El presidente Mauricio Macri participó como orador en el Congreso de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas donde realizó un discurso con optimismo sobre el futuro de la economía y también pronunció una polémica frase que transcendió en diversos medios de comunicación: «Soy realmente muy optimista. Si yo les decía a ustedes hace un […]
El presidente Mauricio Macri participó como orador en el Congreso de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas donde realizó un discurso con optimismo sobre el futuro de la economía y también pronunció una polémica frase que transcendió en diversos medios de comunicación: «Soy realmente muy optimista. Si yo les decía a ustedes hace un año lo que iba a hacer y todo esto que está sucediendo, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el Presidente», declaró.
En el comienzo del segundo semestre los principales indicadores económicos no muestran señales de recuperación y la «revolución de la alegría» por ahora se postergó para el 2017.
La inflación oficial de mayo (4,2%) fue más alta de lo esperado, por lo que hay pocas chances de que en junio el Indice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique por debajo del 2%. Al respecto, Marina Del Poggetto (Estudio Bein) la ubica entre 2,3/2,5%. Incluso, el Ministro Prat-Gay admitió que la pauta del 24% establecida para este año no se cumplirá, y que el índice crecerá al 42% anual.
Según la consultora C&T la economía acumula una caída del 3,8% desde junio de 2015. Con respecto a la industria señala que: «A nivel externo, la industria está condicionada por Brasil y por la baja del petróleo que frenó muchos programas de inversión, especialmente en metalmecánicos. A los sectores que producen para el mercado interno los afecta la baja del consumo. Por ahora las actividades que se están recuperando son las relacionadas con el complejo agroindustrial, como químicos y maquinaria agrícola».
Al respecto, de acuerdo con un estudio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el campo comprometió inversiones por U$S 58.000 millones, aunque si bien hay anuncios todas las semanas, no está claro cuándo se transformarán en obras concretas.
A esto se suma la caída de la recaudación fiscal en mayo un 24,1%, en relación a igual mes del 2015. La excepción sería la Provincia de Buenos Aires con un superávit de $ 1.930 millones durante el primer semestre, mientras están frenadas las obras que necesitan las escuelas que se caen a pedazos, en los hospitales públicos faltan insumos, con aumentos salariales por debajo de la inflación, los descuentos salariales que sufren los trabajadores y los chicos que no tienen cupos en los comedores escolares, lo cual, entre otros motivos, motorizará una nueva protesta de los gremios estatales provinciales el próximo 12 de julio.
También la fuerte suba del dólar al pasar de $ 14 (15/6) a $ 15,43 (30/6). El viernes cerró a $ 15,23 por la intervención del BCRA que vendió U$S 532,5 millones para contener la primera corrida bancaria de la era M por la presión compradora que operó a un nivel récord de los últimos 5 años al superar U$S 1.100 millones. Los protagonistas fueron los principales bancos de capital extranjero que operan en el sistema: Citibank, ICBC y BBVA.
Frente a este panorama, el gobierno ha salido a jugar la carta de la reactivación de la obra pública. En el bimestre marzo-abril se licitaron 110 obras contra un promedio mensual de 17 en el semestre previo. Las más relevantes representan un desembolso de $ 13.000 millones.
En la provincia de Buenos Aires liberaron $ 1.000 millones para financiar obras en los municipios y tienen previsto desembolsar otros $ 6.000 millones en lo que resta del año.
Según un relevamiento de Clarín para una canasta de 50 productos, los supermercados aumentaron un 27% en relación a comienzos de diciembre. Las mayores alzas se registraron en la leche (64%), huevos y aceites (60%) y pollo (51%). Las verduras duplican y hasta triplican el registro de igual mes del año pasado.
Según el Indec y gobierno porteños, la canasta básica para una familia tipo es de $ 6.622,10, en promedio un 26,2% más que en diciembre y 37,8% que hace un año, aunque en varios rubros como carnes y vegetales es de casi 45% más. Tengamos en cuenta que la mayoría de los acuerdos salariales se cerraron alrededor del 30%.
Esto ha llevado a recorte de gastos y cambio de hábitos en la población. En una encuesta nacional de la consultora CCR, el 48% dijo estar comprando menos y buscando los precios «cuidados», el 43% recorre varios negocios y un 42% compra marcas más baratas.
De allí que las ventas en supermercados marcarían en junio una baja de 7% respecto del mismo mes de 2015 y en electrodomésticos, celulares y línea blanca prevén una disminución del 20% para este año. El mes de junio registra una caída de las ventas minoristas del 9,8%, según CAME.
Por otra parte, un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA (A) compara los salarios acordados en paritarias con la inflación interanual del 44,3% entre mayo 2015/16, según el IPC de la CABA y arroja una caída de:
Estatales: -11,72%
Jubilados: -10,10%
Prensa: -9,93%
Metalúrgicos: -9,78%
Comercio: -9,75%
Construcción: -8,29%
Gráficos: -5,46%
Alimentación: -4,72%
A esto se suman 167.000 despidos entre los sectores público y privado. En el sector privado se constatan 84.000 despidos, siendo los sectores más afectados la construcción con 50.000 y la industria con 20.000.
Un dato no menor es que fueron detenidos 35 dirigentes y activistas sindicales en 6 provincias y hubo 24 casos de represión contra movilizaciones en 9 provincias en los últimos 6 meses.
No obstante, las ganancias en dólares de 84 empresas que cotizan en la Bolsa totalizaron U$S 746,2 millones. El pelotón de ganadores fue encabezado por los bancos, pero tres compañías totalizaron utilidades en dólares superiores al mismo período del año anterior: Aluar (Madanes), Consultatio (Constantini) y Mirgor de Nicolás Caputo, el amigo del presidente Macri y uno de los principales contratistas de obra pública de la CABA, que aumentó el 608% desde el 22/6/2015.
Nuevo beneficio para los empresarios
El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó el viernes la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un Proyecto de ley para reformular el régimen de riesgos del trabajo e intentar contener el crecimiento de la «industria del juicio» contra el sistema, para lo cual puso en marcha un espacio de diálogo con representantes del sector empresario, sindicatos y aseguradoras en la apuesta de consensuar los principales aspectos de la iniciativa.
«Estamos intentando generar consensos lo más amplios posible» para apurar la reforma, indicó Triaca en declaraciones realizadas en el marco de su participación en la «Primera Jornada de Justicia Laboral por el Desarrollo Industrial» que se desarrolló en la ciudad de La Rioja.
El Gobierno, que aspira a enviar en agosto al Congreso el proyecto de ART, inició días atrás una ronda de contactos con referentes de las principales cámaras empresarias y centrales sindicales, además de las aseguradoras nucleadas en la UART, en la búsqueda de acordar algunos ejes centrales de la reforma. En esa línea, puso bajo análisis una propuesta de reforma elaborada por la Superintendencia de ART, que contempla que sea el fuero federal de la seguridad social y no el fuero laboral, como ocurre en la actualidad, el ámbito jurisdiccional en el que deban dirimirse las controversias vinculadas con accidentes o enfermedades laborales.
Son 120.000 los juicios con los que cerraría el año en materia de enfermedades ocasionadas por el trabajo o accidentes a causa de las condiciones de trabajo cada vez más degradadas que impone el capital a los trabajadores. Los números que importan son aquellos que cierran la ecuación de ganancias, pero poco resuena en el debate el hecho de que son más de 2 trabajadores por día los que mueren por el sólo hecho de trabajar y arriesgar su vida a cambio de un salario. Mejorar las condiciones de trabajo y disminuir los riesgos es más costoso que pagar una prima. Sin embargo, no hay indemnización que pueda devolver una vida o revertir una enfermedad crónica que reduce los atributos productivos del obrero.
En el 2012 el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante una modificación en la ley de ART a medida de los reclamos de la UIA que, entre otros cambios, agregó la «opción excluyente», esto es, la obligatoriedad para el trabajador de optar por cobrar la indemnización que paga el sistema de ART o la posibilidad de ir a juicio. Esto tenía como objetivo reducir el costo laboral que hoy preocupa a Triaca.
Al respecto, Luis Enrique Ramírez de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), criticó los recientes fallos de la Corte contrarios a los trabajadores: «El objetivo de la reforma legislativa no es evitar que las víctimas tengan que litigar para que se les reconozcan sus derechos, sino eliminar o reducir sus posibilidades de recurrir a la Justicia, aunque ello lleve al despojo de sus derechos». Agrega que la «litigiosidad es irrisoria» si se compara la cantidad de accidentes con los casos que llegan a la Justicia, para concluir que «las ART son sociedades anónimas con natural fin de lucro y que, por tal motivo, tienen intereses opuestos y contradictorios con los de las víctimas de accidentes o enfermedades laborales».
Y concluyó: «La solución tampoco pasa por sacar a los trabajadores de sus jueces naturales, llevándolos al desquiciado Fuero de la Seguridad Social. No, la solución pasa por un cambio radical del sistema, colocando como agentes gestores a entidades que no tengan fin de lucro, estableciendo reparaciones justas y haciendo una prevención real de los riesgos de trabajo».
Contra el desalojo de Tiempo Argentino
Los trabajadores de la cooperativa «Por Más Tiempo», habían iniciado el domingo una campaña de adhesiones a favor de su permanencia en el edificio en el que se encuentra la redacción, cuando en la madrugada del lunes irrumpieron un grupo de patoteros en Amenábar 23, donde funcionan la redacción de Tiempo Argentino y Radio América, cuyos trabajadores tienen la custodia de los bienes y herramientas por decisión del Ministerio de Trabajo.
Martínez Rojas, quien dice ser el dueño de ambos medios, pero no tiene ninguna documentación que lo respalde, y los «matones» que contrató, armados con navajas y encapuchados, echaron a lxs trabajadorxs que se encontraban en las instalaciones, tapiaron las ventanas y puertas y comenzaron a destrozar el lugar, las herramientas de trabajo y documentación de la cooperativa. Los/as trabajadores hicieron la denuncia correspondiente por violación de domicilio y la policía se acercó al sitio, pero mostró una actitud de complicidad absoluta con los patoteros.
Pese a la torrencial lluvia, lxs compañerxs se mantuvieron frente a la puerta de la redacción y lograron ingresar al edificio; fueron recibidos por los «matones» con la descarga de los matafuegos, antes de que algunos de ellos huyeran por los techos hacia una casa vecina. Otros se quedaron en la redacción hasta que la policía se decidió a entrar con la intención de sacarlos. Entre ellos estaba Martínez Rojas, quien en una muestra más de la impunidad que lo sostiene, advirtió a lxs compañerxs de América y Tiempo que los iba a sacar «del forro del culo». Es el mismo Martínez Rojas que en mayo pasado tomó la planta transmisora de AM1190 y cortó la transmisión ante la complicidad y la inacción de los órganos de control pertinentes.
Además, un fondo de inversión suizo, SFP3, presentó en marzo pasado un pedido de desalojo asegurando también ser el propietario del inmueble. El reclamo recayó en el Juzgado Civil Nº 3, a cargo del juez Eduardo Cecinini, a quien en una audiencia los representantes de los trabajadores pudieron manifestarle la situación de abandono en que quedó la empresa Balkbrug, propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
Ambos empresarios anotaron un nuevo hecho delictivo en su haber. Los más de 50 trabajadores del portal Infonews, cerrado hace ya casi dos meses por las deudas de la empresa con los servidores y proveedores, no cobran sus haberes desde febrero.
«Hemos denunciado esta situación reiteradas veces frente al Ministerio de Trabajo que hace oídos sordos, dando cobertura política e impunidad al empresario que está llevando adelante uno de los mayores desfalcos en la historia del gremio de prensa», denuncian los trabajadores. Frente a esta situación, permanecen en la redacción como única defensa de los puestos de trabajo. También han iniciado un fondo de lucha.
Noventa trabajadores despedidos de los programas televisivos 678, Duro de Domar, Televisión Registrada y Fútbol Permitido, llegaron a una instancia en la que se acordó la apertura de retiros voluntarios al 120% en 3 cuotas.
Ese acuerdo fue firmado ante el Ministerio de Trabajo los primeros días de mayo y la primera cuota debió haberse depositado el 1º de junio. Al día de hoy no tienen respuestas por parte de las autoridades del grupo empresario y luego de una movilización a las puertas del canal de noticias C5N e Ideas del Sur (empresas del Grupo Indalo) se siguen organizando para llevar adelante todas las acciones pertinentes con el fin de que paguen lo que les corresponde.
Los trabajadores de Página 12 rechazaron el aumento del 24,9% impuesto por la Cámara de diarios a un sindicato fantasma como la Utpba y reclamaron a Editorial La Página SA. una recomposición salarial acorde a la inflación y a los tarifazos sobre los que informan día a día.
Por tal motivo, no firmaron sus notas desde el 30 de junio hasta el 3 de julio, ya que para impedir medidas de fuerza los dueños de Página/12 recurrieron al Ministerio de Trabajo, que dictó la «conciliación obligatoria».
Junto a Página 12, la Comisión Interna de Clarín lanzó un plan de lucha en todos los diarios del grupo con asambleas multitudinarias, cortes de calle y cacerolazos internos y quite de firmas, también en reclamo de una modificación de las paritarias y exigiendo además, la reincorporación inmediata de un nuevo delegado de prensa del sector Expedición de la planta en Barracas.
En Perfil, la patronal comenzó a desdoblar el pago de los salarios y anunció que iba a postergar el cumplimiento de la paritaria por varios meses y que los retroactivos recién los iba a abonar el próximo año.
Todo esto, luego de la fastuosa inauguración del nuevo edificio de la editorial con la presencia de Macri, Scioli, Massa, Stolbizer y el presidente de la Corte, días antes de las elecciones de octubre.
Los trabajadores de Perfil venían de soportar golpes profundos con más de 100 despidos en 2014/15 y el procesamiento de sus delegados acusados de violar la libertad de prensa por una huelga general contra los despidos que impidió la salida del diario.
A pesar de este cuadro, y en el marco de asambleas masivas, con presencia incluso de los editores, los periodistas de la editorial organizaron dos cacerolazos y un masivo quite de firmas en el diario que será acompañado por la redacción de la revista Noticias.
Frente a este panorama, el SiPreBA convocó un plenario de delegados que resolvió el llamado a asambleas en todas las empresas y una nueva movilización general a principios de julio.
Trabajadores y trabajadores de distintos sectores de los noticieros de Canal 13 y TN están movilizados por reclamos que van desde el pago de feriados y francos hasta la falta de personal. Junto con la Comisión Interna de delegados de Prensa, alertan que la patronal ARTEAR publica que el Ministro Prat Gay admite una inflación del 42% anual pero sólo ofreció a sus empleadxs un 18% y sin paritarias.
Estatales
La semana pasada el Jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Deportes, Diego Marías, resolvió no renovar la contratación de más de un centenar de trabajadores/as. Se trata de contratos precarios y tercerizados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), muchos de ellos tienen más de 7 años de antigüedad. La medida fue comunicada a última hora del jueves 30 de junio, es decir, un día antes de cumplirse el plazo de vencimiento de los contratos que habían sido renovados por dos meses desde mayo.
A partir del 1º de julio los programas de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y convivencia escolar y Plan de Lectura y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Adultos, entre otras líneas de acción, se encuentran prácticamente desmantelados.
Miles de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires marcharon el viernes 1º de julio a la nueva sede de Jefatura del Gobierno de la Ciudad, en reclamo por la reapertura de paritarias y el establecimiento de carreras para el reconocimiento de las tareas y dignidad de los trabajadores de la Ciudad.
En el mes de abril se cerró la paritaria de los trabajadores del Gobierno porteño con un aumento en dos tramos, el cual contempla un inicial del 14% a partir de mayo. El segundo aumento recién llegaría en noviembre y consiste en un 17% no acumulativo. Se trata de uno de los peores acuerdos paritarios de todo el país.
Desde ATE Capital denunciaron que hay 50.000 empleados públicos que viven con menos de $ 15.000, por lo que afirman que es necesaria la creación de una carrera administrativa ya que los «han empujado» hacia un escalafón general y no reconocen la dignidad de las tareas que los empleados públicos de Ciudad llevan adelante.
La columna de estatales estuvo acompañada de diferentes organizaciones sindicales y sociales. Entre ellas, estuvieron presentes banderas de la UTE, de la CTA de Ciudad de Buenos Aires, la Tupac Amaru y la multisectorial de Buenos Aires. Además del reclamo salarial, repudiaron los tarifazos en los aumentos de servicios de gas, luz, transporte y agua.
En el cierre del acto, Daniel Catalano recordó la situación de Milagro Sala: «es un orgullo marchar con la Tupac Amaru, una organización que está siendo golpeada, porque están tratando de desarticular una de las organizaciones más grandes que tiene el país, una organización social que trascendió la República Argentina, una organización que estaba llevando adelante una protesta en Jujuy porque no le pagaban a los cooperativistas y lo que sucedió fue una extorsión».
Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU realizó esta semana un «llamamiento urgente» para que el gobierno tome posición sobre la detención de Milagro Sala.
El inicio del ciclo escolar en la Provincia de Buenos Aires tras el receso invernal entró en una etapa de incertidumbre, luego de que los gremios del Estado anunciaran un paro de actividades para el próximo 12 de julio y advirtieran que, en caso de no haber respuestas del gobierno de María Eugenia Vidal, podrían no comenzar las clases el 1º de agosto.
En un encuentro realizado en la sede de ATE en Capital Federal, este gremio, más el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), Suteba, Udocba, la Federación Nacional Docente, la AJB y Cicop, pidieron soluciones urgentes a la administración de Cambiemos para «modificar el estado de situación en que se encuentra la Provincia».
Contrariamente al discurso a favor del diálogo que Cambiemos esgrime en público, la administración bonaerense viene haciendo oídos sordos a los reclamos de los trabajadores.
La paritaria estatal todavía no resuelta, más la actitud beligerante del gobierno de Vidal de no acceder a los fallos de la Justicia, que ordenó reabrir la negociación salarial, ha generado que los trabajadores adoptaran un accionar más duro contra la política oficial.
Exigen una recomposición salarial que ayude a afrontar la vorágine inflacionaria y un sueldo mínimo de $ 12.000, mientras la administración provincial insiste con un aumento para los estatales del 25% en forma anual, y afirma por lo bajo que no dará ninguna clase de aumento a los demás gremios para el segundo semestre.
A esta situación se agregan los descuentos salariales conocidos el lunes. Fuentes sindicales aseguraron que la sanción de la Dirección General de Cultura y Educación alcanzaría a unos 100.000 trabajadores del sector que adhirieron a distintas medidas de fuerza.
El lunes más de 50 bibliotecarios ocuparon la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en 47 entre 5 y 6, para reclamar el pago de los 7 meses adeudados del aporte estatal a las 500 bibliotecas populares que funcionan en territorio bonaerense.
Los trabajadores del Hospital Posadas pararon el jueves contra la privatización del servicio de limpieza y también realizaron un corte de calle.
Los tres gremios que nuclean a los empleados de la ANSES coordinaron una jornada de lucha con paro y movilización al Congreso el miércoles pasado. Denunciaron que la Ley de Reforma Previsional sería un golpe mortal para el organismo y pondría en peligro la totalidad del sistema previsional.
«Desde el día uno nos manifestamos en contra de esta Ley que dictamina el vaciamiento de Anses. Vienen por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por el regreso del negocio de las AFJP, por eso hoy más que nunca tenemos que accionar en unidad defendiendo nuestros puestos de trabajo», afirmó el Secretario general de Secasfpi, Carlos Ortega.
También trabajadores estatales y entidades sociales y políticas marcharon hacia el Congreso Nacional para rechazar una norma que, según afirmó el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, «herirá de muerte a la seguridad social».
Plenario de ATE Desde Abajo
El viernes 24 de junio se realizó un nuevo plenario abierto de ATE Desde Abajo, a fin de repasar la situación económica, política y social que atraviesa nuestro país y la situación como estatales.
Allí analizaron que se va configurando un nuevo escenario para los y las trabajadoras, ante la inacción de las principales conducciones sindicales del país. En particular las y los estatales se encuentran con una avalancha de despidos que en su enorme mayoría no fue revertida, siendo pocos los sectores que aún se mantienen en la lucha por las reincorporaciones. Mientras tanto, el sindicato continúa con sus crisis, con dos direcciones con intereses propios y faccionalistas, alejados de la necesidad de organizarse y salir a luchar. Se disputan la representación de los estatales, recursos del sindicato y tienen una proyección nacional de parte de ambas facciones. Una alineada con el proyecto kirchnerista (un espacio político actualmente en crisis a nivel nacional), como se esfuerza en demostrar cada vez, en una especie de «sectarismo peronista». La otra fracción se identifica con la Unidad Popular (pequeño proyecto político de centroizquierda), «lo cierto es que no identificamos entre éstas diferencias de propuestas en el modelo sindical que practican y construyen, ni una disputa ideológica, sino más bien, una pelea por el «aparato». La virtual ruptura de la CTA-A entre el sector de Micheli-Rigane (ahora en búsqueda de unificarse con el yaskysmo) y el sector de Godoy-Degenaro, tiene sus repercusiones en la interna local del sindicato, unificando a sectores políticos que se acusaban mutuamente de traidores hasta hace pocos meses.
Por lo tanto, reafirmaron su forma de construir que siempre plantea la necesaria unidad, sin sectarismos, para la lucha, con la convicción de poner en pie un modelo sindical que tenga como principios la participación democrática y la organización», sostienen.
Más conflictos en las provincias
A pocos días de que entre en vigencia la ordenanza del cierre dominical de supermercados, Coto y Jumbo acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo santafesino en el conflicto por los trabajadores despedidos, y así empezaron a reincorporarlos. Coto había despedido a 58 trabajadores, mientras que la cadena chilena, había cesanteado a 6 empleados.
Tras una reunión en Capital Federal, el sindicato petrolero de Chubut que conduce Jorge «Loma» Ávila dio por finalizado el paro que por dos días paralizó la actividad en los yacimientos la semana pasada, en reclamo de aumento salarial y para rechazar decretos del Ministerio de Trabajo.
Según la visión sindical, las resoluciones cuestionadas estaban atadas entre sí: una daba un aumento salarial del 30% y la otra lo condicionaba a un plan de flexibilización laboral con achique de horas y una reforma de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo.
El gremio docente de Tierra del Fuego convocó a un paro de actividades para el viernes 1º de julio exigiendo la reapertura de paritarias y restitución de las supervisoras suspendidas.
Alejandro Garzón, Secretario General de ATE Santa Cruz, confirmó la toma pacífica en diferentes colegios de Río Gallegos y aseguró que sienten el apoyo del gremio docente ADOSAC. Indicó que esperan que este viernes haya novedades y adelantó que definirán un nuevo paro por tiempo indeterminado para la próxima semana si no tienen un ofrecimiento.
También continúan con la «ocupación pacífica» del Hospital Regional de Río Gallegos. Reclaman por el aumento por decreto que dispuso el Gobierno y la Emergencia Sanitaria.
Desde hace 12 días trabajadores del Hospital Regional de Río Gallegos afiliados a ATE mantienen la ocupación del hall del nosocomio, aunque la protesta también es avalada por APROSA que definió en asamblea paro hasta el viernes próximo. ATE mantiene el paro por tiempo indeterminado.
La planta avícola Avex de la alimenticia BRF, en Río Cuarto, resolvió la cesantía de más de 100 empleados en las últimas semanas. Según expresaron delegados del sindicato de la carne «los despidos son una manera de BRF de presionar al Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para que firme la autorización para importar huevos fertilizados que serían empollados en Río Cuarto, pero sin los controles sanitarios».
BRF es una firma de envergadura mundial que había adquirido la empresa Avex en 2012, para lo cual invirtió unos U$S 150 millones en un paquete que incluía al Grupo Dánica y en marzo le prometió al Gobierno de Mauricio Macri poner en marcha un plan de inversiones por U$S 292 millones para ampliar sus operaciones en la Argentina. Para ello reclamaban una serie de beneficios que incluían la liberación de autorizaciones para la importación de maquinaria y huevos fertilizados, entre otras peticiones.
Según consignaron desde la empresa, en realidad los despidos se deben a la merma en el consumo que estaría afectando las ventas de la firma y pondría en peligro la continuidad de la totalidad del plantel de empleados.
La Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) expresó que sus autoridades mantuvieron en las últimas jornadas diversas reuniones con distintos organismos gubernamentales con el objetivo de alertar sobre el impacto negativo que puede generar la apertura de las importaciones para la prestación de servicios de call centers.
En 2007, la Argentina llegó a ser el país líder de América Latina en materia de exportación de servicios de call center y de procesos de negocios, pero desde 2008 se vienen destruyendo 3.050 empleos al año.
La actividad genera en la actualidad 50.000 puestos de trabajo y es un importante componente de varias economías como las de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco y Salta, las que «se verían seriamente perjudicadas» de efectivizarse las contrataciones en el exterior.
La directiva del gremio metalúrgico dictó la suspensión de una medida de fuerza que estaba planificada para el pasado martes 28 que consistía de un paro de actividades de la rama siderúrgica por 24 horas y movilización a la Cámara empresarial, para intentar lograr un acuerdo sin afectar la producción. La UOM estaría retrocediendo para aceptar un acuerdo menor al acuerdo nacional. Según lo difundido habría un acercamiento entre las partes de cerrar en 29 % sobre el conformado y dos sumas fijas de $ 3.000 no remunerativas.
Fuentes: www.eldiarionuevodia.com.ar, Tiempo Argentino, Página 12, Clarín, Indymedia Argentina, www.rosario3.com/noticias, APU, CTP, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, marcha.org.ar, diariohoy.net.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.