Al apelar cuatro sobreseimientos en una marcha por Santiago Maldonado, el fiscal de la Cámara Federal porteña pidió que se termine con el «festival de liberaciones» y reclamó poner fin al «abolicionismo del derecho penal». Rechazo de los especialistas. El Gobierno de Cambiemos cuenta en los tribunales de Comodoro Py con un semillero de aliados […]
Al apelar cuatro sobreseimientos en una marcha por Santiago Maldonado, el fiscal de la Cámara Federal porteña pidió que se termine con el «festival de liberaciones» y reclamó poner fin al «abolicionismo del derecho penal». Rechazo de los especialistas.
El Gobierno de Cambiemos cuenta en los tribunales de Comodoro Py con un semillero de aliados que le ofrecen un libreto de apariencia jurídica a medida de sus necesidades. Esta vez descolló el fiscal de Cámara Germán Moldes, que en un dictamen relacionado con los detenidos en la movilización por Santiago Maldonado del 1 de septiembre, aprovechó para indignarse por la marcha contra la reforma previsional y pedir la sanción de una ley que impida las excarcelaciones de quienes sean detenidos en el contexto de protestas sociales. En el texto, Moldes se queja de lo que describe como un «festival de liberaciones» que atribuye a «malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo». Así, la Casa Rosada manda a reprimir, y el fiscal avala y afirma que quienes se manifiestan son «una turba de canallas y facinerosos». Juristas reconocidos consultados por PáginaI12 recordaron que la libertad durante el proceso es la regla, que generar una prisión preventiva específica para actos de protestas atenta contra el derecho a peticionar y la libertad de opinión, y que colabora con un intento desde el poder político de empoderar a la policía y fuerzas de seguridad y dar vía libre a sus abusos.
La detención de personas en el contexto de protestas sociales es parte de la política del gobierno de Mauricio Macri que ejecutan las fuerzas de seguridad. Los arrestos son decididos en el acto por la policía u otras fuerzas, como se pudo apreciar en el protagonismo que tuvo Gendarmería en la primera movilización contra la reforma previsional. La caza de personas al voleo también es una constante. A cada detenido, aunque se lo libere, le queda abierta una causa judicial en la que los delitos favoritos que se imputan son «intimidación pública» y «resistencia a la autoridad». Un informe de Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social muestra que este año se duplicaron las detenciones en protestas, hasta ahora 514, respecto del año pasado, cuando hubo 269. El dictamen del Moldes, que viene a completar la actividad represiva que alienta el poder político, está relacionado con la causa en la que fueron detenidas 31 personas que habían ido a la manifestación al mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Le cuestiona a la Cámara Federal el sobreseimiento de cuatro trabajadores de prensa que habían sido detenidos y agredidos por la policía en aquella movilización.
Moldes elige un momento particular para expedirse y dispara un mensaje dentro de Comodoro Py. Esta semana, el juez federal Sergio Torres tomó un camino distinto al de otros colegas suyos: liberó a los 66 detenidos en la protesta del lunes y sólo indagará si hay pruebas flagrantes. Claudio Bonadío, a cargo de los 44 arrestos del jueves pasado, mantenía personas detenidas esta semana. En la causa sobre la marcha por Maldonado, el juez de primera instancia había procesado a 22 personas luego de tenerlas presas un fin de semana. La Sala II de la Cámara Federal criticó al juez porque había incriminado a la gente sin más pruebas que el relato de policías que tampoco precisaban qué había hecho cada detenido (a pesar de que es la misma sala que fomenta las preventivas de ex funcionarios). En todo este contexto Moldes advirtió sobre «jueces enrolados en una dañina doctrina del garantismo que no es más que el abolicionismo del derecho penal presentado y servido con edulcorante».
El dictamen está dividido en una parte que reclama el procesamiento de los cuatro trabajadores de prensa (pide revocar el sobreseimiento) y otra donde opina sobre la movilización contra la reforma previsional y pide una ley que restrinja excarcelaciones en protestas. «No encuentro grandes diferencias entre esas horas infaustas de esta última semana y los hechos del 1 de septiembre aquí analizados, salvo, quizás, que los delincuentes han progresado en organización, táctica y armamento…», afirma. «No me conmueven los cánticos que suelo escuchar bajo la ventana de mi despacho en los que se reclama ‘libertad a los presos por luchar’ cuando sé muy bien que no es precisamente por eso que están presos, las pocas veces en que realmente lo están, y que lo que deberíamos lamentar profundamente es que su prisión sea, por lo general, tan efímera y poco duradera», dice su texto.
Hugo Medone y Juan Mourenza, de la Red Nacional de Medios Alternativos, Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de ATE y Paola Barriga Montero, fotógrafa del centro Marcelina Meneses y la Universidad de Avellaneda fueron detenidos en la marcha por Maldonado cuando tomaban imágenes de agresiones policiales e intentaban ayudar a colegas atacados. Pero Moldes se burla: «Les tocó ir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro». Los acusa de «intercambiar sus atuendos entre sí para así eludir mejor la tarea de los agentes del orden».
La prueba que invoca son relatos de policías que participaron del operativo incapaces de identificar a alguno de los detenidos, sólo acusarlos de generalidades: gente que tira vallas, palazos, botellazos e incendia tachos. Ni los trabajadores de prensa ni la mayoría de los otros detenidos estaban en el lugar que figura en las actas policiales, que escapan al interés de Moldes. Algunos de ellos ni siquiera están en imagen alguna. Y lo más sorprendente es que el fiscal insiste en que es «prueba» un cuadernito que la policía levantó de la calle, con poesías y frases interpretadas como anarquistas y un croquis de un living con muebles y dos gatitos en el que ven un plan para derribar el vallado de la Casa Rosada. También insiste en que los detenidos se conocían entre sí porque tenían los números de whatsapp de los demás, que se intercambiaron por seguridad cuando los subieron al camión celular detenidos.
«No existe esa prueba, todo es un ‘copie y pegue’ de lo que dicen los policías, como no es vedad que hubo cambio de ropa ni mucho menos. Es lo que pasó, por ejemplo, con algunos chicos que tenían una camisa o un abrigo con una remera abajo, les rompieron la camisa y al ser alojados en el calabozo aparecen con la remera. Tampoco se conocían ni había un consenso entre ellos, sólo cambiaron números de teléfonos en el camión», señaló a PáginaI12 Ismael Jalil, uno de los abogados de Correpi que representa a los jóvenes. «Pedir una ley como lo hace Moldes para no excarcelar es la consagración de un estado de excepción: con una apariencia de legalidad lo que hacen es disciplinar e impedir que la gente proteste», añadió.
El penalista, ex camarista y ex ministro León Arslanian dijo, consultado por este diario: «no podemos admitir que se naturalice la prisión para quienes tomen parte de manifestaciones públicas, aun en condiciones lamentables, valiéndose de agresiones en contra de las fuerza de seguridad y perpetrando daño. O sea, no quiere decir consentir la violencia. Es doctrina constitucional dominante desde la Corte para abajo la libertad durante el proceso, por ser un corolario del principio de inocencia. No se entiende por qué habría que hacer excepción a una regla que no discrimina según el delito de que se trate. Pero, además, la protesta se enmarca en otras dos garantías: el derecho a peticionar a las autoridades y la libertad de opinión, que se verían dañadas si se usara el encarcelamiento como propone Moldes en contra de marchas publicas de protesta. Un encarcelamiento preventivo es para que no fracase el proceso, no el anticipo de una pena».
«La iniciativa de Moldes atrasa y demuestra una concepción ideológica. La justicia federal está en niveles obscenos de ineficacia y juego político. La doctrina sobre la prisión preventiva está fijada hace tiempo por la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos humanos. Y no se aplica la preventiva en causas sobre protesta social», sostuvo Alberto Binder, experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. «Pareciera que se quiere volver a los edictos policiales; el juego que se está dando es el de volver a dar a la policía un poder fuerte de control de la calle. Es la política de seguridad de la ministra Bullrich y es lo que un sector de la justicia está pidiendo», agregó. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidió en que «todo el régimen de prisiones preventivas debe tener un carácter general y no puede estar vinculado a un delito en especial. Si se dificultan este tipo de excarcelaciones (vinculadas a la protesta) sería desproporcionado respecto de otros delitos como el homicidio, donde el bien que se custodia tiene más peso que el que se custodia al impedir disturbios en la vía pública o intimidar».
Moldes, fiscal desde los noventa, ha sido un fuerte impulsor de causas contra el gobierno anterior, entre ellas batalló por reabrir la denuncia de Alberto Nisman y fue impulsor de la marcha a un mes de su muerte; del mismo modo favoreció el cierre de causas como la que involucraba al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en transferencias sospechosas ligadas a sobornos de Odebrecht, y el cambio para propiciar la desarticulación de la causa sobre Panamá Papers. Su nombre apareció en la danza de candidatos a la Procuración General.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/84386-un-dictamen-para-criminalizar-la-protesta