Buenos Aires. El presidente Javier Milei envió el 27 de diciembre al Parlamento un paquete de leyes a cambiar de más de 350 páginas que contiene la derogación de 664 artículos de la Constitución nacional, entre ellos que se deleguen facultades legislativas al Ejecutivo hasta fines de 2025 pero con posibilidad de continuar hasta el final de su mandato, lo que entre otros gravísimos contenidos harán implosionar el Estado y la soberanía nacional.
El mandatario presentó el proyecto en momentos en que se realizaba en esta ciudad la multitudinaria marcha encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y todas las centrales sindicales para entregar ante los tribunales una solicitud de derogación de estos decretos, que son anticonstitucionales y terminan con toda posibilidad democrática en el país.
La movilización y el acto ante tribunales se realizó en una zona militarizada, con todo preparado para la represión, que incluyó policías de la ciudad, Federal y Gendarmería, que comenzaron a actuar cuando las protestas se desconcentraban a fin de impedir la salida de los últimos manifestantes, a los que era más fácil reprimir. Fue la policía la que cortó las calles y hubo un momento en que había más agentes que manifestantes, la mayoría mujeres, que se refugiaron en restaurantes de la zona.
Hubo seis detenidos, entre ellos dos periodistas, mientras los uniformados provocaban a los manifestantes en desconcentración, lo que fue validado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La noche anterior se renovaron los cacerolazos en esta capital y en diversos lugares del país en contra del Gobierno de Milei y sus polémicos decretos.
En este entorno, al conocerse los artículos que se quieren derogar, que incluyen la solicitud de declarar la emergencia pública y tener facultades para legislar en materias energética, económica, fiscal, social, de seguridad y de defensa, que en este caso contiene la facultad de solicitar ayuda de tropas extranjeras cuando sea necesario. También la congelación de salarios y jubilaciones.
El Congreso tiene que estudiar en uno o dos días, se supone, esta cantidad de artículos, donde incluso figura apoderarse del Fondo de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) previsional.
El artículo se refiere a las sociedades que integran este fondo, creado luego de la recuperación de los recursos de la ex-Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se recobraron las jubilaciones que estaban en manos privadas.
Se contemplan, además, las inversiones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), tal cual están, que procuran promover el crecimiento económico, generar más empleos y evitar la especulación financiera y es parte del sistema financiero.
También se trata de desprenderse de las acciones que posee el Estado en 41 sociedades claves para el entramado económico y productivo, además de separarse de un enorme fondo anticíclico calculado en 76 mil millones de dólares. Con esta decisión, señalan analistas, Milei abre las puertas a Black Rock y otros fondos de inversión interesados en comprar barato los activos argentinos.
Festejan empresarios
Las empresas con participación estatal que festejan la decisión oficial son Molinos Río de la Plata, donde ya participa el fondo de Larry Fink, Cresud, del empresario Eduardo Elsztain –financista de Milei y representante internacional del sionismo–, dueño del hotel donde se aloja hasta ahora el presidente. También, Pampa Energía, el grupo Techint, Clarín, Telecom y Aluar, entre otros.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley número 23 mil 696, se lee en el artículo 9 del proyecto de ley ómnibus enviado ayer al Congreso –que está en periodo de sesiones extraordinario– por el Poder Ejecutivo.
En el capítulo de Seguridad Interior, el proyecto de ley establece modificaciones al artículo 94 del Código Penal, que implicarían un endurecimiento a las condenas por la protesta social. En principio establece penas de prisión de entre uno y tres años y seis meses a quienes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.
En este caso, quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe, remarca uno de los puntos para la modificación.
En el tema de seguridad, tomando las denuncias de supuestas extorsiones a personas para que asistan a movilizaciones, añaden: Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta.
Establece también que quien organice una manifestación deberá notificar como mínimo 48 horas antes al Ministerio de Seguridad de la Nación y el organismo podrá autorizarla o denegarla o pedir un cambio de fecha, horario y locación.
En caso de ser una movilización espontánea, el proyecto indica que los responsables deberán dar aviso al ministerio de competencia lo antes posible. También establece que si una movilización no cumple con las indicaciones estipuladas, los organizadores o quienes infrinjan algún aspecto de la ley serán susceptibles de recibir una multa.
La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo.
También el Ejecutivo se atribuye facultades de emitir deuda sin consultar al Congreso. A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
Faltan muchos más temas que se incluyen, cuya aplicación, como pretende el Gobierno y que los analistas califican como el mayor saqueo de un país, se irán analizando en estas horas, después de que las amenazas gubernamentales se expresaran en una represión a un centenar de manifestantes, que se desconcentraban pacíficamente, que fueron golpeados a bastonazos y que incluyeron a otros que simplemente transitaban por el lugar.
Así comenzó lo que la mayoría de los manifestantes señalaron ayer como la entrega de un país, con su pueblo con las manos y los pies atados y que en Argentina hay golpe de Estado poselectoral.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/12/28/mundo/017n1mun