En el marco de la emergencia en seguridad, el Presidente dispuso Reglas de Protección Aeroespacial que serán aplicadas por las Fuerzas Armadas. Especialistas y dirigentes políticos advirtieron que así se aplicará «la pena de muerte sin juicio previo». Al declarar la Emergencia en Seguridad Pública, el presidente Mauricio Macri habilitó mediante un decreto el derribo […]
En el marco de la emergencia en seguridad, el Presidente dispuso Reglas de Protección Aeroespacial que serán aplicadas por las Fuerzas Armadas. Especialistas y dirigentes políticos advirtieron que así se aplicará «la pena de muerte sin juicio previo».
Al declarar la Emergencia en Seguridad Pública, el presidente Mauricio Macri habilitó mediante un decreto el derribo de aviones por parte de las Fuerzas Armadas. Si bien los detalles de la decisión presidencial se conocerían hoy con la publicación del texto en el boletín oficial, en un comunicado de prensa la Casa Rosada anticipó: «el decreto establece la aprobación de las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino». Organismos de Derechos Humanos, juristas, especialistas en materia de Defensa y dirigentes políticos advirtieron que esta medida se trata de la implementación de «la pena de muerte sin juicio previo». «El uso de la fuerza sin control de legalidad previa es grave, nosotros nunca estuvimos de acuerdo ni impulsamos la ley de derribo», aseguró a Página/12 el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Bajo el argumento de «revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico», Macri firmó la Emergencia en Seguridad por el término de un año, prorrogable por otros 365 días. El comunicado oficial sostiene que la resolución adoptada por el líder del PRO «incluye un fuerte control del espacio aéreo». «Serán declaradas ‘hostiles’ aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para ‘perturbar, poner en riesgo o causar daño’ en el territorio nacional», agrega el texto oficial. Si bien hace apenas seis días Macri había prorrogado (también por decreto y por un año) el operativo de seguridad fronteriza denominado Escudo Norte, ahora lo reemplaza por la creación del Operativo Fronteras. La resolución firmada por el Presidente «adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo».
Página/12 intentó sin éxito comunicarse con los responsables de las carteras de Seguridad, Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco, así como de Defensa, Julio Martínez, para clarificar los alcances de la medida dictada por el Gobierno.
«Esto habilita el derribo sin autorización. ¿Por qué se supone que viajan delincuentes? ¿Por qué se supone que son narcos? Lo que se hace es habilitar una forma de matar porque no existe derribo sin muertos», explicó a este diario Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El ex legislador de Nuevo Encuentro aclaró que Estados Unidos no posee actualmente una ley de derribo.
En la misma línea, Rossi relató que la gran mayoría de los vuelos irregulares detectados en la frontera norte se tratan de vuelos civiles que no tienen el plan de vuelo acordado y suelen ser vuelos de fumigadores. «La posibilidad de cometer un error que se termine derribando un avión que no tenga nada que ver con un ilícito sino una contravención en el tránsito aéreo es una posibilidad alta», alertó el ex ministro.
Respecto de la lucha contra el narcotráfico, Saín cuestionó la falta de «una estructura nacional de inteligencia criminal», ya que cada una de las cuatro fuerzas federales trabajan con criterios propios.
En este contexto, el Gobierno también dispuso el «levantamiento del Secreto Militar de las Reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial (REDA), que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014». Se trata de un decreto firmado por Cristina Fernández para la realización de la Cumbre del Mercosur, en Paraná, en la que se establecía un plan para garantizar la seguridad de los presidentes extranjeros que visitaron la provincia. Desde el kirchnerismo aclararon que se trató de una política de Defensa, no de seguridad interior, que duró un tiempo limitado -durante el transcurso de la cumbre-, fue para un territorio específico y que se viene utilizando ese mecanismo sólo para las cumbres internacionales desde la de Mar del Plata, en 2005, cuando se dijo «No al Alca».
Tanto Saín como Rossi, así como juristas como Gustavo Arballo o Roberto Carlés consideraron que se podría violar la ley de Seguridad Interior, que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en casos como éste. «Se trata obviamente de una política de Defensa Nacional, no de prevención del delito. Las Fuerzas Armadas no pueden ejercer facultades policiales, ni intervenir en cuestiones de seguridad interior», explicó Carlés.
«Usar mecanismos de defensa extremos para combatir delitos comunes es incurrir en una grave desviación de poder (y viola leyes de FF.AA.)», afirmó Arballo a través de su cuenta de Twitter.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recordó ayer el capítulo sobre seguridad y defensa publicado en su último informe anual, en el que señala que las intervenciones punitivistas y las políticas de mano dura de los últimos años significaron un embate contra «el principio de demarcación» entre las esferas de la seguridad interior y la defensa nacional. El organismo de Derechos Humanos recordó que de los países de la región sólo Perú y Venezuela aplicaron la ley de derribo y que ambos tuvieron experiencias muy negativas que incluyeron la pérdida de vidas inocentes.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290724-2016-01-20.html