Un país atado de pies y manos busca la mal llamada «reinserción en el mundo» como si caerse del globo fuese posible. El 12 de febrero de 2005, el ministro de Economía Roberto Lavagna lanzó oficialmente el canje de bonos para una renegociación que permitiría a la Argentina volver a tener las puertas abiertas de […]
Un país atado de pies y manos busca la mal llamada «reinserción en el mundo» como si caerse del globo fuese posible. El 12 de febrero de 2005, el ministro de Economía Roberto Lavagna lanzó oficialmente el canje de bonos para una renegociación que permitiría a la Argentina volver a tener las puertas abiertas de los organismos multilaterales de crédito. Esto va en sentido contrario de las especulaciones que se evaluaron en los últimos dos meses sobre una eventual cancelación de deuda con el FMI, es decir, quedar fuera de la órbita de los controles y revisiones de cuentas del organismo. Medida que también evaluaba Brasil.
Aunque la cancelación con el Fondo sonara imposible, lo cierto es que el superávit del presupuesto nacional hubiese permitido cerrar cuentas con el FMI en un corto de plazo de no más de cinco años, medida que a Estados Unidos, cabalgando por el déficit más alto de su historia para solventar la ocupación de Oriente Medio hubiese visto con buenos ojos la llegada de dinero fresco.
Pero el cambio de política no se debió a una cuestión estratégica: si bien la intención era desembarazarse del FMI, los miembros del G-7, encabezados por Italia, Alemania y Japón presionaron en sentido contrario para que Argentina «regularice» la situación de los bonistas (en su mayoría bancos y fondos de inversión especulativos) y no salga de la órbita de control y supervisión de política económica a nivel Estatal del FMI, que controlan los mismos miembros del G-7 (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Japón).
De allí, el ministro Roberto Lavagna, si bien mantuvo un discurso «duro» contra la burocracia fondomonetarista, lanzara el 12 de enero el canje de bonos.
El monto total de la deuda en default, tras la cesación de pagos anunciada por Adolfo Rodríguez Saá en el Congreso de la Nación el 23 de diciembre de 2001, anuncio festejado por toda la cuestionada clase política.
A partir de ese momento, más allá de la caída de Rodríguez Saá a los pocos días, Argentina cesó los pagos con los bonistas, estancando una deuda de 81.800 millones de dólares¸ de los cuales el 37% se encuentran en manos privadas en la Argentina, especialmente entidades bancarias y AFJP, y un 17% en Italia mientras que Alemania y Japón poseen cerca del 10% cada uno. En Estados Unidos están el 33% de estos bonos, lo cual también explica la falta de pronunciamiento al respecto: o recibían dinero vía FMI o ingresarán divisas por el canje de bonos. De todos modos, Argentina nunca llegó a cesar el pago con el FMI, de hecho, pese a la fuerte retórica que tuvo Néstor Kirchner contra los organismos de crédito internacional, en sus dos años de gestión giró en efectivo 32.000 millones de dólares, siendo el desembolso más grande de la historia, teniendo en cuenta que el crecimiento de la deuda externa, salvo en contadas ocasiones, se elevaba a través de asientos contables sobre un dinero que nunca llegaba.
Luego de tras años de cesación de pagos, Lavagna afirmó a la prensa que con una aceptación del 50% de la reestructuración de la deuda, la negociación será un éxito. La propuesta del Gobierno Nacional, que inicialmente había dicho que no se movería de una quita del 75%, ahora es de un promedio del 50% a emitir en tres nuevos tipos de bonos, siendo para el ministro de Economía «la mejor oferta posible» y que «esta es la última oportunidad de negociación». Estos dos bonos al menos, de llegar a buen puerto, terminarían con la atomización de bonos que se cuentan de a decenas, lo cual complica toda negociación posible, en el buen o mal sentido. Estos nuevos bonos serán negociables a partir del 1º de abril de 2005. De todos modos, los números dicen que con una aceptación superior al 41% la salida del default estaría sellada. En tal sentido, aquellos que acepten el Bono Par, el cual no contempla quita alguna, está restringida en su emisión que no puede superar los 15.000 millones de dólares, por lo que el resto debería ser canjeado por los Bonos Descuento, con una quita nominal del 66.3% con vencimiento en el 2033 y amortizaciones de capital desde el 2024 y capitalización de intereses en los primeros diez años al 8.28% en dólares, euros o yenes. A partir del 1º de abril de 2006 se lanzará un tercer bono, el Cuasi Par, con una quita nominal de apenas el 30.1% con vencimiento en 2045 y amortizaciones de capital desde el 2036 a una tasa fija del 3.31% desde el 2013, sólo en peses argentinos y dicha tasa se ajusta por el CER.
Al día siguiente de los anuncios de Roberto Lavagna, desde Italia, donde están radicados unos 14.500 millones de dólares en bonos argentinos defaulteados, rechazaron de plano la reestructuración por la propia del primer ministro Berlusconi. Anticipándose a la negativa, Lavagna anunció en la conferencia de prensa que «Argentina no descarta usar la vía judicial como demandantes en defensa de los intereses nacionales». Desde Roma, el ministro de Economía Doménico Siniscalco dijo que es «evidente que no hubo una negociación de buena fe con los ahorristas».
Horacio Vázquez, titular de uno de los grupos tenedores de bonos en la Argentina dijo que la propuesta de Lavagna «son bonos basura sobre los cuales no se le podrá hacer juicio a la Argentina».
Más allá de las idas y vueltas que se presenten en los próximos días, el proceso será largo.
Lo que queda claro es que Argentina al menos aprovecha, en vez de cerrar saldos con el FMI, a comprar los bonos a mejor precio ya que con la emisión que se hará se rescatará más del 50% de la deuda en manos de bonistas. De todos modos, queda claro que cedió a la presión del G-7 para permanecer dentro de la órbita de control y sometimiento de los organismos de crédito.
Y en tal sentido, queda claro una vez más que en tal proceso, el Estado sigue incurriendo en la grave falta de no dejar en manos del Congreso de la Nación, único autorizado por Ley a tratar el tema, tanto el pago como la toma de deuda. Y si bien la retórica oficial suena combativa, particularmente con la cúpula actual y las anteriores del FMI, el gobierno nacional está «legalizando» una vez más una deuda fraudulenta, especialmente la actual, tanto la activa como la defaulteada, que inclusive sería motivo de causas judiciales sobre el directorio del FMI. Tanto los bonos como el 80% de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, fue emitida con el «Blindaje Financiero» de la última era de Domingo Cavallo (el mismo que estatizó la deuda externa en 1982 cuando oficiaba como presidente del Banco Central durante la Dictadura Militar). La carta orgánica del FMI prohíbe al organismo otorgar préstamos en casos donde es evidente la fuga de capitales, lo cual fue ostensible durante todo el 2001 y pese a ello el organismo envió dinero en tres tandas (cabe aclarar que la fuga de capitales sigue su marcha en este mismo momento). Resulta más que probatorio de esto el inmediato respaldo del empresariado argentino, que nunca se destacó por la vocación nacionalista, a la propuesta de Lavagna.
La Unión Industrial Argentina anunció inmediatamente que respalda «el plan de reestructuración de la deuda pública en default anunciado por el Gobierno Nacional, porque permite compatibilizar el crecimiento de la economía con el pago de las obligaciones del país». Cabe recordar entonces que en el 2002, la UIA celebró la devaluación y cese de pago, que le sirvió para la licuación de la deuda en dólares, la cual fue pesificada y la diferencia una vez más, socializada sobre la espalda de todos los argentinos. En definitiva, la salida del default no implica otra cosa que mantener al país quebrado y atado de manos a los sicarios de las finanzas mundiales.