Los medios españoles han recogido de forma exhaustiva la noticia de la no renovación de la licencia a una televisión venezolana. Presentado como el cierre de un canal opositor a Chávez, afirman que se trata de un atentado a la libertad de expresión por parte del presidente venezolano. Por ello, creo que es importante aclarar […]
Los medios españoles han recogido de forma exhaustiva la noticia de la no renovación de la licencia a una televisión venezolana. Presentado como el cierre de un canal opositor a Chávez, afirman que se trata de un atentado a la libertad de expresión por parte del presidente venezolano. Por ello, creo que es importante aclarar este hecho y explicarlo con profundidad. Lo que ha sucedido es que el domingo 27 se terminaba la concesión de que gozaba el operador Radio Caracas Televisión (RCTV) para operar una señal del limitado espacio radioeléctrico venezolano, una concesión que otorga el gobierno de Venezuela, al igual que sucede en España con las concesiones nacionales o autonómicas, éstas últimas competencia de las correspondientes administraciones. En Venezuela, el Reglamento sobre Concesiones para Televisoras Radiodifusoras, del 27 de mayo de 1987, establece en su artículo primero que «las concesiones para el establecimiento y explotaciones de estaciones y televisoras y radiodifusoras se otorgarán por veinte años». Estamos, por tanto, sencillamente ante la extinción jurídica de una concesión.
No es verdad que se prohíba o se cierre una televisión, RCTV podrá seguir existiendo y difundiendo su señal, pero mediante cable o satélite, tal y como hacen otras cientos de televisoras en Venezuela. El espacio radioeléctrico del Canal 2, que de forma privilegiada ha disfrutado durante más de cincuenta años RCTV, ahora será destinado a una televisión pública en cumplimiento del artículo 108 de la constitución de Venezuela, que exige garantizar a la ciudadanía «[…] servicios públicos de radio, televisión […], con el fin de permitir el acceso universal a la información».
Es importante insistir en que lo sucedido en Venezuela es similar a lo establecido en todos los países democráticos: el gobierno tiene las competencias para regular un espacio radioeléctrico limitado considerado un bien público, mediante la política de concesiones por un periodo previamente establecido. En España fue el gobierno quien, en su momento, otorgó a Antena 3, Tele 5 y Canal Plus la concesión para emitir en abierto, y se la denegó a otros grupos de comunicación como, por ejemplo, Onda Cero, liderado por Luís del Olmo. En el ámbito autonómico, en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha aprobado unilateralmente concesiones a grupos como Libertad Digital y se las ha denegado a otros muchos, sin que ello provocara el escándalo que se quiere crear con Venezuela. El escritor británico Tariq Ali ha recordado que, bajo el mandato de la ultraliberal Margaret Thacher en el Reino Unido, no se renovaron concesiones y nadie se escandalizó por ello. Un informe elaborado por el periódico Diagonal ha contabilizado 236 clausuras, revocaciones y no renovaciones de Radio y TV en 21 países del mundo, incluidos EEUU y la Unión Europea.
Sin embargo, bajo el gobierno de Hugo Chávez, desde el año 2002, conforme a lo previsto en el Reglamento de Medios Comunitarios, se han habilitado 195 medios comunitarios, de los cuales 167 son radios y 28 televisoras. En cuanto a los medios impresos y digitales, se editan 164 medios impresos y están activos 117 medios digitales. Todos ellos reciben apoyo en infraestructuras del gobierno, sin que haya ningún tipo de control político sobre ellos, son autogestionados por comunidades vecinales o profesionales.
El hecho de afirmar que la no renovación de una licencia de televisión a una empresa es un atentado a la libertad de expresión es tan burdo como lo sería decir que la no renovación del permiso anual del puesto del mercado de una carnicería en un mercado municipal es un atentado al derecho a la alimentación.
La obsesión contra el legítimo gobierno de Venezuela por parte de la oposición del país, de la derecha internacional y de grandes grupos mediáticos es tal que, incluso decisiones como ésta, habituales en todos los países, se utilizan para intentar desestabilizar y derrocar ilegalmente un gobierno, tal y como ya sucedió mediante un golpe de Estado en abril de 2002.