La autorización del Gobierno al trigo HB4 tiene una consecuencia directa: los transgénicos llegarán al pan, los fideos y todos los derivados de la harina. Desde la mirada agronómica se suman hechos graves como el mayor uso de herbicidas y el intento de avanzar en una nueva ley de semillas. La profundización del modelo de agronegocio y la alianza Gobierno-empresas.
Con la firma por de la Resolución 27/2022, que autoriza la comercialización del trigo transgénico de la empresa Bioceres, el gobierno nacional dio un paso muy grande para beneficiar al agronegocio, con consecuencias negativas muy graves para amplios sectores de la población. Desde lo agronómico (que siempre es político) dos cuestiones nos parecen relevantes.
Transgénesis, mayor uso de herbicidas y un modelo
Sus promotores, desde hace 25 años, venden semillas para tolerancia a glifosato y otros herbicidas, en semillas de maíz, soja, alfalfa y algodón. La promesa publicitaria fue que la difusión de estos cultivos haría disminuir el consumo de herbicidas. El consumo se multiplicó al menos 15 veces. Y las empresas semilleras, que no olvidemos, son las mismas que las agrotóxicas, multiplicaron su facturación, ganaron mercados, abrieron nuevas plantas de producción y siguen vendiendo semillas transgénicas para otros cultivos, y otros herbicidas: 2,4D, dicamba, glufosinato de amonio, etc.
Lo real, sistémico y evidente es que la tecnología ya fue evaluada a escala masiva y los resultados son muy claros y desastrosos. Las particularidades del trigo HB4 de Bioceres son dos: se trata de una empresa de origen nacional (que hoy opera en bolsas extranjeras y opera en varios países) y se trata del cultivo de trigo. Las dos particularidades no alcanzan para afirmar que el problema de aumento del consumo de herbicidas va a disminuir. Al contrario. Tecnologías fallidas como la tolerancia a herbicidas por transgénesis deben ser desechadas, no alentadas como lo hace este Gobierno con esta resolución.
Trigo transgénico y el lobby por una nueva ley de semillas
Bioceres ha dicho públicamente muchas veces que quieren modificar la ley de semillas vigente. Su argumento es proteger las inversiones de los mejoradores, «fomentar la investigación y la reinversión en el sector”.
En los últimos días Bioceres tuvo buenas noticias para su crecimiento corporativo: la aprobación de China de la soja HB4, la aprobación de Australia y Nueva Zelanda de la importación de derivados de trigo HB4 y la reunión de Raquel Chan con el presidente Alberto Fernández. Este fortalecimiento hace pensar que van a poner el foco de sus energías lobbistas en el cambio de la ley de semillas, que solo busca aumentar las ganancias de las grandes empresas. Leemos en la prensa que Bioceres no comercializará abiertamente variedades de trigo en esta campaña, sino que lo hará con “criterios de identidad preservada” es decir, con contratos. El motivo manifestado para esta decisión es la espera de una habilitación total en Brasil. No dicen que están esperando la privatización de las semillas, para lucrar en las campañas sucesivas con la venta de sus semillas.
Es importante remarcar, en este contexto, el rechazo claro y fundado de amplios sectores de la sociedad a la privatización de las semillas y que la actual ley protege el derecho de los y las productores/as a reservar granos como semillas para las sucesivas campañas de siembra. Como destaca la Vía Campesina: las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Fernando Frank es ingeniero agrónomo. Autor del informe «El pan en manos de las corporaciones».