Una comisión debe determinar la manera en que las compañías que operen en Argentina contraten un seguro de daño ambiental. La idea es convertir en un costo empresario a la posible contaminación. El Gobierno argentino puso en marcha ayer la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales para darle marco legal a la contratación de un […]
Una comisión debe determinar la manera en que las compañías que operen en Argentina contraten un seguro de daño ambiental. La idea es convertir en un costo empresario a la posible contaminación.
«El tema del seguro es un paso más en una estrategia de trabajo conjunto, que en este caso se da con la Secretaría de Ambiente», remarcó la ministra Miceli en rueda de prensa en el Palacio de Hacienda, a la vez que destacó la importancia de «avanzar en todas las medidas necesarias para el cuidado ambiental y, una vez más, desde Economía estamos reforzando el trabajo en todas las áreas».
La ministra dejó abierta la posibilidad de una eventual colaboración del Estado para hacer frente a este nuevo costo que tendrán las empresas, en caso de que el mismo no «resulte insignificante».
Como dato, la secretaria Picolotti aseguró que «el cien por ciento de las empresas radicadas en la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo carecen de seguro ambiental», y estimó que en «90 días podríamos contar con la tramitación necesaria para hacer operativa» la implementación del seguro ambiental.
La Comisión Asesora estará conformada por un representante titular y un suplente de la Subsecretaría de Servicios Financieros, dependiente de la Secretaría de Finanzas, y la misma representatividad le corresponderá a la Secretaría de Ambiente.
El equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de asesorar a la autoridad de aplicación de la Ley General de Medio Ambiente (la 25.675) y formulará propuestas referidas a las normas generales reguladoras de las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de riesgo por daño ambiental.
La resolución por la que se creó el organismo asesor establece un plazo de 90 días para la elaboración de las propuestas, y luego será elevado a consideración de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Secretaría de Finanzas.
De esta forma, la Administración del presidente Néstor Kirchner avanza en la dirección ortodoxa de la prevención de los daños ambientales: en convertir en un costo empresario un costo que debía soportar el resto de la sociedad, tornándole más económico a las empresas no contaminar que sí hacerlo. Esta decisión es una consecuencia directa del conflicto que Argentina mantiene con Uruguay por la instalación de una procesadora de pasta celulosa en la margen oriental del río que lleva el nombre de la nación vecina.