Piden reiniciar las negociaciones que echaron por tierra los funcionarios que responden a Aranguren. Están en riesgo 400 cooperativas con 25 mil trabajadores en todo el país. Trabajadores de las empresas recuperadas, del sindicato de Curtidores y la Federación Gráfica Bonaerense, ocuparon este miércoles por la mañana el hall del Ministerio de Energía para reclamar […]
Piden reiniciar las negociaciones que echaron por tierra los funcionarios que responden a Aranguren. Están en riesgo 400 cooperativas con 25 mil trabajadores en todo el país.
Trabajadores de las empresas recuperadas, del sindicato de Curtidores y la Federación Gráfica Bonaerense, ocuparon este miércoles por la mañana el hall del Ministerio de Energía para reclamar una política tarifaria para los servicios públicos que esté acorde a sus posibilidades de pago. La protesta fue definida tras la negativa de la cartera que encabeza Juan José Aranguren de contemplar la situación de las 400 cooperativas en todo el país.
Sus facturas de energía eléctrica y gas se multiplicaron entre cinco y ocho veces, y eso afecta la posibilidad de mantener las plantas en funcionamiento en medio de una caída del consumo y reducción del poder adquisitivo de la población. En diálogo con El Destape por Radio 10, un trabajador denunció: «Nos están a punto de reprimir».
«Lo que veníamos discutiendo era la posibilidad de que las fábricas continuaran produciendo. Nosotros sostuvimos las plantas cuando los patrones se fueron porque queremos trabajar. Pero la semana pasada cerraron las negociaciones y nos empujan al cierre», explicó Eduardo Montes, integrante de la Cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada con capacidad para realizar todo tipo de impresiones. Allí sintieron el impacto de la suba de tarifas: pasaron de pagar 27.231,44 pesos en febrero a 127.940,39 en julio pasado (se multiplicó casi por cinco).
Lo mismo ocurrió en otras empresas, que multiplicaron hasta por diez veces lo que llegaba por consumo de gas o electricidad. Esa situación disparó una serie de protestas y eso abrió el camino de una negociación con el Ministerio de Energía, a la que se sumaron representantes del movimiento de empresas recuperadas, del sindicato de Curtidores y de la Federación Gráfica Bonaerense. Esos dos gremios reconocen la posibilidad de los trabajadores de autogestionar una empresa cuando la patronal abandona su lugar.
En la última reunión, que se hizo el viernes pasado en la sede del ministerio que encabeza Juan José Aranguren, los funcionarios del área parecieron cerrar la negociación. «Las tarifas las tienen que pagar. Lo único que podemos hacer es parar los cortes de tarifas», dijo Gastón Eduardo Fourmentel (del Ministerio de Energia), quien estaba acompañado por Andrés Chambouleyron -que elaboró la estrategia del tarifazo– y Adolfo Rodríguez Hertz, jefe de asesores del diputado macrista Luciano Laspina.
La respuesta sorprendió a los trabajadores de las recuperadas porque se había acordado conversar la propuesta oficial, que planteó reducir en un 50 por ciento el incremento que sufrieron las cooperativas. Eso posibilidad mejoraba la situación de ahogo de las empresas recuperadas, que venían pidiendo retrotraer las tarifas a febrero de este año, antes del tarifazo.
El reclamo de las recuperadas también tiene un proyecto de ley, que se encuentra en la Cámara de Diputados para establecer un régimen de tarifa diferencial para las recuperadas. El proyecto fue rechazado en la Comisión de Presupuesto por Rodríguez Hertz, asesor de Laspina.