En 2008 los medios denunciaron con fruición que, según un informe una organización de derechos humanos cubana , en este país habían aumentado las «detenciones arbitrarias» de corta duración (BBC, 12-8-2008). Se trataba de arrestos por algunas horas o un día que luego eran puestos en libertad. El pasado mes de diciembre, descubrimos, con motivo […]
En 2008 los medios denunciaron con fruición que, según un informe una organización de derechos humanos cubana , en este país habían aumentado las «detenciones arbitrarias» de corta duración (BBC, 12-8-2008). Se trataba de arrestos por algunas horas o un día que luego eran puestos en libertad.
El pasado mes de diciembre, descubrimos, con motivo de la Cumbre de Copenhague, que fueron detenidas de forma similar casi 1.300 personas (Público, 15-12-2009). Según parece, «en Dinamarca, la Policía tiene derecho a hacer ‘detenciones preventivas para asegurar el orden público'». Lo que en Cuba es objeto de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en Dinamarca está directamente legalizado.
No es la primera vez que algo que se denuncia cuando sucede en Cuba, posteriormente, se produce en los países acusadores de forma mayor. Un artículo de opinión de Público (21-12-2009) señalaba: «Para hacerse idea de cómo las gasta Raúl Castro, Exteriores (ministerio español) señala que «ni siquiera permite a los sanitarios de la Cruz Roja visitar a los presos». La organización de derechos humanos citada al inicio denuncia todos los años que «Cuba es el único país en el hemisferio occidental que no permite a la Cruz Roja Internacional visitar sus cárceles». Se hicieron eco de la denuncia tanto la BBC (6-7-2007) como el diario El País (12-1-2006). En 2008 observamos que en España «El gobierno se opone a que Cruz Roja Internacional visite a los presos del 11-M» (El País 6-7-2008), y que, «al parecer, Francia también se ha negado» a que la institución visite los presos de Al Qaeda en su territorio. Eso sí, ahora la prensa dice que «la pretensión de la Cruz Roja Internacional de visitar en las cárceles españolas a los condenados por el 11-M ha provocado sorpresa en la Administración, ya que todos ellos gozan de las garantías, protección y asistencia jurídica que recogen las leyes españolas».
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.