Horas después de finalizado el acto por Santiago Maldonado, se produjeron incidentes y las fuerzas de seguridad avanzaron con gases y balas de goma. Entre los detenidos hay tres periodistas. Serán indagados hoy por el juez Martínez de Giorgi. Oportunos piedrazos contra el vallado que aisló a la Casa Rosada de la multitud que exigió […]
Horas después de finalizado el acto por Santiago Maldonado, se produjeron incidentes y las fuerzas de seguridad avanzaron con gases y balas de goma. Entre los detenidos hay tres periodistas. Serán indagados hoy por el juez Martínez de Giorgi.
Oportunos piedrazos contra el vallado que aisló a la Casa Rosada de la multitud que exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado detonaron el viernes por la noche una brutal represión con balas de goma y gases lacrimógenos, que incluyó una cacería de personas en Avenida de Mayo. El operativo ejecutado por cientos de policías de la Ciudad sin uniforme, cebados en los días previos por el supuesto riesgo de ser secuestrados por «células anarquistas», tuvo entre sus blancos predilectos a trabajadores de prensa y concluyó con 30 detenidos, que hoy a las ocho de la mañana serán indagados en Comodoro Py por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Las imágenes de contenedores incendiados y pintadas en el Cabildo sirvieron una vez más para correr el eje de la desaparición forzada de Maldonado y los cientos de miles de personas que se manifestaron en todo el país, y machacar con la idea de una «ola de violencia» que fluye de las usinas de prensa del gobierno. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta repudió «los destrozos» por Facebook y pidió voluntarios para pintar fachadas y limpiar calles. La ex presidenta Cristina Kirchner alertó sobre personas «que parecían manifestantes y luego acompañaban a la policía con un chaleco». «Eso ya lo vimos», recordó, y le pidió al gobierno de Mauricio Macri «que el Estado garantice que la gente pueda expresarse».
«Estamos muy preocupados porque en ningún momento pudimos acceder a ver a los detenidos, no para romper la incomunicación sino para poder constatar su estado de salud. Por filmaciones que registraron durante las detenciones sabemos que estaban muy golpeados», alertó ayer al mediodía María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). «La represión fue una clara acción política ejemplificadora y una clara acción política contra la prensa», destacó la abogada en conferencia de prensa, acompañada por referentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de medios alternativos.
«La brutal cacería que desplegó la Policía de Ciudad incluyó graves atentados contra la libertad de prensa», había alertado a las tres de la mañana el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que denunció la detenciones arbitrarias de los reporteros gráficos Daniel Lara, estudiante de ARGRA, de Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, todos «incomunicados bajo la absurda acusación de ‘resistencia a la autoridad'». El SiPreBA informó que dos trabajadores de Canal 7 y una movilera de Canal 13/TN recibieron descargas de gas pimienta en los ojos, un fotógrafo de la Colectiva Fotografía a Pedal un balazo de goma en la nuca, «a un compañero de ANRed le llenaron el cuerpo de balazos de goma y le arrojaron gas pimienta cuando preguntó a dónde trasladaban a los detenidos» y todos los periodistas «fueron filmados de forma intimidatoria». «La superabundancia de trabajadores de prensa detenidos es una clara acción política contra ustedes», dijo Verdú a los periodistas. «No los pudieron meter en el corralito como quería la ministra Bullrich por la firme oposición del SiPreBA y los trabajadores organizados, entonces lo que hacen es cazarlos para que no puedan difundir lo que registran», explicó, y los diferenció de los detenidos que «fueron levantados al voleo, por azar, para llevar adelante una acción ejemplificadora, un acto de escarmiento».
Los detenidos «están incomunicados sin justificación», señaló ayer el CELS mediante un comunicado. «Se les imputa el delito de ‘intimidación pública’ que este año ya fue utilizado en otras dos ocasiones contra manifestantes. Esta figura penal agrava la criminalización: se usa de manera extensiva un tipo penal que no aplica y expone a las personas a mayores penas. La privación de la libertad y los procesos penales posteriores son mensajes que buscan desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social», destacó.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, consideró que «hay un plan de represión, de no tolerar una movilización correcta como fue esa, con miles y miles de personas reclamando la aparición con vida de Santiago». «Uno no quería que volviera a repetirse ese espectáculo. Con los años se había logrado que las movilizaciones terminaban y cada uno a su casa, pero acá la policía actuó prepotente como la conocemos y hubo respuesta», dijo en declaraciones radiales. Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj, coincidió en que el gobierno de Cambiemos «ha tomado una política represiva y no de diálogo con las protestas sociales».
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/60607-con-una-excusa-para-salir-de-caceria