La Reforma Previsional le demostró al gobierno nacional que las iniciativas de reformas estructurales le generarán un gran costo político. Por eso, luego de estrechar lazos con varios sectores sindicales al interior de la CGT y contar con el aval de las cámaras empresarias, ha decidido impulsar nuevamente la Reforma Laboral, pero esta vez será […]
La Reforma Previsional le demostró al gobierno nacional que las iniciativas de reformas estructurales le generarán un gran costo político. Por eso, luego de estrechar lazos con varios sectores sindicales al interior de la CGT y contar con el aval de las cámaras empresarias, ha decidido impulsar nuevamente la Reforma Laboral, pero esta vez será por partes.
El mes de mayo se perfila conflictivo. En paralelo con un dólar que subió casi dos pesos en una semana y de tarifazos que golpean los bolsillos vacíos de la gente, el gobierno Cambiemos envió el viernes al Congreso tres proyectos de ley que se desprenden de la iniciativa de Reforma Laboral desplegada a finales del año pasado. Es una revancha, luego de la imposibilidad de su tratamiento a raíz de los cuestionamientos de varios sectores de la oposición partidaria y las organizaciones sindicales. Además, aún están frescos en la memoria las masivas movilizaciones populares en resistencia contra la Reforma Previsional.
Será en los próximos días cuando el Senado se disponga a debatir en la Comisión de Trabajo los tres proyectos, los cuales están vinculados a la regularización de trabajadores no registrados, la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud y el sistema de prácticas formativas de los estudiantes. Según dichos del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, lo que se pretende es obtener «una mirada integral», buscando «generar vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto». Más allá de las frases lindas, los tres proyectos guardan directa relación con las intenciones denunciadas en la propuesta de Reforma Laboral inicial, confirmando que la voluntad del gobierno es servir a los patrones y quitar derechos a la clase trabajadora. Observemos cada uno de los proyectos.
El primer proyecto refiere a la regularización del trabajo no registrado. En él se incluye la extinción de la acción penal y la eximición del pago de multas y sanciones, así como la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empresarios que blanqueen a sus trabajadores. También prevé la condonación de las deudas por falta de pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Sin embargo, como en el proyecto original, se les reconoce a los trabajadores sólo hasta cinco años de servicios con aporte, sin importar si la relación laboral es mayor.
Por otro lado, en su artículo N° 22 propone la creación del Fondo de Cese Laboral. Este fue uno de los puntos más polémicos de la iniciativa presentada a fines de 2017, ya que pretende modificar el régimen de indemnizaciones por medio de la creación de un fondo administrado bipartitamente entre patrones y sindicatos que servirá para cubrir los despidos de trabajadores. La adhesión a este sistema es voluntaria y se realiza a través de su inclusión en los convenios colectivos. Aquellos que no lo hicieren, mantendrían el régimen de indemnizaciones por despidos vigentes. La capitalización del fondo se realizará con un aporte patronal mensual, en relación con los salarios de los empleados.
Cabe señalar que la administración propuesta para el Fondo de Cese Laboral pareciera hecha a medida para el acuerdo entre la patronal y aquellos sindicalistas-empresarios que, más que defender a los trabajadores, lucran con sus derechos. La habilitación a realizar inversiones con los fondos disponibles deberá ser uno de los puntos a controlar con mayor firmeza, para evitar así grandes timbas financieras al mejor estilo de las AFJP.
En su artículo N° 37 se sostiene la exclusión del cálculo indemnizatorio «el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador», algo que había sido fuertemente rechazado anteriormente. Como se analizara en otra oportunidad, esta propuesta es una política clara destinada a abaratar los costos de despido -facilitándolos- ya que no sólo los disminuyen sensiblemente, sino que los socializan -vía ese Fondo- entre todos los patrones de una rama de actividad.
El segundo proyecto apunta a la capacitación laboral continua, a través de la creación del Sistema de Prácticas Formativas. Esta iniciativa está orientada a los estudiantes o recién graduados de la Educación Superior y de Adultos, quienes desarrollarían actividades laborales en calidad de pasantías en instituciones públicas o empresas, excepto aquellas que brinden servicios eventuales. La duración máxima de dichas pasantías sería de hasta 12 meses y la carga horaria semanal no podría superar las 30 horas. Por su labor, los pasantes -o practicantes, como los define el proyecto- percibirían una suma de dinero no remunerativa calculada en relación al salario básico del convenio colectivo en que se encuadre y en proporción a la carga horaria que disponga.
La extensión de pasantías laborales es una forma de fomentar el trabajo precario para la juventud, a pesar de que los datos que brinda periódicamente el Indec indican que es justamente esta franja etaria la más golpeada en el mercado laboral. Al mismo tiempo, disminuye los costos laborales para los empleadores al brindarles mano de obra barata y calificada. Por último, ejerce mayor presión en la masa laboral empleada debido a que, en conjunto con el Fondo de Cese Laboral antes descripto, permitiría reemplazar trabajadores ocupados con antigüedad por pasantes.
La tercera iniciativa es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (AGNET), el cual sería un órgano autárquico responsable de definir todas las prestaciones mínimas que deben ofrecer las obras sociales en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sector público. A su vez, buscará reducir el nivel de litigiosidad que existe en contra de las obras sociales sindicales, funcionando como órgano de consulta en los procesos judiciales.
Se avecina un Mundial de fútbol y el gobierno pretende aprovechar esta distracción para avanzar firmemente con su Reforma pro-patronal. Será un mes que requerirá de mucho debate político para defender derechos conquistados, tanto contra el gobierno pero también entre las organizaciones del campo popular.
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/23884-reforma-laboral-se-inicia-el-segundo-round