El dato de inflación del 7% en agosto en Argentina, el primer mes con Sergio Massa como (super)ministro de Economía, superó los peores pronósticos.
La suba interanual llegó al 78,5% y acumula en el año un 56,4%. Más allá de los números, la crítica situación se siente en la sensación popular de vivir una crisis que se retroalimenta continuamente y que no tiene salida, al menos con las viejas recetas usadas hasta ahora.
La economía navega sin anclas antiinflacionarias. El equipo económico no puede utilizar el tipo de cambio, las tarifas, el salario ni la tasa de interés. La apuesta oficial entonces es cumplir con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) como ancla de las expectativas inflacionarias. ¿Existe el tiempo político-electoral para un plan de estabilización?, se pregunta Alfredo Zaiat en el prooficialista Página12.
Sergio Massa realizó una gira en Washington con múltiples negociaciones con empresarios, inversores, sobre todo en los negocios estratégicos del modelo productivo argentino, sean los hidrocarburos, especialmente Vaca Muerta, gas y petróleo, la minería y muy especialmente con los desarrollos presentes y futuros del litio, potenciando el modelo del agroexportador con epicentro en la soja y derivados. Según analistas locales, puso en remate a la Argentina.
“Es cierto que el mundo cambió y el país también, pero no al grado tal de creer que el plan del FMI debe ser el objetivo de un gobierno. Y menos entregar nuestros recursos naturales al capital extranjero y orientar toda la economía a conseguir divisas a como dé lugar y a costa de nuestro consumo interno”, señaló el economista Horacio Rovelli..
La presencia en Washington del ministro de Economía (Massajuste, lo bautizó la prensa de oposición) consolidó la política de ajuste y de reestructuración regresiva incluida en el acuerdo con el FMI, fortaleciendo así la dependencia y subordinación a la lógica transnacional del capital. Y sus gestiones en EEUU fueron aplaudidas por el FMI. Washington, el gobierno local y la derecha.
Los objetivos de Massa son profundizar el ajuste para reducir el déficit fiscal y conseguir los dólares para aumentar las reservas que “tranquilicen” a los grandes operadores mundiales. Supone que ese programa sirva de sustento político que le permita llegar en condiciones aceptables para ser candidato presidencial en 2023.
También el presidente Alberto Fernández viajó al centro del poder financiero internacional, donde el embajador argentino Jorge Argüello le preparó reuniones fueron con lobistas de organizaciones judías, continuaron con 30 empresarios y la Reserva Federal, para culminar con la reunión con el FMI, tras el respaldo del organismo por un desembolso de casi cuatro mil millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG).
Las primeras reuniones de Massa en EEUU fueron con el Comité Judío Norteamericano (AJC), integrado por legisladores judíos y con el Comité de Asuntos Públicos EEUU/Israel (AIPAC), el mayor lobista de la política exterior, integrado por judíos evangélicos sionistas, una puerta de acceso a la política grande de los EEUU, donde Massa se comprometió a que el próximo Congreso Judío Mundial delibere en el edificio del Parlamento argentino.
Massa no ha apuntado a otro objetivo que al de consolidar negocios estratégicos acordes con la matriz productiva vigente, de acumulación por desposesión .Considera que la minería será una fuente creciente de divisas en los próximos años y ese es un diagnóstico que, a contramano del resto de la agenda política, comparten las dos principales coaliciones políticas del país, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Las exportaciones del sector minero podrían pasar de 3.200 millones de dólares anuales a 8,600 millones de dólares en 2025, estimó la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.
La Directora Gerente del FMI “felicitó” al ministro por “estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad”, concediendo la principal reivindicación del sector agroexportador de soja, al tiempo que destacó el “compromiso e impulso para lograr las metas del programa (con el FMI)– que se mantendrán sin ser alteradas – y los concluyentes avances logrados”, en materia de ajuste fiscal y monetario, como de acumulación de reservas internacionales.
La mención de la Georgieva apunta a la inestabilidad política generada en Argentina por la corrida cambiaria de las últimas semanas. Para el economista Julio Gambina, son señales del poder mundial radicado en Washington que le otorgan aire político al gobierno y que más allá del debate entre dolarizar o devaluar, se acelera el proceso del ajuste y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, algo que se consolida con el dato de inflación.
¿Inflación de tres dígitos?
El Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central pronosticó una suba para ese setiembre del 6,5% y, sobre esa base, una inflación para 2022 del 95% que escala al 99,4% entre las consultoras universitarias. Se espera que la próxima previsión la sitúe por encima del 100%.
Las prendas de vestir y calzado (+9,9%) y los electrodomésticos y otros bienes del hogar (+8,4%) encabezaron las subidas de precios del mes pasado, seguidas de los servicios, los alimentos y bebidas no alcohólicas
El equipo económico no tiene a disposición las herramientas tradicionales para poner un freno abrupto a las subas de precios. No puede utilizar el tipo de cambio, las tarifas, el salario ni la tasa de interés para provocar una baja fuerte de la inflación.
Las medidas de ajuste fiscal anunciadas en las últimas semanas, como la retirada progresiva de los subsidios energéticos a los hogares, el aumento de tasas de interés bancarias y la acumulación de reservas internacionales son algunas de las estrategias diseñadas por el nuevo equipo económico para reducir la escalada de precios.
Pero una de estas variables está alimentando el fuego de la inflación: la apuesta oficial es cumplir con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) como ancla de las expectativas inflacionarias. ¿Existe el tiempo político-electoral para un plan de estabilización?
Asimismo, el gobierno apuesta a una desaceleración en el último trimestre del año que aleje el fantasma de la hiperinflación y permita cierto optimismo de cara a 2023, cuando los argentinos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del país.
Massa se comprometió ante el FMI a cumplir las metas de déficit fiscal del 2,5% del PIB para este año y del 1,9% para 2023 pactadas en marzo como parte del acuerdo de reestructuración de 44.000 millones de dólares de deuda –ilegal e ilegítima- con el organismo internacional.
La presión devaluatoria se ha reducido en las últimas dos semanas gracias al anuncio de un nuevo crédito de 3.000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y los casi 2.000 millones de dólares que han ingresado por el sector agroexportador gracias a un tipo de cambio favorable bautizado como “dólar soja” que permite a los productores y exportadores agropecuarios obtener 200 pesos por cada dólar, en vez de los 140 del cambio oficial.
Estos anuncios repercutieron en el mercado de cambio informal, donde el peso ha recuperado terreno frente al dólar, lo que debiera repercutir en el precio de aquellos productos vinculados a la divisa estadounidense.
Los economistas advierten que la inercia inflacionaria vuelve casi imposible frenarla con rapidez y el contexto internacional tampoco ayuda, por lo que descreen de la fuerte reducción que prevé el Gobierno de cara a 2023 y que plasmará en el proyecto de Presupuesto que deberá votar el Congreso en las próximas semanas.
Desde el ministerio de Economía se analiza como otorgar concesiones al poder económico, productivo, financiero en función de obtener divisas para fortalecer las reservas internacionales, en un país donde más del 40 por ciento de la población sobrevive por debajo del nivel de la pobreza.
Un tema adicional es el costo financiero que tiene ese tipo de cambio especial para la liquidación de la soja con la que especulaban en silos los productores nacionales y trasnacionales. Los productores y exportadores de la Argentina liquidan sus exportaciones de soja a 200 pesos por dólar y se supone que el Banco Central paga esos dólares a los exportadores, al tiempo que les permite mantenerlos en el exterior.
Para comprar esos dólares, el BCRA tiene que emitir pesos, con una gigantesca emisión monetaria con enorme costo financiero, porque debe esterilizar esos pesos emitidos para cumplir con el acuerdo con el FMI. El Banco Central debe pagar tasas de intereses elevadas para retirar los pesos volcados al mercado. Si bien es deuda en pesos, en tanto mecanismo de crecimiento de la deuda pública interna, condiciona los futuros presupuestos, advierte Gambina.
Claudio Della Croce. Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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