María Lapasset, secretaria adjunta de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en Salta, es médica, especialista en cardiología pediátrica y desde hace años se carga al hombro a la Central y va. Está en donde la circunstancia lo requiera: en el Hospital de Niños, en la marcha, o en la radio, en el programa […]
María Lapasset, secretaria adjunta de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en Salta, es médica, especialista en cardiología pediátrica y desde hace años se carga al hombro a la Central y va. Está en donde la circunstancia lo requiera: en el Hospital de Niños, en la marcha, o en la radio, en el programa «La voz de los trabajadores». En esta entrevista con ACTA denuncia las maniobras antipopulares del gobierno provincial.
¿María, cuáles son los ejes fundamentales que sostienen actualmente las acciones concretas de la CTA Salta?
Por un lado, hay un tema puntual que acabo de plantear en la reunión de mesa (que se realizó el viernes y sábado en la sede nacional de la CTA): que haya una expresión nacional contra la privatización que está llevando adelante el gobierno de Romero dentro de lo que es la salud pública. Por otro, está la cuestión de los desmontes en nuestra Salta, que es la segunda provincia del país con más áreas desmontadas.
¿De qué se trata la privatización de la salud pública?
Este tema empezó hace 5 años atrás. Aunque ellos le llaman «gerenciamiento privado», se trata de una privatización del hospital. En aquel entonces habían privatizado el nuevo Hospital del Milagro, que es donde funciona la Maternidad de la provincia de Salta. En el 2001 lo entregaron, estuvo funcionando con ese gerenciamiento privado. Luego, se hizo cargo una empresa española, que en realidad era la unión de varias empresas que en un momento dado hicieron crisis, se pelearon entre ellos y el gobierno les rescindió el convenio. Tras eso, el Estado se hizo cargo nuevamente desde principio de año, pero siempre diciendo que iban a llamar a nueva licitación. Ahora cuando salió la licitación, incluyó también al Hospital de Niños y a 23 centros de Salud de la Capital. O sea que están ampliando la privatización de los servicios públicos de salud, con un pliego de licitaciones que no da garantías de nada, porque ni siquiera están estipuladas las obligaciones que tienen las empresas que se hagan cargo de las licitaciones y los servicios que tienen que dar.
¿Cómo es el tipo de contrato que tienen estas empresas?
Actualmente los están elaborando, porque están preadjudicados también a una empresa española. Otra vez. Si bien no es la misma empresa, porque lo prohíbe explícitamente el pliego, creemos que está la misma gente y que el vínculo sigue. Es muy probable que los personajes que estuvieron antes vuelvan a estar.
¿Cuál es el argumento que da el Gobierno provincial?
El objetivo final es, según dicen ellos, hacer más eficiente la prestación del servicio. Nosotros sabemos que en realidad es hacer negocios con la salud de los salteños. Así que estamos llevando a cabo medidas tendientes a impedir esto.
¿De qué se tratan?
Los trabajadores del Hospital de Niños estamos haciendo marchas, asambleas, tenemos un paro de 2 horas para la semana que viene. Y sobre todo estamos trabajando con la comunidad, porque realmente el primer perjudicado va a ser el paciente. Sabemos que como va a funcionar el sistema, que es de capitas, donde la población va a tener un carnet, que le llaman el carnet provincial de salud, y nosotros le llamamos «carnet de pobre». En el momento que lo pierda o por algún motivo no haya sido empadronado, no va a ser atendido sino que se le va a pedir que pague. O que solamente va a poder ir al centro de salud donde esté empadronado y sólo si ese centro de salud lo deriva al Hospital. Es decir, una serie de cuestiones que en definitiva sólo sirven para trabar el acceso a la salud pública.
Por otro lado, el desmonte…
Sí. Salta actualmente tiene unas 400.000 hectáreas desmontadas y siguen avanzando. Incluso una de las áreas que actualmente están desmontando era un área protegida y el gobierno de Romero hizo aprobar una ley, y digo hizo aprobar porque las dos cámaras tienen mayoría de representantes del romerismo, por la cual se desprotegió esa área y la han concesionado para el desmonte y la producción de soja.
Estamos hablando de zonas donde viven diversas comunidades.
Claro. A la par que entregan esas tierras a empresas privadas para que las desmonten, los habitantes de esas tierras son echados. Se trata de gente que ha estado por generaciones, que tienen a sus ancestros enterrados allí y no se les reconoce ningún derecho. Muchas de estas poblaciones son aborígenes. Así que por un lado está el daño ambiental por el desmonte y el daño directo a estos pobladores a quienes se les saca de su lugar de vivienda.
¿Qué actividades se están realizando para frenar esto?
Muchas. Desde la CTA, hemos denunciado cada vez que se produce un nuevo desmonte. Por otro lado actuaron también organizaciones no gubernamentales en defensa del medio ambiente. Además desde la Universidad Nacional de Salta se han hecho varios trabajos demostrando el daño que se produce todo esto. Pero el gobierno de Romero sigue avanzando. Su mandato termina en octubre y ya no puede seguir siendo gobernador. Pero parece ser que antes de irse quiere dejar absolutamente todo entregado.