Vivimos momentos de incertidumbre. La crisis ocasionada por la emergencia del Covid-19 en el mundo ha dejado al descubierto las miserias del orden global actual, la falta de cooperación internacional y las crudas desigualdades del sistema capitalista, frente a las que el pueblo organizado, puede proponer salidas.
Los pueblos enfrentan la pandemia con los recursos que tienen. Sin lugar a dudas, el protagonista de estos tiempos es el Estado. Se ha escrito mucho sobre la crisis del liberalismo no intervencionista anunciando hasta su desaparición, conclusión que demanda cautela porque el liberalismo se ha reinventado un sinnúmero de veces. Pero, más allá de ésto, los Estados -más o menos presentes, más o menos responsables- conducen como pueden, la crisis inesperada.
En la Argentina, además del Estado se encuentra presente un actor central: la clase trabajadora organizada. Desde el inicio de la pandemia los movimientos de trabajadores tomaron una postura activa en diferentes ámbitos.
Por un lado, pusieron a disposición los servicios hoteleros de los complejos turísticos sindicales para ser adaptados como lugares de aislamiento y atención; por el otro lado, se sumaron a iniciativas de ayuda social para paliar la crisis alimentaria de los barrios más humildes, y la colaboración con las ollas populares es un ejemplo de esto.
En el plano gremial, una de las primeras preocupaciones fue la amenaza de despidos masivos. Frente a la misma, tanto la CGT (Confederación General del Trabajo) como la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) solicitaron una normativa que los impidiera. El reclamo fue escuchado por el gobierno –encabezado por Alberto Fernández- y el 31 de marzo mediante la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia se prohibieron los despidos por 60 días (1).
A su vez, los diputados de extracción sindical del Frente de Todos –fuerza oficialista- impulsaron la Ley de Impuesto a la Riqueza (2), como forma de enfrentar la crisis excepcional que atraviesa el pueblo argentino.
Por estos días, el mismo espacio trabaja en la elaboración de una normativa que regule el teletrabajo (3), una preocupación creciente frente a la situación actual, pero también, para el futuro cercano donde se teme que los empresarios tomen esta modalidad como una forma de flexibilización del trabajo arrasando con los derechos laborales conquistados históricamente por la clase trabajadora argentina.
Por otro lado, las reuniones con el Ejecutivo nacional fueron permanentes: el 4 de abril se conformó una mesa integrada por sindicatos, empresarios y especialistas médicos (4); el 16 de abril en un comunicado la CGT sostuvo su “preocupación por la situación social y económica” realizando un llamado al gobierno a “la implementación de las medidas que se anuncian (5). Las respuestas deben llegar a tiempo para atender las necesidades y la coordinación de las distintas áreas de gobierno debe funcionar armónicamente”, indicaron.
Asimismo solicitaron la puesta en marcha de “un Consejo Económico y Social para acordar la economía de la pospandemia”, propuesta que el Ejecutivo tomó en consideración. Las centrales gremiales por su parte, hicieron público el apoyo al gobierno nacional en el marco de las negociaciones de la deuda externa.
Claro está que las tensiones con el campo empresarial no están ausentes. Frente al freno de la actividad económica y la suspensión de actividades, la CGT junto a la UIA (Unión Industrial Argentina) y el Estado nacional acordaron la autorización de rebajas del 25% de los salarios, lo que generó malestar con otros sectores sindicales.
Pero no sólo los trabajadores nucleados en las centrales obreras nombradas se convirtieron en protagonistas de estas jornadas. También lo hicieron los trabajadores de la economía popular organizados en redes territoriales.
Los movimientos sociales, en particular la CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular), junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, impulsaron el programa “El barrio cuida al barrio” puesto en marcha desde el 20 de abril (6) a partir de la capacitación masiva de “promotores comunitarios” que trabajan en tareas de prevención sanitaria.
Además, se activaron protocolos de accionar frente a los casos del covid-19 donde los movimientos sociales son un actor fundamental en forma articulada con el Estado. La Iglesia católica, presente en los barrios más humildes, también actuó en el mismo sentido, en particular desde el colectivo de curas villeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Curas de Opción por los pobres, presentes fundamentalmente en el conurbano bonaerense.
Esta respuesta comunitaria, colectiva de los y las trabajadores/as, es resultado de una historia de lucha del movimiento obrero organizado y de las organizaciones sociales. ¿Cuáles son los factores que explican esta peculiaridad que coloca al pueblo argentino en mejores condiciones para enfrentar la pandemia?
Por un lado, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la Argentina posee la tasa de densidad salarial mayor de en Sudamérica (en 2015 ascendía al 32%, frente al promedio regional del 19%) (7).
A pesar del debilitamiento causado por la aplicación de las duras políticas neoliberales aplicadas desde 1976, el movimiento obrero organizado continuó siendo un factor de poder de negociación gremial y un actor político central, con mayor intensidad aún después de la recomposición económica y productiva posterior al 2003. Esto se debe fundamentalmente, a las características del modelo sindical argentino y a la historia del mismo.
Desde su surgimiento en la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento obrero argentino se reconoció como sujeto social central y buscó incidir en el campo político. Esta autopercepción y su disputa por espacios de poder –en particular a partir de 1945– continúa hasta el día de hoy.
Al compás de la llegada de inmigración europea se crearon los primeros sindicatos bajo la influencia de ideologías como el comunismo, el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo revolucionario. La primera experiencia de unidad –con la creación de la CGT- se produjo en el marco de la dictadura de José Félix Uriburu (1930), luego de que el gobierno aplicara la Ley Marcial y fusilara a un trabajador.
Pero la verdadera confluencia entre la organización institucional, gremial y política se produjo recién tiempo después, en el marco de la gestación del movimiento peronista hacia 1943. Durante la gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón no sólo consagró los derechos por los que los trabajadores venían luchando hacía décadas.
También sancionó el Estatuto del Peón Rural y la Ley de Asociaciones Profesionales 23.852, que estableció el mecanismo legal para la conformación del sindicato único por rama con capacidad de recibir las cotizaciones y de negociar con la patronal y el Estado, lo que dio origen a una institucionalidad propia del movimiento obrero argentino que explicará en parte su devenir histórico.
La CGT se convirtió en una de las centrales obreras más poderosas del continente, no sólo por su conformación numérica, sino también por su vínculo privilegiado con el Estado que le permitía incidir profundamente en las políticas públicas. El secretario general de la CGT participaba en las reuniones de gabinete, en cada ministerio funcionaba una comisión integrada por representantes de la central obrera, existía un agregado obrero en cada embajada argentina y tenían representación en el Congreso Nacional (un tercio de participación en las listas electorales).
También, acompañó la política de integración latinoamericana promovida por Perón, impulsaron la creación de la “Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS)”.
Los sindicatos pasaron a ser entonces instituciones de bien público, con fueros propios que los convirtieron en inviolables frente al poder ejecutivo y judicial. Junto a la Ley 23.852 se establecieron los convenios colectivos de trabajo (Ley 14.250) que estableció que los sindicatos con personería gremial eran los únicos que podían firmar dichos convenios.
Sostuvo Perón en la CGT el 9 de agosto de 1950 que: “el justicialismo comienza por convertir el sindicato, de una organización al margen de la ley, en una institución pública, como cualquier otra institución de bien público, es decir le da estado legal a la existencia del sindicalismo”
“El sindicato ha dejado de ser una organización creada exclusivamente para la lucha, para pasar a ser una organización que defiende intereses profesionales y los beneficios para sus asociados en toda forma, material, moral, espiritual y culturalmente. creando mutualidades, cooperativas y escuelas sindicales”, añadió. Una concepción del accionar sindical que excedía ampliamente al campo gremial.
Con estos instrumentos legales quedó consolidado el llamado modelo sindical argentino que, a pesar de los continuos ataques recibidos desde 1955, se mantuvo en pie. Las dictaduras cívico-militares atacaron al movimiento obrero en forma sistemática. Basta recordar que el 30,2% de los detenidos-desaparecidos de la última dictadura cívico militar (1976) fueron obreros.
Sin embargo, la desarticulación social causada por la desindustrialización y la implementación del modelo neoliberal, generó un amplio movimiento de trabajadores desocupados que adoptaron sus propias formas de organización. Sin estar insertos en aquella normativa, pero bajo el mismo espíritu de lucha, crearon nuevas estructuras para dar batalla en aquellos ámbitos en los que el trabajo formal se destruía.
La historia de los movimientos sociales desde sus orígenes en la década de 1990 muestra la articulación de viejas y nuevas batallas.
Por un lado, propone nuevas relaciones de trabajo basados en el cooperativismo, posee un anclaje territorial en el barrio y ya no en la fábrica y avanzan en propuestas vinculadas a la educación, la salud, entre otros aspectos. Los movimientos sociales nacieron como un actor nuevo que emergió de las novedades socioeconómicas y políticas que la realidad planteara bajo el neoliberalismo y fueron creciendo en coordinación y organización hasta constituir sus propias organizaciones gremiales.
Como argentinos y argentinas, frente a la ausencia de certezas, esta historia de lucha colectiva nos aporta una: solo la organización y la comunidad nos permitirá enfrentar la crisis humanitaria que recién comienza y que, probablemente, se profundizará como nunca antes en la historia.
Notas
(3) https://www.pagina12.com.ar/263458-yasky-el-gobierno-tiene-que-cuidar-a-los-trabajadores
(4) https://www.lanacion.com.ar/politica/el-presidente-recibe-cgt-nid2350495
(6) https://diariocronica.com.ar/644350-daniel-arroyo-considero-que-la-situacion-social-es-critica.html
(7) http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/proyectossos/act_regionales/mexico_nov2010/documentos/3erdia_cancun1.pdf1
Mara Espasande. Licenciada en Historia, Director del Centro de Estudios de Integración latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina), colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, ww.estrategia.la)