En mis ocasionales y escasos viajes a Caracas en estos últimos años pude comprobar la grosera brutalidad con que algunas emisoras televisivas atacaban al gobierno de Hugo Chávez, y muy especialmente al presidente. No exagero: en la ahora clausurada RCTV vi como se referían reiteradamente a Chávez como el «mico mandante», en una gracieta miserable […]
En mis ocasionales y escasos viajes a Caracas en estos últimos años pude comprobar la grosera brutalidad con que algunas emisoras televisivas atacaban al gobierno de Hugo Chávez, y muy especialmente al presidente. No exagero: en la ahora clausurada RCTV vi como se referían reiteradamente a Chávez como el «mico mandante», en una gracieta miserable que revela la baja catadura moral de quienes manejaban los programas y la dirección de la emisora. Otras veces, en esa emisora o en Globovisión, a alguien se le «escapaba» calificar al presidente de mono, loco, perturbado peligroso u otras lindezas semejantes.
Pero no se trataba sólo de eso: la actividad de esas cadenas televisivas, en los horarios en los que yo podía contemplarlas, tenía un único objetivo: acabar con el gobierno bolivariano utilizando las consabidas armas de la agitación y la propaganda.
Se supone que los medios de comunicación están al servicio de la verdad, y que su honestidad informativa está fuera de toda sospecha. En la práctica, eso nunca es así, y los medios, cada vez más, hacen política. Eso pasa en todas partes, no tiene remedio. Pero una cosa es favorecer a determinadas formaciones políticas, incluso manipular partidariamente la verdad, y otra muy distinta llamar a la insurrección, reclamar un golpe de estado, participar en los preparativos del golpe, mentir descaradamente una y otra vez, insultar reiteradamente a presidente y ministros, etc., etc., etc. Eso era lo que hacía la RCTV venezolana, y lo sorprendente no es que no se le haya renovado la licencia; lo sorprendente es que se le haya permitido emitir en estos últimos años.
El gobierno de Jordi Pujol anunció, hace unos años, la posibilidad de no renovación de la COPE en Cataluña. En esta revista, entonces, yo firmé una columna rechazando esa medida, a pesar de ser la COPE una emisora odiosa, y a pesar de la acumulación de mentiras que ya en aquellos años la caracterizaba y que fueron la causa del amago de no renovación. La libertad de expresión, en efecto, requiere cierta manga ancha, una mayor tolerancia que otras libertades. Pero de ahí a permitir que se fomente el enfrentamiento civil media un buen trecho.
Los medios de comunicación españoles, como es habitual, sólo han contado las cosas a medias. En general han ignorado el papel subversivo (que no crítico) que cumplía la emisora, así como los tiroteos y atentados que supuestos manifestantes «por la libertad de expresión» han cometido. Pecata minuta. Han resaltado, claro, las manifestaciones -legítimas- que contestaban el cierre de la emisora, pero no han puesto demasiado énfasis en informar sobre las multitudinarias manifestaciones de apoyo a la medida de no renovación. Ya se sabe que consideran a Venezuela un país totalitario, una dictadura, y de ese burro no hay quien les apee.
Para resumir, y para dejar las cosas claras: señores y señoras, queridos lectores, yo también hubiera cerrado la emisora. Yo, y cualquier gobierno de cualquier país civilizado. Yo y cualquier gobierno democrático.
Porque en algún momento, alguien tiene que decir basta.