Desde hace tiempo los economistas liberales y la oposición de derecha cuestionaban al gobierno nacional por su «excesivo» gasto público, llamando a la austeridad fiscal criticaban la corrupción de algunos funcionarios y proponían diversos recortes, entre ellos los subsidios millonarios que el Estado nacional otorgaba a las empresas privadas que prestan servicios públicos concesionados. Durante […]
Desde hace tiempo los economistas liberales y la oposición de derecha cuestionaban al gobierno nacional por su «excesivo» gasto público, llamando a la austeridad fiscal criticaban la corrupción de algunos funcionarios y proponían diversos recortes, entre ellos los subsidios millonarios que el Estado nacional otorgaba a las empresas privadas que prestan servicios públicos concesionados. Durante la campaña electoral los candidatos de la derecha instalaron en los medios una crítica casi unánime a los subsidios, pero lejos de profundizarse en cual era el problema de los subsidios y como se los corregía se fue generando la idea de que los subsidios son una especie de enfermedad invasiva que se va comiendo el presupuesto nacional y que hay que exterminar de inmediato. Por ejemplo, Duhalde dijo «Hay dos tipos de subsidios bien diferenciados. Los sociales, que no se deben cuestionar, porque son 10 mil millones de pesos, por más que estén mal dados, en forma incorrecta. A veces una familia tiene cinco subsidios y otra ninguno, aunque lo necesite. Pero los otros son los importantes, porque hay 90 mil millones de pesos en otros subsidios que es necesario ir resolviéndolo rápidamente, pero con el cuidado de ver el ritmo en el que se va a ir solucionando, porque no se soluciona de un solo golpe, porque puede pasar como a Evo Morales, el presidente de Bolivia, que casi se pone a su país de sombrero. Son cuestiones serias» [1].
Por su parte el gobierno nacional durante la campaña defendió su política de subsidios como un pilar fundamental del «modelo». De hecho así fue, gracias a las privatizaciones que hizo el gobierno de Menem en los ’90, cuando se regalaron las empresas estatales a precios irrisorios, manteniendo los monopolios, con organismos de control inútiles y sin obligación de invertir en la mejora de los servicios. Estas concesiones fueron hechas a medida de los capitales que tomaron control de las empresas y a los que se les garantizó grandes ganancias con mínima inversión.
Luego de la caída de la convertibilidad se decidió mantener las concesiones, mantener congeladas las tarifas como medida para incentivar la actividad económica y otorgar subsidios para mantener la rentabilidad de las empresas extranjeras que controlan los servicios públicos. Esto hizo que a medida que la economía fue creciendo, se necesitaron mayores inversiones, los costos de los servicios aumentaron, las tarifas aumentaron relativamente poco y los subsidios crecieron exponencialmente alcanzando éste año los 80 mil millones de pesos.
Pero de lo que nadie habla es de la ganancia empresaria. Si vemos como funcionaron estas empresas, resulta que las grandes inversiones de capital que permitieron el mantenimiento o en el mejor de los casos el mejoramiento del servicio fueron hechas por el Estado, y una parte importante de las tarifas también la paga el Estado, variando mucho según la zona del país, por ejemplo en la ciudad de Bs As el subsidio llega al 290%, mientras que en La Plata es del 100% y en Córdoba o Santa Fe del 70%.
Entonces, por qué tiene que haber un grupo empresario trasnacional que gane enormes cantidades de dinero por administrar lo que es nuestro, y sin correr ningún riesgo.
Hay que reducir el costo que implica la empresa privada, el Estado junto a los trabajadores deben hacerse cargo de la administración de estas empresas, con el fuerte control de los usuarios. Esto permitiría ahorrar mucho dinero que se pierde hoy en sueldos de ejecutivos y en remesa de las ganancias que muchas veces van para el exterior.
Pero si ahora estamos hablando de los subsidios es porque el gobierno al poco tiempo de ganar las elecciones por un amplio margen, tomó la consigna de la derecha y anunció el pronto recorte de estos beneficios.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el de Economía Amado Boudou anunciaron un primer paso que consistía en el fin de los subsidios a la luz, gas, electricidad y agua corriente a grandes empresas como bancos, casinos, bingos, financieras, etc. Y un segundo paso de constituir una comisión encargada de evaluar la eliminación de los subsidios de estos servicios públicos para el resto de los usuarios, comenzando por la Ciudad de Buenos Aires y algunas zonas del Conurbano, pero teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios de manera de no perjudicar a los sectores de menores ingresos. En seguida los periodistas preguntaron si esto significaba un aumento de las tarifas, a lo cual ambos ministros contestaron negativamente. Muy bien por ahora no hay aumentos de tarifas, pero si parte de la tarifa la pagaba el Estado vía subsidios, al eliminarlos los usuarios tendrán que pagar el total de la misma con lo cual su gasto aumentará considerablemente, se habla entre un 50 y un 300 %, lo cual es un golpe muy importante para los salarios de una enorme masa de trabajadores. Además de ello, en algunas jurisdicciones ya han aumentado o se han anunciado aumentos de tarifas: en Córdoba la electricidad aumentó 15% este mes y el año que viene lo hará 12% más; en Santa Fe el mismo servicio aumentó 14% y se debate cuánto lo hará el agua; en La Plata y alrededores ya reanunciaron aumentos de electricidad para actualizar costos, pero no se sabe cuál será el monto.
Para tranquilizar a los futuros afectados el gobierno ha dicho que en los casos de usuarios residenciales que no vivan en barrios exclusivos o en un country, recibirían junto a la factura de los servicios una declaración jurada por la cual puede pedir la continuidad del subsidio. Esto suena bastante extraño, por un lado muy poca gente va a aceptar gustosa el aumento, y la gran mayoría va a considerar que su situación amerita la ayuda estatal. Se necesitaría una infraestructura administrativa enorme para poder procesar la situación de las 12 millones de personas que vivimos en el área metropolitana y difícilmente se pudiera armar en dos meses como pretende el gobierno. Por el otro lado está la cuestión del criterio para otorgar el beneficio, o donde se pone la línea para determinar quien tiene que hacer un mayor esfuerzo para mantener las finanzas del Estado. De hecho viendo las 12 preguntas que llegaran a los usuarios para que puedan pedir la continuidad del beneficio, queda claro que se lo otorgaran a todos los sectores más pobres pero después hay una amplia zona gris que tendría que demostrar que «posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena». Si bien De Vido afirmó que » una persona con ingresos por $5.200 mensuales merece continuar recibiendo el subsidio» [2], no existe ninguna normativa clara al respecto y nada garantiza que la línea no pase por los 1.450 pesos que gana un jubilado de la ANSES con la mínima. Finalmente la decisión quedará a consideración de los funcionarios encargados de la «sintonía fina» de la que habló la Presidenta, pero es muy probable que aumenten en cuentagotas para medir la reacción del pueblo.
Sin embargo a muchos nos parece correcto que se les cobre más a los ricos, de hecho al pensar que durante 10 años se le subsidio la luz al City Bank, como a todas las grandes empresas, no puede dejar de escandalizarnos. Pero qué pasa con el resto, qué pasa con aquella familia de trabajadores que viven en un barrio que no es ni Puerto Madero ni una villa miseria, que los padres trabajan y no cobran la asignación pero llegan ajustados a fin de mes…
Por otra parte, cuando se analiza la propuesta en términos de su peso económico los interrogantes se multiplican: Si finalmente se redujeran los subsidios a todos los sectores anunciados hasta ahora y todas las personas en la «zona gris» dejaran de percibirlo, el Estado nacional se ahorraría menos de 5 mil millones de pesos, lo cual significa que ni si quiera alcanzarán para reducir los gastos en este rubro durante el 2012, que seguirá en aumento por efecto de la inflación y la expansión de los servicios alcanzando según algunas estimaciones el monto de 90 mil millones de pesos.
Entonces, ¿se limitará la quita de subsidios a las personas que claramente no los necesitan? Nos reservamos nuestro derecho a duda. Sobradas experiencias tenemos de cómo cuando el Estado necesita ahorrar los trabajadores deben hacer el mayor esfuerzo, mientras que los empresarios cuidan sus ganancias. Por eso tendremos que estar atentos y salir a la calle si el aumento de tarifas es generalizado para demostrarles que no estamos dispuestos a que el crecimiento de los precios siga quedándose con nuestros salarios.
La quita de subsidios es otra trinchera más en la que se está disputando la distribución de los costos de la crisis internacional. Los empresarios presionaron todo este año para devaluar el peso, volver al sistema financiero internacional y controlar los salarios para mantener la competitividad en el mercado global, y todo indica que en 2012 el gobierno les hará todos esos favores. El aumento del dólar, la campaña anti sindical y los techos salariales ya comenzaron, mientras que la vuelta al FMI fue una de las primeras promesas del nuevo Ministro de Economía.
Los trabajadores tendremos que estar bien organizados y pelear duro para que nuestros salarios le ganen a la inflación.
La cuestión pasa porque las empresas de servicios públicos vuelvan a ser del Estado, pero esta vez con un protagonismo de los trabajadores y usuarios en su administración y control. Desde las privatizaciones en los 90, el mantenimiento de las ganancias empresarias nos ha costado mucho a todos los argentinos, mientras que los servicios públicos luego de mejorar un poco fueron en clara decadencia. Hoy en día las principales inversiones en la generación y distribución de electricidad y gas, por ejemplo, la sigue realizando el Estado y las empresas no tienen obligación alguna de invertir para mejorar el servicio.
Con más o menos subsidios, los que más ganan con todo esto son los empresarios. Si el Estado necesita ahorrar dinero que deje de garantizarles su ganancia y se haga cargo de los servicios públicos. ¿Acaso reestatizar las privatizadas no es «profundizar el modelo»?
Notas:
[1] Duhalde: la inflación se baja con «sintonía fina» y los subsidios «no se pueden sacar de un golpe». Diario Hoy – 20/10/2011
[2] Según De Vido, mantendrían los subsidios el 65 % de los hogares, Clarín – 04/12/11