Diputados presentaron a empresarios un proyecto de ley que contempla frenar por 5 años todas las causas judiciales contra las empresas que hayan contaminado la cuenca Salí-Dulce. Para esto, las fábricas deberán presentar un programa de inversiones ajustado al Plan de Producción Limpia. Sin embargo, el propio diputado Vargas Aignasse, autor del proyecto, tuvo que […]
Diputados presentaron a empresarios un proyecto de ley que contempla frenar por 5 años todas las causas judiciales contra las empresas que hayan contaminado la cuenca Salí-Dulce. Para esto, las fábricas deberán presentar un programa de inversiones ajustado al Plan de Producción Limpia. Sin embargo, el propio diputado Vargas Aignasse, autor del proyecto, tuvo que reconocer que este plan es ilegal. Para colmo, fuentes judiciales aseguraron que es inconstitucional paralizar causas penales por daño ambiental.
A esta altura ya cuesta discernir si algunos parlamentarios nacionales que representan a la provincia defienden los interesas de toda la población o de un grupo de acaudalados industriales. También se hace difícil descreer que estos «representantes» no subestiman la inteligencia de sus «representados». Cuesta más trabajo aún comprender que se elabore un obvio plan para defender al empresariado y que, a la vez, sus autores reconozcan que este proyecto «es ilegal».
El pasado miércoles, directivos de la FET recibieron una noticia por demás importante para sus intereses: la Cámara de Diputados de la Nación ya cuenta con una iniciativa de ley que apunta a congelar durante cinco años todas las causas judiciales que tengan las empresas por haber contaminado la cuenca Salí-Dulce. A cambio de esta gracia, los industriales deberán ajustarse a las poco exigentes disposiciones del Plan de Producción Limpia que viola las normas nacionales en cuanto a protección del medio ambiente (sus parámetros de contaminación superan a lo estipulados por la ley 24.051, sobre residuos peligrosos).
Aún más insólita es la cuestión si uno de los propios impulsores del proyecto, el diputado justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, reconoce ante este medio saber que el Plan de Producción Limpia (PPL) no es lícito pero que todo se hace en defensa del trabajo de miles de tucumanos.
«Seguramente que es ilegal (en referencia a los valores contaminantes que permite el PPL) pero hoy no podemos cerrar las industrias dejando a más de 300 mil tucumanos sin trabajo. Hay que concatenar todo para que se deje de contaminar pero que se siga produciendo», afirmó Vargas Aignasse.
Las respuestas ante semejante afirmación no tardaron en llegar. «La supuesta defensa de puestos de trabajo en contra de la salud de la gente es igual a legalizar el narcotráfico para que se creen nuevos puestos de empleo. Es ridículo lo que sostiene Vargas Aignasse», afirmó el abogado especialista en jurisprudencia ambiental, Rafael Medina, presidente de la agrupación ambientalista Pacto Verde.
Como un presagio de lo que podía llegar a suceder, el propio fiscal general federal, Gustavo Gómez, señaló, días atrás, en el marco de una exposición, que el Plan de Producción Limpia que aplica el Gobierno provincial «forma parte de sistema que protege a los que contaminan privilegiando los réditos económicos. Todo esto, en el marco de una falsa paz social enfocada en dar trabajo a cualquier precio, incluso a costa de la salud de la gente», criticó.
La iniciativa busca frenar juicios por daños ambientales
Así, el proyecto de ley que presentó Vargas Aignasse, en compañía de las diputadas Beatriz Rojkés de Alperovich y Susana Díaz, ante los empresarios tucumanos de diversos rubros, contempla declarar por 5 años la emergencia ambiental de la cuenca del río Salí-Dulce. Durante este plazo, se suspenderían «el cumplimiento y ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales por contaminación a dicha cuenca» en contra de las empresas que se encuentren registradas en el Plan de Producción Limpia (PPL).
Además, la iniciativa establece la creación de un registro de empresas contaminantes de la cuenca las cuales, en un plazo de 90 días de publicada la ley, deberán presentar un plan de inversiones ajustadas al PPL. También, se contempla la creación de una Comisión Unica de Cuenca que supervisará todo el proceso y que estará integrada por funcionarios de la Nación y por diputados nacionales y representantes de los PE de Santiago del Estero y Tucumán.
Aseguran que es inconstitucional frenar causas penales
La polémica iniciativa de los diputados nacionales tucumanos (de frenar las causas a los empresarios que atentan contra la vida), fue duramente cuestionada desde diferentes sectores tanto judiciales como vinculados a la defensa del medio ambiente. Altas fuentes de la Justicia Federal repudiaron el proyecto y confiaron en que éste no prosperará en el Congreso de la Nación. «No se puede suspender la aplicación de leyes. Nunca la Cámara aprobaría una cosa así», sostuvieron.
Por su parte, Medina (abogado y presidente de Pacto Verde) aseguró que es «netamente inconstitucional» frenar la aplicación de leyes y sentencias penales. «Todo esto es una atorranteada que va en contra de derecho, del bienestar de la población y sólo en beneficio de los empresarios», manifestó.