Hers Cabral explica por qué desde el primer momento tomó distancia de la sentencia de la Corte a favor de un represor. También plantea que Milagro Sala debe afrontar las causas en su contra en libertad. Su opinión de que el fallo de la Corte Suprema que redujo la pena a un represor fue un […]
Hers Cabral explica por qué desde el primer momento tomó distancia de la sentencia de la Corte a favor de un represor. También plantea que Milagro Sala debe afrontar las causas en su contra en libertad.
Su opinión de que el fallo de la Corte Suprema que redujo la pena a un represor fue un «atropello para los familiares y las víctimas de delitos de lesa humanidad»; su cuestionamiento a la postura del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en principio a favor de la sentencia; la presentación de un amparo ante la CIDH para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley del 2×1 a genocidas; así como su pronunciamiento a favor de la libertad de Milagro Sala, no encajan en el ideario PRO. La abogada y diputada macrista Anabella Hers Cabral sostiene que su opinión está línea con su identificación política con el grupo Gente de Derecho, del Colegio Público de Abogados, y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y del parlamento latinoamericano. Afirma que no recibió críticas desde el Gobierno ni de los integrantes del interbloque de la alianza oficialista Cambiemos, pero tampoco las descarta. «Estoy dando información, no opinando», se defiende en esta entrevista con PáginaI12.
-En su argumentación en la Cámara de Diputados en contra del fallo del 2×1, usted lo calificó como un «atropello para los familiares y las víctimas de delitos de lesa humanidad», una postura que no había adoptado el PRO. ¿Por qué?
-Así lo sentí apenas leí el fallo completo con los fundamentos de cada uno de los integrantes de la Corte. Por eso sentí la necesidad de hacer algo en ese momento. Si bien (el constitucionalista Andrés) Gil Domínguez hizo la primera denuncia, luego lo hizo el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; y el doctor (Marcelo) Parrilli presentó una denuncia por prevaricato a tres jueces de la Corte. Yo, como integrante de la Cámara que representa al pueblo y de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y del parlamento latinoamericano sentí la necesidad de hacer algo.
-Fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿con qué planteo?
-Una denuncia sobre el caso Muiña, donde solicito una medida cautelar que ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar la ley 24.390, del 2×1, ya derogada, en el cómputo de detención para casos de lesa humanidad. También solicito que se convoque al Estado Argentino a una audiencia conciliatoria para arribar a una solución amistosa. Si bien la denuncia se presentó en Washington, como tuvimos la ley más rápida de la historia, que me pone muy feliz, derogando la posibilidad de aplicar el 2×1 en delitos de lesa humanidad, esa denuncia va a quedar ahora en la nada.
-Como abogada penalista, ¿cuáles son sus cuestionamientos al fallo de la Corte?
-No cuestionamientos, porque tienen que ver con la interpretación. Al no existir una ley como la sancionada la semana pasada que diga en qué casos no se debe aplicar la ley 24.390, esa herramienta no la tenía el órgano jurisdiccional, por lo tanto, tenían la posibilidad de interpretar y cada uno lo hizo con sus fundamentos. Tres jueces, la mayoría, interpretaron que se podía aplicar. Y la minoría, con la que me sentí identificada, interpretó que no, porque los delitos de lesa humanidad en el momento que se sancionó el 2×1 tenían vigentes las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Entonces el legislador no hizo la diferencia sobre a qué delitos era aplicable y a cuáles no. Por lo que, con esas leyes derogadas, la mayoría de la Corte interpretó que el 2×1 podía ser aplicable a todos los delitos, también a los de lesa humanidad, que es contrario a los tratados internacionales que tienen rango constitucional, que establecen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que no se pueden conmutar las penas ni indultar.
-Entre las críticas al fallo también se cuestionó que ninguno de los jueces que votaron a favor sea especialista en el fuero penal. ¿Coincide?
-Sí, pero a pesar de no ser especialista cada uno tiene un grupo de asesores para abarcar todos lo fueros. Para mí, es un criterio que tiene cada uno y lo ve de esa manera. Lo puedo entender.
-¿Entonces no considera que hubo intencionalidad política de la Corte en este fallo?
– (Duda) Prefiero no opinar. Quiero pensar que no y creer en la capacidad doctrinaria de nuestros jueces de la Corte Suprema.
-Pero fue crítica con la postura que asumió el secretario Derechos Humanos a favor del fallo de la Corte.
-Me sorprendió al principio, pero cambió su postura rápidamente ante la respuesta de la sociedad, el rechazo tan grande que tuvo y la marcha multitudinaria que tuvimos.
-Una cosa fue opinar a favor del fallo y otra modificar la opinión a partir del rechazo social.
-No sé si fue por eso o porque fueron muy apresuradas sus primeras manifestaciones.
-Usted también se pronunció a favor de que Milagro Sala debe estar en libertad y afrontar así las acusaciones que se le hacen…
-En octubre vino un Grupo de Trabajo enviado por la ONU, que ahora regresó, y también de la CIDH. Ellos dijeron que la medida restrictiva de la libertad se había tomado en forma arbitraria y notificó a la Argentina que tome acciones inmediatamente en el asunto y la liberen. Eso no se cumplió, el Estado respondió a través de la Secretaría de Derechos Humanos con sus propios argumentos, pero todo fue por escrito. Ahora el Grupo de Trabajo hizo una tercera auditoria in situ (en Jujuy). Yo manifesté que seguramente vamos a volver a ver a Sala en libertad, porque en la historia de este grupo de trabajo no hay un caso donde haya modificado su decisión.
-Pero usted se manifestó en el mismo sentido.
-Pertenezco políticamente al grupo Gente de Derecho que lidera el Colegio Público de Abogados, y tenemos como lema el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. Y el Colegio envió un veedor para estudiar todo el caso, Marcelo Parrilli, que planteó lo siguiente (lee): «Nuestro Colegio tiene el compromiso en la defensa del Estado de derecho y en este caso se ha vulnerado con una detención desplazando garantías constitucionales que hacen al debido proceso y privando a la ciudadana Milagro sala del ejercicio de su derecho más elemental de la libertad física».
-¿Es consciente de que sus opiniones no están alineadas con los planteos de su partido, el PRO, y de sus aliados en Cambiemos?
-Estoy dando información, no opino que es lo que hay que hacer.
-La misma información la manejan el Gobierno y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, y no tienen su misma postura.
-Estoy informando no opinando.
-¿Tuvo inconvenientes dentro de su espacio político por estas manifestaciones contrarias a la opinión del Gobierno?
-Nunca, nadie me preguntó ni me dijo si estaba bien o mal.
-Si recibiera objeciones por estas opiniones, ¿qué haría?
-Puede que haya críticas, pero yo estoy informando. No estoy inventando nada.
-¿Considera entonces que en base a esta información la Corte debería fallar que Sala afronte el proceso en libertad?
-Eso depende de la Corte. La resolución final del Grupo de Trabajo de la ONU le aportaría más herramientas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/37829-un-atropello-para-victimas-y-familiares