Un estudio sobre el clientelismo político

Tres investigadores establecieron la eficiencia de la compra de votos en La Pampa -y otras provincias- a través del patronazgo y los planes de empleo estatales.

Conclusiones que asombran

Subsidios, planes estatales de empleo, un puesto en Casa de Gobierno, una llegada al poder, algún favor. Son hábitos inherentes al sistema político argentino: la vieja práctica del clientelismo político, un sistema que está más aceitado que nunca.

Ahora, un estudio de tres investigadores sociales abordó el tema en varias provincias, entre ellas La Pampa, para determinar cuando esta práctica les sirve a los gobiernos para captar votos y cuando no da los resultados esperados.
Valeria Brusco (Centro de Estudios Políticos y Sociales y Conicet), Marcelo Nazareno (Universidad de Córdoba) y Susan Stokes (Yale, EEUU) demostraron que el clientelismo también puede restar votos en «Réditos y peligros electorales del gasto público en la Argentina», un estudio subsidiado por la National Science Foundation, de los Estados Unidos, y que aparecerá en el próximo número de la revista Desarrollo Económico.

Brusco señaló al ser consultada que «la calidad de la democracia es siempre nuestro tema de preocupación, y si hay manipulaciones e interferencias en la decisión de los votantes, nos interesa conocer la magnitud de tal problema». ¿Sirve este tipo de trabajos académicos para que lo apliquen los políticos en mejorar sus hábitos? «­Ojalá sirviera!», se esperanza la investigadora.

Patronazgo

Brusco indicó en una entrevista que se analizaron todas las intendencias de las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chubut, Misiones y Santa Fe para determinar la incidencia del clientelismo político entre 1995 y 1999, plena década menemista. En total, abarcó 1.154 municipios. Para medir la manipulación del voto se tomaron como factores de medición dos elementos: el gasto público en personal y la entrega de Planes Trabajar, entre esos dos años.
Los investigadores explicaron en el trabajo que a fines de la década del ’90 las autoridades argentinas siguieron una estrategia de manipulación del gasto. Y se trataron de explicar qué efecto tuvo esto sobre el voto.

Pudieron establecer que a veces esos gastos incrementaron el apoyo electoral, pero en otras ocasiones no tuvieron ningún efecto e incluso disminuyeron ese respaldo.

Para llegar a estas conclusiones se analizó las diferencias en los manejos de gastos en empleo y entrega de planes sociales que hacían las intendencias justicialistas y las de signo radical -que en La Pampa gobiernan casi la misma cantidad de municipios-.

Los coeficientes relacionaron el «gasto en personal» de cada municipalidad con el porcentaje de votos que obtuvo el candidato peronista. En las elecciones de 1995 y 1999, estos tuvieron signos negativos. Es decir, que ese gasto del intendente saliente (o sea, recursos del Estado en empleo público) no pareció ayudar electoralmente al que intentaba entrar. En cambio, logró reducirle la cantidad de votos. Lo mismo sucedió entre los candidatos radicales.

En las páginas del estudio se puede observar que los dos partidos tradicionales en la década de 1990 recurrieron al patronazgo con mayor intensidad en los lugares donde las elecciones estaban más peleadas. La estrategia fue usar esos recursos para atraer al votante independiente o «marginal», más que al «leal» al partido.

En cambio, los intendentes de partidos que se sentían seguros de ganar -como fue el caso de la Alianza-, o bien de perder, no se preocuparon por modificar ese gasto.

Conclusión: esta estrategia pareció no rendir los frutos esperados y los votantes no respondieron en consecuencia.
Planes estatales.
En cuanto a los planes Trabajar, no sucedió lo mismo que lo analizado para el gasto en personal. Los investigadores siguieron la distribución de los 350 mil programas que fueron entregados entre 1996 y 2001. Y pudieron establecer que sus beneficiarios respondieron mejor al incentivo con relación al voto.

Los Planes Trabajar eran un subsidio a la desocupación de 200 pesos que se recibía a cambio de tareas comunitarias. Cada provincia tenía asignados montos de acuerdo a su porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Los autores hallaron que los planes distribuidos en 1998 no estuvieron sometidos a manipulación partidaria, pero esto cambió en 1999, un año electoral.

En este caso, los intendentes peronistas fueron claramente beneficiados por el gobierno de Carlos Menem, y los radicales, perjudicados: mientras que un intendente del PJ recibía 68 pesos per cápita en estos planes, uno de la UCR obtenía 34 pesos.

En el estudio también se precisa que otra muestra de la desigualdad era que un municipio radical con 70 por ciento de población NBI recibía lo mismo que uno peronista con 50 por ciento en esa franja.

Estos planes sí tuvieron efectos positivos en el voto del electorado. En 1999, en el caso de las intendencias radicales, les restaron votos. La hipótesis de los investigadores es que Nación, en esos casos, no envió los fondos a las administraciones municipales sino a las organizaciones locales peronistas, que fueron las que los distribuyeron y obtuvieron el rédito político.

Conclusiones

Una de las explicaciones que dio este estudio fue que a más gasto en personal, menos votos; y a más planes de empleo, más votos. Este comportamiento plantea varias conclusiones a los autores que fueron sintetizadas por el periodista cordobés Edgardo Litvinoff. Los investigadores determinaron que al utilizar fondos municipales en tomar empleados, las intendencias resignan presupuesto para otras áreas, como son los servicios a la comunidad. Y en la medida en que esto se vuelve visible, la movilización negativa entre los votantes, crece.

Esto no sucedió al estudiar la distribución de los Planes Trabajar. Los autores entendieron que los programas sustentados con fondos de Nación y de organismos internacionales dieron la sensación a los votantes que estos dineros que se usan en subsidios a la desocupación no se quitan del presupuesto total sino que es dinero «gratis».

Las conclusiones de Brusco, Nazareno y Stokes van también mucho más allá. Una fue que a pesar de que el patronazgo no da réditos políticos, se sigue utilizando. Pero, ¿por qué? Por un lado, los políticos creen que funciona, pero se equivocan. Por otro, que los dirigentes locales que lo utilizaron no buscaron un resultado electoral directo sino ascender posiciones en la estructura partidaria, establecer redes y hasta ayudar a amigos y familiares.

Los investigadores indican además que los propios gobiernos enfrentan limitaciones para frenar el ejercicio del clientelismo, ya sea porque no quieren frenarlo o porque no son capaces de encontrar alternativas de participación política para sustituirlo.