La empresa editora del diario vasco Gara (EKHE) deberá pagar a la Seguridad Social 500.000€ cada seis meses durante los próximos tres años para cubrir la deuda contraída por el diario Egin antes de que fuera cerrado y clausurado (al igual que la emisora Radio Egin) por el juez Baltasar Garzón en la madrugada del […]
La empresa editora del diario vasco Gara (EKHE) deberá pagar a la Seguridad Social 500.000€ cada seis meses durante los próximos tres años para cubrir la deuda contraída por el diario Egin antes de que fuera cerrado y clausurado (al igual que la emisora Radio Egin) por el juez Baltasar Garzón en la madrugada del 15 de julio de 1998, bajo aquella su consideración de que todo lo relacionado con las ideas y opiniones de la izquierda abertzale, todo absolutamente todo, era ETA. Además de ahogar una pieza representativa de la diversidad sociopolítica de Euskal Herria, 210 personas se quedaron sin empleo.
Y hay que añadir un hecho importante: a partir de ese momento la administración judicial responsable de la custodia de las instalaciones, archivos y material del diario nunca cubrió tal obligación y todo ello se fue pudriendo hasta quedar inservible. En diciembre de 2017 la Audiencia Nacional aceptó que el Gobierno Vasco rescatara lo que todavía podía salvarse del archivo documental y fotográfico.
Egin, que publicó su primer número el 29 de septiembre de 1977 había sufrido ya cierres parciales anteriores; el primero en los años 80 por reproducir fragmentos de El libro rojo del cole. Entre 1979 y 1996 el diario fue objeto de 14 atentados reivindicados por grupos para militares de extrema derecha (no hubo detenciones por tal motivo). Periodistas y personal administrativo del diario fueron también objeto de atentados; varios de ellos sobrevivieron pese a las herida, tres -Xabier Galdeano, Ángel Etxaniz y Josu Muguruza- murieron.
Al rebufo de los Pactos Antiterroristas de Madrid y Ajuria Enea, a partir del año 1987, la mayor parte de las instituciones y también, bajo su presión, numerosas empresas privadas se negaron a incluir publicidad alguna en Egin, pese a que según la OJD difundía más de 50.000 ejemplares diarios. Privada, a diferencia de los demás diarios, de los ingresos publicitarios y de otras ayudas institucionales a la publicación de prensa, Egin tenía serias dificultades de caja y fue acumulando deudas con la Seguridad Social (siempre sobre la cuota empresarial, nunca sobre la laboral que se pago debidamente).
Obviamente, esa situación se agravó extraordinariamente con el cierre decretado por el juez Garzón. Además, en febrero de1999 éste prorrogó seis meses más el cierre del diario. Concluido ese nuevo plazo, en uno de sus repetidas puestas en escena de tirar el córner y subir a cabecearlo, en el mes de agosto de 1999, el juez Garzón autorizó la reapertura del periódico y de la emisora de radio clausurados. Pero como era obvio, el administrador judicial ratifico que Orain S.A., el grupo editor de Egin, no tenía viabilidad económica y no podía hacer frente a sus deudas con la Seguridad Social.
En junio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia reconoció que el cierre había sido ilegal. Pero, claro está, ya no era posible reabrirlo.
Tras el macrosumario 18/98 celebrado en la Audiencia Nacional, 17 personas pertenecientes al diario -periodistas o de la administración- fueron condenadas el 2001 a muchos años de cárcel (12 para el director del diario), bajo la acusación de colaboración con ETA. Toda la argumentación presentada por el fiscal se reducía a lo que él consideraba «continuidad ideológica» del diario con la ideología de ETA.
En enero de 1999, sostenido por una extraordinaria dinámica de suscripciones populares, vio la luz el diario Gara. Pero el juez Garzón -con su doctrina del «todo es ETA» en el bolsillo de su chaleco- estableció en un auto de julio de 2000 que existía sucesión empresarial entre las empresas Egin y Gara, por lo que inicio maniobras y presiones para que ésta cargara con las deudas de aquella. Y lo consiguió. En junio de 2003 la Seguridad Social declarp a la empresa editora de Gara «responsable solidaria de la deuda de Egin», deuda que elevaba a 4,7 millones de euros. El objetivo evidente era ahogar a Gara, hacerlo desaparecer como se hizo con Egin.
La única alternativa de Gara para seguir viviendo era declararse en suspensión de pagos. Así se mantuvo durante 15 años. Pero el pasado mes de septiembre, la Seguridad Social le impone el pago inmediato de la deuda o, en caso contrario, se procedería a la liquidación para hacer frente al abono de deudas y a acreedores. Gara ha tenido que negociar con la Seguridad Social y el acuerdo final ha sido pagar 500.000 euros cada semestre durante tres años. En su conjunto se trata de un monto superior al coste anual de todo el personal del diario. Un «expolio», sin duda, como ha afirmado su director.
Para completar esta información y valorarla, así como muestra de nuestra solidaridad con Gara, reproducimos a continuación, íntegramente, dos cortos artículos -incluidos sus títulos- de Iñaki Iriondo, uno de sus periodistas referenciales. El título general que encabeza este artículo es nuestro. Petxo Idoiaga]
Cierre ilegal y un patrimonio dejado pudrir por la administración judicial
En mayo de 2009 el Tribunal Supremo dejó sin efecto la ilicitud y disolución de Orain SA, editora de «Egin» que había declarado la Audiencia Nacional. Es decir, el periódico de Hernani no debía haberse cerrado y, por tanto, todas las consecuencia de aquella decisión tramposa nunca se tendrían que haber producido.
Y una de las consecuencias, además de endosar a GARA su deuda con la Seguridad Social, fue que todo el patrimonio de «Egin» -sus locales, su rotativa, su red informática, su archivo histórico de textos e imágenes…- fue dejado pudrir literalmente por la administración judicial impuesta por Baltasar Garzón, que nunca se preocupó por el mantenimiento de todo ese activo.
Ni qué decir tiene que ese patrimonio, bien conservado, podría haber servido para minimizar la deuda de Orain con la Seguridad Social. Aunque también es cierto que quizá la Tesorería no estaba tan preocupada de esto como de dañar a GARA, porque en los años en los que edificios, locales y maquinaria estaban todavía aprovechables, no contempló ejecutar la vía de apremio con el embargo de esos bienes patrimoniales.
Tribunal Supremo
Al analizar el recurso presentado tras la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo decidió dejar sin efecto la declaración de ilicitud de las actividades y la disolución de Orain SA y el resto de empresas que contribuían a la edición de «Egin». Además, invalidó «el comiso y liquidación de su patrimonio».
Los abogados de la defensa señalaron en su recurso que la Audiencia Nacional había aplicado indebidamente el artículo 129 del Código Penal, que permite la disolución de una empresa, puesto que en ningún momento había procedido a declarar a las empresas como «asociaciones ilícitas», ni podía hacerlo porque ninguna de las acusaciones lo pidió. Y el Tribunal Supremo les dio la razón.
También consideró «relevante» que todos los miembros del Consejo de Administración hubieran sido condenados no por «integración en banda armada y organización terrorista», sino por «colaboración», que es un delito que «no prevé la consecuencia accesoria de la disolución».
Pero para cuando el Supremo dio la razón a la defensa de Orain y «Egin», el objetivo de Baltasar Garzón y quienes le impulsaron a cerrar el periódico, ya se había cumplido. El patrimonio del diario era irrecuperable, hacía más de diez años que existía GARA y para entonces la Seguridad Social ya le había endosado la deuda que, entre otras cosas, aquel cierre ilegal había contribuido a que no parara de crecer bajo la administración judicial.
La mano tramposa de Garzón meció la decisión de la Seguridad Social
Euskal Komunikabideak Hedatzeko Elkartea (EKHE) y GARA no figuran en ninguno de los miles de folios que compusieron el macrosumario 18/98 en el que se juzgó a la empresa Orain, editora de «Egin», ni tuvieron posibilidad de defensa en aquel juicio. Existían ya sentencias de los tribunales superiores de justicia de Nafarroa y la CAV que, en relación a reclamaciones al Fogasa, aseguraban que «no cabe estimar la sucesión empresarial» cuando los contratos de trabajo «han sido rescindidos por expediente de regulación de empleo autorizado por la Autoridad Laboral». Pese a todo ello, el juez Baltasar Garzón dictó el 20 de julio de 2000 «la existencia de una sucesión de empresas entre los grupos Orain-Egin y EKHE-GARA», y a partir de ahí comenzó a maniobrar para conseguir que la Seguridad Social acabara endosándonos la deuda de «Egin».
En lo sucesivo, el juez Garzón -al que ahora mismo el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid investiga por un posible delito de prevaricación cometido de la mano del afamado comisario jubilado José Manuel Villarejo- comenzó a maniobrar para que la Seguridad Social intentara ahogar económicamente a GARA.
Y lo consiguió. En junio de 2003, la Tesorería General de la Seguridad Social notificó a la representación legal de Baigorri Argitaletxe SA (editora de GARA) y de KIE SA (empresa que imprime este diario) su decisión de declararlas «responsables solidarias» de las deudas que hasta ahora reclamaba, respectivamente, a Orain SA (4.673.326,94 euros) y Hernani Inprimategia SA (441.824,15). La suma era entonces de 5.115.151 euros (más de 851 millones de pesetas). Y el pago se reclamaba en quince días.
«Sucesión ideológica»
Cuando Baltasar Garzón toma una decisión, no duda en retorcer la legalidad hasta conseguir su objetivo. En eso coincide con aquella exclamación de «acaso pensaban que no nos íbamos a atrever» que lanzó José María Aznar, presidente del Gobierno español, cuando cerraron «Egin».
Los informes eran contrarios. Los técnicos recordaban que para la puesta en marcha de GARA no se habían podido utilizar ninguno de los bienes de producción de «Egin» que, por cierto, estaban bajo la administración judicial del propio Garzón. El domicilio de la empresa también era diferente a la de Orain. La plantilla no había pasado íntegramente de un periódico a otro, sino que GARA solo había contratado más o menos a la mitad de los empleados de «Egin» y, además, todos ellos habían pasado un tiempo en el paro. «A mayor abundamiento», se podía leer, la jurisprudencia establece que «si las rescisiones de contratos han sido autorizadas por la autoridad laboral competente» no puede hablarse de sucesión de empresa.
Además, los recursos financieros y los medios materiales para hacer posible la creación de GARA eran totalmente nuevos, y sin ligazón alguna con «Egin».
Una vez más, la legalidad le importó bien poco a Garzón. Estableció la existencia de «sucesión ideológica», alegando que quienes habían impulsado el nacimiento de EKHE y GARA tras el cierre de Orain y «Egin» pertenecían al mismo «grupo ideológico» y con uno se pretendía suplir la falta del otro.
Cabe señalar que el concepto de «sucesión ideológica» no tiene ningún soporte jurídico, puesto que no está contemplado en la legislación ni en la jurisprudencia.
Meciendo la cuna
Una vez que el juez Baltasar Garzón decidió que había «sucesión ideológica», comenzó a tratar de provocar que ello tuviera consecuencias prácticas. Como informó GARA en su edición del 26 de febrero de 2002, organizó al menos dos reuniones con representantes de órganos que no están bajo su jurisdicción, como son Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y Fogasa, de cara a intentar atribuir a EKHE la deuda de Orain. Uno de esos encuentros se mantuvo el 5 de diciembre de 2000, como consta en un escrito remitido al juez por la jefa del Area de Gestión de Prestaciones del Fogasa.
Y, por fin, logró su objetivo. La Tesorería General de la Seguridad Social, citando textualmente el auto de Garzón, acabó en 2003 endosando a EKHE y GARA la deuda de Orain y «Egin». Para entonces, en 2001, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ya había dejado claro que el cierre del periódico se había hecho a través de una trampa jurídica. Nada importó. En base a un auto de un juez que no es competente en materia judicial, GARA empezó a deber 5,1 millones de euros.
Fuente original: https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2019-01-31/hemeroteca_articles/la-mano-tramposa-de-garzon-mecio-la-decision-de-la-seguridad-social