En su informe al Congreso, el empresario jefe de gabinete de ministros Marcos Peña Braun, que aumenta indiscriminadamente los precios en su cadena de supermercados «La Anónima» mientras dice (claro, como no) que la «economía ya arrancó y está creciendo», explica que no hay «pruebas» de que la Gendarmería tenga responsabilidad en la desaparición forzada […]
En su informe al Congreso, el empresario jefe de gabinete de ministros Marcos Peña Braun, que aumenta indiscriminadamente los precios en su cadena de supermercados «La Anónima» mientras dice (claro, como no) que la «economía ya arrancó y está creciendo», explica que no hay «pruebas» de que la Gendarmería tenga responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
La impresentable ministra de seguridad Patricia Bullrich, cuyo nivel de exposición es propio del de los barras bravas, no sólo afirma lo mismo, sino que se golpea el pecho «haciéndose cargo» por la manera de proceder de los gendarmes. De la misma manera, negó la utilización de vehículos que después aparecieron en los videos de la represión. Y dijo que el fascista apologista de la Dictadura, su subordinado Noceti, «pasaba por ahí y se quedó a ver el operativo«, cuando en realidad fue quien lo encabezó. Para completar su «obra» (de terror), reveló el nombre y demás datos de un testigo protegido, amigo de Santiago.
La nefasta Elisa Carrió sugiere que la desaparición de Santiago puede ser una operación del kirchnerismo para perjudicar al gobierno en medio de un proceso electoral. Garavano se junta en patota con la Bullrich y Avruj para destratar a Abuelas, Madres y organismos de DDHH y negar la responsabilidad que a todas luces tienen en la cuestión.
El caso es tan grave que Macri y su figurita más «simpática y popular» (a pesar de que perdió más de 400.000 votos desde 2015), la Heidi-nazi Vidal, ni se pronuncian por temor a embarrarse en un lodazal que no saben cuánto los puede afectar.
Y es que por más que lo nieguen, la desaparición de Santiago Maldonado es absoluta responsabilidad de la Gendarmería como brazo armado de las políticas gubernamentales. El operativo en el que 200 uniformados pertrechados hasta los dientes fueron a reprimir a siete integrantes o defensores de los derechos del pueblo mapuche es parte de ello, y no fue un hecho aislado, sino frecuente.
Supongamos que Santiago está aún vivo y escondido por su propia voluntad, como quieren plantear maliciosamente en el oficialismo: ¿no tendría razones para ello, después de un ataque a tiros como el que sufrieron y la persecución de la que son objeto él y sus compañeros? En ese caso, la causa sería el salvajismo de las fuerzas de represión, es decir, responsabilidad del gobierno que las maneja. En el mismo sentido debe interpretarse el temor de los mapuches para prestarse a declarar ante el poder judicial de un Estado que los presume y señala como sediciosos y los persigue sistemáticamente. Y revela su identidad si se animaran a hacerlo.
Lamentablemente, hay demasiados indicios que nos hacen temer por la integridad de Santiago. Los testimonios de sus compañeros, las filmaciones, su gorra encontrada en el lugar de los hechos y el accionar de los gendarmes no auguran nada bueno. Si el video del operativo no es suficiente indicio como para sospechar de los uniformados y separarlos de sus cargos, entonces ¿quién más en este país podrá ser juzgado con elementos similares y tan contundentes? ¿qué más «indicios» quieren?
El problema, entonces, es político, y la «justicia» burguesa actúa en consonancia con el interés de clase para la que fue creada.
La desaparición forzada de Santiago Maldonado es un hecho aberrante en un país donde se ha sufrido el terrorismo de Estado de manera taladrante y abrumadora. Muestra las miserias de una «democracia» que no es tal, donde las clases dominantes apelan a cualquier extremo para imponer sus intereses. En este caso, los mapuches son un obstáculo para los de los latifundistas como Benetton o Lewis, para las corporaciones que quieren saquear los territorios que ocupan y para el gobierno que les guarda sus privilegios.
El caso de Santiago debe correr el telón de la problemática de la tenencia de la tierra en Argentina, un país donde millones de seres humanos se hacinan en aglomeraciones urbanas asfixiantes y alienantes, mientras unos pocos se reparten millones de hectáreas desiertas de personas. Una desquiciada distribución demográfica que arrasa con toda lógica, equidad y justicia. Y ahí está la punta del ovillo, la causa por la que pelean los pueblos originarios y por la que desaparecieron a Santiago y a incontables seres humanos más.
Vivimos tiempos aciagos los argentinos. Tanto, que los responsables de la desaparición de Julio López y 40 luchadores políticos y sociales más en sus doce años de gobierno, se autoproclaman hoy como indignados defensores de los DDHH y se horrorizan ante la ausencia de Maldonado. Esos que durante más de una década ni molestaron a Benetton ni a ningún latifundista y es más: les regalaron casi al final de su gestión una reforma en el Código Civil que les otorgaba gratuitamente los territorios fiscales de las costas, las riberas y los límites estatales. Esos que fomentaron a las patrias sojera, minera y petrolera, las que nos saquearon y saquean y echan a los campesinos pobres y pueblos originarios de sus territorios para llevar a cabo sus tareas de expoliación. «Esos» son el kirchnerismo, que hoy se rasga las vestiduras como si no tuviese nada que ver con estas y otras miserias que sufre nuestro pueblo.
La solución de estos problemas está en otro lado. Está más que claro que la conciliación de clases de la que el peronismo hizo escuela y a la que hoy toda la progresía claudicante quiere llevarnos, ha fracasado en el objetivo de terminar con las angustias y consolidar la liberación y la felicidad del pueblo trabajador. Argentina y Latinoamérica son testigos de ello.
Sólo la autogestión y la organización para la toma del poder de los trabajadores puede ser capaz de crear una sociedad justa, sin explotación del hombre por el hombre y sin miseria.
En el caso de la desaparición forzada de Santiago pasa algo similar. Poner a investigar al propio Estado responsable de la represión de la que fue víctima es un contrasentido insalvable. Si hasta el juez Otranto que lleva adelante la causa, fue el mismo que ordenó el operativo en el que se lo llevaron. Ni el poder judicial, ni el gobierno, ni la oposición tradicional son confiables, porque los intereses que defienden son otros. Sólo una Comisión Independiente del Estado, conformada por personalidades intachables, la izquierda, luchadores por los DDHH, defensores de las causas de los pueblos originarios, los campesinos, los trabajadores y por supuesto los familiares de Santiago, puede llegar a la verdad y desenmascarar a los responsables. Ese instrumento entonces, es el que hay que fogonear y concretar.
Mientras tanto y aún después, seguiremos en las calles reclamando contra todo intento de resurrección del pasado negro, ese podrido vestigio que aún vive entre nosotros y se llevó a Santiago, a López y a tantos otros compañeros que pusieron su cuerpo para construir una sociedad digna de ser vivida por todos y no por unos pocos.
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