1. Con una inmensa mayoría de la Cámara de Senadores entra en los próximos días en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la expropiación del 51% de las acciones de YPF SA, ahora intervenida y bajo la conducción del Estado. Se trata de una medida de emergencia, positiva y que hay que […]
1.
Con una inmensa mayoría de la Cámara de Senadores entra en los próximos días en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la expropiación del 51% de las acciones de YPF SA, ahora intervenida y bajo la conducción del Estado. Se trata de una medida de emergencia, positiva y que hay que votar, en general, favorablemente. La misma presidenta Cristina Fernández afirmó en uno de sus discursos que de «proseguir con la política de vaciamiento, de falta de producción y de exploración, nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, ya que somos el tercer país en el mundo, luego de China y Estados Unidos, en reservas de gas», además de sostener que 2011 fue «la primera vez en 17 años que la Argentina tuvo que importar gas y petróleo». La factura ascendió a más de 9 mil millones de dólares y fue la responsable directa de la pulverización de la balanza comercial y de divisas, en un contexto de crisis internacional y fuga de capitales que hacían inviable el mantenimiento del modelo tal como lo entiende la administración. La factura para el 2012 ascendería a más de 11 y hasta 13 mil millones de dólares, una cifra insostenible para un país que hasta hace poco tiempo se autoabastecía.
El kirchnerismo no puede dejar de reconocer que somos uno de los pocos países del mundo que no maneja sus recursos naturales. Repsol lleva ganadas como utilidades netas desde 1999 hasta 2011, 16.450 millones de dólares, remesando dividendos por 13.246 millones de dólares. Pero no se trató de una maniobra secreta de la empresa ni de una conspiración extraterrestre, sino el régimen de explotación avalado e impulsado primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández. El resultado no podía ser más desalentador: los niveles de reservas de gas y petróleo no llegan a los 10 y 6 años respectivamente, cuando a fines de la etapa estatal llegaban a 36 y 16 años respectivamente, mientras las deudas de la empresa ascienden a más de 9 mil millones de dólares y los pasivos ambientales todavía están por calibrarse. Fue esta administración, bajo el lema de la argentinización, la que permitió e incluso ideó el sistema insólito de remisión ¡del 90 % de utilidades!, única forma que tenían de «argentinizar» la empresa, haciendo que el grupo Petersen de la familia Esquenazi pudiera adquirir el 25% de las acciones sin poner un centavo y a su vez pagar los créditos correspondientes, sin olvidar el fuerte subsidio estatal que restó dineros del erario público con la ilusión de que el lucro privado, apoyado con fondos públicos, aumente la producción de combustible. Estaba claro desde un principio que este régimen depredador no podía generar inversiones en exploración y explotación y que culminaría de la manera deshonrosa en que ha terminado, con la bancarrota del modelo neodesarrollista en materia energética. La situación se tornó tan desesperante que ni siquiera el torniquete a la compra de divisas y la restricción a las importaciones podían contrarrestar la pesadilla de una crisis de divisas, que amenaza con devorar el débil crecimiento y hundir al país en la recesión más temida, repitiendo como una letanía el ciclo histórico de la Argentina que alternó durante décadas el crecimiento, la restricción de divisas y la recesión consecuente, llevándose en el camino a varios gobiernos constitucionales. En esas condiciones el gobierno, obligado por circunstancias dramáticas, hizo lo que se había resistido a emprender, la recuperación parcial de la primera compañía de hidrocarburos. Cristina Fernández lo confesó en el estadio de Vélez cuando dijo que nunca había imaginado que junto a la oposición lograría recuperar YPF. Esa imaginación se había dejado transportar por las delicias de la «argentinización» y de la reconstrucción del país de la mano de la burguesía nacional. Se había ido a dormir con el empresariado nacional y popular y se despertó con la pesadilla de un quebranto que ya no tenía fronteras. Igual que en la filosofía del giro lingüístico, la verdad, que se construye de manera contingente, se reformula con el último sintagma. Néstor luchó toda su vida para lograr la nacionalización de YPF, sólo que para alcanzar la meta tuvo primero que apoyar la privatización, la provincialización, la renegociación de los contratos, la asociación con la burguesía nacional parasitaria hasta la bancarrota. A Cristina le sobró lucidez para responder a la pregunta del millón. En el discurso de Vélez dijo que la historia, según ella la entiende, no es lineal ni se escribe con una estilográfica. Siguiendo como Alicia los consejos del gato, el matrimonio presidencial tomó cualquier camino, pues todos estaban bien. O acaso, como decía Lewis Carroll, nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. La frase viene al dedillo para insistir con De Vido, Dromi, (¡Dromi!), Sociedades Anónimas, negociaciones con Exxon, Total y otras gigantescas compañías tanto o más vaciadoras que la modesta Repsol. A la nacionalización parcial de YPF se llegó por el camino más costoso, que llevará tiempo y dinero recuperar.
2.
La reacción de los directivos de Repsol, de España y de la UE no se hizo esperar, pero no tuvo sorpresas. La arrogancia colonialista y la amenaza del primer impulso dieron paso a una sugerencia de negociar y «alcanzar el consenso». Rajoy acaba de reconocer que el sueño español, en un país atravesado por huelgas generales y protestas persistentes de los trabajadores y con un desempleo que alcanzó el 24,4%, se terminó de hacer añicos, mientras la administración conservadora sucumbió ante las exigencias fiscales del FMI y el Banco Central Europeo. Pero la vergüenza envolvió sobre todo a los «socialistas» y a las direcciones mayoritarias de la UGT y las CCOO, que salieron a respaldar a «su» empresa, como si la única alternativa para salir de la crisis fuese la superexplotación de los países periféricos y de sus recursos. Rajoy implora el consenso, pero sabe que Repsol no recibirá los 10 mil millones de indemnización que pide. Saben los españoles, tanto como los argentinos, que es Repsol la que debería cargar con las cuentas impagas de un desfalco de alcance olímpico, único en el mundo, donde se deja a las compañías declarar por su cuenta los volúmenes extraídos, a las que se le permite vender sólo las naftas caras, desabastecer a la carta, vaciar pozos sin reponer reservas y remitir todas las divisas que se quiera a su casa matriz. Sólo con estos extraordinarios beneficios pudo la diminuta Repsol ser alguien en el mercado mundial. Generosa Argentina.
3.
La recuperación parcial de YPF por el Estado implica un giro progresivo respecto a la catastrófica entrega de los años precedentes. Se trata de una medida de autodefensa nacional elemental; insuficiente, pero básica para avanzar hacia una YPF 100% estatal y una nueva política energética que todavía está por hacerse. Es la diferencia que hay entre la depredación ilimitada y sin control de Repsol y el control de su paquete accionario para evitar la sangría de dólares y recursos. No reconocer esta diferencia y oponerse bajo el argumento cierto de que no es el proyecto energético que el país necesita o incluso que esta medida corre el peligro de avanzar hacia la asociación con otros capitales trasnacionales, es cometer un grave error, que desconoce el reclamo de años para que el Estado corte la sangría y abra un debate nacional sobre el tema. Apoyar la expropiación del 51% de las acciones de Repsol no implica dejar de sostener la más absoluta independencia política respecto al modelo neodesarrolista que ha sido la responsable de la crisis actual [1]. Sobre el trasfondo del 51% de las acciones hay que avanzar de manera sistemática sobre la totalidad de la empresa para que pase a ser propiedad del Estado, con control social y de los trabajadores y avanzar hacia una política que contemple al 70% restante del mercado energético, hoy repartido entre un puñado de transnacionales como Total, Exxon, Chevron, Panamerican Energy o Petrobrás (la imagen misma del ejemplo para el gobierno de Cristina), que se están beneficiando, hoy en día y a cada minuto que pasa, del mismo régimen de dividendos, sobreexplotación y desinversión que Repsol.
La expropiación del 51% de las acciones de Repsol abre un debate nacional que facilita la presión por una nueva política energética. Las dudas sobre el destino del paquete accionario del grupo Petersen, y la necesidad de inyectar dinero en inversiones para impulsar la exploración y producción colocan serios interrogantes sobre el futuro de la empresa y de la energía nacional. Sí, hay un giro en la política estatal hacia la energía, pero este giro ¿será grande, mediano o pequeño? Como todo proceso social eso no dependerá sólo de las decisiones que se tomen en la Casa Rosada, sino también de la coyuntura económica, la opinión pública y las relaciones de fuerza sociales más generales, que esta primera medida facilita avanzar hacia un cambio radical sobre la tenencia y producción de los carburantes.
4.
Ningún país, a priori, puede rechazar acuerdos de inversión con empresas extranjeras para el desarrollo de tecnologías que el país no posee o por la escasez de capital. Pero Argentina tiene un amplio conocimiento en la exploración y explotación de crudo, refinación y transporte de combustible y, al revés, debería demostrarse fehacientemente la necesidad imperiosa e inevitable de dicha inversión. A pesar del intento fallido de Perón de confiar el desarrollo petrolero frente a la crisis económica a un acuerdo con la California de la Standard Oil poco tiempo antes del golpe del 55, hasta los posteriores acuerdos petroleros de Frondizi, la Argentina nunca dependió de la inversión extranjera y siempre buscó el autoabastecimiento y la producción nacional porque al final de cuentas era la única manera de alcanzar autonomía estratégica y contrarrestar la carencia de divisas. El intento fallido de Perón (que ni siquiera se llegó a implementar) poseía cláusulas que muchos peronistas consideraron lesivos para el país, pero que comparado con el régimen actual de concesiones sin control y remisión de utilidades, era un simple juego de niños. Las políticas neoliberales inauguradas por Menem y aplaudidas por casi todo el elenco político dirigente, han hecho estragos y han dado vuelta la página de la historia petrolera e industrial de nuestro país. Pero esa herencia infausta es la que ha quedado indemne bajo el régimen económico del neodesarrollismo en la última década. Siguen vigentes las leyes de inversiones extranjeras dictadas por la dictadura militar y los decretos menemistas 1055/89, 1212/89 y 1589/89 de desregulación petrolera, los 54 tratados comerciales bilaterales, y Argentina sigue adherida al CIADI, una auténtica hipoteca de la soberanía nacional. Discutir la soberanía energética implica discutir el 70% restante del mercado de los carburantes, dominados por la lógica del beneficio, que exige el reparto de dividendos y la maximización a corto plazo de la ganancia. En la actualidad y como ocurre con la minería, el concesionario tiene libre disponibilidad del crudo y es beneficiaria de contratos lesivos para el interés nacional. Hace falta el ejercicio de la memoria no sólo respecto al tema de los derechos humanos y el genocidio sino de las consecuencias económicas de las políticas neoliberales. Sin ir más lejos fue el mismo Néstor Kirchner el que prorrogó 10 años antes de vencer la explotación de Cerro Dragón a la Pan American hasta 2047.
Aunque es imposible sustraerse, sometidos a la presión del mercado mundial, a la lógica de la ganancia, sólo una YPF estatal y sólo el control completo de los recursos energéticos en manos del Estado puede lograr una política de inversiones de largo plazo para recuperar las reservas, una administración de precios que facilite el desarrollo industrial y la redistribución social y la capitalización completa de la renta petrolera, que hoy en día queda en gran parte en manos de empresas privadas, en su mayoría extranjeras que agudizan el problema de divisas. Y sólo el Estado puede lograrlo porque tiene la opción de manejarse sin obtener una rentabilidad inmediata. Pero esto requiere abandonar la idea de la energía como un commodity y entenderla como un bien social.
Si lo que se quiere es recuperar soberanía energética y en este camino el gobierno ha dado de baja algunas de las concesiones de Repsol, ¿por qué motivo no se recuperan todas las concesiones otorgadas, a todas las empresas privadas que están agotando el recurso, no exploran y benefician a sus casas matrices con la remisión de utilidades que en otros países no lograrían nunca?
5.
Uno de los aspectos más deletéreos de las políticas neoliberales fue la provincialización de los recursos. Bajo el auspicio del Pacto de Olivos, en 1994 se transfirió la soberanía del Estado Nacional a las provincias que se hicieron dueñas de los recursos y de su gestión, alimentando una cadena de corrupción y negociados de las administraciones locales con las empresas, además de debilitar la posición del Estado. La historia de la privatización, de las componendas con diputados y senadores, del papel del gobierno de Santa Cruz como lobista del proyecto menemista en otras provincias, es bien conocido. A cambio se le reconocía regalías inexistentes y deudas a cobrar.
En 2006 el gobierno de Kirchner promulgó la Ley Corta en noviembre de 2006, que supuso la provincialización definitiva del subsuelo de la Nación. Se trata de la reforma a la Ley 17319/67 aprobada el 23 de noviembre del 2006, que reglamentó el artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 y que ratificó la provincialización del recurso para las provincias petroleras, aunque las refinerías estén en provincias no petroleras, igual que el 85% del mercado de consumo. Además, YPF ha sido creada y desarrollada con el aporte de todas las provincias y no sólo las petroleras, pero el proyecto de Ley reafirma la primacía de las provincias extractivas sobre esos recursos nacionales, igual que las leyes mineras aseguran los recursos para las provincias mineras, una descentralización económica ideada para asegurar la privatización y el debilitamiento de la posición negociadora del Estado nacional.
A su vez, en el proyecto de Ley enviado al Congreso, YPF sigue siendo una Sociedad Anónima y en consecuencia queda fuera de la órbita de la Auditoría General de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación, del control parlamentario y de cualquier otro organismo público, ya sea estatal o no estatal. El control democrático de la sociedad y de los trabajadores es parte fundamental de una nueva política energética, pues la vieja YPF, lejos de ser un paraíso de eficiencia y transparencia, era un foco de corrupción, negociados y endeudamiento. A YPF la endeudaron para financiar el tesoro, la usaron para subsidiar a empresas como Exxon, Shell o a grandes firmas empresarias, como arena política y favoritismo burocrático.
El contralor social, el debate público sobre su destino, la transformación en una empresa 100% estatal y la recuperación de todas las concesiones, la reforma fiscal y una fuerte inversión pública en energía son las únicas bases fundacionales para un giro real, de 180 grados en materia de soberanía energética. Lo demás corre el riesgo de quedarse en una anécdota sobre la épica soberana, en una recuperación parcial de una porción limitada de divisas, en definitiva un modesto giro en materia energética pero de ninguna manera en una genuina transformación a la altura de las imperiosas necesidades de los años por venir. La amenaza de una debacle próxima impulsó la expropiación parcial de YPF. Es un paso adelante. Ahora habrá que ver el alcance real de los cambios prometidos. Como lo hemos desarrollado en varios artículos anteriores, el carácter constitutivo de este gobierno como un gobierno de compromiso, es el que le da su tónica pragmática y zigzagueante, capaz de reafirmar testarudamente su compromiso con la minería contaminante por su acuerdo con los gobernadores como abrir una nueva etapa en materia energética producto de las presiones objetivas de la economía o de la opinión pública mayoritaria. El carácter contradictorio de sus medidas, incluso las de corte progresista, son la esencia de su lógica de poder. En todo caso las expectativas generadas con la expropiación parcial de YPF son un buen trampolín para la demanda de una genuina reforma petrolera y para colocar en la agenda una transformación completa de la gestión de los recursos naturales y los bienes comunes como la minería y la agricultura.
Jorge Orovitz Sanmartino es Sociólogo, integrante del EDI (Economistas de Izquierda), de la Asociación Gramsciana y de la Junta Comunal N° 7.
Nota:
[1] Entender la independencia política bajo la táctica de rechazar cualquier voto favorable a alguna medida progresiva del gobierno remitiendo su fundamento al carácter de clase del Estado, es pasar del arcoíris de una política creativa y con vocación popular al daltonismo doctrinario que ve sólo el blanco y el negro y que rechaza incluso medidas que han sido reclamadas durante mucho tiempo.
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