Raras veces un periodista protagoniza la noticia, pero al reportero chileno Hugo Guzmán Rambaldi las intrigas de un senador de la República lo pusieron en el ojo de un huracán mediático que ocupó portadas de diarios y derrochó espacio en radio y televisión. Alberto Espina, senador del partido de extrema derecha Renovación Nacional, lo acusó […]
Raras veces un periodista protagoniza la noticia, pero al reportero chileno Hugo Guzmán Rambaldi las intrigas de un senador de la República lo pusieron en el ojo de un huracán mediático que ocupó portadas de diarios y derrochó espacio en radio y televisión. Alberto Espina, senador del partido de extrema derecha Renovación Nacional, lo acusó el lunes 8 de septiembre estar «infiltrado» en el Palacio de La Moneda como supuesto agente de las FARC de Colombia y a la vez ser el encargado de pretendidas relaciones de instrucción militar operativa de esa organización guerrillera con la etnia mapuche que reclama sus tierras en el sur del País. El legislador no reveló sus «fuentes», en cambio el periodista perdió su empleo.
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas y ex compañeros de trabajo de Guzmán en el desaparecido Diario Siete ofrecieron una conferencia de prensa el miércoles 10, en la sede institucional del Círculo de Periodistas de Santiago, para expresar su solidaridad con la víctima de las dudosas intrigas del senador, que hasta ahora parecía uno de los políticos más creíbles de la extrema derecha.
En la conferencia participaron, entre muchos otros, Nancy Arancibia, actualmente presidenta del sindicato del diario La Nación; Juan Pablo Sierra, ex presidente del sindicato de Siete; Jorge Escalante, de La Nación; Mario Aguilera, ex dirigente nacional del Colegio y también del diario Siete: Juan Domingo Silva, presidente del Consejo Metropolitano del Colegio; y Claudia Fuentes, consejera de la misma organización. También circuló una carta abierta de apoyo a Guzmán suscrita por casi un centenar de periodistas.
Guzmán se desempeñaba como jefe del Departamento Intragubernamental de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, donde ejercía labores profesionales, no políticas. La acusación de Espina se funda en un informe de «inteligencia», probablemente enviado desde Bogotá, sobre supuestos mails hallados en las computadoras de las FARC, que se han convertido en un controvertido semillero de «información» desde la muerte de Raúl Reyes, anunciada por el gobierno de Colombia el 1 de marzo 2009, después de su criticada incursión en territorio de Ecuador. A su vez, el partido de Espina tiene estrechos vínculos con el gobierno de Álvaro Uribe.
Guzmán, quien vivió y trabajó como periodista en México, aparece mencionado en su supuesto mail enviado en 2005 al entonces líder de la guerrilla colombiana por la representación formal de las FARC en ese país, cuando se debatía su reconocimiento como fuerza beligerante. Por su trabajo en un canal de televisión, Guzmán -al igual que muchos otros periodistas- realizó entrevistas a personajes de la guerrilla y cubrió actividades de la representación de las FARC en México, entonces reconocida oficialmente por el gobierno de ese país.
La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, defendieron a Guzmán, manifestando que las acusaciones de Espina carecían de validez mientras no fueran verificadas por la justicia. Espina conocía a Guzmán desde que el periodista cubría su partido como fuente noticiosa para diversos medios en que trabajó, entre otros, el Diario Siete, donde se desempeñó hasta que fue cerrado en 2006. «Cuando hay información, cualquiera que ésta sea, que tiene que ver con una situación que debe ser investigada por la justicia, por la fiscalía, hay que ser extremadamente prudentes», dijo el martes 9 la Presidenta.
El ministro Vidal dijo que Guzmán había entregado las explicaciones de rigor a sus superiores. Añadió que la fiscalía estaba investigando la denuncia de Espina y que el gobierno se limitaría a respetar la ley cuando la justicia resolviera. «Como principio para este caso o cualquier otro, en Chile, un chileno o una chilena no es perseguido por aparecer en un mail; sólo es perseguido y sancionado por la justicia si la justicia acredita que aparecer en ese mail es producto de una sanción en las leyes chilenas», afirmó Vidal.
«Antes de acusar o denunciar a alguien, tienen que ser los tribunales de justicia, o en este caso la fiscalía, quienes determinen si efectivamente las denuncias responden a algo que pudiera constituir una falta o delito», subrayó Bachelet, quien aludió el vértigo que le producen las cámaras a ciertos dirigentes de la derecha. Espina se ha especializado en denunciar a la delincuencia y la inseguridad ciudadana, vinculándola al terrorismo político», que es una denominación local para las protestas sociales y los reclamos de la etnia mapuche.
Sin embargo Guzmán renunció ayer a su puesto en La Moneda. «No me voy a prestar ni voy a ser pretexto para que la derecha golpee, hostigue y tenga una actitud agresiva hacia el Gobierno, por lo que consideré oportuno dejar mi responsabilidad en el gobierno», dijo. La decisión fue tomada después de una reunión con su jefe, el periodista Juan Carvajal, quien lo sustituyó por Guaraní Pereda. En su dimisión, Guzmán explicó que su renuncia «obedece a la situación que crearon algunos medios de prensa a partir de un documento que un senador de Renovación Nacional habría entregado a autoridades judiciales -sin explicar su origen ante la opinión pública-, el cual contendría un correo electrónico donde se me alude».
El periodista añadió que «a partir de aquello -prosigue- medios de prensa y personeros de la derecha han instalado el infundio de que personal del Gobierno habría tenido contactos con una de las guerrillas que operan en Colombia. Me queda claro que esto forma parte de una actitud agresiva y desestabilizadora de sectores de la derecha en contra de la actual administración y que, entre otras cosas, se hace con declaraciones intimidatorias y hostiles, muy parecidas a las que vimos en los tiempos de la dictadura cuando esos mismos personeros cerraban los ojos o apoyaban la persecución y el amedrentamiento hacia periodistas que ejercían el derecho a informar».
El periodista calificó la «denuncia» de «una amenaza al libre ejercicio periodístico, ya que la situación en que aparezco citado tiene que ver con mi trabajo profesional en México que compartí con muchos otros colegas, de lo cual fueron testigos diplomáticos, legisladores y funcionarios de varios gobiernos». Asimismo, dijo que no tiene «vínculo alguno» con las FARC.
Apoyo de los periodistas
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas expresó ayer «su profunda preocupación por la situación que enfrenta nuestro colega Hugo Guzmán R. y por las consecuencias que le puede acarrear, laboral y anímicamente, la apresurada declaración del senador Alberto Espina, quien lo señala como contacto de las FARC en Chile, por el mero hecho de aparecer mencionado en un correo extraído del notebook del fallecido comandante de las FARC, Raúl Reyes».
«Peor aún es que Espina vincule a Hugo Guzmán en una supuesta relación operativa entre las FARC, de Colombia, y grupos de mapuches de Chile, los cuales habrían pedido preparación paramilitar», añadió un comunicado de la organización. «Hugo Guzmán es un periodista de dilatada trayectoria quien, en cumplimiento de su misión profesional, ha cubierto diferentes frentes noticiosos, en distintas latitudes y, al mismo tiempo, ha establecido contacto con sus diferentes fuentes informativas.
«Así como se relacionó con la oficina diplomática de las FARC, cuando se desempeñó como editor internacional del canal 11 de México, buscando la información donde fuera, también se relacionó con Renovación Nacional y con la UDI [Unión Demócrata Independiente, también de extrema derecha], cuando cubrió la sección política en los diarios Las Últimas Noticias, La Tercera y La Nación», indicó el Colegio Metropolitano. «Hay que señalar que, como periodistas y en nuestra actividad profesional diaria, contactamos y entrevistamos a personas de variados ámbitos. Eso no constituye afinidad, ni compartir valores ni estar implicado de manera alguna con quienes sean las fuentes, ni nos hace partícipe de las decisiones u operaciones que dichos actores realicen. Esta es otra razón para llamar a los dirigentes políticos a actuar con responsabilidad y no caer en una conducta declamativa de caza de brujas, de cuyas consecuencias nadie se hace responsable. Al mismo tiempo, llamamos a nuestros colegas a no ser altavoces de acusaciones que no se sostienen en elementos comprobados. Eso termina afectando la labor investigativa del periodismo», concluyó el Consejo Metropolitano del Colegio.
Las dos caras del periodismo
Pese a la solidaridad expresada por el gremio, muchos otros periodistas dieron una versión poco ecuánime y nada ética de la denuncia contra su colega en los grandes medios en que trabajan, que casi unánimemente dieron por ciertas las acusaciones de Espina. Todos los medios le dieron gran cobertura a la versión del senador, pero casi ninguno tomó en cuenta los descargos de su víctima.
En la conferencia de prensa en solidaridad con Guzmán, el presidente metropolitano del Colegio, Juan Domingo Silva, expresó «nuestro dolor por la situación que atraviesa el colega», aludiendo «el drama creado por el senador Espina». Nancy Arancibia reclamó el derecho de los periodistas a establecer comunicación con sus fuentes y dijo que en Chile nunca se ha acusado de cómplice a quien haya entrevistado a cualquiera de los numerosos torturadores y autores de delitos contra los derechos humanas, que abundan en este país. Dijo que en el diario La Nación, donde trabaja, han entrevistado a menudo a tales violadores sin que los reporteros hayan sido acusados de «agentes de la tortura». Calificó de «increíble y detestable» la actitud del legislador. También expresó dudas sobre la procedencia y veracidad de los mensajes que se siguen extrayendo de la computadoras de las FARC desde marzo.
La carta abierta de los periodistas, quienes se desempeñan en diferentes medios de Santiago, cuestionó las «filtraciones y supuestos vínculos del periodista Guzmán con fracciones de las FARC colombiana». Los firmantes dijeron que «como profesionales, vemos en esta práctica una seria lesión a la debida búsqueda de fuentes directas de los acontecimientos de un país».
Añadieron que «e s deber de los periodistas relacionarse, vincularse o conversar con todas las fuentes vivas disponibles, estén dentro o no de la legalidad, sean o no del agrado del profesional o del medio en que se desempeña. Cubrir con dudas el legítimo derecho y el deber de un periodista a relacionarse con protagonistas de las noticias, pone en serio riesgo la libertad de los ciudadanos y ciudadanas a informarse adecuadamente».
Para los trabajadores de prensa que expresaron su solidaridad con Guzmán, «es deber de toda la ciudadanía reclamar que los periodistas en el ejercicio de su profesión busquen e incursionen en territorios prohibidos, no evidentes, y a veces ocultos. Relativizar y sospechar de esta facultad y por consiguiente del derecho de reservar la fuente, corre el riesgo de invalidar el importante aporte de cientos de profesionales que han entrevistado a personas que muchas veces están en conflicto con la ley. Nos hacemos parte de la declaración del Colegio Metropolitano de Periodistas que ha llamado a los ‘dirigentes políticos a actuar con responsabilidad y no caer en una conducta declamativa de caza de brujas, de cuyas consecuencias nadie se hace responsable'».