Pocos días antes de cumplirse 39 años del golpe cívico-militar que inició la dictadura más sangrienta y devastadora de la historia argentina, tres fallos judiciales casi simultáneos muestran cómo los verdaderos ideólogos -y máximos beneficiarios- de las políticas de exterminio social y destrucción de la economía del llamado proceso de reorganización nacional no sólo conservan […]
Pocos días antes de cumplirse 39 años del golpe cívico-militar que inició la dictadura más sangrienta y devastadora de la historia argentina, tres fallos judiciales casi simultáneos muestran cómo los verdaderos ideólogos -y máximos beneficiarios- de las políticas de exterminio social y destrucción de la economía del llamado proceso de reorganización nacional no sólo conservan su poder, sino que lo utilizan para prolongar la impunidad de sus crímenes. Para mantener este estado de cosas existen sectores del Poder Judicial que hacen gala de una celeridad que resulta obscena en el contexto de los demorados tiempos de la Justicia argentina.
Tres casos ejemplares. A principios de este mes, el juez federal de Bahía Blanca Claudio Pontet necesitó apenas 37 horas -entre la mañana del 3 y la noche del 5 de marzo- para dictar la falta de mérito del dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura. La Unidad Fiscal bahiense acusa a Massot de ser coautor de los homicidios, cometidos entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior en el diario La Nueva Provincia. Para los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, Massot fue coautor «instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos». También lo acusan de hacer «aportes esenciales» al «ocultamiento deliberado de la verdad» en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de acción psicológica o desinformación desde las páginas del diario, al servicio de los represores de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la dictadura.
La semana pasada, el juez federal porteño Julián Ercolini -que lleva años cajoneando la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa- batió el récord del velocista bahiense Pontet al demorar poco más de 24 horas en rechazar el pedido de indagatoria, en calidad de imputados, a Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto, Raimundo Pío Podestá y otros cómplices de ese despojo cuya historia ha sido profundamente investigada por Miradas al Sur. Ercolini fundamentó el rechazo del pedido de indagatoria -elevado por el fiscal Leonel Gómez Barbella- en que antes de tomar cualquier medida de ese tipo en la causa es necesario probar que la transferencia de las acciones se realizó a «precio vil».
Como ya se señaló el domingo pasado en Miradas al Sur, al centrarse en ese punto, Ercolini deja en un lejano segundo plano una serie de pruebas fundamentales que no dejan dudas sobre las presiones, amenazas y maniobras intimidatorias que sufrieron los integrantes del Grupo Graiver para que se desprendieran del paquete accionario. También desdeña los secuestros y torturas que probadamente sufrieron, las actas de la Junta Militar que dejan totalmente en claro la complicidad de la dictadura con los propietarios de La Nación, Clarín y La Razón, así como las minutas dirigidas al despacho del dictador Videla donde el general Bartolomé Gallino, instructor de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver, daba cuenta de las reuniones que mantenía con los propietarios y representantes de los tres diarios antes de interrogar a los secuestrados. El jueves pasado, el fiscal Gómez Barbella apeló la decisión del juez. En su escrito, de 18 carillas, señaló: «El presente caso reviste una cuestión de gravedad institucional que podría lesionar derechos que requieren inmediata cautela, tal como es el derecho de la sociedad de erradicar la impunidad de delitos de lesa humanidad».
Un día después de consumado el récord de celeridad de Ercolini, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani y Eduardo Riggi- dictó la falta de mérito del dueño de Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y de quien era gerente administrativo de la empresa en 1976, Alberto Enrique Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad en las que estaban procesados. En la primera de ellas están acusados del secuestro del ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, y de dos dirigentes sindicales enfrentados con la empresa, todos ellos ocurridos el 24 de marzo de 1976. La segunda está relacionada con el secuestro de veinte personas durante la llamada «Noche del Apagón», el 27 de julio de ese mismo año. En todas esas acciones de represión ilegal las tropas del ejército utilizaron vehículos de Ingenio Ledesma.
Para hacer zafar a Blaquier y a su secuaz, los jueces fundamentaron su decisión en que no existe mérito «para sostener que los imputados se hayan representado que hicieron un aporte a la conducta dolosa de miembros de la fuerza de seguridad que privarían ilegítimamente de la libertad a las víctimas de este proceso». Es decir, los magistrados dan por probado que, por orden de Blaquier y Lemos, Ingenio Ledesma aportó sus camionetas a las patotas militares, pero que no sabían para qué se las pedían. A sus señorías no parece haberles llamado la atención que todos y cada uno de los secuestrados en los dos hechos eran conspicuos opositores a las políticas de explotación laboral y de contaminación ambiental -con grave daño para la salud de la población- perpetradas por Ingenio Ledesma.
Un proceso histórico. Si al cronista no se le escapa algún caso, hasta la fecha ningún empresario ligado al poder económico concentrado que participó en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura ha sido penado por ellos. Quizás quien más cerca haya estado de recibir una condena, fue el ex presidente del directorio de Acindar y luego ministro de Economía del dictador Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, quien murió sin recibir condena en marzo de 2013, cuando cumplía prisión domiciliaria debido a que estaba procesado en una causa ligada al secuestro del empresario textil Federico Gutheim y su hijo Miguel en 1976. De todos modos, el caso de Joe el orejudo no es representativo, ya que está atravesado por su accionar como una de las principales cabezas ejecutivas del autodenominado proceso de reorganización nacional.
Hasta hace pocos años, la participación de los representantes de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales en los crímenes de la dictadura era un tema del cual no se hablaba. Se los acusaba de la devastación económica del país, pero no de casos concretos en los que se hubieran servido del terrorismo de Estado para su beneficio personal.
Esa omisión fue parte de un proceso histórico, iniciado apenas concluyó la dictadura, que la caracterizó como un producto puro y exclusivo, en la idea y en la ejecución, de las Fuerzas Armadas. Hasta bien entrado el siglo XXI, la caracterización de «dictadura militar» sirvió para excluir a otros actores fundamentales del genocidio perpetrado entre 1976 y 1983. Recién en la última década, el término «dictadura cívico-militar» puso en blanco sobre negro el papel jugado por empresarios, jerarcas de la Iglesia, integrantes del Poder Judicial y representantes de diferentes sectores de la sociedad civil durante el proceso. La publicación de libros de investigación periodística como, entre otros, Silencio por Sangre (sobre la apropiación ilegal de Papel Prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón), de Jorge Mancinelli y quien esto escribe, o 1976. El golpe civil (sobre los ideólogos civiles de la dictadura), de Vicente Muleiro, sacaron a la luz la participación de los representantes del poder económico en el plan maestro de desintegración política, económica y social de la Argentina implementado por las cabezas visibles de la dictadura. Pasaron de ser grandes desconocidos para la opinión pública a ser considerados partícipes de los crímenes, y así se los empezó a llamar «los cómplices civiles». A 39 años de perpetrado el golpe y más de tres décadas de recuperada la democracia, ninguno de ellos ha pagado todavía su participación en el terrorismo de Estado.
Los tres dictámenes judiciales mencionados más arriba en esta nota tienen dos lecturas que no son opuestas sino complementarias. La primera de ellas, coyuntural, no puede dejar de inscribirlas en la batalla política que por estos días se desarrolla en el campo judicial. En ese contexto, cualquier revés en la política de derechos humanos que es marca distintiva del Gobierno lleva agua para el molino de una oposición de la cual los partidos políticos enfrentados con el oficialismo son apenas un apéndice casi descartable. El miércoles pasado, convocada por el fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, se realizó una reunión de fiscales de todo el país para analizar la reciente cadena de fallos adversos en procesos relacionados con el terrorismo de Estado que «habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país». La segunda lectura, de carácter estratégico, saca una vez más a la luz el enorme poder que conservan -acrecentado en muchísimos casos- los perpetradores civiles de la última dictadura.
Tal vez sea hora de dejar de llamarlos «cómplices civiles» para revelar su verdadera estofa: la de ideólogos y dueños.
Fuente: http://www.miradasalsur.com.ar/nota/10807/siempre-impunes