La compañía Alto Paraná (Arauco) es propietaria del diez por ciento de una provincia argentina. Políticas de Estado promotoras de monocultivos, y campesinos que lograron la expropiación de tierras a la multinacional. La provincia de Misiones se ubica en el extremo norte de la Argentina. Conocida por sus bellos paisajes naturales y biodiversidad, es también […]
La compañía Alto Paraná (Arauco) es propietaria del diez por ciento de una provincia argentina. Políticas de Estado promotoras de monocultivos, y campesinos que lograron la expropiación de tierras a la multinacional.
La provincia de Misiones se ubica en el extremo norte de la Argentina. Conocida por sus bellos paisajes naturales y biodiversidad, es también el epicentro de la multinacional Alto Paraná (Arauco), que controla el diez por ciento de la tierra provincial (256 mil hectáreas) y avanza con el monocultivo forestal. Desalojos de pequeños productores e indígenas, deforestación de monte nativo y una organización campesina que dijo ¡basta! La Cooperativa de Productores Independientes de Piray (PIP) resistió en su tierra y logró presionar al gobierno para expropiarle 600 hectáreas a la multinacional.
La localidad de El Dorado está ubicada a 200 kilómetros de la capital provincial. A pocos kilómetros del centro de la ciudad, no más de diez minutos en auto, todo se vuelve monótono. Parecen un ejército: verdes, prolijos, en fila. Monocultivos de pinos. Largas hileras durante cientos de metros. Se pierde la vista en el horizonte con la misma imagen. En un camino vecinal, de tierra, aparecen humildes viviendas de familias rurales que resisten desde hace una década la avanzada empresarial. Alto Paraná los cercó con pinos y les dejó sólo 1,400 metros cuadrados (menos de una quinta parte de una hectárea por familia). Imposible vivir de la producción con esas mínimas parcelas.
En forma defensiva se organizaron y crearon Productores Independientes de Piray (PIP), medio centenar de familias con mucha angustia y algunas certezas: no dejar su tierra, mantener la vida campesina y no rendirse ante empresarios ni políticos.
La compañía Alto Paraná (de la multinacional Arauco) está en Misiones desde 1996. Siempre contó con el apoyo de los gobiernos provinciales y fue avanzando sobre los territorios llegando a dominar las 256 mil hectáreas que representan el diez por ciento de la provincia. Es el mayor propietario privado de Misiones y, en municipios como Piray, controla el 62 por ciento de la tierra.
En la zona donde avanzó el cultivo forestal desaparecieron parajes y pueblos. El éxodo rural fue una consecuencia. Productores Independientes de Piray (PIP) fue un caso atípico, que resistió de forma colectiva a los intentos de desalojos, y fue por más. Exigió que el Estado expropie tierras a Alto Paraná. En junio de 2013 lograron la Ley XXIV-11 para expropiar 600 hectáreas. La misma ley reconoce el impacto negativo del agronegocio forestal: «En los años 1997 y 1998 favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, se inicia el proceso de concentración de tierras por parte de la empresa Alto Paraná, se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural». Y se puntualiza la desaparición masiva de pequeñas chacras.
La expropiación de tierras fue celebrada por los campesinos en 2013, pero alertaron que aún faltaba el cumplimiento. «Sembrando lucha cosechamos 600 hectáreas», se leía en las banderas campesinas.
El gobierno de Misiones demoró cuatro años en entregar las primeras 166 hectáreas, y lo hizo porque PIP no dejó de movilizarse y reclamar el cumplimiento de la ley. Desde mediados de 2017, los campesinos trabajan la tierra arrasada que dejó la multinacional. Primero comenzaron limpiando los desechos de pinos (incluso sin la maquinaria prometida por el gobierno) y después comenzaron a sembrar.
«Es todo a pulmón, con lucha, esfuerzo y organización. Durante nuestra primera siembra sufrimos muchos bichos, pero ya estamos trabajando con fungicidas naturales. Y cosechamos poroto, pepino, zapallos. Estamos felices», resumió Miriam Samudio, de PIP.
El comunicado de la organización complementa: «Hemos logrado que se ‘amplíe el horizonte’, los pinos y eucaliptos ya no están en el patio de nuestra casa, se han alejado y ahora el viento que sopla es un poco más puro. Es un logro importante para toda la comunidad, ya no volveremos a ver que se fumigue detrás de nuestras casas».
Piray no es el único conflicto que tiene Alto Paraná, así como otras empresas forestales. Resistencias similares se dan en las localidades de Puerto Libertad, Ruta 20, comunidad guaraní Ysyry (Colonia Delicia) y paraje Nueva Argentina, entre otros.
El entramado jurídico para el avance forestal en Argentina comenzó en la década del 90, con el gobierno neoliberal de Carlos Menem. Aprobó, en coordinación con las empresas nucleadas en la Asociación Forestal Argentina (AFOA), una legislación beneficiosa para las compañías (Ley número 25.080) con subsidios en todos los pasos productivos: desde la implantación y el mantenimiento, hasta el riego y la cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuentan con devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y pueden amortizar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, el artículo 17 de ley no utiliza la palabra subsidio, prefiere el eufemismo «apoyo económico no reintegrable» para explicar que el Estado cubre entre el 20 y 80 por ciento de los costos de implantación.
Pero no fue sólo Carlos Menem pues la ley vencía en 2009. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la prorrogó (vía Congreso Nacional) por otros diez años. La norma finaliza el 1 de enero de 2018. Claudia Peirano, de la Asociación Forestal Argentina (AFOA -que reúne a las empresas-) pidió prorrogar la ley y trabajar luego en las modificaciones. La subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial (del Ministerio de Agroindustria), Lucrecia Santinoni, afirmó que el gobierno nacional tiene «la vocación de prorrogar la ley». Pasaron seis presidentes (Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri) y la ley de impulso al monocultivo forestal se mantuvo. Es política de Estado.
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se ampliaron los subsidios a las empresas: de 100 millones de pesos se pasó a 265 millones, y las promesas del Ministerio de Agroindustria es aumentarlo a 350 millones de pesos.
La superficie de monocultivo es elocuente. De 600 mil hectáreas (en 1998) creció a 1,3 millones de hectáreas en 2015. El actual gobierno quiere llegar a los dos millones de hectáreas, y propone avanzar en «la industria celulósica» (las cuestionadas «pasteras»[1]). Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento de la producción.
El máximo director de Arauco Argentina, Pablo Mainardi, afirmó que Argentina debe «tener dos o tres plantas de celulosa más, ya que tiene las tierras con más de 940.000 hectáreas implantadas entre las provincias de Misiones y Corrientes»; y llamó a derribar legislaciones nacionales y provinciales: pidió derogar la Constitución de Corrientes, la Ley de Tierras, la ley de Entre Ríos que prohíbe el transporte de rollizos y la Ley de Insalubridad en Misiones.
A pesar de la delicada situación, el 2 de noviembre pasado, Argentina y Chile firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) siendo Chile un país de referencia en actividad forestal y en TLCs. En términos generales se destaca que los productos argentinos puedan ser distribuidos por todos los países con los que Chile mantiene tratados similares a tasa cero, [2] propone trabajar en «un marco jurídico más moderno y equilibrado para el desarrollo y la protección de las inversiones, mayor agilidad y certidumbre para el comercio entre ambos países». La Embajada de Chile en Argentina recalcó que el tratado busca «establecer un marco de protección para los inversionistas, en el que no haya discriminación a los proveedores de ambos países, y se puedan realizar transferencias de capitales».
Frente a esto, es posible que las empresas forestales existentes cobren más fuerza y que otras lleguen al país recrudeciendo los conflictos sociales al entrar en la puja por tierras campesinas.
Notas:
[1] Argentina y Uruguay mantuvieron un conflicto diplomático entre 2006 y 2015 por la instalación de la planta de pasta de celulosa Botnia-UPM en Uruguay (de capitales finlandeses). La población de la provincia de Entre Ríos (Argentina) aún hoy exige el retiro de la planta de la costa del río compartido.
[2] El Embajador de Chile en Argentina, José Viera Gallo, explicó que las empresas argentinas que se asocien con empresas chilenas (y puedan procesar productos en Chile) podrán exportar con arancel cero a los 65 países con los cuales Chile tiene acuerdo comercial.
Fuente: http://globalforestcoalition.org/es/forest-cover-54-2017-latin-americas-veins-remain-open/#fc54es-04
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