Un ajuste ortodoxo + inflación y la resistencia de los trabajadores

“Lo que nos llevará a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva. Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, ¡no dejamos la calle y el derecho a reclamar!”, afirmaron. 

Martín Guzmán viene bajando el déficit fiscal, condición que exige el FMI para reestructurar la deuda argentina, a un ritmo mayor al esperado. Los avales del FMI pueden contemplar excepciones en metas inflacionarias o cambiarias, pero lo que nunca ha resignado es tener un compromiso firmado para bajar el déficit fiscal o lograr superávit. Y, además, ahora pide que sea aprobado por el Congreso. 

Ingresarían en agosto U$S 4.354 millones a las reservas provenientes del giro que hará el FMI a todos los países del mundo por la pandemia. Guzmán planea pagar la deuda. 

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula que Guzmán tendría unos U$S 7.000 millones extra si sigue bajando el déficit fiscal al ritmo que lo viene haciendo y mantiene el Presupuesto. 

Y Miguel Pesce contrajo la base monetaria en lo que va del año. La emisión, los pesos de la base monetaria, se contrajo unos $ 100.000 millones. Sumando todo esto, hay al menos unos U$S 10.000 millones en juego. 

Siguiendo al IARAF, en los primeros tres meses del año, los ingresos fiscales aumentaron un 10,5% descontando el impacto de la inflación. Paralelamente, el gasto cayó el 5%, engrosando la caja de Guzmán en 70% más. 

Según un reporte de la consultora Quantum del ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, Guzmán tiene en caja unos $ 26.600 millones más que a principios de año. 

El rojo fiscal podría terminar en 2,4% del PBI, en lugar del 4,2% presupuestado, si el ministro siguiera el Presupuesto al pie de la letra. Son casi unos U$S 7.000 millones. 

El ministro cuenta con ese colchón porque hizo el Presupuesto con una soja a U$S 350 y ahora tendría más recaudación porque las retenciones aportarían U$S 2.500 millones más por los mejores precios. 

Además, previó una inflación de 29% y será mayor con lo cual el gasto se irá licuando. Y también los salarios y demás ingresos de los trabajadores, sectores populares y jubilados. Un ajuste hecho y derecho. 

También cuenta con el ingreso del Impuesto a la riqueza ($ 103.000 millones en abril). Y partió que cerraba 2020 con un déficit de 8,3% del PBI y el rojo fue de 6,5%. 

Finalmente, los pagos de la deuda se llevaron los dólares del superávit comercial: U$S 340 millones salieron por el pago de los intereses al FMI. Otros U$S 184 millones insumieron los intereses del resto de los organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial. 

No obstante, cuanto más pagamos, más debemos. Entre nuevos desembolsos y pagos de vencimientos quedó un saldo negativo de U$S 371 millones con los organismos financieros internacionales.  

Jorge Neyro, economista de la Consultora ACM explica que “la gran entrada de dólares comerciales en el primer trimestre (U$S 4.493 millones) no se tradujo en un aumento sólido de las reservas por distintos pagos al exterior”. 

Según el economista, “influyeron las salidas de divisas por la deuda pública y privada y servicios al exterior. También continuó el pago de deudas privadas (U$S 1.439 millones) y cancelaciones netas de préstamos con organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID”. 

Anuncios del Presidente 

Alberto Fernández anunció modificaciones en el programa social Tarjeta Alimentar. El monto de esta tarjeta, que es para comprar alimentos, era de $ 6.000 para una familia con un hijo de hasta seis años de edad y para quienes perciben la asignación por embarazo, y de $ 9.000 para las que tienen dos o más hijos. 

A partir del anuncio de este viernes, la Tarjeta Alimentar la podrán percibir las familias con hijos de hasta 14 años inclusive. El monto será de $ 6.000 para quienes tienen un hijo, y aumentará a $ 12.000 para quienes tengan dos o más hijos, y se extenderá el beneficio de $ 12.000 mensuales para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva. 

A partir de este anuncio, la Tarjeta Alimentar alcanzará a 1,9 millones de familias (aproximadamente 3,7 millones de chicos y chicas), pero es claramente insuficiente cuando la pobreza afecta a más de 20 millones. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó este jueves que la pobreza por ingresos pasó de 40,8 % en 2019 a 44,2 % en 2020. Es decir, que hay 20,3 millones de pobres, según la proyección al total de la población del país. 

No hubo anuncios sobre un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, el bono de $ 15.000 por única vez solo lo cobran un millón de personas, cuando el año pasado el IFE lo cobraron unos 9 millones. 

Según Fernández los acreedores de la deuda deberán esperar, pero esta semana realizó un nuevo pago al FMI por U$S 298 millones. Una suma que equivale al doble de lo que el Gobierno destinó para el “bono” de 15.000 pesos para titulares de Asignaciones por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares de monotributistas A y B en el AMBA este año frente a las nuevas restricciones por la segunda ola de la pandemia. 

La Oficina de Presupuesto del Congreso, calcula que las partidas aprobadas este año para “gasto Covid” ascienden a unos $ 164.591 millones, menos de la quinta parte que lo destinado en 2020. Con las medidas anunciadas (Repro II, bono de 5.000 pesos a los trabajadores de la Salud, bono de 15.000 para los beneficiarios de la AUH y monotributistas) previo a las que se anunciaron este viernes, la ejecución ya estaría llegando al 56% del total. 

El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien además es secretario de Economía social del ministerio de Desarrollo, cuestionó la política social del gobierno.  

“El gasto en ayuda directa, la Tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, sentenció Pérsico en una grabación. 

Y agregó: “El Estado como último empleador tiene que garantizar trabajo. La otra tarea tiene que ver con que hay cuatro millones de trabajadores de la Economía popular que casi no reciben ninguna ayuda del Estado”, señaló. 

El descontento de las organizaciones sociales se manifestó también en la movilización convocada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para reclamar el tratamiento de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo que duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados desde setiembre. Barrios de Pie, que dirige el subsecretario de Pérsico en Desarrollo Social, Daniel Menéndez, advirtió que si los alimentos no llegan a los comedores populares, se verán obligados a reclamar a los supermercados. En el mismo sentido se pronunció el MTE de Juan Grabois y el FPDS. 

La semana pasada, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había salido al cruce de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense y referente de La Cámpora, quien había considerado “indispensable que continúe una política como es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. 

Arroyo aseguró que “tuvo que ver con un momento, de abril, mayo y junio del año pasado, en que se cerró toda la actividad y la pobreza fue del 47%, y no es este el momento de esa situación”. 

Guzmán no previó en el ejercicio del Presupuesto 2021 el pago de un nuevo IFE. Por su parte, Alberto Fernández había declarado en abril que “no tengo previsto que vuelva por ahora el IFE porque la economía está funcionando”. 

Edenor y Edesur festejan: ganaron USD 514 millones y un 9 % de aumento 

El Gobierno decidió un incremento del 9 % a las tarifas de energía eléctrica hogareña (Guzmán pretendía 15%). 

La decisión trascendió después de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Tras esa reunión se pidió la renuncia a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, en medio de una interna dentro de la coalición de gobierno por el nivel de aumento de las tarifas. 

A las pocas horas de que se conoció la posible renuncia del funcionario, sectores del kirchnerismo informaron que Basualdo sigue en su cargo y desmiente que el Gobierno le haya solicitado la renuncia. El funcionario no hizo declaraciones. 

Entre 2015 y 2019 la tarifa a los usuarios residenciales de Edenor aumentó 3.222 % (731 % en términos reales) y a los de Edesur 3.178 % (720 % en términos reales) según la Auditoría de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Edenor y Edesur realizada por el ENRE. 

El documento detalla que la política combinada de subas tarifarias, reducción de subsidios y dolarización de la generación implicó que trabajadores, trabajadores pasivos, comercios e industrias necesiten destinar cada vez una porción mayor de sus ingresos al pago de las facturas de energía eléctrica. 

Mientras los tarifazos impactaron en los ingresos de la población, las empresas amasaron ganancias millonarias. Según el ranking de los 1.000 grupos empresarios que más venden elaborado por la revista Mercado, Edenor ocupó el puesto 27 en 2019 con ventas por $ 89.944 millones, y Edesur tuvo el puesto 41 con ventas por $ 64.855 millones. En el ranking también se encuentran otras empresas que pertenecen al rubro de generación, transporte y distribución de energía eléctrica como Pampa Energía, Enel Argentina, entre otras. 

En 2019 Edenor ganó $ 12.134 millones y Edesur $ 12.681 millones. Si se suman las ganancias de estas dos empresas, y se considera un tipo de cambio promedio de ese año ($ 48,3) se podría decir que Edenor y Edesur ganaron por día 1,4 millones de dólares en 2019.  

Los tarifazos no fueron el único beneficio que recibieron estas empresas. Según la auditoría del ENRE, en mayo de 2019 la secretaría de Gobierno de Energía firmó un acuerdo con ambas empresas para “sanear” las deudas acumuladas de las concesionarias con el Estado (compra de energía, mutuos diversos y sanciones). 

El acuerdo implicó “el reconocimiento por parte del Estado Nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximición de gran parte de sus deudas contraídas con organismos oficiales”, explica el documento del ente regulador y agregó que “el Estado Nacional no sólo condonó deudas a las distribuidoras sino también canceló deudas que no le eran propias como la compra de energía y parte de los contratos de préstamo (Mutuos) firmados con CAMMESA”. Esta medida representó ganancias extraordinarias para Edenor ($ 17.095 millones) y Edesur ($ 15.641 millones). 

A pesar de las ganancias de las empresas, la auditoría señala que “las distribuidoras no mejoraron sustancialmente la calidad del servicio” y agrega que “lejos de intensificar las inversiones para igualar la calidad del servicio entre los usuarios de la misma área de concesión, se legitimaron las asimetrías y desigualdades existentes en el servicio”. 

El presidente Alberto Fernández anunció en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento que enviaría al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, con el fin de «desdolarizar» las tarifas. Si bien aún no se conoce la propuesta, el Gobierno decidió un nuevo aumento de tarifas. No se plantea retrotraer los tarifazos durante el macrismo como el proyecto que impulsó el peronismo cuando estaba en la oposición. La disputa actual es cuánto van a aumentar las tarifas, pero no se discute que los servicios públicos son un derecho esencial y que no deberían estar sometidos al lucro capitalista. 

Muertes docentes  

El jueves, Ramón Juárez, portero a cargo del Colegio Galileo Galilei, perdió la vida luego de estar internado desde el martes en la clínica Paredes Salud en la localidad bonaerense de Laferrere. Si bien comenzó a recibir asistencia de oxígeno desde el miércoles, el trabajador no pudo escapar del virus. 

Sergio Nieto, auxiliar y casero de la Técnica 14 de Barracas, se encontraba internado en un nosocomio días antes de su fallecimiento. En el colegio donde cumplía con sus funciones de auxiliar, las y los docentes habían denunciado falta de higiene y protocolos. Por su parte, Ramón es el primer empleado de un establecimiento privado que fallece. 

Sus decesos se suman a los de Mónica Suárez, maestra del nivel inicial de la escuela infantil Nº 11 del distrito escolar 20; Sergio Vicino, docente de la E.E.T. Nº17; Marcelo Mendoza, preceptor del CENS Nº 62; Jorge Langone, docente de la E.E.T. N° 13; Juan Carlos Ramírez, de la Escuela Nº 21 y a la de Marcelo Becker, docente de la E.E.T. N° 35. Lo que cuenta a cinco trabajadores docentes y tres auxiliares de escuelas muertos por Covid-19 en CABA. 

Si se toman los datos abiertos del ministerio de Salud, al 29 de abril comparando la incidencia de contagios en niñas y niños de entre 3 y 13 años previa al inicio del ciclo escolar, en la Ciudad de Buenos Aires los casos aumentaron seis veces (526%), en Buenos Aires, cuatro (335%), en Santa Fe, nueve veces (815%) y en Mendoza hay trece veces más casos que previo al inicio escolar (1.300%). Los casos también se dispararon en zonas no cubiertas por el Decreto de Necesidad y Urgencia del ejecutivo: en Entre Ríos los casos aumentaron cinco veces (456%), en Córdoba, Misiones y en San Juan crecieron al mismo valor que la provincia entrerriana (453%, 450% y 400% respectivamente). En Tucumán, San Luis y Formosa, los casos aumentaron siete veces (692%, 655% y 629% respectivamente) y en Corrientes hay ocho veces más de casos (714%). En Salta treparon 371%, mientras que en Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Santa Cruz se triplicaron. 

Mientras la noticia de los dos fallecidos recorría y sobrecogía al universo docente, se conoció que la escuela privada Nuestra Señora de la Misericordia, del barrio de Flores, tuvo que cerrar sus puertas tras detectar varios casos positivos asintomáticos entre el personal de maestranza. 

Asimismo, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la presencialidad impuesta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, crecieron las manifestaciones de protesta por parte de agrupaciones de madres, padres y docentes en el marco del paro de las y los trabajadores de la educación que están llevando adelante los gremios Ademys y UTE en la Ciudad. Solicitan que se les garantice el acceso a la educación virtual y no ser obligados a las clases presenciales cuando la segunda ola de la pandemia hace estragos. 

“Surge porque estamos atravesando una crisis sanitaria muy aguda. Ya fallecieron 64 trabajadores de la educación a nivel nacional. Es en memoria de los compañeros que han fallecido por esta política de la presencialidad, que no puede ser cuidada en este contexto”, resaltó Florencia Palombo, del colectivo Docentes contra la Presencialidad en Pandemia en una de las manifestaciones. 

El 4 de mayo, frente al Ministerio Nacional de Educación, el mencionado colectivo docente realizó un siluetazo en donde colocaron los nombres de los/as trabajadores de la educación fallecidos por COVID a nivel nacional. Ese mismo día y en ese lugar, se realizó la reunión del Consejo Federal de Educación en la que el ministro de Educación Nacional, junto a sus pares provinciales, acordaron sostener la presencialidad escolar que ahora llaman “administrada”. 

Esta “administración” no es, ni más ni menos, que los protocolos que se han implementado desde febrero y que dan cuenta que no existe ninguna presencialidad cuidada en este contexto epidemiológico. Aún peor, en este último Consejo Federal de Educación acordaron también un índice de riesgo epidemiológico que establece que sólo se suspenderían las clases en donde hubiera “alarmar sanitaria”. Es decir, primero la falta de camas y los muertos, luego la suspensión. Cabe destacar que tanto CABA como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza ya se encuentran en alarma, pero las clases solo han sido suspendidas en la provincia bonaerense y algunos distritos santafesinos. 

A su vez, este colectivo docente contra la presencialidad en pandemia, en el marco del día de paro del 6 de mayo, realizó un nuevo siluetazo en las puertas de la Jefatura del gobierno porteño. 

La exigencia sigue siendo la misma y se sostiene cada día con más fuerza: es que la muerte es irreversible y la presencialidad escolar es uno de los factores (sino el más importante) que impacta directamente en el aumento de los contagios. Esto no perjudica únicamente a los/as trabajadores de la educación, sino que contribuye aún más al colapso sanitario que ya sufre toda la población. 

El colectivo “Docentes contra la presencialidad en pandemia” se conformó a partir de ser votado en la asamblea autoconvocada de docentes del distrito 21, luego del fallecimiento por COVID del primer trabajador de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jorge Langone, docente de la escuela técnica 13 del distrito 21). Este colectivo viene desarrollando actividades de todo tipo (callejeras, afichadas en escuelas y barrios, charla con especialistas) sosteniendo reivindicaciones muy concretas y necesarias: «suspensión ya de las clases presenciales en pandemia, que el estado garantice la educación virtual con dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes, vacunación masiva, licencias para todos los trabajadores, sin excepción, para el cuidado de menores a cargo y subsidios para las familias trabajadoras que les permita transitar el aislamiento». 

«Hicimos dos semanas de huelga, seguimos en paro, y las familias también se sumaron. Compañeras que fueron a la escuela tenían cinco o tres chicos por aula. Hay mucho miedo en las familias”, exclamó Palombo, maestra en dos primarias del Distrito Escolar 19. 

Pese al protagonismo que encierran los sucesos en CABA, son muchas las provincias en donde la misma situación aflora. En Jujuy, ya se contabilizan a 11 docentes fallecidos por Covid. 

El viernes, en Posadas, Misiones, colectivos docentes movilizaron a la Plaza 9 de Julio, donde se denunció la quita de salario por descuento por días de huelga. Hecho similar ocurrió en Tucumán. 

Por su parte, regiones bonaerenses como Bahía Blanca o General Pueyrredón, se encuentran en situación crítica, aunque mantienen abiertas las escuelas y no fueron incluidas tampoco en el decreto presidencial. 

En la CABA, el viernes fue convocada una caravana de docentes de los barrios 21-24 y Zavaleta hacia la jefatura de Gobierno, con un bocinazo a las 18:00. 

Para esta semana el gremio porteño Ademys resolvió en asamblea: 

▪️ Lunes 10, paro activo, recorrida de escuelas, concentración a cabeceras de distritos para el pase a virtualidad; convocatoria a asambleas por escuelas distritos. Conferencia de prensa en distrito 11, en donde falleció la vicedirectora por Covid, producto de la negligencia del gobierno de Larreta, la Corte Suprema y las resoluciones del Consejo Federal de Educación, y en reclamo de la suspensión de la escolaridad presencial, el pase a virtualidad y todos los recursos necesarios para docentes, estudiantes y familias.
▪️ Martes 11, en el marco de la segunda jornada de paro: caravana educativa en defensa de las dispensas para docentes de grupos de riesgo y contra los descuentos a los días de paro, del ministerio de Trabajo nacional al ministerio de Modernización de la Ciudad. Corte de Callao y Corrientes. De 9 a 10 horas.
▪️ Miércoles 12, en el marco de la jornada nacional de protesta de la docencia combativa, promovemos la realización de una acción masiva unificando con otros sectores con una caravana o marcha de antorchas.
▪️ Coordinar con las seccionales Multicolores y la oposición nacional la denuncia sobre la situación epidemiológica y las acciones nacionales. CTERA debe romper la tregua con el gobierno nacional y convocar a un plan de lucha en todo el país.
▪️ Se mandata al Consejo Directivo de Ademys a estar en estado de alerta y deliberación para adoptar las medidas necesarias en este contexto.
▪️ Carta abierta a la docencia y sindicatos docentes porteños, haciendo un llamamiento para convocar conjuntamente a estas medidas para avanzar en la unidad de la docencia, las escuelas, estudiantes y familias.
▪️ Seguir impulsando fondos de lucha y medidas contra los descuentos ilegales.
▪️Impulsar desde la docencia y las familias abrazos a las escuelas en conmemoración a las compañeras y compañeros fallecidos por COVID, con carteles, dando máxima difusión en todos los barrios, al reclamo de las comunidades educativas. 

Trabajadores de la salud 

Dirigentes de la Federación se reunieron el pasado viernes 30 de abril con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina, y durante el encuentro se coincidió en que la situación del sistema sanitario es de “stress extremo”, donde a los déficits de insumos críticos (oxígeno, drogas sedantes para ARM) se suma una situación de agotamiento de los trabajadores de salud. 

Fesprosa planteó de manera urgente la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud. María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación, afirmó: “Sin un reconocimiento que vaya más allá de lo discursivo, los 450.000 trabajadores del sistema público de salud no podremos afrontar la segunda ola”. Si bien el ministerio de Salud acuerda con la propuesta, otras áreas del Gobierno involucradas en la decisión todavía no se han pronunciado. 

Fesprosa también se reunió con representantes de las provincias y pasó revista a la conflictividad región por región, dando cuenta de un panorama de luchas del sector que se extiende por todo el país. 

En Tucumán, el SITAS Fesprosa continúa el paro con concurrencia y acciones locales de visibilización. La APS Fesprosa Matanza rechazó el acuerdo del sindicato municipal con el intendente Espinosa, sosteniendo su pliego de reclamos y declarándose en estado de alerta y movilización (definirá medidas en las próximas horas por una verdadera recomposición salarial y el cumplimiento total de la ley 14.656). 

Los trabajadores del Hospital Larcade, luego de la exitosa carpa sanitaria, sostienen su pliego de reclamos y definirán nuevas medidas de lucha al igual que los residentes de Malvinas Argentinas. 

El SITOSPLAD (obra social docente) obtuvo una audiencia con la jefa de Legales de la Dirección de Relaciones del Trabajo. Participaron también representantes de CTA-A Capital y Jorge Yabkowski, de Fesprosa. Señalaron que el sanatorio de la obra social está al 100 % en su terapia y los trabajadores cobran sueldos de miseria y temen por el futuro de 1.600 puestos de trabajo. 

En Río Negro, ASSPUR, luego de la jornada de 48 horas del 28 y 29 de abril centrará su campaña en el reclamo a la Legislatura para evitar la aprobación de una ley de paritarias que excluye a la salud y sus trabajadores de la negociación colectiva. 

En Neuquén, el SIPROSAPUNE Fesprosa concentró el martes 4 en la Legislatura donde se realizó la reunión de Comisiones de la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Carrera Profesional. En tanto, el miércoles 5 hubo un plenario debate sobre este tema en la UNCo. 

En Chubut, el SISAP Fesprosa fue al paro provincial el 4 y 5 de mayo con manifestaciones frente al ministerio de Salud.
En La Rioja, APROSLAR Fesprosa encabezó el martes 4 una jornada provincial de protesta por un mejor aumento salarial y el pase a planta de precarizados. La concentración central fue en el Hospital Vera Barros, acompañados por diversas organizaciones sociales y sindicales. 

Los “elefantes” autoconvocados de Neuquén 

Los y las trabajadoras de la salud de Neuquén continúan con los cortes de ruta y asambleas en hospitales en diferentes puntos de la provincia. Rechazan la última oferta del gobierno de Omar Gutiérrez, que implica un aumento del 53% al sueldo básico, diferido en seis cuotas hasta marzo del 2020, englobando el 12% firmado en su momento por ATE y UPCN, que motivó los 55 días de lucha de la salud. Una propuesta que es por 14 meses y en 6 cuotas, y que desde los hospitales de Zapala, Cutral Co, Plottier, Heller, San Martín de los Andes y Bouquet Roldán rechazan con una contrapropuesta.  

«En la contrapropuesta además de que sea en dos cuotas y acumulativo, el acuerdo no puede estar condicionado a la aprobación de una ley, porque eso quiere decir que el gobierno estaría otorgando un aumento, pero no tiene asegurados los fondos para garantizarlo. Entonces nos pide liberar los piquetes, pero su oferta queda supeditada a que consiga fondos para cumplir con ella», expresó Javier Lombardo, del Hospital Heller de Neuquén Capital. El lunes 2 realizaron un caravanazo provincial en cada localidad y el martes movilizaron a la Casa de Gobierno. 

Además, el miércoles, en el Centro Administrativo Ministerial, los trabajadores y trabajadoras de salud autoconvocados de Neuquén realizaron la presentación de un recurso de revocatoria. Los principales puntos del comunicado de las y los autoconvocados: 

• La ministra Andrea Peve pretende sancionar y despedir a enfermeras y enfermeros, médicos/as, trabajadorxs sociales, psicólogos/as, camilleros, choferes, técnicos, administrativos, mucamos y mucamas fundamentales para sostener los hospitales y centros de salud hoy. 
• Intentan sancionarnos por reclamar por nuestros derechos laborales y por el derecho a la salud de la población. Porque desnudamos el vaciamiento de los hospitales y la falta de insumos. 
• El derecho a reclamar a las autoridades y a protestar es un derecho constitucional que no puede ser cercenado por la sola voluntad persecutoria de un Gobierno que, lejos de estar preocupado y ocupándose de la llegada de la segunda ola de coronavirus, se dedica a perseguir a quienes hasta hace unos días nos llamaba héroes. 
• Exigimos la restitución de los días de paro descontados que en algunos casos llega al 100%, la anulación de todos los sumarios y causas penales y el pase a planta permanente de todo el personal eventual. 

Además, impulsan un petitorio por la anulación de los sumarios administrativos y causas penales a los trabajadores y trabajadoras de salud. Así como también la inmediata restitución de los días de paro descontados de sus salarios. 

El 12 de mayo, en el Día Internacional de la Enfermería, realizarán un paro con movilizaciones en toda la provincia. Pero también lanzaron una campaña nacional para que se pronuncien los sindicatos, centros de estudiantes, organismos de Derechos Humanos y personalidades contra estos ataques. 

“Los trabajadores y trabajadoras autoconvocadxs nos dirigimos a las organizaciones solidarias para solicitarles que se sumen, repliquen y multipliquen la campaña nacional que impulsamos desde la asamblea Interhospitalaria por la anulación de sumarios y causas penales y fondo de huelga”, señalaron en un comunicado. 

Los descuentos aplicados desde el Gobierno, completamente ilegales por el carácter alimentario del salario, llegan hasta un 70% del sueldo de las y los trabajadores, y se calcula que alcanzarían más de 2 millones de pesos en total en toda la provincia. Por eso, mientras exigen la devolución de los descuentos, continúan impulsando el Fondo de Huelga y llaman a hacer aportes solidarios en todo el país. 

Trabajadores del transporte 

Trabajadores del transporte de distintas líneas del AMBA anunciaron que el próximo martes 11/5 a primeras horas de la mañana realizarán las siguientes jornadas de protesta: 

Zona Oeste – Liniers – 7hs (Av. Gral. paz y Av. Rivadavia) 

Zona Sur -Puente Pueyrredón- 8hs (Bingo Avellaneda) 

Zona Norte – Maschwitz- 8hs (Panamericana y puente Maschwitz) 

Las protestas se llevarán a cabo en el marco de la reunión de conciliación obligatoria por la paritaria luego de dos reuniones suspendidas por la cartera del ministerio de Transporte. 

Los trabajadores llevan acumulado un atraso salarial de 7 meses ya que la paritaria del año anterior se cerró con un bono en negro y en cuotas que aún no terminaron de cobrar y que no generó un aumento real del básico conformado que hoy es de 63.000 pesos en bruto. 

Los choferes, administrativos y técnica están por debajo de lo que necesita una familia tipo para no ser pobres. 

Los trabajadores están pidiendo un aumento salarial que recomponga su poder adquisitivo arrasado por el aumento de precios de la canasta básica. 

Exigen el blanqueo del 11,4% al primero de enero ($ 71.000) como cierre de la paritaria 2020 y comenzar la paritaria 2021 con $ 100.000 en mano con cláusula gatillo. 

La escalada de la segunda ola del covid 19 aumenta los casos positivos en los trabajadores, la falta de protocolos para proteger a los choferes y la falta de un plan de vacunación para el transporte pone en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias, con una obra social colapsada los trabajadores esperan en ambulancia por una cama en terapia. 

Por esta alarmante situación y la falta de respuestas a sus reclamos, es que han decidido los trabajadores de distintas líneas de colectivos, realizar las distintas jornadas de protesta con las siguientes exigencias: 

– 100.000 pesos en mano ya
– Plan de vacunación para el transporte
– Equiparación de salario entre técnica, administrativos y choferes
– Protocolos sanitarios para prevenir los contagios
– Cumplimiento del cupo femenino en todas las empresas del transporte de pasajeros
– Basta de subsidiar a Monopolios amigos 

El Acceso Oeste, la ruta Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz y el acceso al Puente Pueyrredón fueron los escenarios elegidos por los choferes de colectivos para realizar protestas durante la semana pasada. Desde las 9:00, cientos de colectiveros de distintas líneas cortaron los accesos de manera coordinada. 

Al mismo tiempo, un paro patronal para pedir aumento en las tarifas está llamado a partir de este viernes 7 de mayo. Así lo confirmaron las entidades empresarias en un comunicado que se emitió el jueves. La medida de fuerza tendrá lugar desde las 21:00 a las 6:00 de la mañana siguiente. 

En el comunicado, las patronales del sector señalan que la medida tiene por finalidad «posibilitar con los recursos disponibles dar adecuada cobertura en los horarios de mayor necesidad de los pasajeros”. El argumento empresario sostiene que el objetivo del paro es «salvaguardar la continuidad de la operación en los horarios más necesarios, teniendo en cuenta el congelamiento tarifario desde hace más de dos años y el retraso en el reconocimiento del impacto de la inflación en los costos desde hace más de ocho meses”. 

Los trabajadores consideran que se trata de un chantaje patronal en medio de sus reclamos. 

Paritarias petroleras: un nuevo ataque al salario 

El martes 4 de mayo se conoció finalmente el resultado de la negociación paritaria del 2020. El acuerdo celebrado entre el sindicato petrolero y la Cámara empresarial del petróleo, a espaldas de todos los trabajadores, fijó un aumento del 30%, lo que sentencia que por un año más el salario petrolero sigue perdiendo frente a la inflación. 

Además, y a pesar de la voluntad de los trabajadores, el sindicato se negó a negociar el pago del retroactivo de este aumento, que ya lleva más de un año vencido. Dicho de otra forma: los trabajadores estuvieron regalando un 30% del salario a las empresas, en su mayoría multinacionales, que nunca dejaron de facturar millones de dólares, mientras el costo de vida aumenta sin parar. Fueron estas mismas empresas las que se vieron beneficiadas con más de un 100% por el costo de sus combustibles que recibieron subas por encima de los demás precios. 

Desde el sindicato petrolero habían anunciado un paro si no se conseguía más del 41%, y las bases mostraron una gran voluntad de llevar adelante la medida de fuerza. De forma inconsulta los dirigentes del sindicato decidieron levantar la medida arreglando por un monto significativamente menor sin contemplar el retroactivo, avisando que era el mejor acuerdo que se pudo conseguir. 

Nueva oferta salarial a la docencia universitaria 

La realizó el gobierno nacional y será analizada por las asambleas de base de Conadu Histórica el miércoles y jueves llevando lo definido al Congreso Extraordinario convocado para el viernes 7 de mayo. Se mantuvo el paro de 48 horas el jueves 6 y viernes 7 de mayo. La jornada del jueves incluyó una caravana de autos y bicicletas desde Callao y Córdoba hasta el ministerio de Educación. 

El ministerio de Educación presentó una propuesta salarial consistente en seis cuotas distribuidas de la siguiente manera: 8% en abril 2021, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero 2022. A diciembre de este año, el incremento sumaría un 30% (quedando por debajo de la inflación proyectada), llegando a 35% en febrero del próximo año. 

El incremento sería remunerativo y bonificable, no acumulativo (calculado sobre el básico del mes de marzo de 2021); con la incorporación de dos cláusulas de revisión: una en septiembre 2021 y otra en febrero 2022. Se ofreció además un Bono no remunerativo ni bonificable, por conectividad, de 1.000 pesos por docente desde el mes de abril al mes de diciembre 2021 inclusive. 

Por otra parte, la garantía salarial docente se incrementará de acuerdo a los porcentajes definidos en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil de la semana pasada. 

Desde la representación de CONADU HISTÓRICA manifestaron que la nueva oferta seguía siendo insuficiente en comparación, por ejemplo, con el Acuerdo al que arribó el propio ministerio de Educación de la Nación con los gremios del nivel obligatorio, alcanzando un 34-35% a terminar de cobrar en septiembre, y también con revisión en el mismo mes. No obstante, la opinión de las asambleas y del Congreso definirá la postura de esa Federación. 

El resto de las federaciones, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN, que nuclean docentes y no docentes, aceptaron el acuerdo refrendado en una reunión de la que participaron el presidente Fernández, el ministro Trotta y representantes de los gremios mencionados. 

Paro nacional de prensa 

El miércoles la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) convocó a un paro en todo el país en reclamo a la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) de la apertura de paritarias del CCT 541/08. También se sumó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con los reclamos de recomposición salarial, compensación por teletrabajo y cumplimiento de los protocolos. En este marco, representantes de la Federación y el sindicato de prensa porteño realizaron una conferencia de prensa conjunta frente a la sede del Diario Popular. «Si ADIRA mañana no viene con una oferta superior a la que nos planteó en la última audiencia, veremos cómo profundizamos este plan de lucha y cómo seguimos adelante todos unidos y organizándonos en todo el país», remarcó Carla Gaudensi, Secretaria General de la FATPREN, en referencia a la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina.  

Hace meses la comisión interna de Perfil denuncia la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de prensa que todavía quedan en la redacción. 

Las malas condiciones laborales hacen que los periodistas abandonen un barco que parece hundirse sin remedio. Se van a otros medios, cambian de rubro o se van sin más, aunque no tengan otro empleo. 

«El éxodo continuo y masivo tiene al menos dos agravantes: el primero es que resiente la calidad, las estructuras profesionales y la cotidianeidad laboral de cada sector; el segundo es que todo se agudiza porque la empresa decidió, hace ya un tiempo, no reemplazar a quienes se van. ¿La consecuencia? Las condiciones de trabajo en Perfil se deterioran hasta el límite de los tolerable.» 

El medio, propiedad de Jorge Fontevecchia, compite con Clarín, La Nación o Infobae que pagan el doble o el triple que Perfil, aseguran. La editorial se sostiene sobre los hombros de trabajadores insuficientes y mal pagos: «Hasta medios pequeños o locales ya pagan mejor.» 

En el comunicado que emitieron, los delegados del SiPreBA anunciaron un plan de acción por salarios dignos. «Si la dirección no advierte que la situación ya no da para más, será momento de que se dé cuenta.», cerraron. 

Paritarias 2021 

Síntesis elaborada por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sobre los principales acuerdos salariales celebrados en el marco de la ronda de negociación salarial 2021. 

Recordemos el punto de partida: a) el salario real viene perdiendo feo desde 2016; b) el gobierno planteó una pauta de inflación del 29% para 2021 y sostuvo que este año los salarios debían estar por encima de dicho porcentaje. 

El primer acuerdo 2021 fue firmado en diciembre por los aceiteros. Allí incluyeron el cierre de la paritaria 2020, sumas adicionales, y para este año negociaron un 25% a partir de enero con revisión en agosto. 

En enero SMATA negoció con las concesionarias un 13,3% para el primer trimestre. En abril sumó un 13,57% para el segundo trimestre, acumulando un 28,7% en la primera mitad del año. En julio vuelven a negociar. 

Febrero fue el turno de bancarios, que pactaron un 29% en tres cuotas, incluyeron un porcentaje adicional para cerrar el 2020 y cláusulas de revisión para septiembre y noviembre. También se negoció la paritaria nacional docente, con un 34,5% en tres cuotas. 

En marzo UTEDyC negoció aumentos para sus distintas ramas (entidades civiles y deportivas, mutuales, gimnasios). Los aumentos fueron del 30% en tres cuotas, con revisión en septiembre. 

Como todos los años, a partir de abril arranca la temporada alta de paritarias. Muchos más acuerdos y, en este caso, una pauta que lentamente se fue alejando del 30% inicial para ubicarse más cerca del 35%. 

La UOM negoció un 35,2% en tres cuotas con cláusula de revisión. Por su parte, la UOCRA pactó un 35,8% en cuatro cuotas, también con revisión en diciembre. Para los gráficos el incremento fue del 32% en cinco cuotas con revisión en octubre. 

Un poco por encima estuvieron los plásticos, que pactaron un 36% en tres cuotas, y los del vestido, que negociaron un 36,6% también en tres cuotas. La estrella hasta ahora fueron los vitivinícolas con un 47% en cuatro cuotas (aunque las últimas dos quedan para 2022). 

En los servicios se destaca Comercio, que cerró un 32% en cuatro cuotas del 8%, las últimas dos a cobrar en 2022. Por su parte, estaciones de servicio negoció un 34% también en cuatro cuotas. 

En el sector público los judiciales de la provincia de Buenos Aires negociaron un 34% en tres cuotas con revisión en noviembre (o antes si el IPC supera ese porcentaje) y agregaron recategorizaciones que, para los salarios más bajos, implican casi 10 puntos adicionales. 

Finalmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se incrementará un 35% en siete cuotas, llegando a $ 29.160 en febrero de 2022. Esto impacta directamente en aquellos trabajadores que perciben el salario social complementario. 

En síntesis, la posibilidad de que el salario real detenga su caída de los últimos años dependerá del éxito que tenga el Gobierno Nacional en su estrategia de control de precios y de la capacidad de organización y conflicto de los trabajadores en sus disputas salariales. 

Documento completo: https://ctaa.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/Paritarias-2021-Primer-cuatrimestre.pdf 

Empleo durante la pandemia  

Durante el primer año de pandemia se perdieron 125.000 puestos de empleo registrados, según informó este miércoles el ministerio de Trabajo.Implicó una caída de 1% en los doce meses que van desde febrero de 2020, el último mes completo sin el impacto de la pandemia, hasta febrero de este año. 

El total de personas asalariadas se contrajo desde el inicio de la pandemia un 1,4%, lo que implica unos 133.700 asalariados. “Esta caída se compone de retrocesos del 2,6% en el sector privado (-154,9 mil) y del 3,6% en el trabajo en casas particulares (-18,2 mil), mientras que el sector público presentó una variación del +1,2% (+39,4 mil trabajadores)”, publicó el ministerio de Trabajo. Entre los monotributistas hubo un incremento de aportantes al régimen simplificado de 1,6%, por lo que durante la pandemia hubo 26.500 monotributistas nuevos. 

Por otra parte, el trabajo independiente en conjunto presentó una variación positiva del 0,4%, lo que implica un incremento en 9.000.  

Hubo un retroceso relevante en la cantidad de autónomos, que cayeron en un 4,5%, lo que representó 18.000 personas menos en este régimen. Por último, la cantidad de personas adheridas al monotributo social se mantuvo relativamente estable. Hubo apenas 500 más que antes de la pandemia.  

La caída de los puestos de trabajo del sector privado y el incremento de los monotributistas muestra que la recuperación de la actividad de los últimos meses, que vino con un rebote en el mercado laboral, reemplazó empleos de calidad por otros más precarios. 

Analizado por sectores, la caída más relevante tuvo lugar en el rubro de Hoteles y restaurantes, 21,4%. Más atrás, quedaron la Construcción (-8,9%), Servicios comunitarios, sociales y personales (-5,7%), Explotación de minas y canteras (-5,5%), y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-3,6%). 

También mostraron caídas de empleo, aunque más moderadas en comparación con el promedio, otros sectores de la actividad como Intermediación financiera (-2,3%), Enseñanza (-2,0%), Comercio y reparaciones (-2,0%), y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,1%). 

Por el contrario, algunos sectores terminaron el ciclo anual desde febrero 2020 a febrero 2021 con números positivos. Entre ellos se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,1%), Industrias manufactureras (+1,1%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,7%), y Servicios sociales y de salud (+0,4%). 

El Indec ya había informado en marzo que la tasa de desempleo cerró el 2020 en 11% por el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Esto implicó un aumento de más de un punto porcentual en relación con el cuarto trimestre de 2019, cuando había sido de 8,9%. 

La caída del empleo en la primera parte de la cuarentenase vio compensada en la última parte del 2020 parcialmente por la recuperación paulatina de la actividad económica en los últimos meses del año. Hacia el segundo trimestre del 2020 la tasa de desempleo había llegado a un techo de 13,1% tras los primeros meses de medidas de aislamiento social. En el tercero había ya recortado hasta 11,7 %. 

Garbarino no es “garantía de confianza” 

A tan solo diez meses de comprar la cadena Garbarino y Compumundo, Carlos Rosales, ofrece la venta de su paquete accionario para competir en el mercado de la venta on line. Rosales ya cerró 30 locales en todo el país. De continuar en este camino 4.500 familias podrían quedar en la calle. 

Por esto, trabajadores autoconvocados de distintos puntos del país se están organizando en defensa de todos los puestos de trabajo y condiciones laborales. Denuncian además, 1.200 suspensiones, el incumplimiento de pago de salarios, aportes previsionales y de salud en medio de la pandemia. 

Recordemos que tras la audiencia en el ministerio de Trabajo, la empresa tenía la obligación de pagar la totalidad de los salarios adeudados. El gobierno nacional no solo dejó pasar el incumplimiento del convenio de pago sin siquiera aplicar sanciones, sino que también benefició con distintos tipos de subsidio a estas empresas como en su momento con el ATP. 

El empresario que se definió como “un especialista en recuperar empresas con problemas financieros”, desde el primer día inició un proceso de reconversión. El plan, era sacar provecho de la venta on line a través de eCommerce, la plataforma comercial que solo es superada por Mercado Libre en su rubro. 

Son muchas las empresas del sector que están en un proceso de reconversión. A propósito de esta tendencia, Galperin, dueño de Mercado Libre, sostuvo en diálogo con Financial Times: «La transformación digital de las ventas minoristas aún está en una etapa temprana en Latinoamérica». Sin embargo, el costo de esa transición pretenden cargarlo en sus trabajadores, como pasó en Falabella, donde 500 familias quedaron en la calle. 

En Garbarino, implicaría la transformación de las 200 sucursales en tiendas online con punto de entrega (picking point). Si antes eran grandes puntos de venta ahora serían de menor tamaño, para que el cliente retire lo que compró por internet.“La empresa más grande del país no cuenta con locales físicos y nadie se los reclama”, dijeron los voceros de la empresa en referencia a Mercado Libre. Empezaron a cuenta gotas en el interior del país y ya suman unos 30 locales cerrados. 

El último fue en Merlo, sumando aún más incertidumbre a los trabajadores que en esa sucursal vienen reclamando con quite de colaboración y manifestaciones por los salarios adeudados. El sábado realizaron una protesta sobre Av. del Libertador. 

Pero la verdadera clave del éxito para el “Nuevo Garbarino” se asienta en mayores ataques a las condiciones laborales para quienes permanezcan trabajando en la empresa. En CABA la gerencia ya informó que el Departamento de Cobranzas fue cerrado para tercerizar las tareas que realizaban 50 trabajadores. Siendo el 95% mujeres y más de la mitad sostén de hogar. 

Para avanzar con este plan, la empresa se ha propuesto reducir el personal, tal es así que pasó de tener 4.500 a 4.000 empleados en el último periodo. Pero para no pagar la doble indemnización que impone el decreto de “suspensión de despidos” llevó adelante un plan de desgaste. En las sucursales que cerraron, sobre todo en el interior del país, se suspendió el personal. Y como los trabajadores no tienen adónde reincorporarse, los fuerzan a agarrar un “retiro voluntario”. 

La empresa endureció esta línea extorsiva cuando a principios de abril suspendió a una nueva tanda de trabajadores en locales que permanecen abiertos, pagando solo el 50% de los sueldos en cuotas y a algunos ni siquiera eso. Salarios que corresponden al mes de marzo y que muchos habían trabajado. Hoy son 1.200 los trabajadores en esta situación, un 30% del total. 

El ataque además es masivo, porque el recorte salarial también afectó al sector de trabajadores activos, que cobraron solo el 75% en abril del salario que corresponde al mes de marzo y con una incertidumbre total sobre este nuevo mes que no les han depositado aún. 

Por otro lado, mientras Rosales se jactaba de “no hacer negocios con el Estado”, obtuvo mucho provecho de la acción de este gobierno, ya que recibió hasta diciembre la ayuda oficial en el pago de la mitad de los sueldos mediante los llamados ATP. Los trabajadores sufrieron durante el aislamiento social (ASPO) un recorte del 25% pactado con Cavalieri a pocas semanas de asumir el nuevo dueño. Con lo cual los primeros 6 meses Rosales solo pagó un cuarto de los salarios. Recorte de salarios, aportes patronales y bonos que no se vienen pagando, vienen incluidos. 

Rosales adquirió las seis firmas del grupo Garbarino, con una deuda que acumulaba $12.000 millones con acreedores bancarios y proveedores. Además, en los últimos días la agencia Bloomberg dio a conocer que durante los últimos 15 meses, Garbarino no pagó un total de 2.138 cheques. 

Sin embargo, fue el propio “Charly”, como le dicen en su círculo íntimo, quien declaraba a principios de este año que «desde que compramos, la facturación creció 900%”, casi en simultáneo que se hacía de la sociedad dueña de Radio Continental.

“Queremos saber dónde está esa plata, qué fue lo que hicieron”, manifestó uno de sus empleados.  

Mientras crece la incertidumbre, los trabajadores empezaron a dar los primeros pasos para organizarse. “Queremos laburar y poder cobrar, la estamos pasando mal y hoy no tenemos para comer, necesitamos que se regularice esta situación”, comentaba uno de los trabajadores suspendidos que de forma autoconvocada ya realizaron diferentes acciones para dar visibilidad a su reclamo. 

Sabiendo que no es suficiente, agregaba: “Necesitamos unirnos y si es necesario poder parar las sucursales, es la única forma que nos escuchen, sino va a seguir pasando y ya no se va a poder hacer más nada”. 

Por su parte, los trabajadores de la fábrica electrónica Digital Fueguina en Río Grande, del mismo grupo empresarial, desde el 6 de mayo se vienen encontrando con la planta vacía y sin autoridades y decidieron permanecer desde el jueves de forma pacífica dentro de la fábrica. Son 250 trabajadores que se suman al reclamo por el pago de los salarios del mes de abril y una suma de $15.000 que se había acordado. 

Otros conflictos 

Trabajadores tercerizados de EMA Servicios, empresa tercerizada de Edesur, comenzaron un paro total de actividades frente a los despidos. Asimismo, se sumaron al corte del Puente Pueyrredón junto a choferes de diferentes líneas que reclamaban salarios y vacunas. «La empresa está echando en forma encubierta en plena pandemia, nos deja sin trabajo, haciendo caso omiso a todas las decisiones políticas que impedían los despidos. Vamos a seguir en lucha hasta las últimas consecuencias», afirmaron.  

Cristian, trabajador de EMA, explicó «nosotros somos trabajadores de la empresa EMA servicios que hace tareas pura y exclusivamente eléctricas, que nos entrega Edesur. Nuestro reclamo es desde hace cuatro meses. Exigimos el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Luchamos contra el fraude que esta empresa realiza, porque nos colocan bajo el convenio de trabajadores de la construcción que pertenece a la UOCRA y no es el que nos corresponde. A nosotros nos corresponde Luz y Fuerza, que reconoce que somos empleados, por lo tanto, deberíamos ser encuadrados dentro de sus filas, pero hay un negociado turbio entre Edesur y EMA, que no nos permite pasar al encuadramiento gremial que nos corresponde». 

Y agregó: «un empleado de Edesur gana 150.000 pesos mensuales, mientras que un empleado de EMA servicios gana 40.000 pesos. Es terrible la diferencia de sueldos y según la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dice: igual remuneración por igual tarea. A partir de esto nos encontramos realizando los reclamos y hoy decidimos cortar el Puente Pueyrredón porque algunos de nuestros compañeros recibieron cartas documento en donde dice el cese de la actividad laboral por encontrarse el obrador cerrado. Quizás mañana nos vamos a dirigir al obrador donde se encuentra la base principal de EMA servicios que es en Vicente López y haremos el reclamo correspondiente a la empresa. Seguiremos reclamando hasta reincorporar a todos los compañeros. Hoy iniciamos un paro por este motivo». 

Cientos de trabajadores rurales marcharon el 30 de abril en Libertador (Jujuy) exigiendo apertura de las paritarias y contra los salarios de hambre, entre otras medidas. 

La convocatoria fue realizada por la seccional Ledesma de sindicato UATRE a partir de una asamblea, a la que se plegaron trabajadoras y trabajadores de empaque, cosecha y cultivo de la empresa Ledesma. Apoyan la marcha también vecinas y vecinos del asentamiento de Libertador, delegados y dirigentes del SOEAIL, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y legisladores del Frente de Izquierda. 

Los principales reclamos tienen que ver con la exigencia al sindicato de la apertura de las paritarias, y por acabar con los salarios de hambre, ya que mientras las empresas como Ledesma continuaron facturando millones desde iniciada la pandemia, para los obreros la realidad fue totalmente distinta ya que pasaron a encabezar el ranking entre las muertes obreras en el país, y en el caso específico del trabajo rural las condiciones son aún peores, por el trabajo a destajo y en algunos casos con la patronal negándose a pagar los sueldos en caso de que el clima no sea bueno para la cosecha, como si esto fuese responsabilidad de los trabajadores. También exigen el alta ya de los trabajadores y denuncian la persecución de la patronal, que despidió recientemente a un par de trabajadores por usar una bolsa para cubrirse de la lluvia. 

Días atrás en asamblea, trabajadores tercerizados ferroviarios de las líneas Roca, Mitre y San Martín, decidieron realizar una acción el miércoles 12 frente a las oficinas del SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), como continuidad en la lucha que vienen dando por el pase a planta permanente. «Basta de tercerizados, basta de amenazas, basta de descuentos, basta de persecución laboral», son parte de las consignas con las que llevan adelante el reclamo. También se destaca la exigencia de un plan de vacunación en el ferrocarril, en el marco de que no hay ninguna condición de seguridad e higiene garantizada para estos trabajadores del transporte que están en primera línea y denuncian que han perdido a varios compañeros a causa del covid-19. 

Concentrarán a las 8:00 am hasta las 11.30 am. Si no hay respuestas continuarán a las 15:30 hasta las 18:30. 

Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, argentina.indymedia, Clarín, Red Eco Alternativo, ACTA.