Pidió que se aplique un amparo presentado hace siete meses en favor de quienes trabajan en el hotel recuperado por sus trabajadores luego de que lo vaciaran sus dueños.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vetó la declaración de utilidad pública los inmuebles del Hotel Bauen.
La medida, en base a un amparo presentado el 20 de marzo de este año, lleva a que se promulgue la ley 27.344 en ese sentido. Asimismo, los trabajadores requirieron como medida cautelar de no innovar, con el fin de evitar el desalojo que derivó de la acción de Mauricio Macri.
La fiscal Boquín señaló que es competente «por conexidad» para intervenir en el conflicto el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°9 y la Sala C de la Cámara Comercial.
El 12 de septiembre pasado la Sala C dispuso en la mencionada quiebra la restitución inmediata del inmueble para el primer lunes del mes de diciembre del corriente año y rechazó las articulaciones de la cooperativa de trabajadores que explota el hotel y logró sacarlo adelante después de muchos años de labor.
El proyecto legislativo que derivó en la ley 27.344 había sido sancionado el 30 de noviembre de 2016 y contempló la declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen, ubicados en Callao 346, 350 y 360 de Buenos Aires, y todos los bienes muebles e inmateriales, incluidos marcas y patentes, que tuvieran relación con la explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el hotel, según especificó el portal Fiscales.gob.ar
El proyecto establecía la cesión en comodato de los bienes expropiados a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla, y de mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo.
También contemplaba que una parte de las instalaciones debía estar destinada para el desarrollo de prácticas educativas laborales y la celebración de convenios con Universidades públicas para realizar prácticas relacionadas con las carreras de Turismo, Gastronomía, Hotelería, Cooperativismo y socioculturales.
Además, la cooperativa del Bauen prevé destinar al menos 30 % del hotel para brindar cobertura a pasajeros del turismo social y para las derivaciones médicas de todo el país efectuadas a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
«Han transcurrido siete meses y no sólo no se ha dirimido quién es el Juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada», indicó la fiscal.
En ese sentido, Boquín recordó que existe doctrina que sostiene que el principio general indica que los jueces deben abstenerse de dictar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, pero que «en supuestos de excepción podrán hacerlo», a condición de que se trate «del dictado de una medida urgente, que no admita demora y como único modo de proteger el derecho involucrado en la pretensión».
Explicó que en el caso la urgencia se encontraba configurada por la circunstancia relativa a que el desalojo fue establecido para el primer lunes de diciembre del corriente año.
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