El mediodía del pasado 14 de abril, mientras dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario se realizaba el remate del primer lote de soja de la temporada, la CTA Autónoma junto a diversas agrupaciones se manifestó en la puerta de la histórica entidad local. Con carteles, cánticos y consignas un grupo de militantes se […]
El mediodía del pasado 14 de abril, mientras dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario se realizaba el remate del primer lote de soja de la temporada, la CTA Autónoma junto a diversas agrupaciones se manifestó en la puerta de la histórica entidad local.
Con carteles, cánticos y consignas un grupo de militantes se concentró en la Plaza Pringles para repudiar, como cada año, la convocatoria de la Bolsa que contó con la presencia de autoridades locales y provinciales. La realidad es que allí se festeja el producto de lo que, al interior de las provincias litoraleñas, está generando enfermedades y muertes. Algo reconocido por el propio Ministerio de Salud de Santa Fe, cuyas estadísticas arrojaron en 2015 que los tumores son la segunda causa de muerte en Santa Fe y que los departamentos que registran una mayor tasa de mortalidad por la enfermedad tienen una intensa actividad agroindustrial.
«Realmente le presentamos batalla a este modelo que sigue siendo neoliberal, extractivista, que agota nuestro suelo y aire. Parecen palabras sueltas, pero se nota el malestar de toda nuestra gente. El llamado cordón industrial hoy es el cordón sojero, tenemos soja de punta a punta con campos enteros fumigados, donde crecen las deformaciones en los niños, problemas respiratorios y tantísimos casos de cáncer. Gente joven que muere a causa de este modelo», aseguró Norma Giménez, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Rosario.
La Bolsa de Comercio de Rosario es un emblema del modelo sojero, dado que el 80% de la exportación agropecuaria del país sale por los puertos de la zona. Como lo definió la Intendenta, Mónica Fein, en su discurso dentro del enorme edificio del microcentro rosarino: «Este mercado físico de granos que reúne el 80% de la producción y exportación de granos del país y que es el principal centro de comercialización de soja a nivel mundial».
«Se sigue enseñoreando a este modelo que enriquece a unos pocos, sigue llenando los bolsillos a la clase que puede sacar las riquezas del país. Derechos humanos son todos y el derecho humano primordial es la salud, el bienestar también en materia económica, porque las capas pobres crecen cada vez más», denunció Giménez.
Mientras se colocaban las banderas y carteles en el ingreso por calle Paraguay, pasó la manifestación de trabajadores bancarios, de paro reclamando por los despidos y mejoras salariales. «Es un momento álgido para todo el país y nuestra zona y no tenemos que quedarnos, tenemos que movilizarnos y estar en pie de lucha», consideró la dirigente.
Consultada sobre la posibilidad cierta de subvertir este esquema económico en un marco creciente de deterioro social, medioambiental y económico, la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA aseguró que «hay sectores con nuevos planteos, los sectores movilizados, los jóvenes que quieren revolucionar este sistema. Ya hay experiencias agroecológicas a lo largo y ancho del país. Todos los gobiernos de los últimos años no tocaron a la clase que mantuvo la economía del país que sigue siendo para unos pocos. No podemos desentendernos de lo que está pasando. Vamos a seguir viniendo aquí cada año. Que sepan ahí adentro que hay gente que no quiere esto».
Si bien las cifras difieren en función de las entidades que los proporcionan y los mecanismos de medición, se calcula que de enero a marzo hubo entre 1.153 y 1.953 despidos cada día hábil. La Unión Industrial Argentina (UIA) aseguró que de no mejorar el panorama, 200.000 puestos de trabajo están en riesgo.
La provincia de Santa Fe es un escenario de análisis de este proceso. Mientras se baten récords de ingresos de camiones cargados de granos a los puertos, se despliega la crisis de los principales establecimientos productivos que habían resucitado por la reindustrialización y la recuperación del mercado interno desarrollada durante la posconvertibilidad. La caída del consumo, el desmantelamiento de la protección contra las importaciones y el aumento de costos derivados fundamentalmente de los tarifazos, tensan los conflictos en importantes localidades santafesinas. Los cierres de Arzinc y Paraná Metal, son los dos casos más emblemáticos. Las patronales cerraron las fábricas y dejaron cientos de familias en la calle. Una situación similar ocurre en Aerolíneas Sol, donde la patronal anunció el cierre que deja a 300 trabajadores sin su fuente de trabajo, de los cuales 160 son de Rosario y alrededores.
Estos ataques, se combinan con decenas de despidos en Bambi, en Electrolux (disfrazados de retiros voluntarios), en adelantos de vacaciones, suspensiones y rebajas salariales en otras como General Motors, La Virginia, Acindar o Metalbo.
Los despidos alcanzaron también al sector de los ferrocarriles y esto generó que desde la Unión Ferroviaria de Rosario se declararan en estado de alerta. Se trata de 90 trabajadores contratados en NCA (Nuevo Central Argentino) y 200 de Talleres Rioro (en la localidad de Pérez) que realizaban reparación de vagones donde «se ha abierto un proceso de retiros voluntarios y también despidos».
El secretario general del gremio, Ariel López, aseguró: «Estamos en estado de alerta ante una situación preocupante de despidos», y añadió que «se debe a la situación nacional donde estamos inmersos en un escenario de tarifazos e inflación que evidentemente repercute sobre la clase trabajadora».
Otros casos
En la aceitera Ricedal de Chabás, la amenaza del cierre viene desde el 2013. Tres veces intentaron dejar a sus casi treinta obreros en la calle, pero volvieron a abrir. «Es un marco excelente para arriesgarse», consideró el delegado Leonel Zulliani quien sospecha que la empresa tiene la intención de desprenderse del sector afiliado a la Federación Aceitera para reabrir con otra gente, con salarios a la baja.
Pensando en el contexto nacional, analizó que «se invitó a las empresas a una ola de despidos y ellos se subieron». De todos modos, más allá de las problemáticas climáticas que afectan a la región que, como los tarifazos, fueron posteriores al estallido del conflicto, los trabajadores de Ricedal denunciaron que «están acopiando cereales en otro lado por si pueden arrancar. Si logran despedirnos, van a volver a arrancar en el mismo lugar».
Los aceiteros mantienen desde el 29 de febrero, con una tregua durante el período de conciliación obligatoria, el acampe en Chabás, en lo que es la medida de lucha más larga que recuerden en el lugar.
La ciudad de Firmat sumó un nuevo conflicto en la zona al producirse el despido de una decena de trabajadores en la planta fabril que Nestlé tiene cerca de la ruta 33, en el ingreso a esta localidad, lo que se tradujo en un paro de actividades y una protesta, que incluyó cortes intermitentes sobre la ruta. Allí, la empresa cuenta con casi 200 empleados.
Mientras, los trabajadores de la fábrica de silos Dasa, siguen de huelga al no haber cobrado los sueldos atrasados que reclaman.
La situación se suma a la compleja coyuntura por la que atraviesan otras empresas del sector agroindustrial, entre las principales, la fábrica de cosechadoras Vassalli Fabril, que emplea a unos 600 obreros. Si bien está trabajando tras superar un conflicto gremial, aún preocupa el riesgo que representa para los trabajadores su delicada situación financiera.
La problemática ya dejó el saldo negativo del cierre de la también metalmecánica Meyde SRL que dejó sin empleo a más de una veintena de trabajadores que todavía no cobraron el total de sus acreencias laborales. Cabe recordar que hace un mes se realizó en Firmat una multitudinaria movilización organizada por la mesa intersindical local a fin de visibilizar la situación y reclamar medidas.
Una mesa multisectorial analizó la problemática
Una mesa multisectorial integrada por funcionarios municipales, ediles, representantes de cámaras empresariales y gremios se reunió en el municipio de Venado Tuerto para analizar el escenario productivo y laboral a la luz de la coyuntura económica y sin obviar el impacto que tuvieron medidas nacionales como las subas de tarifas. Preocupa el aumento del desempleo en la región, fundamentalmente en Firmat y Chabás, aunque ya hay claras muestras de recesión en la mayoría de los pueblos del sur santafesino.
El encuentro se enmarcó en el Observatorio Social ya anunciado por el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Darío Mascioli, como ámbito de monitoreo de la situación socioeconómica en la ciudad, que a su vez permita impulsar acciones y programas.
Mascioli dijo que los gremios participantes son «los de mayor concentración de afiliados» y afirmó que se está tratando de llevar este Observatorio institucionalmente, en el marco de una ordenanza, haciendo convenios con casas de estudios que permitan llevar adelante un sistema estadístico».
Estas herramientas se nutrirían en esencia de los telegramas laborales que se remiten o de las altas y bajas registradas en el Ministerio de Trabajo, indicadores que «nos dicen el grado de situación que tiene la ciudad».
Puesto a analizar los sectores a seguir con atención, Mascioli evaluó que «si bien Venado tiene una gran diversificación productiva respecto de otras localidades, y con fortalezas en el sistema de servicios, esa fortaleza productiva, que va de ollas a motos, hace que el pulso no sea igualitario».
No obstante, el sector metalmecánico «tiene una situación compleja», que atribuyó, más allá de los tarifazos, a algunas medidas del gobierno nacional, como la instrumentación de las licencias automáticas de importación. «Eso se mezcla con un mercado interno recesivo generando preocupación en el sector. Otros sectores como el textil también están complicados. Seguimos algunos de estos rubros muy de cerca porque son los que tienen mayor fluctuación de entradas y salidas», remarcó.
Para Mascioli el municipio se erige en «caja de resonancia de la crisis productiva, que puede reflejarse tanto en pedidos laborales como en demanda de bolsones alimentarios. En consecuencia, las políticas sociales tendrán que ver con saber cómo está el panorama. Y obviamente trabajar con las distintas secretarías municipales para estar atento a la problemática laboral».
Inseguridad y empleo constituyen en todo el país las dos mayores preocupaciones ciudadanas. En lo que compete a Venado, en el segundo ítem, antes que «preocupante» la sensación imperante es de «incertidumbre».
«Los semilleros están con algún grado de ocupación, la cosecha; también se hacen tareas menores y changas, pero hay algunos signos a atender. Por eso es importante contar con números, para saber dónde estamos parados, y poner en marcha esta mesa entre todos los organismos involucrados», concluyó.
Dentro del cuadro complejo laboral, el municipio de Firmat avanza para concretar la instrumentación de un fondo rotatorio de ocho millones de pesos destinado por la provincia para asistir a pequeñas y medianas empresas (Pymes) locales en situación de emergencia.
La medida anunciada en esta ciudad del departamento General López por el Ministro de Producción del gobierno santafesino, Luis Contigiani, será puesta en marcha tras que el Concejo dé luz verde al proyecto que elevó el Ejecutivo firmatense para tal fin.
El denominado Programa de Fortalecimiento para Pymes prevé que los recursos sean administrados por el municipio para agilizar su distribución a través de ventajosos préstamos a firmas necesitadas del sector agroindustrial.
La idea apunta a Pymes metalmecánicas con más de 5 y hasta 100 empleados y, entre otros requisitos, dos años de residencia en la ciudad, las cuales tendrán un año de gracia a partir del desembolso para empezar a devolver el préstamo de hasta 500.000 pesos en seis cuotas semestrales y sin intereses. «La instrumentación de este fondo es un hecho inédito en toda la provincia ya que es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este tipo destinada a fortalecer a las empresas que están en situación de emergencia», destacó el intendente Maximino.
El proyecto prevé la conformación de una comisión de control de los préstamos para transparentar su manejo. La mesa intersindical local, que días atrás organizó una multitudinaria convocatoria en defensa de la producción y el empleo, y de la cual participó, entre otros Contigiani antes de desembarcar en el Centro Económico local para anunciar el referido fondo, presentó notas a la Intendencia y al Concejo para pedir participar en el criterio de selección para el reparto del dinero.
Si bien los préstamos están orientados a Pymes con dificultades para que puedan comprar insumos de producción, los gremios intentarán que una parte sea destinada a «ayudar a trabajadores que no pueden cobrar salarios atrasados y la están pasando mal», dijo a La Capital el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat e integrante de la Intersindical, Enzo Juárez.
Así podríamos seguir con los ejemplos, pero el punto es qué esperar del empresariado cuando el mismo Estado que mantuvo índices escandalosos de precarización laboral estructural, vacía y replantea áreas de control del empleo. De los casi 75.000 despidos relevados por el Observatorio de la CTA Autónoma de enero a marzo inclusive, el 70 % por ciento se dio en el sector público, de los cuales la mitad se perpetró en el Estado Nacional con una mayoría abrumadora de trabajadores precarizados. «No hay registros históricos de cambios de administración que afecten tanto las plantas transitorias. Es la primera vez que se deshacen de un porcentaje tan grande». Mientras, el Ministro de Economía Alfonso Prat Gay, adjudicó los reclamos a «una sensación térmica».
Acindar
Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación de la CTA rosarina, dialogó con Silvio Acosta, Secretario General de la CTA-A Villa Constitución y Comisión Interna de Acindar.
«Las cuatro medidas que tomó el gobierno, nos destrozaron: cese de obra pública, altas tasas de interés en bancos, apertura externa e incremento de tarifas», aclaró de entrada Acosta. Hoy la planta villense de Acindar tiene un horno trabajando a media capacidad, cuela acero por una sola línea, porque sencillamente está a poco menos de la mitad de lo que producía el mes pasado: de 130.000 toneladas mensuales, bajó a 60.000. Además se suma a que tiene en despacho 80.000 toneladas, por lo que se deduce, tiene stock equivalente a un tercio de la producción actual.
En Villa hay 41 contratados que no han vuelto a la planta y para los efectivos hay suspensiones con el 85% del sueldo, bajo formas de vacaciones, francos compensatorios, o licencias rotativas de a cien obreros sobre un total de 1.200. En Acindar Rosario (ex Navarro), la patronal decidió bajar de tres turnos a dos desde el 31 de julio, lo que podría preanunciar un cierre que dejaría en la calle a 200 trabajadores. Según Acosta, desde la propia UOM advirtieron que de no mejorar el segundo semestre la situación, se prevén entre 25 y 50.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Vale recordar que hablamos de un gremio con 250.000 afiliados, por lo que se quedaría sin la quinta parte de los mismos de concretarse el negro panorama.
«Es real la caída de producción principalmente por el parate de 1.300 permisos de obra pública, en teoría porque hace seis meses no se cumplió con proveedores y el gobierno los estaría revisando. El problema es que mientras revisa esos planes, frena todo lo vinculado a la producción de obra pública. A la situación con Brasil, que bajó de 7.000 a 1.000 las toneladas para exportación y que se agudizaría, se suma que a nivel interno no se invierte en la producción: ni el tipo que tiene plata o un taller invierte, porque le conviene poner la guita a plazo fijo, lo dice la propia empresa. El banco da más porcentaje de ganancia que la producción y sin riesgos», explicó el dirigente de la CTA-A Villa Constitución.
A la violenta suba de los precios, los impuestos y servicios, se suma que el sector siderúrgico (Rama 21 del convenio UOM) no cerró su paritaria. «Tenemos un ajuste terrible en precios, impuestos, esperemos poder cerrar una buena paritaria. Queremos un 42% de aumento, con un básico de convenio de bolsillo de 22.000 pesos», adelantó.
Además, la que supo ser la autopartista más grande de Latinoamérica, la única que fabricaba en el país blocks de motores, hoy está cerrada: Paraná Metal (ex Metcon).
«El panorama es oscuro porque hoy no se ve que haya avanzado en mejoras en la producción. Desde el gobierno nacional tomaron cuatro medidas que no favorecieron absolutamente en nada al trabajador. Tenés bajos salarios, precios altos y problemas de producción. No solo no se invierte en producción, sino que se da continuidad a un modelo productivo que no beneficia la industria nacional. Si nosotros no empezamos a discutir, además del aumento salarial, la producción nacional, el mercado interno y las inversiones en el país, se va a complicar hacia adelante», concluyó Acosta.
Solo el pueblo hará la «revolución de la alegría»
El gobernador Miguel Lifschitz recibió la fría negativa del ministro de Energía de la Nación a su pedido de moderar el tarifazo energético que pone patas para arriba a industrias clave de la geografía provincial. Sólo concedió la posibilidad de estudiar un plan de pagos para los sectores electrointensivos.
Como en los ’90, los Estados locales quedarán en la primera línea de los conflictos derivados de la reestructuración económica. Santa Fe entra en esta zona de turbulencia con el respaldo del fallo de la Corte que ordenó el fin de la detracción de fondos coparticipables para Anses. También aspira a sumarse a la ola de deuda de la era posbuitre. Pero también siente el impacto de la parálisis de la obra pública nacional, las suspensiones y despidos en la industria, el comercio y la construcción, y del impacto de la inflación y la caída de la actividad en las condiciones de vida de la población local.
Fuentes: www.lacapital.com.ar, La Izquierda Diario, www.periodismo365.com, www.conclusion.com.ar, www.11noticias.com, ACTA, y CTA Rosario.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.