Salarios: la deuda pendiente

Cayó un 44% el poder adquisitivo de los trabajadores informales con el macrismo y el FdT

Los salarios perdieron contra la inflación, en especial en el mes de agosto cuando el ministro candidato Massa decidió devaluar para cumplir con el FMI. El Índice de salarios subió en agosto un 7,6% mensual cuando la inflación de dicho mes fue del 12,4%, según informó el jueves 26 de octubre el Indec. En tanto, en lo que va del año los salarios acumularon una suba del 75,9%, mientras que la suba de precios registra un aumento de 80,2% respecto de diciembre previo.

En términos interanuales, el Índice de salarios mostró un incremento de 121,8%, como consecuencia de subas de 121,1% en el sector privado registrado, 137,7% en el sector público y 95,1% en el sector privado no registrado mientras la inflación fue del 124,4%. Los informales fueron los que más perdieron en los últimos años.

El gobierno del Frente de Todos prometió recuperar el poder de compra perdido con Macri, pero no cumplió. La devaluación de Massa significó un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores. Las medidas que anunció el ministro candidato en modo electoral como los bonos no compensaron todo el deterioro del poder adquisitivo. Por su parte, el otro candidato a presidente Javier Milei propone dolarizar la economía, que destrozaría el poder de compra de los salarios.

Según el último dato publicado por el Indec, el poder de compra de los trabajadores registrados privados perdió en lo que va del año 1,9% (agosto 2023 versus diciembre 2022) y aún está un 22,2% por debajo de 2015 (agosto 2023 versus octubre 2015).

En el sector público registrado en agosto 2023, se mantuvo casi sin cambios en relación a diciembre de 2022 (+0,1%), y la pérdida en relación a 2015 es de 25,3%.

Los sectores más afectados fueron los trabajadores no registrados. En el sector informal en agosto de este año el poder de compra bajó 26,6% en relación a diciembre de 2019, y en lo que va del año la caída es de 9,1%. El derrumbe con respecto a octubre de 2016 es del 44,1%. No se cumplió la promesa del Frente de Todos «Primero, los últimos”, los informales fueron los más castigados por la inflación. Massa aceleró la suba de precios y profundizó el deterioro salarial.

Es necesario un aumento de emergencia de los salarios, las jubilaciones, y los programas sociales nadie debería ganar menos de lo que sale la canasta básica ($ 319.422 en septiembre, según el Indec) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al costo de la canasta de consumos mínimos que elabora la Junta Interna de Ate Indec ($494.506 en septiembre). Los salarios, las jubilaciones y planes sociales deben ser actualizados mes a mes de manera automática, según el índice del costo de vida.

Los salarios perdieron un 14% el último año

Por Ulises Valdéz

Según una investigación, en el último año los ingresos de salarios, jubilaciones y programas sociales perdieron 37.000 millones de pesos. La inflación, la gran responsable. Es parte de la transferencia de los bolsillos populares a las cuentas empresarias.

La masa de ingresos fijos que reciben los hogares argentinos caerá en promedio un 14% este año respecto de 2022. El cálculo incluye los salarios provenientes del mercado laboral, las jubilaciones y pensiones, así como las transferencias monetarias por asistencia social.

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Los datos surgen de un estudio de Laura Caullo y Azul Chincarini, investigadoras del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. Recordemos que se trata de una Fundación ligada a sectores empresarios, por lo que cuesta pensar que la difusión del estudio tenga un interés en desatar una oleada de protestas, sino que refleja una realidad inapelable.

Los que pierden

Según el estudio, el principal motivo de la caída del poder adquisitivo es la inflación. Y aclaran que la caída es “tomando 2023 respecto a 2022 en la medición promedio anual (no punta a punta)”.

Estamos hablando de una reducción de $93 billones (millones de millones) en 2022 a $80 billones este año, una reducción de $13 billones que al tipo de cambio oficial ($350) que como adelantábamos supera los 37.000 millones de pesos.

Si se analiza históricamente, según las autoras hay que retroceder 15 años para encontrar valores tan bajos. Son cifras similares a la masa de ingresos de la población en los años 2007 ($78 billones) y 2008 ($82 billones), siempre medido a valores actuales.

El estudio además asegura que uno de los datos más contundentes es que esa caída se da mientras crecen los puestos de trabajo del sector privado, según festejó este fin de semana el Gobierno. “Considerando que hoy entre 4 y 5 personas de cada 10 están trabajando y 4 de cada 10 son pobres, es evidente que muchas personas que venden sus servicios por una contraprestación no cubren sus necesidades básicas por insuficiencia de ingresos”.

Y esa conclusión es sostenida con datos concretos: la masa salarial del sector público y la del sector privado formal cayeron en términos reales 16% y 15% respectivamente; mientras el resto del sector privado cayó un 17%.

Dentro de esos cálculos generales hay varios detalles más impactantes. Si tomamos los gobiernos de Macri y el Frente de Todos, el salario medio público en Tucumán cayó 41,7% en términos reales, en Mendoza 39,1% y en Santa Cruz 38,7 %. Y el salario privado formal cayó en promedio 28,8% en Neuquén, 26,1% en Tierra del Fuego y 22,1% en Catamarca, o sea, por encima de los valores generales.

Tomando como referencia la tendencia inflacionaria, lanzan un pronóstico preocupante. “La constante erosión de los saldos monetarios con niveles de inflación interanual por encima del 160%, es estrepitosa, tal que se espera una caída de la masa de ingresos de la economía en lo que resta de 2023″, dice el informe.

Todos ajustan

Aún con desigualdades, los salarios vienen siendo un factor de ajuste permanente. A través de la inflación, entre otras cosas, se opera una transferencia de ingresos fenomenal desde los ingresos de la clase trabajadora a los sectores empresarios.

En ese punto no se detiene el estudio, pero lo han reflejado otras investigaciones que parten de los mismos datos. Como el ya citado del Instituto CIFRA (CTA), que marca una transferencia de ingresos de más de 100.000 millones de dólares de los bolsillos obreros a las cuentas empresarias en los últimos años.

Sergio Massa ha puesto en marcha en las últimas semanas una serie de paliativos para que ese deterioro no impacte tanto electoralmente, pero como se ve está lejos de frenar la sangría, ya no hablemos de “recuperar lo perdido”. Pero en esa pérdida está involucrada la oposición de derecha. Por un lado, porque Juntos x el Cambio gobierna muchas de esas provincias y ha gobernado el país en el período medido por el estudio. Pero también porque Javier Milei plantea medidas que solo llevarían a un ajuste más brutal de esos ingresos: la dolarización que licuaría los ingresos, “un ajuste más profundo que el que pide el FMI” (como dijo explícitamente) que está entre los motivos de la inflación y la pérdida del salario real, entre otras medidas.

Una familia requirió 494.000 pesos para necesidades mínimas en setiembre

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aseguró hoy en un nuevo informe que para septiembre “un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar requirió más de 494.000 pesos para satisfacer sus necesidades mínimas”.

En un nuevo estudio sobre la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y de la canasta mínima, la ATE-Indec señaló que ese valor de 494.506 pesos necesario y requerido a septiembre último se integró con 175.397 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y otros 319.109 pesos para acceder a bienes y servicios elementales, expresó el informe.

“Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el INDEC para la medición de la pobreza, que en SEPTIEMBRE 2023 llegó a $319.422 para una familia tipo, sino que son las llamadas ‘Canastas de Consumos Mínimos’ y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales”, diferenciaron.

ATE Indec reclama un aumento de emergencia del 60%

La ATE-Indec exigió además un aumento de emergencia del 60% a pagar en una cuota, un bono de $60.000, el pase a planta permanente y a la Resolución 48 de los contratados bajo ese esquema, sin quita salarial, y la participación plena de los trabajadores en cualquier discusión de un proyecto de ley para el SEN y el Indec.

Se complica cumplir la meta acordada con el FMI, a pesar de un ajuste en el gasto del 3,5% durante septiembre

Por Alfonso de Villalobos

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un análisis del resultado fiscal que dio a conocer el ministerio de Economía la semana pasada. De allí, según el balance entre la recaudación tributaria y el gasto que surge durante ese mes, concluyen, el gobierno no podrá cumplir el objetivo de déficit fiscal pautado con el Fondo Monetario Internacional para 2023.

Es que, a pesar de que de los resultados surge una contracción del gasto que en términos reales llegó hasta el 3,5% la recaudación sufrió una merma superior que llegó, en términos reales, hasta el 18%. Por eso, el déficit para ese mes fue de $380.473 y acumula en lo que va del año $2,6 billones.

Así las cosas en apenas nueve meses del año el gobierno ya acumula un déficit equivalente al 1,5% del PBI proyectado para el año cuando, el acuerdo con el FMI tolera hasta un 1,9%. Por eso, durante el período que va desde octubre a diciembre sólo podrá asumir un balance negativo de sus cuentas de $650.000 millones equivalentes al 0,4% del PBI estimado. Para el CEPA, sin embargo, se trata del trimestre en el que tradicionalmente se registra en el país el peor balance entre ingresos y gastos.

Con todo, explican, existe un aliciente que indica que la caída del 18% en la recaudación se reduce a 1,5% si, en el comparativo con 2022, se desestiman los ingresos extraordinarios que durante el mismo mes de ese año se produjeron a partir del régimen especial cambiario para la liquidación del complejo sojero. De hecho, la recaudación por derechos de exportación se redujo un 86% en términos reales durante el mes.  

Además, destacan, la sequía que azotó al sector agrícola durante los primeros meses del año impactó en la recaudación del mes de septiembre en el orden de $1.100 millones.  

Los únicos impuestos que, por el contrario, mostraron signos de recuperación fueron el IVA cuya recaudación saltó un 24% en términos reales y el ítem “restos tributarios” que incluye el impuesto PAIS cuyo alcance se amplió desde agosto y creció en términos reales un 28%.

Por el lado del gasto, la reducción se verificó en prácticamente todos los ítems. El ajuste del gasto, aseguran, se verificó en todos los meses del año con la sola excepción de julio. En particular destaca la contracción en el ítem de subsidios a la energía y el transporte que se redujeron en un 49% en términos reales a partir de la segmentación de tarifas y la eliminación del esquema de subsidios a la energía.

Otros ítems con reducciones sensibles fueron las asignaciones familiares para activos y pasivos (-51%), las pensiones no contributivas que retrocedieron en términos reales un 27% y las jubilaciones y pensiones que lo hicieron un 9%. Las prestaciones sociales cayeron un 1% en términos reales.

Del otro lado se registran mejoras en el gasto orientado a los gastos de funcionamiento (2%) que incluyen los salarios de los empleados públicos y destacan por el peso relativo sobre el total del gasto. Del mismo modo se verifica una suba del gasto en programas sociales como el Progresar o Argentina Trabaja (46%) y en las transferencias a provincias (58%).

Los gastos de capital recuperaron en un 5% pero con una distribución muy heterogénea en tanto los fondos destinados a agua potable y alcantarillado crecieron un 135% en términos reales y los destinados a educación lo hicieron en un 26% mientras las inversiones públicas en vivienda cayeron en un 43%, las de energía en un 21% y en transporte un 25%.

Hacia adelante, alertan desde el CEPA, “la situación resulta más compleja si consideramos las recientes medidas de alivio fiscal” en referencia a los programas de Compre sin IVA y la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias, entre otros.

Empleo registrado récord gracias al monotributismo

La cantidad de puestos de trabajo registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es el más alto en la historia: 13,3 millones de personas y lleva además 36 meses consecutivos creciendo. En gran parte explica una tan baja Tasa de Desocupación de 6,2% en el segundo trimestre de 2023 pero no alcanza para dar cuenta de que el 40,1% de la población (18,4 millones de personas) vive en condiciones de pobreza. Es decir, en grupos familiares cuyos ingresos no llegan al costo de la Canasta Básica Total.

Al contrario, la baja desocupación combinada con una Tasa de Actividad del 47,6%, grafica mucho mejor la situación: los ingresos ocupacionales son tan magros que casi la mitad de la población está en actividad (ocupada pero buscando ocupar más horas, ocupada en más de un empleo, con un trabajo fijo y una actividad por cuenta propia durante el resto, o haciendo changas y buscando una ocupación fija), para mantener a la otra mitad. Así, segmentos poblacionales que bien podrían dedicarse a la actividad acorde a su edad, como jóvenes estudiantes o jubilados, también necesitan ingresos y participan del llamado mercado laboral.

Cabe necesariamente ponderar también los datos del SIPA con lo que releva la encuesta del INDEC. La población efectivamente ocupada es de 13,1 millones de personas, dos tercios (74,2%) lo hace como empleado en relación de dependencia. Pero al 36,8% de ellos, no le hacen los aportes de seguridad social.  O sea, trabajan en negro. No caben dentro de las mejoras que destaca el Ministerio.

Presión y movilidad

De hecho, el resultado económico de trabajar es tan precario que casi el 30% de quienes tienen una ocupación generan «presión sobre el mercado laboral», dicho por el INDEC. Es así porque la suma de desocupados, subocupados, ocupa-dos demandantes y ocupados no demandantes pero disponibles, es del 27,9%. El ingreso no es suficiente para vivir. Y frente a ello, necesitan vender más horas de su tiempo en el mercado.

Cuanto peor, mejor

Las agencias colocadoras de empleo lo dicen de otro modo: el mercado laboral está muy activo, muy demandante.  Una encuesta de 750 casos realizada por la consultora Randstad revela la inclinación de los trabajadores al cambio de actividad y de su empleador. «Una tendencia iniciada en la salida de la pandemia -dice su informe- impulsada por los factores económicos derivados de la creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario».

Para el 51% que quiere otro trabajo, ésta es la principal motivación. En segundo lugar, un 20% prioriza la realización personal y profesional.

«La inercia inflacionaria -explicaba a principios de mes un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)- hace que los precios respondan muy rápido a cualquier variación de otros». Fundamentalmente: «el dólar». El salto devaluatorio del 22% que coronó las PASO del 13 de agosto pasado empujó la variación anual del Indice de Precios al Consumidor al 138% en septiembre.

Andrea Ávila, CEO de Randstad, concluye: «la búsqueda de mejores condiciones presiona sobre la movilidad laboral, alentada por un mercado laboral demandante». También vaticina que «aún con condiciones macroeconómicas adversas» el empleo seguirá creciendo.

Seguirá creciendo, claro, porque como lo muestran los registros oficiales ya lo viene haciendo. Pero en qué condiciones o de qué tipo de empleo se trata.

Si se desagregan los datos del SIPA aparece esa tendencia. Entre julio de 2022 y julio de 2023, el empleo asalariado creció 2,8% y 9,3% el empleo independiente, sea como autónomo, monotributista o monotributista social. Va de suyo que el peso relativo de cada modalidad ocupacional en la fuerza laboral nacional es bien diferente: 10,2 millones de asalariados registrados y 3 millones de independientes.

La novedad es otra. En el último año, el sector privado registró 206.200 nuevos empleados. Pero bajo la modalidad de trabajadores independientes se registraron 256.600 personas. Y más: el registro de monotributista social creció 20,2%, 10 veces más que el de empleados asalariados (2,8%).

El informe del Ministerio de Trabajo destaca, sin embargo, que el sector privado sigue siendo el que mayor mano de obra ocupa. Esa no es una buena noticia sino, simplemente, la estructura sobre la que vivimos. De los 13,3 millones de personas ocupadas registradas, 6,3 millones son asalariados de empresas privadas: 19% en la industria manufacturera, 19% en comercio y reparaciones y 14% en el sector de actividades inmobiliarias y servicios profesionales.

Pasan dos cosas con ese crecimiento. Por un lado, no se apega a esa base. Los mayores aumentos de empleados registrados se dieron en Hoteles y Restaurantes (10,4%), Explotación de minas y canteras (8,1%), Pesca (7,9%), Construcción (7,8%) y Comercio (5,6%). Con 2,9%, los nuevos empleos en la industria estuvieron por debajo de la media general. De hecho, el informe subraya que el sector Comercio y el de Actividades Inmobiliarias… nunca registraron tantos empleados como hasta ahora.

Si se territorializa ese crecimiento del empleo registrado, tampoco es casual que la mayor incorporación ocurriera en Catamarca y en Neuquén, cada una con un 14%. En las provincias que concentran por lejos la fuerza laboral nacional (Buenos Aires, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), sumaron entre 2 y 3,5% de nuevos asalariados.

Pasa que, aún con pandemia de por medio, el PBI nacional creció en general: 5,3% entre 2019 y 2023. El Informe de Panorama Productivo publicado en junio por el Centro de Estudios para la Producción, del Ministerio de Economía, muestra que el mayor aporte a ese promedio vino del sector Petróleo y Minería cuya actividad económica creció 21,2% en ese período. El volumen de petróleo producido de enero a abril de este año es el mayor desde 2009. El de gas también, pero respecto a 2019. Y las exportaciones mineras son las más altas de los últimos 10 años.

Por otro lado, los actuales 6,3 millones de asalariados registrados en el sector privado también son un récord. Pero vale también la comparación: respecto a diciembre de 2017, creció apenas 1,9%. Entonces, la pobreza amarraba al 28,6% de la población (7,83 millones de personas) y la inflación anual acumulaba 25,7%. Según la serie histórica del SIPA, el salario promedio de los asalariados registrados era de 24.609 pesos. Y la Canasta Básica Total para un hogar de 4 integrantes costaba 14.665 pesos.

Perdemos todos

Según un reciente informe de MATE, el salario bruto real del sector privado de agosto de 2023 promedió 344.057 pesos. A valor constante de hoy, en agosto de 2015 era de 461.065 pesos. La pérdida de poder de compra debido al salto devaluatorio del peso trasladado a precios es del orden del 25%.

Además, con esa pérdida salarial en el bolsillo de los asalariados (74,1% de los ocupados, recordemos), «las organizaciones sindicales dejaron de percibir 1 billón de pesos, las obras sociales casi 5 billones y el Estado dejó de recaudar más de 17 billones por aportes y contribuciones», detalla.

Aparece un combo social que no puede conjugar ya un PBI nacional superior al de 2017 y una masa salarial bruta de casi la mitad que entonces. Así, una mayor cantidad de personas salen a ponerse en actividad (ocupadas o buscando ser empleadas) porque los ingresos que obtienen son inferiores en relación al costo básico de vida y con menor cobertura de derechos laborales pues crece el monotributismo. La competencia del lado del trabajo, el mercado laboral con mayor actividad dirían las consultoras, baja el precio de su única mercancía: la fuerza de trabajo.

La justicia condenó a cuatro extrabajadores de Molinos Minetti

Los delegados gremiales Enrique Gómez y a Cristian Daniel Jamud recibieron una pena de un año y seis meses de prisión condicional, mientras que Juan Abel Álvarez y Martín López un año de prisión condicional. Se los acusa de ser responsables de los delitos de “turbación de la posesión” y “daños”, por la toma de instalaciones de la empresa ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de la patronal.

La protesta ocurrió en julio y agosto de 2019, cuando la empresa cerró el Molino despidiendo a 150 personas, a quienes se les adeudaba al menos tres meses de salarios, aportes patronales, y la ART. Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras se organizaron y resolvieron tomar las instalaciones.

En respuesta, la Justicia de Córdoba procesó a 17 trabajadores, cuatro de los cuales llegaron a juicio y resultaron condenados.

Maximiliano Gómez, ex trabajador de Molinos Minetti y compañero de los obreros condenados, afirmó que el conflicto con la empresa había comenzados años antes cuando en 2015 se logró efectivizar a muchos trabajadores que estaban tercerizados: “Cuatro años después, la empresa armó y preparó -a través de dejarnos de pagar los salarios y demás obligaciones- lo que sería un lock out para, de alguna manera, lograr un resultado en el cual nosotros vayamos hacia la ocupación de la fábrica (…). Todo eso sumado a que los directivos nos dejaron solos. Pero eso era parte de todo este plan en el cual lo que buscaban era dejarnos a nuestra suerte esperando tal vez que estando en la fábrica solos, nos enojemos y hagamos algún tipo de sabotaje, cosa que no pasó (…). Estamos hablando de que era una época donde se estaba dando una fiesta con la bicicleta financiera y Minetti no escapó a esa timba. Por lo tanto nos hizo parte de eso. Nuestros salarios se fueron hacia esas especulaciones. Estamos hablando de todo lo que fueron los bonos, las Lelic, los plazos fijos que eran con tasas de intereses muy rentables en aquel momento y con compra de dólares que no tenía tope. Todo eso fue hecho con nuestros salarios».

«Eso nos cambió a nosotros las acreencias por nuestras indemnizaciones, -agregó Gómez-. Nosotros terminamos perdiendo, porque si los despidos hubiesen sido después de presentar el concurso, hubiese sido muy diferente el factor a la hora del pago de nuestra indemnización (…). Estamos hablando de compañeros entre 6 y 40 años de antigüedad, que la empresa licuó a través de este concurso. No es otra cosa que una estafa».

Medidas de fuerza por un despido arbitrario y persecución en Tenaris Siat

La Comisión Gremial Interna de la planta de Tenaris Siat en Valentín Alsina realizó medidas de fuerza ante el “despido arbitrario y persecutorio” de un trabajador de la planta. Tras una medida de fuerza que frenó la producción, el ministerio de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria.

El despido del trabajador Paulo López, con más de 20 años de antigüedad, se produjo el pasado 17 de octubre. Ante la falta de respuestas para su reincorporación manifestadas desde la Comisión Interna dispusieron un paro de actividades para el lunes 23 y miércoles 25. Con la Conciliación obligatoria el trabajador se reincorporó a la planta este jueves.

El referente de la Comisión Interna de la planta, José Villa, explicó: “Es un despido por persecución y acoso laboral, con provocaciones de un superior. Por lo que sabemos es una persona retirada de las fuerzas de seguridad que acosó a nuestro compañero que se defendió, pero sin reaccionar de mala manera. Le hicieron un informe y lo denunciaron por agresión tras lo cual lo despiden”.

“Para la empresa este es un conflicto individual, pero está claro que no es así. Quieren que nos disciplinemos aún más para aceptar todas las condiciones que quiere plantear desde la empresa. Es un conflicto colectivo”.

Tras las denuncias a la cartera laboral bonaerense encabezada por Walter Correa, fue dictada la Conciliación Obligatoria por la cual el trabajador despedido se reincorporó a su puesto de trabajo este mismo jueves. Mientras tanto continúan las negociaciones para retrotraer la decisión patronal.

No es la primera vez en el último período que esta Tenaris Siat, del grupo Techint, realiza este tipo de maniobras con los trabajadores. Una planta estratégica, donde se construyeron los caños del Gasoducto Néstor Kirchner recientemente inaugurado y que ya se encuentran en fabricación los nuevos para la extensión del gasoducto hacia el norte del país.

Absuelven a cuatro guardaparques nacionales

Así lo comunicó este martes 7 de noviembre el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara): «queremos informar a la sociedad el veredicto del Tribunal en el caso Lolen, el cual declaró la absolución de los Guardaparques imputados. Sabemos que este trágico accidente ha generado un profundo dolor en las familias de las víctimas y nos solidarizamos con ellas. Sin ánimos de comparación, en estos casi ocho años, tanto los Guardaparques imputados como sus familias sufrieron este largo y penoso proceso. En el juicio quedó más que demostrado que los Guardaparques son inocentes, que las áreas protegidas poseen riesgos inherentes al ambiente agreste y que quien, voluntariamente, decide visitarlas, debe asumir esta condición», señalaron.

Asimismo, desde el sindicato señalaron: «el tribunal también hizo hincapié en la necesidad de generar protocolos específicos, contar con personal idóneo para seguir trabajando en la gestión del riesgo, pero sin perder de vista la visión y el legado del perito Francisco Moreno y de la ley de Parques Nacionales, que es la preservación del estado natural de los Parques Nacionales, siendo el último recurso el sacrificio de especies protegidas». En ese sentido, agregaron: «este sindicato se pone a disposición para colaborar con la Administración de Parques Nacionales para que el dolor de las familias de las víctimas y de los Guardaparques no haya sido en vano y resulte en la mejora continua del servicio a los visitantes, particularmente en cuanto a los aspectos que hacen a la seguridad de los mismos. Si algo podemos rescatar de esta situación es que nos ha encontrado unidos como Cuerpo de Guardaparques Nacionales y con nuestros compañeros de trabajo de toda la institución», finaliza el comunicado del sindicato.

»funcionarios que trabajan para el Estado no son responsables, a menos que exista una norma específica que establezca quién debía realizar una tarea concreta para evitar ese hecho y no se hizo», fundamentó el juez Alejandro Cabral, al dictar la absolución del titular de Guardaparques, Diego Lucca; el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; la jefa de Uso Público del parque, María Hileman y el guardaparque Matías Encina, quienes habían llegado al juicio oral iniciado el 30 de octubre imputados por homicidio culposo, el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves.

En la misma resolución, el tribunal resolvió, además, absolver a Milena Cheuquepán y Juan Delgado, dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca que están a cargo del camping, quienes, por su parte, estaban imputados por homicidio culposo y lesiones graves.

«Nada de ello fue probado en el juicio y claramente quedó demostrado que los guardaparques aquí traídos a juicio no tenían ordenada esa función ni tenían la formación suficiente para establecer si un árbol podía llegar a colapsar», expresó el juez, quien concluyó: «por eso, entendemos que las personas traídas a juicio no son responsables penalmente del hecho aquí juzgado y por eso hemos resuelto absolver a todos los imputados de culpa y cargo por el hecho que fueran traídos a juicio, sin costas».

En la previa al veredicto del juicio, y en el marco de los 120 años del día en que el perito Francisco Moreno cedió a la Nación 7.500 hectáreas de su propiedad ubicadas al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de que fueran «consagradas como parque público natural», dando el puntapié inicial para la conformación de la Administración de Parques Nacionales, este lunes 6 de noviembre el sindicato de guardaparques había convocado a un «estado de vigilia y reflexión».

«Consideramos que, pese al trágico hecho ocurrido, no se puede aplacar el dolor de una desgracia con una injusticia. Este proceso expone al eslabón más débil de la institución: sus trabajadoras/es. La aceptación por parte de toda la sociedad, referente al ingreso y permanencia en las áreas protegidas conlleva tomar conciencia de cumplir con las recomendaciones y normas establecidas, así como de tener siempre presente que existen riesgos que asumir, propios del ambiente natural en el que se decide visitar, conocer y disfrutar. Entendemos que nuestra razón de ser es la conservación del patrimonio natural y cultural para las presentes y futuras generaciones de todos los argentinos y argentinas. Este 7 de noviembre se define el futuro de cuatro colegas, pero también el normal funcionamiento de los Parques Nacionales», anunciaban.

Como parte de las acciones de lucha conjuntas previa al juicio, el miércoles 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo y con la consigna «No somos responsables de los fenómenos naturales», trabajadores y trabajadoras de Parques Nacionales también habían realizado una jornada de lucha en todos los parques nacionales del país con limitaciones en accesos, en algunos casos, y jornadas informativas en otros.

La justicia de Villa Mercedes amedrenta a trabajadores de Dánica y la patronal amenaza con el cierre

A casi un mes del paro que vienen sosteniendo los trabajadores de Dánica, la justicia de San Luis ha ordenado que los trabajadores liberen la entrada para dejar pasar a un grupo de empleados contratados(tercerizados) por fuera del convenio de aceiteros. La patronal además de tener salarios miserables y a la baja de lo que dice el convenio de aceiteros, recurre a estas maniobras carneras para tratar de doblegar a los trabajadores.

La patronal del Grupo Beltrán, que compró Dánica en 2018, primero despidió a 20 trabajadores, luego intentó meter rompehuelgas y ahora anunció que va a cerrar la planta, como ya lo hiciera ante otras huelgas en 2020 y 2021.

Compartimos el comunicado de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina:

Accionar antisindical en Dorada Villa Mercedes

Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresamos nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores de Dorada S.A. (Dánica) Villa Mercedes y del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores (SOEAD) de la provincia de San Luis en su reclamo salarial y repudiamos el accionar patronal que ha incluido despidos injustificados y persecutorios, el intento de meter rompehuelgas a la planta y hoy, la amenaza de cierre de la misma.

Los trabajadores de Dorada S.A. (Dánica) Villa Mercedes conjuntamente con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores (SOEAD) de San Luis llevan adelante una medida de fuerza reclamando el pago de los salarios con las escalas actualizadas de acuerdo a lo establecido en la paritaria nacional del Convenio Colectivo de Trabajo 420/05.

Ante esta demanda obrera, la patronal del Grupo Beltrán decidió avanzar con una medida arbitraria e injustificada de 20 despidos, con el único fin de amedrentar a los trabajadores para que desistan de su legítimo reclamo.

Además, la empresa presentó un recurso legal para tratar de meter trabajadores eventuales a que cumplan las tareas normales y habituales de la planta, buscando así romper la huelga.

Como último agravante de la situación, en el día de hoy (9/11) difundió un comunicado según el cual pretende cerrar el establecimiento.

Desde que adquirió la firma en diciembre de 2018, el Grupo Beltrán ha cometido recurrentes arbitrariedades.

Hoy, la empresa busca cambiar el eje para quitar la discusión del salario de la mesa y forzar a la organización gremial a discutir los puestos de trabajo.

Exigimos a las autoridades administrativas y políticas correspondientes por la implementación de las medidas necesarias para la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la aplicación de la escala salarial de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 firmada por esta Federación. Nos declaramos en Estado de Alerta y llamamos a todas las compañeras y compañeros aceiteros de nuestro país para reforzar las medidas que creamos convenientes para destrabar este conflicto.

Comisión Directiva Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina F.T.C.I.O.D.yA.R.A.

El fabricante de Nike lanza decenas de despidos

La empresa de capitales brasileños y argentinos volvió con sus chantajes. Hace años que amenaza con despidos y suspensiones para presionar al gobierno para que le libere dólares para importar insumos. Esta vez fue un poco más lejos. El lunes 9 de octubre echó a 15 empleados, el martes 10 más; el miércoles agregó a otros 20 y el jueves se llegó a los 53. La lista seguía hasta 70. Algunos tenían 13 años de antigüedad, y en los avisos la empresa les adjudicó “falta de contrición al trabajo”.

Pero el clima social y político obligó al ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria y un acuerdo para que no haya despidos “durante noviembre”. Las obreras y obreras tendrían trabajo hasta el balotaje. Después veremos.

Dass no es una empresa más. La empresa de capitales argentino-brasileños tiene la licencia de Nike, Adidas, Umbro, Asics, entre otras marcas. Es conocida como “La Reina de las zapatillas”. En el mercado argentino se venden 30 millones de pares anuales y un tercio son Nike.

Un par de Nike Air Force 01 hoy cuesta 114.000 pesos. La categoría A de los operarios cobra 780 pesos la hora. Por mes son 126.000 pesos, casi como la zapatilla. El gremio no llegó a un acuerdo en las últimas paritarias y sus afiliados cobran una suma fija que acercaría el salario a 200.000 pesos. Muy por debajo de la canasta familiar.

Mondelez quiere avanzar con la flexibilización laboral

En un comunicado emitido por la Agrupación Bordó de la Alimentación, trabajadores de Mondelez planta Pacheco, denuncian accionar extorsivo por parte de la empresa para avanzar sobre derechos laborales.

Según plantean, el 2 de noviembre, representantes de la empresa llamaron a un grupo de trabajadorxs y les plantearon nuevamente una propuesta para “negociar” achicar los horarios de descanso, a cambio de recategorizaciones, un bono de 160.000 pesos a pagar en cuatro cuotas, y efectivización de contratados. Esta propuesta, que había sido presentado por los representantes de la empresa, junto con el sindicato y la Comisión Interna al conjunto de los trabajadores, fue rechazada en asambleas de los tres turnos el 28/09/2023.

Allí votaron, además de rechazar el cambio de horarios de descanso en su conjunto, medidas frente a un posible avance de la empresa en su implementación. Las medidas votadas incluyen trabajo a reglamento y quite de colaboración de tareas; bloqueo de portones frente a posibles sanciones con exigencia a la Comisión Interna y el sindicato; y también visibilizar el conflicto fuera de la fábrica.

“Hoy la empresa nos quiere apretar y extorsionar planteando que va a dar categorías y que quiere efectivizar a los compañeros. Los trabajadores en esta reunión que tuvimos dejamos en claro que la propuesta ya fue rechazada en asambleas. La empresa intenta dividir al conjunto de los compañeros y compañeras, y eso no lo podemos permitir, por eso es muy importante que se respete lo que se votó en la asamblea” expresó Julio Tevez, trabajador del turno tarde. Y también enfatizó en que “exigimos al sindicato y la Comisión Interna que llamen a asamblea para respetar lo que se votó el 28 de septiembre en los tres turnos, visibilizar el conflicto y no dejar que la empresa avance sobre los derechos de los trabajadores”.

Las trabajadores y trabajadores de Mondelez también vienen realizando la denuncia frente al ministerio de Trabajo por contratos fraudulentos, la empresa contrata por 6 meses trabajadores a los que no les renueva el contrato y luego vuelve a contratar para los mismos puestos una nueva tanda de trabajadores, en su mayoría jóvenes. Denuncian también las actas firmadas por el sindicato de Rodolfo Daer, alineado en la CGT, y la Comisión Interna, que violan el convenio en alimentación.

Conformaron la “Comisión de trabajadores contra los despidos y la flexibilización laboral” para organizarse entre efectivos y contratados contra el intento de avance sobre los derechos laborales de la multinacional alimenticia en la planta de Mondelez en Pacheco.

La “Intergremial” reclamó “paritarias dignas” en Jujuy

Trabajadores estatales nucleados en sindicatos que conforman la Intergremial de Jujuy realizaron un paro de 24 horas el jueves 9 y se movilizaron en la capital provincial para reclamar al Gobierno local “paritarias dignas”, ante un escenario de “cuatro meses de congelamiento salarial” y reuniones en las que se dialoga pero “sin ofrecimiento” de aumento, según describió la dirigencia gremial.

La marcha llegó hasta la Casa de Gobierno, donde confluyeron también organizaciones sociales y el Tercer Malón de la Paz, renovando el reclamo contra la reforma de la Constitución provincial.

En cuanto a la demanda central, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), Sebastián López, dijo que los trabajadores estatales de Jujuy llevan “cuatro meses de congelamiento salarial ante una inflación que sigue avanzando”, en tanto que su par de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), Silvia Vélez, objetó la convocatoria a reuniones paritarias en las que hay “ausencia de propuesta de incremento” salarial por parte del Poder Ejecutivo.

“Necesitamos urgente esa recomposición salarial por cómo se viene dando el proceso inflacionario”, reclamó Vélez, a la vez de llamar a “la unidad del pueblo trabajador para hacer oír el reclamo”.

El paro de 24 horas y la movilización de los trabajadores estatales por las calles céntricas constituyeron la segunda jornada de protesta convocada por la Intergremial de Jujuy. El miércoles hubo “ruidazos” y “cartelazos” en instituciones educativas y distintas reparticiones públicas de la provincia.

Otros gremios que se sumaron a la manifestación fueron el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Jujuy (Adiunju), entre otras organizaciones.

Dirigentes de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) presentes en la manifestación advirtieron por su parte sobre el tratamiento parlamentario de un Proyecto de ley por el cual el Tribunal de Cuentas de la Provincia quedaría “con funciones diezmadas en el control de las finanzas públicas”.

“Hoy venimos a ratificar la defensa irrestricta de nuestro derecho a salarios dignos y también nuestra posición de rechazo a una reforma innecesaria, inconsulta, ilegal e inconstitucional”, planteó en ese mismo sentido el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy (APUAP), Nicolás Fernández.

El sindicalista se refirió también al renovado impulso al rechazo a la reforma de la Constitución provincial, afirmando que “acá no se rinde nadie y no vamos a dar un paso atrás en la defensa de nuestros derechos”, línea en la que también se expresaron integrantes del Tercer Malón de la Paz que llamaron a “continuar la lucha” hasta que “caiga” la reforma constitucional.

Empleados estatales de Jujuy cobrarán un bono de fin de año

En respuesta al reiterado reclamo de aumento salarial de los sindicatos, el Gobierno de Jujuy anunció el jueves que se ha dispuesto abonar a todos los trabajadores dependientes del Estado un bono extraordinario de fin de año.

A última hora de la tarde el Poder Ejecutivo provincial comunicó la decisión de concretar el pago de un bono de fin de año al personal que presta servicio en las diferentes áreas del Estado provincial, según el siguiente esquema:

·         Trabajador que percibe un sueldo de hasta 400.000 pesos de bolsillo, percibirá un bono por el monto de 100.000 pesos, suma que cobrará en tres tramos: el primero, de 40.000 pesos en diciembre; el segundo, de 30.000 pesos en enero de 2024; y el tercero, de 30.000 pesos en febrero de 2024.

·         Trabajador que cobra un haber superior a 400.000 pesos, recibirá un monto extraordinario de 70.000 pesos, también a abonar en tres cuotas: 30.000 pesos en diciembre, 20.000 pesos en enero de 2024 y 20.000 pesos en febrero de 2024.

«Seguiremos el paro y corte de ruta hasta que nos paguen»

«La empresa dice que no tiene plata, dicen que no saben cuándo van a pagar. En asamblea decidimos mantener la medida de fuerza hasta que impacte en los sueldos, hasta que nos paguen» nos dicen los trabajadores del Sanatorio San Justo. En el día de hoy realizaron asamblea y decidieron comenzar un paro y corte en la Ruta Nacional N°3 y Metrobus.

Son más de 500 las y los trabajadores del Sanatorio, ubicado en Juan Manuel de Rosas 3235, que no reciben sus haberes en tiempo y forma, la empresa les adeudas bonos y de dos a tres meses de salarios, plus vacacional. Denuncian falta de insumos básicos, placas reactivas de laboratorio, lavandina, papel higiénico.

El conflicto económico y gremial lleva meses. Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano a cargo de Iarai Sociedad Anónima, es la gerenciadora de la obra social Oschoca y responsable de que los sueldos sean abonados. Zulet creó una sociedad muy productiva en términos de los “emprendimientos” que rodean al poderoso aparato camionero: conduce la obra social, entre otras empresas íntimamente relacionadas con el gremio. Estas relaciones conocieron la luz pública cuando el Poder Judicial avanzó y luego enfrió causas judiciales de manera directamente proporcional a las peleas del dirigente con el ex-presidente Mauricio Macri. Y volvió a ser noticia en 2021 con el escándalo de los Vacunatorios VIP durante el gobierno del actual presidente Alberto Fernández.

«Los aires acondicionados no funcionan. Necesitamos blindex para las recepciones como medida de seguridad de los recepcionistas porque, por el ajuste salarial faltan personal médico, un trabajador fue agredido por un paciente (ojo y oído). No tenemos locker ni inodoros funcionando para el personal» cuenta.

Garbarino

Tras el cese de contrato para más de 3.000l empleades, la empresa aún no resolvió la situación de pagos e indemnizaciones. En ese marco, y en vísperas de un nuevo aniversario del hecho, buscarán visibilizar la situación vulnerable en la que se encuentran tanto el personal como sus familias. Este sábado 11 de noviembre, les trabajadores despedidos de Garbarino cumplen 2 años de lucha, luego del despido injustificado por el cual aún no percibieron ni indemnizaciones ni sueldos atrasados. En ese marco, buscarán visibilizar su situación a través de una manifestación virtual y audiovisual que mostrará las dificultades que atraviesa cada une. Por.

Gabriel Yapura, dirigente de les empleades en lucha, comentó que se sumó una nueva circunstancia en la problemática. Los hermanos Omar y Gabriel Garbarino solicitaron que la empresa concursada, que se encuentra dirigida por Carlos Rosales, desaloje el local ubicado en Av. Cabildo y Juramento.

Los hermanos Garbarino realizan la denuncia en carácter de responsables de la sociedad Linnipeg S. A, propietaria de la sucursal antes mencionada. Así también, esta empresa es la encargada del depósito ubicado en el barrio de la Tablada, donde se guarda la mercadería que pertenece a Garbarino y a Compumundo.

En relación a ello, les trabajadores descubrieron recientemente que en algunas sucursales de Compumundo se instalaron cartelería que anuncia a Garbarino como una marca más en la venta de productos electrodomésticos. En ese sentido, se estableció la sospecha acerca de la facturación que en realidad está percibiendo la empresa.

Pagos insulsos

La problemática de les empleades inició en la época pandémica, en la cual se acumularon 9 meses de deuda por sueldos. Por ese entonces, el personal se presentaba a trabajar a pesar de no tener obra social ni ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que los respalde.

Para el 11 de noviembre de 2021 fueron despedidas 3800 personas que hasta al día de hoy continúan en una situación de vulnerabilidad extrema, sin ninguna respuesta por parte de la empresa.

En la actualidad, según diversos informes compartidos por Yapura, Garbarino depositó la suma de $586.469,07 para el pago a les empleades por el período que comprende a septiembre de 2023. De dicho monto, el personal recibió la ínfima suma de $20 a $100.

En su momento Yapura informó que las 4 sucursales que la empresa tenía activas recaudaban $78 millones de facturación y pagaban a les empleades $200 o $1.000 en el mejor de los casos.

Por otro lado, la sindicatura estableció que las autoridades de la empresa concursada no cumplen con los presupuestos y objetivos indicados, ya que no incrementan la actividad para revertir la situación económica y comercial.

Desde los gremios informaron que se continuará con el prorrateo a pesar de ser una “labor absolutamente antieconómica” para les suscriptes, el Juzgado y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; además del nulo beneficio que significa para les acreedores laborales.

Empresas off shore

Les empleades aseguran que la situación fue provocada por los hermanos Garbarino, en complicidad con su CEO de aquel entonces, Carlos García. Estas tres personas habrían montado empresas off shore en paraísos fiscales para sacar los recursos, bienes activos que generaron los trabajadores años tras años.

“Fueron muchos años de saqueo constantes con el aval de los gobiernos de turno, especialmente desde del 2015 donde las restricciones para la fuga de capitales fueron cada vez menos o nulas”, explicó uno de los comunicados de les trabajadores.

A mediados del 2020, Garbarino ya se encontraba al borde de la quiebra. Para resolver la situación la empresa se propuso vender el retail a Carlos Rosales, con el apoyo de Armando Cavallieri secretario general de la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS) y el gobierno como garantía.

La transacción no significó ninguna solución. La empresa no se recuperó y menos aún se saldó lo que corresponde a les empleades. En ese sentido, les trabajadores sostienen que Rosales se encargó de terminar el trabajo sucio que empezaron los hermanos Garbarino.

Prensa escrita

Este viernes 10/11 se logró un acuerdo para la paritaria de prensa escrita entre las Cámaras empresariales del sector y les representantes de nuestro sindicato. La firma se concretó luego de varias semanas de audiencias y medidas de fuerza, con la aprobación del plenario de delegades y las asambleas. Lo acordado supera ampliamente el pacto nefasto e ilegítimo firmado a comienzos de año por otro sindicato. Incluye recomposición en octubre, noviembre y diciembre, alcanza a colaboradores permanentes y estipula que se retomen las reuniones en diciembre. Desde el SiPreBA sabemos que no alcanza para resolver la pésima situación salarial de la rama. Pero también entendemos que es un gran paso para mejorar la negociación trucha. Y valoramos que se logró gracias a las asambleas, los ceses de tareas, la movilización al Ministerio de Trabajo y a la paciencia del plenario ante las dilaciones.

Por su parte, respecto de la paritaria de prensa televisada, convocamos asambleas en los canales para el próximo jueves 16/11. Vamos a evaluar los avances en las audiencias a partir de las propuestas planteadas por nuestro sindicato. 

Es imprescindible redoblar los esfuerzos para profundizar la organización en los lugares de trabajo. Esto recién empieza. ¡Sigamos defendiendo nuestro oficio con participación y lucha! 

Telecomunicaciones: paritaria con sabor a poco

En un plenario con clima festivo de parte del oficialismo y sin mandato de las asambleas de base, sin actas del preacuerdo ni las nuevas escalas salariales, los delegados que responden a la conducción votaron a favor de la propuesta de la mesa. Se trata de un 34% a la masa salarial, que se distribuye en un 1% para resolver inequidades en los salarios más bajos, y un 33% impacta en las escalas salariales. Si bien el acuerdo es de julio a septiembre, el aumento es desde octubre, sin retroactivo, y quienes hayan recibido el bono del gobierno, deberán devolverlo en cuatro cuotas. Del 33%, sólo el 60% de un 23% va al básico.

Fuentes: https://elmegafono., La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Jujuy Al Momento, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, InfoGremiales, Perfil, Anred.

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