¿Tenemos una YPF nacional?

El 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba por cadena nacional la expropiación del 51% de las acciones de Repsol-YPF a la compañía española Repsol. «Somos el único país de Latinoamérica y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales», afirmaba entonces. A menos de un mes del anuncio, el 3 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación aprobó por mayoría, y sin modificaciones, el proyecto del Ejecutivo, que se convirtió en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera Nº 26.741. Si bien el resto del paquete accionario está en manos de privados de diferente procedencia [1], el control de la empresa lo tiene el Estado nacional. Entonces, ¿es YPF una empresa nacional? Sí, lo es mayoritariamente, pero no es una empresa pública.

YPF-modelo 2012 poco tiene que ver con aquella empresa estatal en torno a la que florecieron las economías regionales. Las diferencias quedaron claras desde el comienzo (Plataforma 2012, 2012). Pese a las consignas militantes que pronto hablarían de la «nacionalización», ya en el anuncio de la expropiación parcial la presidenta Cristina Fernández había subrayado: «No es un modelo de estatización, que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada». Dicha conformación apuntaría a la confluencia de dos lógicas: una privada, preocupada por la maximización de la renta y la ganancia, y una pública, que pretende el desarrollo y bienestar nacional. En este sentido se dirigen los elogios de Miguel Galuccio [2], titular de YPF, a la decisión de la mandataria. «Quiero reconocer el valor, el coraje y la visión de la señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en lanzar un nuevo modelo de empresa en Argentina donde se trata de alinear los intereses de los accionistas con el interés del Estado nacional y con el manejo de una compañía netamente profesionalizada. Yo creo que este es el modelo que hoy se puede llevar adelante en este país», valoró el CEO durante su discurso en la reunión del Consejo de las Américas realizada en Buenos Aires en 2013.

En realidad, la conformación como empresa mixta permitió que se llevaran adelante políticas que confunden intereses empresariales y estatales. YPF no sólo actuaría como puente en la, por momentos, dificultosa relación Estado/compañías, sino que también compartiría la ruta con los privados en base a diferentes objetivos: impulsaría programas de subsidios y mejoras de precios en boca de pozo -como el Plan Gas [3]- y aumentaría sostenidamente los precios de los combustibles. YPF, el Estado empresario, tendría entonces un rol protagónico en tanto coordinador del sector, beneficiario de una parte de la renta y mediador entre los múltiples intereses -principalmente trasnacionales- y distintos niveles estatales, pero también capitales nacionales, locales y demandas comunitarias. Este nuevo rol también se verificó en la compra de activos como el que se concretó en febrero de 2014, cuando adquirió la totalidad de la empresa Apache -que en 2013 ostentaba el quinto lugar en la producción de gas del país- lo que permitió que la nacionalizada YPF alcanzara a la francesa Total [4] en el podio de la producción gasífera nacional (La Nación, 12/02/2014).

Por otra parte, el interés manifestado por YPF en el desarrollo de yacimientos no convencionales de gas en países vecinos como Bolivia, Paraguay, Uruguay, no sólo se explica desde una perspectiva de negocios sino también como una apuesta que apunta a incidir en el mercado regional de combustibles. A partir del desarrollo masivo de estos reservorios se procura garantizar la oferta y, en caso de ser necesario para Argentina, a acceder al gas a un precio menor del que implicaría importar GNL a través de buques metaneros (OPSur, 14/04/2014).

¿Por qué la asociación con las grandes empresas trasnacionales?

A partir de la expropiación en un contexto de crisis energética y de la mano del discurso hegemónico impulsado por Estados Unidos, la nueva fiebre «eldoradista» no tardaría en desatarse en la Argentina. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sobre todo en las patagónicas Neuquén, Río Negro y Chubut, avanzaron sobre la frontera hidrocarburífera a través de la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la cuestionada técnica del fracking.

El desarrollo masivo de no convencionales implica la asociación de trasnacionales que además del know-how adquirido en sus operaciones en otros lugares del mundo, poseen la capacidad financiera necesaria para llevar adelante estos mega emprendimientos. En este sentido, además de las grandes operadoras, como ExxonMobil y Chevron, las empresas de servicios se encuentran entre las principales beneficiarias -como Halliburton y Schlumberger- que participan del negocio y facturan más allá del rendimiento de los diferentes yacimientos.

Esta apuesta quedó explicitada en el Plan Estratégico de YPF 2013-2017, que definió tres etapas: la primera, de «Alto Impacto» (2012-2013), donde se buscaría revertir la tendencia negativa en los niveles de extracción; la segunda, el «Crecimiento», y posteriormente, como objetivo de largo plazo, el llamado «Nuevo Paradigma», que apunta al desarrollo masivo de no convencionales para convertir a Argentina en exportador neto de energía (YPF, 2012). En este Plan también figura la nueva cartografía de los no convencionales, que incluyen al menos seis cuencas. La mayor, ya en producción, es la Cuenca Neuquina, donde se encuentran varias formaciones: Vaca Muerta (shale oil/gas); Los Molles (shale gas); Agrio (shale oil); Lajas (tight gas) y Mulichinco (tight oil/gas). Además del territorio neuquino, esta cuenca incluye parte del sur de Mendoza y el Alto Valle de Río Negro. Las otras cuencas son: Chaco Paraná (shale oil), que abarca toda la Mesopotamia y gran parte del noroeste, así como el sur del Brasil, Paraguay y oriente de Bolivia; Cuenca Cuyana, que contempla las formaciones Cacheuta (shale oil) y Potrerillos (tight oil), básicamente en Mendoza; Cuenca de Tarija, formación Los Monos (shale gas), que incluye el noroeste de Argentina y sur de Bolivia; Cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, con las formaciones Aguada Bandera y D-129; y Cuenca Austral-Magallanes, que tiene Magnas Verdes. Hay una séptima, Claromecó, en el sur de la provincia de Buenos Aires, presentada como cuenca de frontera, donde el interés estaría en gas asociado a mantos de carbón (OPSur, 07/03/2014; Svampa y Viale, 2014).

Más allá de ese documento, atravesado por el exitismo fundacional, hasta el momento no se produjo la prevista reconfiguración del mapa extractivista: YPF-modelo 2012 se enfocó en la Cuenca Neuquina y en Golfo San Jorge, donde el conocimiento del subsuelo y la infraestructura instalada optimiza el escenario de explotación y permite una rápida puesta de la producción en el mercado [5].

Este desarrollo no convencional se sustancia de la mano de acuerdos entre YPF-modelo 2012 y compañías trasnacionales. En este sentido, el firmado con Chevron para la explotación de la formación de Vaca Muerta, puso en tensión el relato que confundía la expropiación parcial con estatización. Como la petrolera de bandera mantuvo el modelo de sociedad anónima, a diferencia de su antecesora sociedad del Estado, no se vio obligada a dar detalles del convenio firmado.

YPF subraya esta decisión y desmiente las desviaciones estatalistas: «YPF no es una empresa estatal, sino que, como lo dice la Ley, es una sociedad anónima. Por esa razón es que la negociación con Chevron se llevó adelante cumpliendo con todas las obligaciones que surgen tanto de la Ley de Sociedades Comerciales como las que surgen de los reguladores y sus accionistas, por ser una empresa que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la de Nueva York» (YPF, 2013). Esta argumentación se corresponde con el artículo 15 de la Ley 26.741 que precisa que no le serán «aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación». Es decir, esta figura las exime de rendir cuentas frente a la ciudadanía. Arguyendo dicha legalidad, YPF-modelo 2012, pudo sortear cualquier control público y mantener ocultas las cláusulas del convenio firmado con Chevron (Svampa y Viale, 2013).

Ese convenio fue viabilizado por la Legislatura neuquina en la sesión del 28 de agosto de 2013, mientras en las afueras del recinto la represión policial, que se extendió por casi siete horas, impidió que una movilización de cinco mil personas expusiera su oposición con respecto a lo que allí se discutía. Sordos a este reclamo, la mayoría de legisladores aceptaron el acuerdo entre la provincia e YPF por el cual al área Loma Campana se le incorporó una fracción de Loma la Lata-Sierra Barrosa para la explotación de no convencionales (enmarcada en el Decreto 929/13 firmado poco antes por el gobierno nacional). En esa área, que coincide con el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, se materializó el acuerdo entre YPF y Chevron para realizar los pozos de shale oil. La comunidad no fue consultada, a pesar que lo establece la Constitución y el convenio 169 de la OIT.

¿Es la soberanía hidrocarburífera asimilable a la soberanía energética?

En los 20 años transcurridos desde que se iniciara el proceso privatizador, YPF y su contexto se modificaron notablemente. Si bien la actual «petrolera de bandera» sigue siendo -como antes de la privatización- la principal productora de hidrocarburos del país, en 2013 sólo extrajo el 37% del petróleo y el 25% del gas. Es decir, que más de un 60% de la producción nacional está en mano de compañías privadas. A excepción de la parcialmente expropiada, las firmas que dominan el mercado son predominantemente de capital extranjero, entre ellas, Pan American Energy [6], Total, Petrobras, Sinopec y Chevron.

Al observar estos números, y utilizando el parámetro gubernamental que concibe a la soberanía hidrocarburífera como la gestión estatal de los combustibles fósiles, a fin de garantizar el autoabastecimiento y dinamizar la economía a través de la generación de saldos exportables, se constata cuán lejos está Argentina de haber recuperado dicha soberanía. Incluso el objetivo de arrastrar a todo el sector hidrocarburífero a partir del control de YPF también está lejos de lograrse, ya que los niveles de extracción de gas y petróleo continúan en caída y sólo la petrolera nacional ha mostrado voluntad de realizar importantes inversiones para revertir el escenario (Página 12, 14/04/2014). Los cuestionamientos, sin embargo, son mayores al considerar las alianzas que la empresa nacionalizada ha concretado o pretende concretar con trasnacionales para avanzar en el desarrollo no convencional.

Pero desde otra óptica, en la que la soberanía es entendida como el accionar del pueblo, también podría indicarse que la dirección de YPF lejos está de ser una conducción soberana, en tanto dista de reflejar la participación popular y no respeta -ni siquiera consulta- las decisiones de quienes viven en los territorios afectados.

Sin embargo, más allá del cuestionamiento a la estrecha noción de soberanía en la que podría entenderse a YPF, en ningún momento desde los despachos oficiales se planteó una perspectiva que tomara en cuenta la soberanía energética. Es decir, una mirada que abrevara en otras alternativas, que apuntara a la necesaria diversificación de la matriz energética argentina, dependiente casi en un 90% de los combustibles fósiles, y que tuviera en cuenta la necesaria incorporación de la eficiencia energética. Esta nueva vorágine hidrocarburífera frenó incluso el desarrollo de nuevas fuentes complementarias sustentables [7].

Notas

[1] Repsol continuaba siendo propietaria de casi el 12% del paquete accionario. Sin embargo, tras el acuerdo con el Estado argentino para cerrar el proceso expropiatorio (la indemnización), vendió esa participación (Infobae, 07/5/2014). Por otro lado, el magnate mexicano Carlos Slim -uno de los hombres más ricos del mundo- posee algo más de 8%.

[2] Miguel Galuccio llegó al puesto de presidente de YPF-modelo 2012 por su larga y exitosa carrera en Schlumberger, una de las principales compañías de servicios en el sector, especialista en hidrocarburos no convencionales.

[3] En relación a este tema ver «A pedido de YPF, darán más estímulos para producir gas» (La Nación, 18/10/2013).

[4] En 2013 Total Austral superó a YPF con un 29,5% de producción de gas.

[5] Si bien no sería extraño que en los próximos meses se hicieran anuncios en torno a proyectos de no convencionales en las cuencas Cuyo, Noroeste e incluso en la Austral, es poco probable que se avance sobre la regiones Mesopotámica (Chacoparanaense) y Pampeana, dado que demandaría una mayor inversión no sólo por el desconocimiento geológico y los estudios previos que requiere, sino también, porque una vez puestos en superficie los hidrocarburos, su introducción en el mercado se vuelve más costosa por la falta de infraestructura -gasoductos, oleoductos, etc.- ya existentes en las regiones «petroleras».

[6] El 60% de las acciones de Pan American Energy están en poder de British Petroleum, mientras que el 40% restante corresponden a la empresa Bridas, cuya propiedad comparten en parte iguales el grupo argentino Bulgheroni y la china CNOOC.

[7] La Ley 26.190 de diciembre de 2006 crea el Programa de Generación con Recursos Renovables (GENREN) con el objetivo de lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de diez años. A siete años de sancionada la norma los avances fueron ínfimos (Clarín, 08/12/2013).

Fuentes consultadas

Academia Nacional de Ingeniería (2011), Reflexiones sobre una matriz sostenible, Instituto de Energía, septiembre de 2011. [Enlace.

Clarín (Antonio Rossi) (2013), «Energía verde: fracasó el plan de Enarsa y habrá nuevas licitaciones», en diario Clarin, 8 de diciembre de 2013. [Enlace].

Infobae (2014), «Repsol vendió el 12% de las acciones que le quedaban en YPF», 07 de mayo de 2014. [Enlace].

La Nación (Pablo Fernández Blanco) (2013), «A pedido de YPF, darán más estímulos para producir gas», diario La Nación, 18 de octubre de 2013. [Enlace].

– (2014), «YPF compró los activos locales de las petrolera Apache por U$S 800 millones», diario La Nación, 12 de febrero de 2014. [Enlace].

OPSur (2012), «YPF S.A. bajo el paradigma shale for export», en Fractura Expuesta N°2, 4 de noviembre de 2012, Buenos Aires.

– (2014), «Claromecó, la cuenca fallida», 7 de marzo de 2013. [Enlace].

– (Hernán Scandizzo) (2014), «YPF, nuevos desiertos y resistencias», 14 de abril de 2014. [Enlace].

Página 12 (2014), «No creo que alcance con YPF», diario Página 12, 14 de abril de 2014. [Enlace].

Río Negro (2014), «YPF-Chevron: confirman sociedad en Loma Campana y explorarán Chihuidos de la Sierra Negra», diario Rio Negro, 14 de abril de 2014. [Enlace].

– (2013), «Petrobras invertirá U$S 54 millones en área neuquina», diario Rio Negro, 07 de diciembre de 2013. [Enlace].

– (2013), «Wintershall aporta U$S 145 millones a UTE con GyP», diario Rio Negro, 24 de septiembre de 2013. [Enlace].

Svampa, Maristella y Viale, Enrique (2013), «YPF-Chevron, La visión más cortoplacista», en diario Clarín, 28 de agosto de 2013. [Enlace].

Svampa, Maristella y Viale, Enrique (2014), Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Editorial Katz.

YPF (2012), Plan Estratégico, 30 de agosto de 2012. [Enlace].

– (2013), Acuerdo para desarrollar Vaca Muerta, 10 de diciembre de 2013. [Enlace].

– (2014), FORM 20-F. Annual Report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities Exchange act of 1934, para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013.

Libro completo: 20 Mitos y realidades del fracking. Observatorio Petrolero Sur. [Descargar].

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/20-mitos-y-realidades-del-fracking-cap-5-tenemos-una-ypf-nacional/