El Congreso será hoy el escenario de varios reclamos que se vienen dando de manera fragmentada, pero que confluirán en súper miércoles de manifestaciones. “La marcha más grande”, así es una de las convocatoria para la medida que hacen cada semana los jubilados y jubiladas y a la que esta vez se suma el colectivo “Ni una menos” –a diez años de la primera movilización–, la CGT, las y los trabajadores del Hospital Garrahan, científicos, universitarios, partidos políticos y movimientos sociales. Además, al mediodía protestarán las personas con discapacidad contra el insensible ajuste de Javier Milei. Mientras que afuera se espera otro operativo represivo de Patricia Bullrich, adentro habrá una sesión en la que se debatirá una suba en las jubilaciones y declarar la emergencia en las prestaciones para personas con discapacidades, entre otros proyectos.
Ayer (3/6), la oposición en Diputados dio dictamen a un Proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de salud pediátrica y de las residencias nacionales por el término de dos años. La medida fue presentada a raíz del conflicto en el Garrahan y se trató en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. La idea del presidente de la comisión, el ex ministro de Salud de Tucumán y diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, es lograr el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y dictaminar sobre los seis proyectos vinculados al Hospital de Niños. El delegado adjunto del Garrahan, Gerardo Oroz, dijo que “todos los conflictos están reunidos en un mismo ataque desde el gobierno, que entiende que todas las políticas vinculadas a la salud pública son un gasto”. Y agregó que “su lógica mercantil está emprendiendo un ataque. Si la respuesta que damos es fragmentada, la debilidad va a ser mayor. Y al revés, la unidad nos da una fortaleza que nos permite presentarles batalla”.
También estarán las y los científicos que la semana pasada hicieron una gran movilización en el sector, que ya está generando servicios deficientes y “fuga de cerebros”. “Estamos atravesando luchas muy complejas y vamos a unificarlas”, contó Nuria Giniger, investigadora de Conicet y vocal del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado-Capital. “Estamos viviendo momentos aciagos, con una reducción presupuestaria impresionante y la imposibilidad de dar continuidad a nuestras líneas de investigación con el éxodo de trabajadores de la ciencia. Hay una imposibilidad de pensar una nueva generación de científicos y científicas tal como está el ajuste en las universidades», explicó.
Asimismo, la Cámara de Diputados convocó a una sesión en la que se tratará un aumento de 7,2 % en los haberes jubilatorios y un nuevo régimen para las personas que no tienen 30 años de aportes y quieren jubilarse; o bien, una prórroga de la moratoria que venció en marzo. Si bien el oficialismo intentó por todas las formas posibles obturar el debate, los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre lograron imponerse.
Otro de los proyectos será el aumento de las pensiones por discapacidad y una suba en los valores de las prestaciones, que descongelen los honorarios que perciben los profesionales de la educación y de la salud. Es por eso que también marcha el colectivo de personas con discapacidad y los prestadores, que se reúne desde la 12:00 en el Congreso. “Sufrimos medidas que nos golpean, situaciones que tienen que ser cuidadas. Y que se concentren las luchas en un mismo día, aunque sea en distinto horario, es una manera de prolongar el gran descontento y un llamado de atención”, afirmó Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde los grupos de jubilados y jubiladas que se reúnen cada miércoles celebraron las adhesiones. “Es fundamental la unidad porque tenemos la novedad de que en estos tiempos han surgido muchísimas luchas de todo tipo enfrentando la política del gobierno”, afirmó Nora Biaggio del Plenario de Trabajadores Jubilados. Y agregó que resistirán al probable operativo represivo de Patricia Bullrich. “Todos apuntamos a lo mismo, hay un choque entre la política de Milei con lo que necesitamos los trabajadores. Incorporamos la lucha contra la represión porque los jubilados todos los miércoles recibimos una brutal represión y también cualquiera que quiera movilizarse y organizarse”, dijo.
La discapacidad llegó al estado de emergencia de manera planificada
Por Marta Lastra – Abogada. Derecho de la Salud y Discapacidad.
El modelo argentino en materia de discapacidad es reconocido a nivel mundial por su legislación y sistema de cobertura, ya que a través de la «Ley de Prestaciones» (ley 24901), de la ley «De protección Integral para los discapacitados» (ley 22431), de toda la legislación en el mismo sentido y de instrumentos del poder ejecutivo, se arbitraron los medios para acompañar a las personas con discapacidad a través de prestaciones de rehabilitación y educativas como de las medidas necesarias para esos objetivos. Pero no sólo surge de las voluntades políticas de cada momento legislativo, sino que también, el estado Argentino en todo momento, se encuentra obligado a realizar los ajustes razonables que sean necesarios para asegurar el acceso a la salud (art. 25), la habilitación y la rehabilitación (art. 26), la educación (art. 24), el trabajo (art. 28), la accesibilidad (art. 9) la movilidad (art. 20), el derecho a la vida independiente (art. 19), y todo lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) del año 2006, ratificada en el año 2008 .
Otro acierto, a y través de la Resolución 1200/2012 SSSALUD fue el crear el SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.), para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado. Se suma, la Resolución 1048/2014, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD tiene como objetivo implementar, reglamentar y administrar los recursos provenientes del mencionado fondo, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, a las Personas con Discapacidad, destinando todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros por prestaciones de alto impacto económico y que demanden una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones. En la práctica este fondo se integra por contribuciones de las obras sociales: son porcentajes de lo que se ingresa por cada trabajador en conceptos de aportes, es decir, que es el dinero de todos provenientes de nuestros empleos, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
A través del decreto 904/2016 se transforma a Fondo Solidario de Redistribución, continuando con el sostén de un sistema que durante décadas ha permitido a miles de personas con discapacidad acceder a sus derechos: salud, educación, rehabilitación, transporte, le permite ser parte de la sociedad. Con sus bemoles este mecanismo venía funcionando bien hasta diciembre de 2023, y todas las gestiones, independientemente de su color partidario, sumaron a este fortalecimiento.
Desfinanciación planificada
Pero a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 se desmantela el sistema de salud y entre ellos, a la discapacidad: al permitir la incorporación al Sistema Nacional del Seguro de Salud de las empresas de medicina prepagas que lo soliciten, se impone así una competencia entre las obras sociales sindicales, que tienen finalidad social, con las empresas de medicina prepaga, que se rigen por las políticas del libre mercado. Pero no solo ponen en igualdad de obligaciones a dos actores fundamentalmente diferentes, sino que a través del decreto 1/2025, se permitió que los trabajadores o aportantes deriven sus aportes a estas empresas, terminando con la triangulación con las obras sociales, y así con la lógica de universalidad del sistema.
Hasta el año 2024 las grandes obras sociales aportaban al fondo de redistribución, el 20% de lo que recibían por cada beneficiario, y las pequeñas obras sociales, el 10%. Permitiendo que se equiparen los aportes desiguales en iguales prestaciones, garantizando la universalidad y calidad de las mismas. Pero a partir de la DNU 600/2024 que modifica los aportes del Fondo Solidario de Redistribución, se unifican todos los aportes: todos los integrantes del fondo (Obras sociales, grandes y pequeñas, y empresas de medicina prepaga) en un 15% por cada beneficiario o cliente. Pero las empresas de medicina prepaga solo ingresan en cuanto a los aportes básicos que cada uno de sus clientes efectúa, y no sobre el excedente del costo del servicio. Todos los integrantes del fondo recuperan lo relacionado a las prestaciones de discapacidad de sus beneficiarios, pero se desconoce si las empresas de medicina prepaga también recuperan prestaciones de los clientes autónomos, los que no se encuentran en relación de dependencia, pero que contratan sus servicios.
Podemos poner como ejemplo dos tipos de aportes: el que ingresa porcentualmente por sus ingresos el gerente de una empresa y los aportes que ingresa un empleado del servicio doméstico. Beneficiaría al Fondo de Redistribución que también se aporte con el 20% del excedente que abona el gerente por el servicio Premium que contrata en la empresa de medicina prepaga, pero esto no se da en la práctica.
En definitiva, más allá de reducir el coeficiente de aporte destinado a este Fondo del 20 al 15%, se exceptuó a las entidades de medicina prepaga de integrar un coeficiente similar al que integran obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución. Y aunque fueron incorporadas por el DNU N° 70/2023 a la Ley 23.660 (Obras Sociales) y a Ley N° 23.661 (Sistema Nacional del Segura de Salud) y están también obligadas a cumplir con las obligaciones que surgen de la ley 24.901 (Ley N° 26.682, art. 7) y toda cobertura obligatoria para obras sociales (Ley N° 24.754), estos instrumentos ejecutivos confirman la intencionalidad de la decisión política de desfinanciar el mencionado fondo.
Tampoco podemos dejar de lado, que los aportes ingresan cada vez que un empleador ingresa los fondos al sistema y que, en estos últimos años, se acrecentaron las bajas de empleos en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el privado.
¿Y las prestaciones educativas y de transporte?
Otro tema de gran importancia es el de transporte y educación. En el último tiempo, estas prestaciones se ven retrasadas o no autorizadas: dando lugar a que solo las PCD que pueden acceder a la justicia, las reclamen a través de una acción de amparo. Pero son notables las negativas y demoras. Al ser consultado el poder ejecutivo, solo en pasillos, escuchamos fuertemente que se pretende que las provincias con propios recursos se hagan cargo de estas prestaciones dejando una vez más de lado el principio de universalidad, resignando al federalismo complejo argentino, la disyuntiva de tener personas con discapacidad con trato discriminado por la posición geográfica o lugar de nacimiento, sumando otro escollo burocrático. Se desconoce la propuesta o la ley que se pretende burlar para lograr este objetivo, pero al usarse tamaña cantidad de herramientas ejecutivas, no extraña que sea a través de decisiones unilaterales, dejando al COFEDIS (consejo federal de discapacidad) de decorado, como sucede hace año y medio.
Esfuerzos que suman
En breve se trata la Ley de Emergencia de la Discapacidad en la Cámara de Diputados. En la búsqueda desesperada de que el poder ejecutivo libere los fondos para los rescates necesarios del fondo de redistribución. Como también controlar la cacería de brujas iniciadas con las auditorias masivas en materia de pensiones no contributivas, no por el objetivo, ya que siempre el estado debe auditar, sino por las formas desiguales de exigir a personas en situación de desventaja el cumplimiento de requisitos sin los recursos necesarios básicos.
Además, desde Córdoba, surge otro posible aire para este momento difícil, la diputada Natalia De la Sota solicitó por proyecto de resolución, informes al Ministerio de salud y a la Superintendencia, sobre cuáles son los fundamentos de la desfinanciación del Fondo de Redistribución, como el destino de prestaciones, y seguros que protejan la liquidez del mismo. Ojalá vean buen puerto estos proyectos, y se logre controlar tanta desidia en la conducción de las políticas en materia de discapacidad, a que no son números sino vidas, familias y esperanza de que pueda la persona con discapacidad, vivir también como protagonista de esta sociedad que compartimos todos.
Deber de garantía olvidado. La roca de Sísifo
Es el Estado argentino el que debe cumplir con el mandato de progresividad y con la prohibición de regresividad que surge del artículo cuarto de la CDPCD, y esa primera manera de cumplir es a través de que las prestaciones para las PCD sean de acceso igualitario, y que, lisa y llanamente puedan contar con las prestaciones de igual calidad sin importar la condición social y económica.
A lo largo de la historia hasta el año 2023, esa institucionalidad establecida por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional ha hecho posible garantizar los derechos de una parte muy importante de la población de personas con discapacidad de nuestro país, incluyendo niñas, niños y adolescentes, en igualdad de condiciones.
Lamentablemente, esta realidad que vivimos en este 2025, no es aleatoria. El Fondo Solidario de Redistribución que administra la Superintendencia de Servicios de Salud, en cuanto constituye una de las principales fuentes de financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad (Ley N° 24.901, art. 7), está siendo desmantelado a través de la desfinanciación planificada. Es el titular de ese organismo quien tiene amplia experiencia en administrar grandes empresas de medicina prepaga, quien no tomó ninguna decisión al azar. Jamás podría considerarse que las concesiones exageradas a las empresas que pretenden sumarse como prestadores, recuperando lo que cada persona con discapacidad cubre en concepto de prestaciones, pero aportando en menor cuantía que cualquier otro prestador de salud, no produzcan desigualdades y el costo lo termine pagando la persona con discapacidad, en clara situación de desventaja. Situación solo atribuible a la autoridad de aplicación y administración del Fondo de Redistribución.
DERECHOS
En el contexto actual, resulta imprescindible garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y exigir que el Estado realice los ajustes necesarios para lograr su seguridad jurídica y estabilidad, siendo la primera medida la tutela del Sistema de Prestaciones Básicas.
No solo se están dejando de cumplir con las obligaciones que toma el estado al ratificar la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, sino también lo impuesto por numerosos tratados a los que nuestra nación le otorga jerarquía constitucional. Pero tampoco es aleatoria esta decisión, ya que Estados Unidos es uno de los cinco países del mundo en no ratificar esta Convención sobre discapacidad. ¿Se pretende también imitar en este aspecto?
Otra vez, la PCD se convierte en un símbolo de la rutina, la frustración y la lucha contra lo absurdo. Habiendo conquistado derechos y la potestad de su ejercicio, se dirige a volver a empezar con una roca más pesada, esta cuesta arriba eterna, pero que arrastra a toda la familia de la discapacidad: La PCD, su familia, los profesionales prestadores, las instituciones, los transportistas y atentando directamente con la posibilidad de trabajar de la familia que trae el sustento para cada uno de ellos.
Trabajadores de servicios de discapacidad reclaman mejoras
Los prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día de todo el país realizaron una marcha el jueves pasado en la puerta del Congreso, en reclamo de la actualización de los montos de sus prestaciones, el pago a tiempo y la aprobación de la ley de emergencia del sector que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación.
En este marco, Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), explicó que “este es un paro autoconvocado” y nace de “la desesperación” de los prestadores por la falta de pago y la falta actualización del nomenclador.
“Hoy se nota el hartazgo directamente, porque se llevó a cabo una convocatoria que viene desde las bases que no fue un llamado desde las organizaciones, sino el hartazgo de prestadores que no pueden solventar más los alimentos en sus casas y seguir brindando el servicio”, sostuvo.
Además, reclaman que el nomenclador nacional -que establece los valores de las prestaciones- no se actualiza desde 2024, lo cual profundiza la precarización de quienes trabajan en este ámbito.
“Estamos solicitando el tratamiento de la ley de emergencia que estaba prevista para hoy y se pasó para el miércoles 4/06. Vamos a estar también haciendo la vigilia”, agregó.
Además, dijo que las prestaciones se cobran entre 60 y 90 días, pero el “principal problema es que no hay actualización de aranceles desde diciembre de 2024 y los aumentos del año pasado fueron paupérrimos”.
En este contexto advirtió que “cada vez hay más solicitudes de prestaciones” y la razón es que se están “cayendo” dichas prestaciones y “las personas con discapacidad quedan a la deriva”.
Asimismo, Claudia Maestre, presidenta de AUPA (Educación terapéutica para niños con TEA en Buenos Aires), presente en la movilización, remarcó que “necesitan el aumento”. “Venimos con atraso de más del 70 % desde el año pasado”, lamentó.
“Nosotros tenemos un centro educativo y un centro de día y le damos a los chicos tres comidas diarias, por lo que es imposible de sostener. Somos una asociación de padres porque el Estado no provee nada de lo que necesitamos. Muchos lugares comenzaron a cerrar y el problema es que los chicos quedan sin escolaridad”, denunció.
“Nosotros no estamos reclamando nada que no nos corresponda, y consideramos que seguramente somos un gran gasto, pero tienen que cumplir las leyes”, sentenció.
Stefania, una madre autoconvocada en la marcha decidió sumarse a la protesta para “visibilizar la crisis” en el sector de discapacidad. “Si bien es un sector estructuralmente precarizado e invisibilizado por todos los Gobiernos, pero en este 2025, con los ajustes de políticas públicas y achicamiento del Estado, esto se agrava aún más”, señaló.
La mujer tiene un niño de 12 años con discapacidad y cree que es “importante” estar en la marcha “apoyando la causa” porque el transporte, las terapias, que tenga educación, “mañana puede desaparecer”.
“No estamos pidiendo caridad ni asistencialismo, sino un derecho que por ley y por los tratados internacionales nos corresponde”, afirmó.
Andrea Herrera es una acompañante terapéutica desde el 2018 y trabaja de forma particular, con obras sociales y centros médicos. En la concentración en el Parlamento, la profesional aseguró que ella y sus colegas “ya no aguantan más”. “En menos de cuatro o cinco meses nos aumentaron los colectivos. Si tenemos que ir a una escuela tenemos que tomar más de un colectivo. El nomenclador quedó estancado desde noviembre del año pasado y no tenemos una ley que nos avale, nos ampare”, expresó.
«Para ningún Gobierno ni la salud, ni los jubilados, ni la educación fue una prioridad. Milei vino a destruir. Este Gobierno se sostiene porque en el Congreso los políticos transan, también el justicialismo. El DNU vino a cagarnos la vida, pero los cómplices están adentro”, sentenció.
En tanto, para el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la reforma en discapacidad que hizo el Gobierno nacional «es una maldad injustificada» -habla del reempadronamiento de las personas con discapacidad.
«Los que trabajamos en salud estamos todos los días vinculados con gente que sufre, que padece, entonces nos parece algo tan poco natural«, sostuvo refiriéndose al ataque del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, a Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un niño con autismo que es influencer y activista.
La cruel respuesta del titular de Andis a un niño con autismo
«Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?».
La insensible frase fue la respuesta que recibieron Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, el niño con autismo que es activista y concientiza sobre el trastorno, durante una reunión que tuvieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en medio de los recortes que están afectando a las personas con discapacidad, que ven sus tratamientos demorados, postergados o directamente suspendidos por el ajuste y la motosierra del Gobierno de Javier Milei.
El diálogo, que Marlene y Ian revelaron esta semana, se produjo en marzo de 2024, cuando Spagnolo hacía poco más de dos meses que había asumido al frente de la Andis. Para muestra falta un botón: en aquel encuentro el funcionario libertario desplegó un sinfín de frases violentas, desafortunadas y agresivas para la población a la que, se supone por su cargo, debería proteger.
“Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”, le dijo a Marlene. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y vos, no?”, añadió el funcionario en el encuentro, que la madre de Ian Moche reconstruyó durante una entrevista.
La situación de las personas que viven con discapacidad y requieren tratamientos se ha agravado desde la asunción de Milei. Al recorte de prestaciones se suma la complicación de los traslados, ya que los transportistas privados prácticamente no recibieron aumentos, lo que complica la logística de una población por demás vulnerable.
La mamá de Ian explicó qué fue lo que pasó: “Tuvimos una charla bastante larga, de más o menos media hora, el año pasado. Esto fue en marzo, después de dos meses de que habían asumido, porque no sabíamos quién iba a quedar a cargo. Pensamos que iba a ser una persona con sensibilidad. Porque creo que hoy tenemos que hablar de sensibilización”.
“Yo creo que el Gobierno de Milei lo que quiere es desentenderse de las personas vulnerables. Las personas con hambre, con discapacidad, con menos recursos. Y esta fue la frase que nos dijeron: que no nos podían seguir sosteniendo”, añadió.
Según explicó, Spagnuolo les dijo que las familias tenían que “lograr que las empresas los contraten”. “Eso sería lo ideal, claro. Pero la verdad es que eso no sucede. Apenas están adaptadas las calles para que una persona en silla de ruedas pueda circular, y ni hablar de otros tipos de discapacidad”, afirmó.
Y añadió: “No nos volvimos a reunir con el director de la ANDIS porque, después de eso, ¿qué más se puede hablar? Ellos pretendían que el país se llenara de empresas privadas que contrataran gente con discapacidad. Ahora están auditando a las personas con discapacidad”.
“Me hubiera gustado mucho que esta crueldad que se ejerció, auditando a todas las personas con discapacidad el mismo día, se hubiera hecho de otra manera. Esa auditoría tendría que haber sido humanizada. Tendría que haberse usado para construir una base de datos. Para que si, por ejemplo, se extravía una persona con autismo o Alzheimer, exista un registro para poder encontrarla rápido”, finalizó.
A los transportistas para discapacidad les pagan $541 por km cuando deberían ser $1.400
Sin aumento en seis meses, los transportistas de discapacidad dicen que ya no pueden sostener el servicio. La Asociación Colectivo 3 de Diciembre, que reúne a los conductores, advirtió sobre el colapso del sector debido a que el arancel por kilómetro ya no cubre los costos básicos de operación.
Ana Cigueres, transportista y tesorera de la organización, detalló que el valor actual del kilómetro ($541) es el más bajo en la historia del servicio y apenas alcanza para cubrir un tercio de los gastos reales. «Para que el trabajo sea sostenible, el arancel debería ser de $1400 por kilómetro, un ajuste que venimos reclamando sin respuesta», afirmó.
La falta de actualización de los aranceles obliga a los transportistas a recortar viajes, lo que afecta directamente a las personas con discapacidad que dependen de estos traslados para asistir a terapias, escuelas o centros de día. «Muchos conductores deben buscar otros ingresos, pero los horarios de traslado son extensos y no permiten otro trabajo formal», explicó Cigueres.
A esto se suman los constantes atrasos en los pagos por parte de las obras sociales. «Estamos en junio y aún no liquidaron servicios de meses anteriores», denunció.
Ante la falta de soluciones, la asociación evalúa reducir la frecuencia de los viajes para priorizar los casos más urgentes y proponer un aporte voluntario a las familias que puedan colaborar, sin que sea obligatorio.
«Necesitamos que el arancel se ajuste al menos a $1.200 por kilómetro o el sistema colapsará», alertó Cigueres.
El Colectivo 3 de Diciembre hizo un llamado urgente al gobierno nacional: «El transporte para discapacidad es un derecho, pero también un trabajo que merece condiciones dignas. No podemos seguir subsidiando un sistema que nos excluye».
Javier Milei contra un niño de 12 años con autismo
El presidente Javier Milei publicó una historia en sus redes donde tildó de “el lado del mal” aIan Moche, un joven con autismo que reclama por sus derechos, y lo vinculó con Cristina Fernández de Kirchner. Así, la imagen del niño junto a la dirigente peronista fue usada para atacar al periodista Paulino Rodríguez, a quien acusó de “operar contra el Gobierno” y de estar “siempre del lado de los kukas”.
Apenas sucedió, el mensaje generó repudio y una ola de críticas en redes sociales, en medio del debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad que se tratará este miércoles en Diputados.
En los últimos días, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, también se había manifestado al respecto cuando se desarrollaba una reunión con Ian y su madre, dijo que tener un hijo con discapacidad “es problema de la familia, no del Estado”.
“Conozco la angustia, la preocupación y el maltrato que viven las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante: esto tiene que ser ley”, expresó el diputado Daniel Arroyo. La propuesta suma tres dictámenes firmados y el apoyo de bloques como Encuentro Federal, el FIT, Coalición Cívica, parte de la UCR y Democracia para Siempre.
Desde el oficialismo, sin embargo, anticiparon su rechazo, al considerar que pone en riesgo las metas de déficit cero, y desde ANDIS lo calificaron como una propuesta “asistencialista y regresiva”.
Pese a esa postura, la oposición asegura contar con una mayoría amplia para aprobar la ley. No descartan, sin embargo, que el Ejecutivo recurra al veto presidencial. “Esta vez no tienen los votos para blindarlo, como hicieron con las leyes universitaria y jubilatoria”, advirtió Arroyo.
De ser aprobada, la norma garantizaría hasta diciembre de 2027 el acceso a derechos esenciales para personas con discapacidad, como salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. También incluye el fortalecimiento de los prestadores básicos, el cumplimiento efectivo del cupo laboral y beneficios fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad.
Emergencia en Discapacidad: las 8 claves de la ley que reclama el sector
En diálogo con la 750, Maidana señaló que “es muy importante que la opinión pública, la gente en general, sepa lo que está pasando con el colectivo de la discapacidad”.
En un comunicado oficial, el Foro Permanente de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad afirma que el Gobierno nacional “incumple con las pautas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad”
Desde el Foro denuncian que “es inviable sostener los servicios destinados a las Personas con Discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas y que “es responsabilidad indelegable del Estado Nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida”, ya que “de no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de Personas con Discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde”.
“Estamos apoyando la Ley de Emergencia en Discapacidad, que la Cámara de Diputados va a tratar mañana. Convocamos a que estén allí para apoyar el tratamiento e incentivar a los diputados que vean más allá de algunos intereses políticos la realidad del colectivo de las personas con discapacidad que ven en riesgo el ejercicio de sus derechos”, concluyó el licenciado.
¿Qué establece el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad?
· Regularización de pagos y actualización de aranceles: Se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
· Reforma del sistema de pensiones no contributivas: El proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
· Fortalecimiento institucional: Se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
· Transparencia y rendición de cuentas: El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
· Compensaciones económicas: El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
· Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): Se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
· Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: Se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
· Cumplimiento del cupo laboral: Reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Aprobar la Ley de Emergencia en Discapacidad costaría 0,03% del PBI
El jueves pasado se realizó una movilización nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en reclamo contra los recortes presupuestarios, la falta de actualización de aranceles y la creciente precarización del sistema de atención. Según explicó en «Soy casta» la periodista Verónica González, especializada en temas de discapacidad: “Lo llamativo fue que no hubo operativo de seguridad. Se reclamó, entre otras cosas, por la actualización de los montos que perciben quienes trabajan en talleres protegidos, que hoy cobran apenas $28.000 por mes. Es una cifra irrisoria para alguien que necesita cobertura en salud, educación y transporte”, expresó.
Además, se exige la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, que regula cuánto deben cobrar los profesionales de apoyo por parte de obras sociales y prepagas. Desde diciembre de 2024 no se aplican incrementos y la última suba fue del 0,5%, muy por debajo de la inflación acumulada.
“Estamos viendo un retroceso. La discapacidad fue trasladada a la órbita del Estado como una cuestión asistencial y no como un tema social y de derechos. El incumplimiento del cupo laboral del 4% de personas con discapacidad es otra prueba: estamos en apenas 1,4% en el sector público”, explicó González.
La situación se agravó desde fines de 2023. Las pensiones no contributivas, los pagos a prestadores y la aprobación de tratamientos comenzaron a sufrir demoras prolongadas debido a que el gobierno nacional mantuvo pisadas las transferencias alegando la necesidad de realizar antes una serie de auditorías. Además, se señala una falta de diálogo con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dirigida por Diego Spagnuolo.
Con un costo fiscal de $ 4 billones, la Ley de Emergencia en Discapacidad sería vetada
Por Roberto Pico
El costo fiscal del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que se debatirá el próximo miércoles en el Congreso Nacional sería superior a los $ 3,6 billones y, en consecuencia, en caso de ser aprobado sería vetado por el presidente, Javier Milei.
La posición oficial que orienta la decisión que tomará el Poder Ejecutivo fue fijada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en un comunicado que emitió al momento en que la iniciativa tuvo dictamen para ser tratada en el recinto.
“Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, sostuvo el organismo. Esa definición adelanta que Milei lo rechazará.
Pero al margen de las condiciones puntuales del programa, el veto estaría sustentando en el gasto que le imprimiría al erario público el proyecto en debate.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) precisó que la reforma implica un costo de entre 0,22% y 0,42% del PIB, que equivale a $ 1,9 y $ 3,6$ billones.
Si tenemos en cuenta que el Gobierno decidió elevar la previsión de superávit fiscal a 1,6% del PIB para 2025, la nueva ley absorbería un cuarto de ese saldo.
Si bien el proyecto abarca diferentes segmentos, el más exigente para las cuentas públicas es el referido al de incorporaciones al sistema de nuevas pensiones.
Para este punto, OPC proyecta dos escenarios a partir de la propuesta en discusión: 1) de base (personas que ya poseen Certificado Único de Discapacidad, pero no disponen de pensión por invalidez) y 2) ampliación de demanda (personas que podrían cumplir con la nueva definición de invalidez con o sin CUD y no tienen pensión por invalidez).
De esta distinción surge un potencial incremento de entre 493 y 946,000 nuevos beneficiarios, respectivamente. Con estos nuevos universos se calculó el costo fiscal de 0,22% y 0,42% del PIB, para cada uno.
OPC aclaró además que el número base de 493 mil es una estimación “conservadora” dado que considera posible que muchas personas consideren pedir su beneficio a partir de la sanción de la ley.
El segundo escenario parte del supuesto “de que la creación de una nueva pensión compatible con ciertos niveles de ingreso y con el empleo formal podría generar incentivos para que una parte de la población con discapacidad, hoy no identificada en el sistema por falta de documentación oficial, inicie el trámite para obtener el certificado con el objetivo de acceder al beneficio”.
Por otro lado, por la compensación extraordinaria a prestadores se estima un costo de $ 277.349 millones, para emparejar la diferencia entre los aranceles actualizados y la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Esto significa un gasto de 0,03% del PIB.
En el caso de la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estimó que el Ministerio de Economía deberá girar $ 7.160 millones, que equivale al 0,0008% del PIB.
A estos gastos verificables se le sumaría el que devengue del Programa Incluir Salud como cobertura médica. La oficina del Congreso estimó que se sumarían entre 187.000 y 376.000 nuevos usuarios, pero no emitió un cálculo debido a que depende del patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema de salud. Tampoco proyectó el costo mensual de la actualización de los aranceles por falta de parámetros técnicos definidos.
ANDIS sostiene que la iniciativa que debatirá el Congreso “lejos de plantear soluciones sostenibles, la propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían”.
E insiste que se propone “ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos”, con lo cual la calificó de irresponsable.
La versión oficial sostiene que en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez cifra que se elevó a 1.250.000 en 2023.
El Gobierno impulsó un plan de reempadronamiento que se realizó con muchas dificultades dadas las condiciones a las que se sometió a las personas que debían realizarlo.
Ante las argumentaciones oficiales, pero sin respuestas, las calles de todo el país se poblaron de manifestaciones para reclamar por la atención de personas con discapacidad dado el deterioro de las prestaciones y de los salarios de los profesionales.
Ese deterioro está fundamentado en que el nomenclador de las prestaciones y los salarios del personal de salud no fue actualizado desde en lo que va del año, pese a una inflación acumulada cercana al 13%.
«Idiota», «retardado», «imbécil»: eran algunos de las palabras insultantes. Ante las críticas de las organizaciones, el Gobierno dio marcha atrás y dijo en un comunicado que se trató de un «error», y frente al papelón el Gobierno anunció que retirará el documento.
“Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, denunció entonces Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
“La discapacidad no puede esperar”
La Iglesia Católica, en particular su jerarquía, viene reiterando sus críticas por la situación social, pero también a la gestión política del país. Lo hizo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva el pasado 25 de mayo en el tedeum celebrado en la catedral de Buenos Aires y lo vienen haciendo muchos otros. El frente religioso se sigue mostrando activo para cuestionar las políticas oficiales, en particular cuando afectan a los “descartados” como solía calificar el papa Francisco a los pobres, a las personas con discapacidad, a los ancianos y a los migrantes ilegales. Ahora, los obispos católicos indicaron que “las personas con discapacidad no pueden esperar” y le pidieron al gobierno de Javier Milei que cumpla con su responsabilidad.
Todo ello ocurre pocos días antes del anunciado encuentro en el Vaticano entre el presidente Javier Milei y el nuevo papa León XIV, previsto para el viernes 6 de junio, oportunidad en la que presumiblemente el mandatario argentino le extenderá a Robert Prevost una invitación para visitar la Argentina, tal como antes lo había hecho con el Papa Francisco.
Nuevo documento: demanda en favor de las personas con discapacidad
El viernes pasado, a través de un comunicado de su Comisión Ejecutiva, los obispos católicos argentinos se expresaron para afirmar que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, señalando que la realidad de las personas en esa condición “no es un cifra estadística” sino que tiene rostros muy concretos” e hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que aporte los recursos necesarios a fin de cumplir “con responsabilidad y eficacia” con una política pública” cuya prioridad es “ineludible”.
La declaración lleva la firma del presidente de la Conferencia Episcopal (CEA), el arzobispo mendocino Marcelo Colombo; de los vicepresidentes, el cardenal Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba) y César Fernández (obispo de Jujuy); y del secretario General del organismo, el obispo Raúl Pizarro.
El texto está encabezado por una cita bíblica de la epístola a los Corintios que dice que “cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él”. Y señala que “ante el desconcierto y desamparo de muchos hermanos y hermanas con discapacidad, los obispos de la Comisión Ejecutiva queremos hacernos cercanos a sus dolores e inquietudes y a las de sus familias”. A renglón seguido se agrega otra cita tomada de la declaración “Sobre la dignidad humana” del dicasterio (ministerio) vaticano para la Doctrina de la Fe que, con la firma del cardenal argentino Víctor “Tucho” Fernández, afirma que se trata de “una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre”.
Por eso los obispos sostienen ahora que “como discípulos de Jesús y su Evangelio seguimos convencidos de que es necesario que “rescatemos” a “la persona y su dignidad” para ponerla “en el centro de nuestros intereses, de nuestros servicios, y proyectos”.
En su análisis sobre el tema, los obispos señalan que “el acceso a servicios esenciales como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, se han vuelto inciertos y limitados”. Y agregan que “el esfuerzo cotidiano de las familias que los acompañan muchas veces se realiza en soledad, sin el reconocimiento suficiente de la sociedad ni el apoyo adecuado del Estado. Esta realidad no es una cifra estadística, subrayan, sino que “tiene nombres, rostros, historias; son niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena”.
Por eso, sigue diciendo: “nos sorprende constatar el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”. Y, en consecuencia, “llamamos a la reflexión a quienes, desde el ámbito del Gobierno Nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea”.
La declaración es enfática al señalar que “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias” porque “es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad”.
Retomando palabras ya expresadas por la Comisión Permanente de la CEA el 12 de marzo, los obispos de la Comisión Ejecutiva señalan ahora que “frente al dolor y la angustia de tantos hermanos y hermanas concretos deberían evitarse “actitudes y expresiones que lastiman, esos lenguajes despreciativos, por momentos no exentos de crueldad, que atentan seriamente contra aquella unidad que tanto necesitamos como pueblo, para ponernos la patria al hombro, para salir adelante”.
Los obispos finalizan su mensaje poniéndose “a disposición en cuanto podamos ser útiles desde nuestro lugar de servicio” y rogando a “la Virgen de Luján nos ayude a salir al encuentro de los que sufren para comprometernos con ellos”.
Fuentes: Página/12, Perfil
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