Ingredientes socioeconómicos y políticos del contexto en el que se desenvuelve el proceso electoral. Los proyectos en pugna. Carácter distintivo de Unidad Ciudadana. Perspectivas. El sentido esencial de una elección de medio término en nuestro sistema institucional es el de someter una gestión gubernamental a la evaluación ciudadana. Ello incentiva el debate político y es […]
Ingredientes socioeconómicos y políticos del contexto en el que se desenvuelve el proceso electoral. Los proyectos en pugna. Carácter distintivo de Unidad Ciudadana. Perspectivas.
El sentido esencial de una elección de medio término en nuestro sistema institucional es el de someter una gestión gubernamental a la evaluación ciudadana. Ello incentiva el debate político y es lo que pone de relieve lo que probablemente sea uno de sus mejores atributos.
Ese debate, para ser fructífero, para contribuir a la construcción de las transformaciones necesarias, debe partir de la realidad concreta, de un diagnóstico lo más certero posible del mundo y de los problemas del país en que se vive y además, no debe estar disociado de un plan y un programa estratégico. Es un debate que necesariamente está condicionado por un contexto.
EL CONTEXTO
Argentina es parte del sistema capitalista mundial, ahora globalizado y hegemonizado por el capital financiero.
Si reconocemos que se es parte, aceptamos que el nuestro es un país y una economía subordinada en gran parte al ejercicio de esa hegemonía, hecho que queda certificado por las relaciones de dominación al interior de nuestro país, a la par de su vinculación con el mundo.
Prueba de ello es la gravitación de los monopolios y oligopolios, denominaciones que usualmente se las reemplaza por «capital concentrado» y en los que las multinacionales tienen preeminencia indiscutible. Casi no hay sector ni rama de la economía que no ostente esa presencia y por tanto no esté sujeto al rumbo que marca el interés de ese capital. Es una realidad que hay que computar cuando se cantan loas a la llamada libertad de mercado, a la prescindencia del Estado.
De este dominio se deriva una consecuencia ineludible: un modo de producir y distribuir riqueza, modo sistémicamente corrupto e históricamente agotado, porque sobrevive en el marco de una crisis mundial que es económica, financiera, política y cultural de la que en perspectiva no puede salir. La crisis de hegemonía es también una emergente de esta crisis general.
Dado que en este marco la riqueza tiene restricciones para crecer, realidad constatada desde hace años y como en este contexto lo primordial para el gran capital es, como mínimo, mantener y de ser posible acrecentar su tasa y masa de ganancias, el resultado inevitable es el aumento de la concentración, de la desigualdad, de la exclusión, el persistente deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas de la sociedad, inclusive de una porción significativa de la burguesía, en particular la pequeña y mediana y obviamente de las llamadas capas medias. Todo lo cual, al deteriorar el consumo y en general la demanda, no hace más que agravar las causas generadoras del estancamiento.
Es un fenómeno que se constata en los países centrales, en los cuales Donald Trump, el Brexit y el ascenso del discurso xenófobo y racista es el producto emergente. Y es también el perfil de las medidas de política económica y de la degradación de la institucionalidad y de la legalidad democrática que se observa en la Argentina.
Es parte, si se nos permite, de la ley del desarrollo del neoliberalismo, modo actual del capitalismo – contrariado en parte entre nosotros durante la gestión kirchnerista – pero retomado con todo vigor desde diciembre de 2015 cuando el bloque de poder real, legitimado por el voto y bajo la insignia de Cambiemos, se hizo cargo del gobierno y sin intermediarios impuso políticas que le son funcionales, haciendo válido el conocido reclame comercial de un país atendido por sus dueños.
Este grupo de poder, aún con sus contradicciones internas, pero también con sus entrelazamientos, lo integran la gran banca privada no cooperativa, las corporaciones mediáticas, el complejo agroexportador y los que con él operan, a veces verticalmente integrados: terratenientes, productores agropecuarios y las agroindustrias, siempre los de gran porte. También forman parte la gran minería y las energéticas, las cadenas de comercialización interna y los grandes industriales de insumos difundidos (acero, aluminio, química y petroquímica, cemento, etc)
LOS RESULTADOS
Al cabo de casi 20 meses de aplicación recargada de neoliberalismo, los resultados son aleccionadores: espectacular transferencia de ingresos en favor del bloque de poder, deterioro del poder de compra del salario, de jubilaciones y en general de los perceptores de ingresos fijos. El derrumbe del consumo, del empleo, de la producción, de empresas que cierran, en particular pero no sólo pymes, de ruina de producciones regionales, lo que contrasta con el crecimiento indiscriminado de importaciones, de fuga de capitales, de deuda externa e ingreso de capitales parasitarios y especulativos, de intereses que se devengan y pagan.
Una síntesis abarcativa de esta orientación es el acelerado crecimiento de la desigualdad, mayor concentración y más pobreza, de la que resulta afectada una significativa proporción de la población, incluyendo a las llamadas capas medias y una franja importante de la pequeña y mediana burguesía y productores regionales.
Es un rumbo que está destruyendo la matriz industrial, esparciendo la precariedad laboral, la desocupación y el drama humano que ello conlleva. El INDEC reconoce a nivel nacional una desocupación del 9.2%, pero en el conurbano bonaerense ya supera largamente el 11%.
Que otra de las consecuencias de este modelo es la potenciación de la desigualdad lo refleja un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica que reveló que comparando setiembre de 2016 contra fines de 2015, el nivel de pobreza saltó del 29 al 32.9% de la población, equivalente a un crecimiento de 1,5 millones de personas. En tanto, en el mismo período, los indigentes pasaron de 5,3 a 6,9%. Son datos que también fueron corroborados por otro estudio que días pasados dio a conocer que la población en situación de calle en la Capital Federal, la jurisdicción de mayor ingreso en el país, acusaba un crecimiento de más del 23 % en el lapso de apenas un año.
Además de acentuar la desigualdad, el principal objetivo de esta política es pulverizar el salario y en especial debilitar y desarticular a las organizaciones sindicales de trabajadores por considerarlas el principal obstáculo para consolidar el dominio del bloque de poder y del rumbo que el neoliberalismo le imprime. Ejemplo de ello es la lucha de desgaste que le impusieron a los docentes y el expresado propósito de priorizar los acuerdos por empresa frente a los acuerdos sectoriales.
Para eso, apoyándose en la angustia de los trabajadores por el temor al desempleo, imponen, en colusión con el empresariado, en paritarias o fuera de ellas, acuerdos con cláusulas que instrumentan la flexibilización laboral, pero que esperan traducir en legislación con posterioridad a las elecciones de octubre, junto con una reforma laboral que anule derechos que hoy consagra la ley de Contrato de Trabajo y la jurisprudencia acumulada e imponga un régimen de trabajo propio de hace un siglo, siguiendo el patrón recientemente sancionado en Brasil. El argumento seguramente justificará la necesidad de no perder competitividad en comparación con nuestros vecinos
Que este es el rumbo lo prueban las reformas a la baja de los convenios colectivos de petroleros, lecheros, trabajadores de la marina mercante, los acuerdos de flexibilización con el SMATA, el retroceso en el régimen de las ART y la guerra que Macri encara contra las «mafias» que alimentan la «industria del juicio» laboral.
Lo ratifica además la celebración que el ministro Nicolás Dujovne acaba de hacer del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), referida a Argentina. Agarrate Catalina si las recomendaciones que tal informe contiene se aplicaran después de octubre, que es lo que el gobierno tiene en agenda. A saber: flexibilizar el mercado de trabajo, privatizar empresas, eliminar los subsidios a la energía y al transporte, recortar el empleo público y la magnitud de las erogaciones previsionales (modificación de la fórmula de actualización de los haberes), elevar la edad jubilatoria para las mujeres, sostener la política de altas tasas, mejorar el «clima de negocios» y profundizar la apertura comercial. Todo lo mismo que hasta ahora, pero recogiendo las recomendaciones de la OCDE, con una vigorosa vuelta de tuerca. Un ajuste bien a fondo, sin «gradualismo».
Una evidencia del carácter perverso y antihumano de esta concepción de país y de la política que se implementa para lograrlo es que en tanto los intereses, que ya representan más del 10 % del gasto público y que se pagan por una deuda que en lo esencial financia la especulación, la promovida fuga de capitales y el giro de dividendos al exterior, se suprime, en contraste, el subsidio y acceso a medicamentos de los sectores más vulnerables y los subsidios por discapacidad, impone la lógica de rentabilidad empresaria para definir tarifas de servicios públicos y se desmantelan y desfinancian dependencias para la atención de necesidades sociales, incluidas las vinculadas a las políticas que hasta hace poco fueron de Estado, como las de Memoria, Verdad y Justicia.
No son sólo medidas y efectos que inciden en la coyuntura. La primarización de la producción y la destrucción del tejido industrial conlleva inexorablemente a la modificación de la estructura productiva y social, generando a la par una enorme y creciente masa de desocupados permanentes, de seres a la deriva, descartados en su condición humana.
Súmesele además el desfinanciamiento de la educación pública, de la salud, del CONICET, de la investigación científico-técnica, que ahora expone como un avance venturoso el ilegal precontrato por el que se pretende ceder la explotación y la órbita del ARSAT III, conquista científica que hace de Argentina parte de una élite mundial, a la norteamericana Hughes, todo lo cual se emparenta, por sus consecuencias, con el feroz abultamiento de la deuda externa, hecho que terminará reinsertando a la Argentina en la lógica del sistema financiero mundial como apéndice subordinado a ese poder. Consecuencias: más dependencia económica, menor soberanía política, paraíso de una minoría poderosa. En esencia, un rumbo todo que afianza el carácter de una colonia.
LA INSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD DEMOCRÁTICA
Para un pueblo que en su bagaje retiene una larga tradición de lucha y la reciente vivencia de derechos y condiciones de vida superadoras de la fenomenal crisis de principios de siglo, la hecatombe de este vendaval neoliberal fogoneó casi desde la asunción de Cambiemos una efervescencia social que se propagó por todo el país.
Con un discurso cargado de descaradas mentiras y de un inédito cinismo, el oficialismo y las corporaciones mediáticas intentaron hacer deglutible la furia del huracán.
Despreciaron con su verba la inteligencia y el respeto a la dignidad que cualquier mortal exige para sentirse ciudadano, lo que constituye el primer signo de violencia que expone el bloque de poder desde su posición de gobierno. Primera, si omitimos la estafa que significa la violación sin contemplaciones del contrato social que suponen las promesas de campaña.
Sin embargo, como lo constata la multiplicidad de conflictos, movilizaciones y medidas de fuerza, el efecto digerible de esta droga no resultó del todo efectivo. Entonces, redoblando la apuesta, la violencia neoliberal cambió de signo: la represión y la criminalización de la protesta social, en ocasiones con una evidente connotación provocadora, comenzó a teñir el escenario político.
Es un violencia que apunta a diversos propósitos, todos convergentes: uno, doblegar la resistencia; dos, hacer sentir a quienes resisten y reclaman por la satisfacción de derechos, quién detenta el poder y quienes son los subordinados y tres, infundir temor, expandible al pueblo todo, en aras de que se convenzan de que es preferible someterse a una disciplina y a los «nuevos» valores, lo que usualmente se denomina disciplinamiento. Para ello la difusión de los protocolos antipiquetes y el reequipamiento armamentístico, justificándolo con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.
La institucionalidad también fue alterada. A esa parte del Poder Judicial siempre tan funcional a la dirección de los vientos, de la que no está a salvo ni la Corte Suprema, se le suman las explícitas presiones del Poder Ejecutivo, las amenazas de remoción, expulsión y juicio político a jueces y fiscales que no lo «representen» (SIC) y fallan en disonancia con lo que le conviene al poder, incluso por las investigaciones que realizan por presuntos actos de corrupción de sus más encumbrados integrantes.
No son sólo meras amenazas ni se limitan al Poder Judicial. La Procuradoría General de la Nación y el Directorio del Banco Central, son testimonios públicos y explícitos de vasallaje institucional. Todo un extraño republicanismo para el que no existen preceptos constitucionales, leyes preexistentes y normas procesales que respetar. Cualquier artilugio es válido para acosar a opositores y sus familiares o allegados, designar jueces y fiscales amigos, cambiarlos ilegalmente de jurisdicción o de fuero, integrarlos a cuerpos colegiados, impedir que asuman un cargo quienes reunieron todos los atributos y requisitos que dictan las normas. En síntesis, se han propuesto construir un régimen en el que el bloque de poder también llegue a detentar la suma del poder público. Barrer con todo que se le cruce por delante. Ya ni asombra que frente a esta democracia degradada sigan pregonando ser los abanderados de la verdad y la transparencia.
Esto explica que Milagro Sala y una decena de integrantes de la Tupac Amaru, sigan como prisioneros políticos desde hace un año y medio y que el Estado argentino, obligado por la Constitución, se resista a cumplir con lo dispuesto por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para no ser menos, la Corte Suprema con toda urgencia dispuso la validez de la amnistía en favor de los genocidas.
HACIA UN DESTINO ALTERNATIVO
Los padecimientos por la situación económica y su simbiosis con una democracia degradada, forman un todo. Uno es resultante del otro y prueba una vez más que la economía es la política concentrada.
Una política que alimenta una caldera cuya presión, de seguir con este rumbo, la puede hacer estallar en algún momento, despidiendo esquirlas que de antemano no garantizan, así como así, un sendero venturoso. El discurso xenófobo y racista es una advertencia y basta repasar un poco la historia argentina y mundial del siglo pasado para estar alertas.
Objetivamente, los que se enfrentan son dos concepciones antagónicas de país y de sociedad. Una, resultante de un mundo y un país en el que predomina el capital concentrado, que por las restricciones sistémicas de volcar sus excedentes en el acrecentamiento de la producción, los canaliza para aumentar sus ganancias hacia la valorización financiera, especulativa y parasitaria. Es el capitalismo neoliberal. El otro modelo o proyecto, en construcción, es el requerido por la variada y múltiple masa de seres afectados. Esto no es una especulación intelectual, abstracta. Son hechos. O se da rienda suelta a lo que exige el capital concentrado y se actúa con condescendencia frente a su inmenso poder o se construye una relación de fuerzas y se aplica una política que tenga como objetivo prioritario las necesidades presentes y futuras del componente popular, mientras neutraliza hasta su agotamiento al poder del capital concentrado. Es un largo camino, pero es demasiado estrecha la amplitud de un rumbo intermedio.
Hablamos de la magnitud de un poder que además del consabido dominio sobre los centros claves de la economía, tiene ramificaciones hacia el exterior. Y hacia el interior, sus tentáculos penetran todos los ámbitos del Estado, los medios de comunicación, los organismos de inteligencia y las fuerzas militares y de seguridad. Cuenta además con el hándicap de una sociedad cuyos integrantes, en mayor o menor medida, tienen incorporado ese interesado sentido común y valores culturales tan caros al dominio del gran capital.
A estos ingredientes del contexto se suma cierta dirigencia sindical que desde sus cargos, aparentando defender el interés de los trabajadores, frenan y edulcoran su lucha, complementado con la crisis de representatividad de los partidos políticos, subproducto de la misma crisis general, cuya exteriorización mayor fue la del «que se vayan todos» de aquel 2001/2002 y a la que hoy pareciera quisieran revalidar dirigentes que se autodefinen opositores, que ascendieron enarbolando banderas, para terminar subiéndose como si tal cosa al carro del bloque de poder.
Es en todo este contexto que venimos describiendo desde el principio, que surge Unidad Ciudadana, una propuesta cualitativamente distinta. Se lanzó fuera de una estructura partidaria, aunque se le sumó casi todo el justicialismo bonaerense, pero también agrupamientos políticos y sociales diversos y una ostensible presencia popular aunque no orgánicamente movilizada. Fue un lanzamiento que se hizo bajo la consigna de unidad en torno a un programa apuntado a enfrentar los problemas más acuciantes que afectan a los sectores populares y claro está, de corte opuesto a los emblemas neoliberales y al mismo tiempo convocando a candidatos, muchos de ellos luchadores con tradición pero sin trayectoria partidaria, pero comprometidos con el respeto a ese programa. La prioridad es el programa – tiene 15 puntos – y subordinado a él, el compromiso de los candidatos.
Es una propuesta que se lanza después de una derrota a manos del neoliberalismo, con las enseñanzas que de tal derrota se extraen y con la convicción de que de lo que se trata es de crear una fuerza capaz de vencer a un enemigo muy poderoso y peligroso, por lo que es imprescindible que este movimiento popular, para superar el obstáculo, se debe constituir subordinado a principios pero con la amplitud necesaria para integrar, de ser posible, a todos los afectados por el neoliberalismo,
Aunque surgida al calor de una contienda electoral, Unidad Ciudadana lógicamente aspira en lo inmediato a coronarse como holgado triunfador en una batalla de peso significativo como es la de octubre, pero no prescinde de la movilización y las luchas, consciente que sólo ellas garantizan el crecimiento de la conciencia y la necesaria fortaleza para las transformaciones que el futuro de los argentinos reclama. Valora y enaltece la capacidad y honorabilidad de sus dirigentes, pero al mismo tiempo es consciente que su valor como guía no debe ni puede reemplazar al movimiento popular. Y esto es lo distintivo y promisorio para tener un país que le garantice al pueblo el acceso a los bienes materiales, junto al desarrollo de la cultura de la solidaridad y la vigencia de la democracia participativa. Es exactamente lo que esa fuerza necesita construir dentro y fuera del Parlamento Nacional.
Isaac Grober. Contador Público y Magister en Economía. Miembro del Consejo Editorial de Tesis 11
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