El Aguilar redujeron su tamaño y fueron vendidas a firmas extranjeras, mientras que Zapla también se achicó hasta ser privatizada por el menemismo. Todo eso provocó una fuerte decadencia económica.
En Jujuy, desde la década de 1960 el sector primario pierde peso, pero la importancia de la industria en la generación del producto no aumenta, sino que se mantiene”, señala la economista e investigadora del Conicet, Laura Golavensky, en un trabajo reproducido por la Cátedra Fénix de la UBA. La consecuencia fue un fuerte incremento del empleo público y la burocracia estatal. De acuerdo al desglose que hizo el CEP XXI, un centro de análisis dependiente del ministerio de Economía, casi el 20% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia se explica por rubros vinculados al sector público: los servicios de administración pública y defensa, la enseñanza y la salud pública.
Otro ejemplo de la falta de dinamismo de la economía jujeña se demuestra por la extrema dependencia de la coparticipación y los aportes del gobierno federal. De acuerdo al informe del ministerio de Hacienda, entre enero y mayo de este año la Nación giró $ 109.683 millones, mientras que la Dirección Provincial de Rentas solo recaudó $ 22.877 millones. Esto significa que apenas 17 de cada 100 pesos son recursos propios. La importancia del sostén que brinda el gobierno federal es tan grande que el rubro “Recursos de origen nacional” es el que tiene mayor ponderación en la confección del ISAE, el indicador de actividad económica local que elabora la Dirección Provincial de Estadística y Censos jujeña (Dipec).
Gerardo Morales renovó la apuesta al “boom” del litio como salida para la crisis. Ese mineral, que multiplicó por 10 su valor en dos años, llevó las exportaciones provinciales a U$S 873 millones en 2022.
El problema del litio, al igual que el de la minería en general (que solo generó unos 2.500 puestos de trabajo el año pasado), es que sus efectos o llegan al grueso de la población. Según el CEP XXI, el salario bruto de los empleados registrados en el sector minero y petrolero es de $ 546.622 por mes, pero el promedio de la provincia baja a $ 159.693, lo que la coloca en el puesto 22 de 24 distritos del país.
Fuentes: Agencia FARCO, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, La Voz de Jujuy, Resumen Latinoamericano, El Expreso, Tiempo Argentino
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