Desde la época de la dictadura militar y la política económica impuesta por Martínez de Hoz, el país quedó amarrado hasta el día de hoy a los tribunales de EEUU y otros poderes y al modelo de desarrollo consolidado bajo la fuerza extorsiva del endeudamiento. Ningún gobierno cuestionó la legitimidad o legalidad de la deuda […]
Desde la época de la dictadura militar y la política económica impuesta por Martínez de Hoz, el país quedó amarrado hasta el día de hoy a los tribunales de EEUU y otros poderes y al modelo de desarrollo consolidado bajo la fuerza extorsiva del endeudamiento.
Ningún gobierno cuestionó la legitimidad o legalidad de la deuda generada durante la dictadura – con excepción del intento frustrado del Presidente Alfonsín y su primer Ministro de Economía – pese a que afecta grave y continuamente al pueblo y a la soberanía nacional.
Todos los gobiernos que precedieron al actual actuaron de la misma forma: ocultaron la verdadera situación del país y asumieron la deuda sin separar lo legítimo de lo ilegítimo. Firmaron tratados de libre comercio y de «protección a las inversiones», ejecutaron las políticas de ajuste y privatización impuestas, y así llegamos al 2001 con todas sus consecuencias.
Tanto los gobiernos de Néstor como de Cristina Kirchner continuaron con la misma política, negándose a bajar el cuadro de la Deuda de la pared y manteniendo el sometimiento del país a tribunales extranjeros, cediendo la soberanía nacional. En otros términos, consolidaron la transformación del país en una colonia de las grandes potencias y empresas, que imponen las condiciones de financiamiento, inversión y comercio y la jurisdicción de tribunales o foros arbitrales, como Nueva York o el CIADI, que siempre los van a beneficiar.
Muchas organizaciones intentaron acercarse al gobierno para tratar la situación de la deuda externa y proponer alternativas ciertas, como la realización de una auditoria participativa e integral y la nulidad de las renuncias soberanas. Lamentablemente sin resultado, pese al antecedente valioso de Ecuador, ya que hasta ahora tanto el gobierno como el Parlamento, se niegan a investigar para determinar si realmente hay deuda legítima pendiente de pago.
Es preocupante que casi todos – el gobierno más la gran mayoría de la oposición – parecen desconocer el juicio sobre la deuda externa iniciado por el patriota Alejandro Olmos en el año 1982 y concluido en el 2000. El Poder judicial no ha declarado aún las nulidades respectivas ni seguido con ahinco las causas pendientes. El Poder ejecutivo tampoco ha impulsado los juicios y acciones complementarias correspondientes en función de las más de 470 ilicitudes comprobadas por el juez Ballestero en su decisión en la causa Olmos. Y el Parlamento ha omitido actuar sobre la misma para determinar las responsabilidades políticas de una deuda que continúa provocando graves daños al país.
En varias oportunidades fuimos al Congreso, con Alejandro Olmos y otros, tratando de reunirnos y a conversar con diputados y senadores. Pero siempre fue casi imposible. Si lográbamos reunir uno o dos, eran muchos; la indiferencia y falta de conocimiento de la situación y consecuencias de la deuda externa para el país, por parte de los legisladores, era casi total.
Hasta el día de hoy, han pasado otros 14 años y los diputados y senadores no han mostrado todavía la sabiduría y compromiso necesarios para cumplir con uno de sus mandatos constitucionales, indelegables: el de «arreglar» la deuda. Por eso las consecuencias de la misma siguen agravándose, provocando situaciones como la actual con la transferencia permanente de capitales a la especulación y la usura internacional y el juicio en los EEUU con sus fallos tan predecibles a favor de los «fondos buitre» que compran por nada y quieren llevar todo. Las consecuencias para el pueblo son siempre las mismas: mayor empobrecimiento, falta de recursos para el desarrollo del país, la salud, educación y la necesidad siempre pendiente de privilegiar la deuda interna con los derechos del pueblo y de la naturaleza.
Lo ocurrido con el embargo a la Fragata Libertad en Ghana fue grave y afectó la soberanía nacional, como ahora pasa con las amenazas de posibles embargos y bloqueos de fondos del país. El comportamiento de la justicia estadounidense – no sólo el juez Griesa sino además, la Cámara de Apelaciones y la propia Corte Suprema de EE.UU. – muestra con todo su peso que no toda ley es justa, ni tampoco ciego el Poder judicial.
Pero son conclusiones absolutamente previsibles y seguirán corriendo, y mal, a nuestro país, si no se encare a fondo el raíz del problema que no son los buitres precisamente, sino la entrega de nuestra soberanía a toda calaña de buitres que anda volando, tanto por aquí como por allá, y la negativa a asumir la ya comprobada ilicitud e ilegitimidad de la deuda. No sólo es repudiable la deuda hoy en garras de los buitres reconocidos sino toda la deuda pública, acumulada desde tiempos de la dictadura sobre la base de la represión, el fraude y la complicidad, la nacionalización de las deudas de las grandes empresas privadas, la fuga de capitales y otros crímenes más.
El gobierno debiera repensar la política a seguir y no caer en el «masoquismo político», sabiendo los resultados que le espera, pero insistiendo en la misma receta. Es necesario recuperar la soberanía y fortalecer la capacidad de nuestro pueblo e instituciones para defendernos. Pero en vez de avanzar por ese camino, el gobierno con total impunidad e irresponsabilidad continúa sometiendo al país a tribunales extranjeros y ocultando al pueblo las cláusulas secretas, como en los acuerdos con Chevron.
Hemos denunciado en reiteradas oportunidades que Chevron es una empresa que escapó del Ecuador, siendo condenada por la justicia de ese país a pagar 9 mil millones de dólares por los daños ambientales, como a las comunidades indígenas, que rechazó reparar. Chevron se niega a pagar, y la justicia ecuatoriana logra embargar sus inversiones en Argentina por los daños causados. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina levanta el embargo a Chevron, a fin de acordar con el gobierno nacional la explotación con el sistema del fracking en Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.
Una empresa con esos antecedentes actúa con total impunidad; hay que estar atentos a la situación y la explotación de los recursos energéticos, como el petróleo y el gas en la Provincia del Neuquén, en un país que ha renunciando a su soberanía y quedado a la merced de quienes pretenden ser sus acreedores.
El otro antecedente preocupante a tener en cuenta es el acuerdo reciente con China, ya que reitera el gobierno la misma política de renunciar a la soberanía nacional, sometiendose incluso a los tribunales de Gran Bretaña.
¿Pueden explicar por que el gobierno se niega a actuar sobre las investigaciones y decisiones de la justicia argentina, o de realizar una Auditoria para separar la deuda legítima de la ilegítima e investigar los daños causados por la deuda externa e ilegítima al país? ¿Cuales son los motivos para que el Parlamento y el Poder Judicial omiten impulsar las acciones que les competen al respecto?
Hoy el país sufre las consecuencias de la incapacidad y falta de voluntad política de parte de sus diversas autoridades, situación que genera mayor empobrecimiento, marginalidad y pérdida de los bienes comunes, que son patrimonio del pueblo y de la naturaleza y no del gobierno de turno.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, movimientos populares y religiosos están movilizados reclamando a los tres poderes estatales argentinos -el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicia-l, que asumen sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución Nacional y los derechos humanos. Y que abren instancias de dialogo con todos los sectores sociales, sindicales y políticos, que deben ser escuchados en el ejercicio democrático para buscar salidas superadoras de los errores cometidos.
Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz.
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